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el Miér 11 Nov 2020 - 18:35
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MESA DEL CONGRESO

XV Legislatura

PRESIDENTA DE LA MESA:
Dª. Celia Villalobos Talero
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el Vie 20 Nov 2020 - 22:46
Fdp poned la leyes que queráis hacer debatir acá
Antón Larraz
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el Vie 20 Nov 2020 - 23:22
Proposición No de Ley por la que se insta al Gobierno de España a Promover e impulsar la Energía solar

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Preámbulo

El siglo XXI es un siglo de transiciones en muchos aspectos: social, económico, político y energético. Es precisamente en este último campo que más avances se han hecho, apostar por una energía limpia y aprovechando recursos no contaminantes frente a energías fósiles. España es uno de los países que más horas de sol hay, sin embargo no aprovechamos esas horas solares que podrían destinarse a crear energía, por ello instamos al gobierno de España:

Título Único

Artículo 1 Potenciar la ampliación y refuerzo de plantas energéticas solares ya establecidas con ayudas del Estado (tanto administrativas como económicas) en aquellas partes de España que más beneficios se obtienen de la energía solar
Artículo 2 Facilitar la creación de parques solares con el mismo tipo de ayudas estatales en el resto de provincias de España.
Artículo 3 Realización de un estudio del Ministerio de Industria y Energía de las provincias que más beneficios energéticos se podría obtener con plantas solares




Congreso de los Diputados
Diciembre de 2023

Melisa Rodriguez
Portavoz Adjunta del GP Ciudadanos
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el Vie 20 Nov 2020 - 23