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Pedro Gallego
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el Miér 23 Dic 2020 - 9:23
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[GPS] Proposición no de Ley sobre la derogación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana Villal10

Celia Villalobos
Presidenta del Congreso de los Diputados
Buenos días. Da comienzo a la sesión. Señorías, ocupen sus asientos.

Debatimos la Proposición no de Ley sobre la derogación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista.

Así, tiene la palabra el grupo proponente.

TEXTO:

Proposición no de Ley sobre la derogación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana


Exposición de motivos

Según la exposición de motivos, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, tiene como objetivo central sancionar conductas que representan un ejercicio extralimitado del derecho de reunión y manifestación. Y ello es así, a pesar de que según datos ofrecidos en esta cámara por responsables del Ministerio del Interior, solo actuó la fuerza pública en menos del uno por mil de las mismas.

Solo una necesidad social apremiante puede justificar una norma que recorta derechos recogidos en nuestra Constitución, porque, como reiteradamente ha proclamado el Tribunal Constitucional, la fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe el alcance de las normas limitadoras que actúan sobre el mismo. Es evidente que en España hoy la mayoría ciudadana entiende que no concurre esa premisa.

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, vino a establecer un nuevo marco jurídico donde se lleva a cabo una degradación, hasta hacerlos prácticamente irreconocibles en su inicial configuración constitucional, de derechos y libertades como las de expresión, reunión, manifestación, y huelga, entre otros, convirtiendo al ciudadano activo, al ciudadano crítico, en el enemigo de la seguridad, lo que provoca que, como la mayoría de las personas no cometen delitos penales cuando se manifiestan, se les impone con esta Ley el derecho administrativo del enemigo.

Las razones de esta ley, al menos las confesadas, se resumieron por el Ministro del Interior en cuatro motivos, y vemos que ninguno de ellos alcanza la categoría de disculpa. El transcurso del tiempo o los cambios sociales pueden justificar retoques o modificaciones, pero no un cambio íntegro de la ley, y la demanda social, si existe, es mínima. Más sorprendente aún es que se diga que se pretende adecuar la normativa a la jurisprudencia constitucional, porque va precisamente en la dirección opuesta.

Entre los elementos preocupantes en esta Ley, que tiene varios y para señalar algunos, es relevante la supuesta finalidad de garantizar condiciones de normalidad en la prestación de servicios básicos, porque claramente permite que sea utilizada para establecer nuevas condiciones y límites al derecho de huelga violando las garantías constitucionales. Con la Ley de Orden Público de 1959 como inspiración el texto ha desarrollado ahora un régimen sancionador al margen del control judicial inmediato para conductas relacionadas con derechos civiles y políticos vinculados a la protesta social.

Esta Ley, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, vino a sustituir a la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, pero por el contrario de su antecesora, sitúa como principal objetivo la seguridad ciudadana y no el libre ejercicio de los derechos fundamentales. Esta ley, a la vez que se aleja de los valores constitucionales, se aproxima a las viejas leyes que ya padecimos de orden público ya que trata, simplemente con otro lenguaje, de promover, de manera primordial, la defensa de un determinado orden social, mediante la represión de la exteriorización y expresión de la protesta social por los recortes en los derechos sociales y laborales, la limitación de libertades y derechos fundamentales, y con un uso de la estructura de seguridad como instrumento de defensa de ese orden y no de los derechos y libertades que es el mandato constitucional del artículo 104.

Es también la desconfianza en la actuación de los jueces uno de los elementos centrales de la nueva norma. Es por ello que viene a sustraer de la valoración judicial toda una serie de conductas del Código Penal, que pasan a ser con la nueva ley infracciones administrativas, lo que garantiza a la administración un papel de Juez y parte.

Además, es de reseñar que la tipificación de conductas antes delictivas, se recoge de manera que las hace confusas debido al solapamiento con acciones que tienen correlación con conductas tipificadas como delito en el Código Penal y que directamente inciden el principio "non bis in ídem", lo que permite que en el caso de que los tribunales no consideren delito una determinada conducta, sancionarla como infracción administrativa.

La nueva norma, en lugar de incrementar la tutela judicial de los derechos, la difumina, toda vez que los ciudadanos para acceder a la misma tienen que soportar cargas difícilmente asumibles como pagar la sanción para recurrir, pagar abogado y no pueden beneficiarse de reducción alguna si finalmente no son tenidos en cuentas sus argumentos por los jueces de lo contencioso. Esto pone de manifiesto que la verdad no es como reiteradamente afirmaba el Gobierno que la promovió, que lo que pretende sea que se castigue menos, sino con menos garantías. El objetivo no es pues sancionar a quien comete actos socialmente aceptados como gravemente contrarios a los valores, sino al disidente, al que protesta, al considerar que quien protesta altera, no la seguridad, sino la "tranquilidad pública", que por otra parte es un valor sin concreción constitucional.

Hay que romper con una normativa que permite la concatenación del derecho penal y del derecho administrativo, de manera que la penalización de ciertas conductas habilitan a la policía para el ejercicio de poderes exorbitantes de inspección, retención, investigación, represión y sanción, dándose de hecho una gubernamentalización del sistema de garantías de los derechos fundamentales.

Igualmente, se debe derogar la norma que lo que ha venido a hacer es instaurar un derecho administrativo sancionador preventivo, fundado en sospechas y dirigidas a generar desaliento en el ejercicio de derechos fundamentales.

Por ello, se debe establecer un sistema sancionador ligado a la prevención o represión de la lesión o puesta en riesgo real, efectivo e inminente de la integridad física, moral, la vida o los bienes de terceros y no un sistema que se solape y castigue las mismas conductas que el derecho penal, acumulando así el reproche jurídico de conductas, lo que está prohibido por el artículo 9 CE, en sus apartados 2 y 3, que no vulnere, los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad en la sanción y que no se fundamente en una definición abierta y ambigua de los tipos sancionadores y en la fijación de multas desproporcionadas y que atribuya a la policía poderes de decisión y represión fundados en meros indicios y sospechas, que desplazan las garantías judiciales, y que adolecen de un margen enorme de discrecionalidad, lo que vulnera el artículo 24 CE (tutela judicial efectiva).

Es fundamental que el derecho administrativo de la seguridad pública, no se conciba o se emplee como instrumento para proteger y asegurar la actuación policial al margen de los controles judiciales, ya que ello vulnera el artículo 24 de la CE, el cual reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva.

Tampoco esta Ley distingue el concepto de seguridad ciudadana de otros bienes constitucionales como la seguridad pública y, lo que es peor, esta confusión, intencionada, faculta al Gobierno para utilizar al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil en el control de la población, en lugar de destinarlos fundamentalmente a asegurar la libertad y seguridad públicas. Aceptar esto sería como cargar a nuestros guardias civiles y a nuestros policías con la ingrata obligación de ser la mordaza que impida la protesta contra el Gobierno del partido que promovió esta norma.

Finalmente, la Constitución de 1978 es la única que nació del consenso parlamentario. Las anteriores fueron imposiciones del partido en el poder. Mantener el consenso constitucional, precisa mantener su espíritu en las leyes que afectan a nuestros derechos y libertades fundamentales y que estas nazcan con vocación de permanencia. La aprobación de esa Ley con el voto exclusivo del Partido Popular, rompió en mil pedazos ese espíritu.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para:

1. Derogar Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, la cual incide de una manera directa y negativa en el ejercicio y desarrollo de diversos derechos fundamentales, procediendo a promover una nueva normativa más respetuosa con los derechos y libertades fundamentales previstas en la Carta Magna.

2. Paralizar la ejecución de las sanciones directamente vinculadas al ejercicio de derechos y libertades fundamentales adoptadas de conformidad con la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana."



Meritxell Batet Lamaña
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
FDP: 48 horas.
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el Dom 27 Dic 2020 - 17:50
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La Presidencia del Congreso de los Diputados urge a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista se dirija a la tribuna para presentar la propuesta al hemiciclo. Advierte será el último llamamiento a su señoría.

FDP: 24 HORAS. NO SE CONCEDERÁN PRÓRROGAS PUESTO QUE EL DEBATE LLEVA ABIERTO MÁS DE 96 HORAS.
Álvaro Díaz
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el Lun 28 Dic 2020 - 0:43
FDP: Perdón, mañana lo hago a la mañana!!

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Álvaro Díaz
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el Lun 28 Dic 2020 - 18:44
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Meritxell Batet
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista


Muchas Gracias señora presidenta.

Desde el grupo parlamentario socialista traemos esta PNL sobre una ley que desearíamos estuviese ya derogada pero que la falta de mayorías en anteriores legislaturas no ha permitido la derogación de la misma, pero creemos que la aprobación de esta PNL es un primer paso en el camino de la derogación de esta ley que suprime y condiciona derechos y libertades civiles básicos en una sociedad democrática cómo es la espñola.

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, vino a establecer un nuevo marco jurídico donde se lleva a cabo una degradación, hasta hacerlos prácticamente irreconocibles en su inicial configuración constitucional, de derechos y libertades como las de expresión, reunión, manifestación, y huelga, entre otros, convirtiendo al ciudadano activo, al ciudadano crítico, en el enemigo de la seguridad, lo que provoca que, como la mayoría de las personas no cometen delitos penales cuando se manifiestan, se les impone con esta Ley el derecho administrativo del enemigo.

Esta ley, a la vez que se aleja de los valores constitucionales, se aproxima a las viejas leyes que ya padecimos de orden público ya que trata, simplemente con otro lenguaje, de promover, de manera primordial, la defensa de un determinado orden social, mediante la represión de la exteriorización y expresión de la protesta social por los recortes en los derechos sociales y laborales, la limitación de libertades y derechos fundamentales, y con un uso de la estructura de seguridad como instrumento de defensa de ese orden y no de los derechos y libertades que es el mandato constitucional del artículo 104.

Hay que romper con una normativa que permite la concatenación del derecho penal y del derecho administrativo, de manera que la penalización de ciertas conductas habilitan a la policía para el ejercicio de poderes exorbitantes de inspección, retención, investigación, represión y sanción, dándose de hecho una gubernamentalización del sistema de garantías de los derechos fundamentales.

Es fundamental que el derecho administrativo de la seguridad pública, no se conciba o se emplee como instrumento para proteger y asegurar la actuación policial al margen de los controles judiciales, ya que ello vulnera el artículo 24 de la CE, el cual reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva.

Esperamos por tanto, que el Gobierno se siente con los grupos de la oposición a consensuar una nueva ley de seguridad ciudadana aunque mucho me temo que seguirán aferrados en mantener una ley que mantiene su régimen policial represivo. Es por ello que instamos a los grupos de la cámara a votar a favor de esta PNL que de aprobarse supondrá la primera, de muchas esperamos, derrotas del Gobierno de derechas que tenemos actualmente

Muchas gracias

(Aplausos)

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Pedro Gallego
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el Vie 1 Ene 2021 - 18:38
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Celia Villalobos
Presidenta del Congreso de los Diputados
Muchas gracias señora Batet.

Tienen la palabra los portavoces de los diferentes Grupos Parlamentarios.
FDP: 48 horas.
David de Ilaramendi
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el Mar 5 Ene 2021 - 21:13
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Ivan Espinosa De Los Monteros, Portavoz

Señorías, lo que debatimos hoy aquí, no es sino la mas absoluta de las hipocresías de la izquierda española. Hoy, el GPS nos presenta la derogacion de la ley que algunos medios progres han venido en llamar, ley mordaza, pues dicen ellos, que limita el derecho del ejercicio de las libertades básicas y fundamentales de los ciudadanos. Y es que no se puede ser tan hipócrita, una hipocresía digna de la progresia española, pues niegan ellos, que durante el gobierno Sanchez, ellos hicieron USO Y ABUSO de la ley, sin retocarla, sin maquillarla, pues les convenía fehacientemente cuando sus puestos estaban en entredicho por las masivas protestas que encabezo la gente ante la pasividad del gobierno con la pandemia.
Pues bien, se ha dicho mucho sobre la ley, pero poco en concreto, y es que el argumento de que recorta libertades civiles viene a ser un lugar común, del discurso progre de que se usara en contra de la ciudadanía. Nada mas falaz señorías, pues el espíritu de la ley, es dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a que concurran cuando efectivamente ocurran atentados a las libertades civiles, cuando grupos, se arroguen el derecho de pasar a llevar al resto, buscando con máximas totalitaristas, desconocer la voluntad popular.
Desde ya avisamos que desde VOX no apoyaremos esta moción de la progresia hipócrita del GPS, ni nos prestaremos para el circo.
(aplausos de los diputados de VOX)
Roberto Garzón
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el Miér 6 Ene 2021 - 11:14
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Pablo Echenique
Portavoz grupo Unidas Podemos

Desde Unidas Podemos apoyaremos esta Proposición No de Ley ya que estamos a favor de la derogación de la Ley Mordaza. Esta Ley atenta contra la libertad de expresión y, por lo tanto, debe ser eliminada. Acertada propuesta del grupo socialista.

En cuanto a la intervención del señor Espinosa, no estamos tan seguros como usted de que durante el gobierno de Sanchez se hiciese "uso y abuso" de la ley, pero en el caso de que se hiciese, creo que esta propuesta seria una muestra de que se han dado cuenta de lo que se puede hacer con la ley y, por lo tanto, debe ser eliminada. Mírelo por otro lado, si no existe esta Ley, los que usted dice que hacen "uso y abuso" de la Ley (que, insisto, yo dudo que se hiciese tal uso y abuso, al menos mientras estabamos en el Gobierno de coalición, pero bueno), ya no podrán hacerlo en el futuro.

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Roberto Garzón
David de Ilaramendi
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el Miér 6 Ene 2021 - 17:17
Un diputado de Vox vocifera "Con esa ley se protegía el líder supremo Iglesias, cuando se escondía de la gente"
Alba Biech
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el Vie 8 Ene 2021 - 1:55
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Íñigo Errejón, Portavoz del Grupo Parlamentario Más País

Muchas gracias Presidenta.

Antes que nada queremos agradecer al Grupo Socialista que haya presentado esta PNL, que desde luego si se aprueba significará la recuperación de derechos perdidos por la sociedad española. Desde luego, confiamos en que existe la mayoría suficiente, no solo en el parlamento, sino también en la calle. Esta ley ha sido popularmente conocida como “Ley Mordaza”, un sobrenombre que define a la perfección el propósito de esta ley, que no es otro que silenciar a la ciudadanía española. Pero el autoritarismo de esta ley va más allá de su contenido: es una clara muestra de cómo el Partido Popular utilizó sus mayorías absolutas para convertir a España en su gran feudo.

Aún así, desde Más País no podemos obviar que esta propuesta llega muy tarde. Han pasado ya ocho años desde la aprobación de la Ley Mordaza y, pese a haber mayorías suficientes a lo largo de las diferentes legislaturas desde las elecciones del 20 de diciembre de 2015, ningún gobierno la ha derogado, ni siquiera el que se autodenominó como “el más progresista de la historia”. Es más, a este gobierno no le tembló el pulso para aplicarla durante la época de los confinamientos que vivimos durante la pandemia. Por eso, señorías del PSOE y Unidas Podemos, han sido ustedes cómplices del PP y han ido en contra de la ciudadanía al no derogar esta ley cuando pudieron.

Por último, me gustaría apelar al resto de fuerzas que componen este hemiciclo. Damos por hecho que el PP antepondrá sus intereses partidistas al beneficio de la ciudadanía y votará negativamente, pero Ciudadanos se opuso firmemente en su día esta ley. Ustedes y nosotros tenemos muchísimas diferencias, pero sabemos que en esto nos podemos encontrar. No formen parte de la represión y voten sí a esta PNL.

Muchas gracias.

(Aplausos de la bancada de Más País)
David de Ilaramendi
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el Lun 18 Ene 2021 - 22:25
El grupo parlamentario VOX solicita cerrar la votación ante la indignación por los no asistentes..
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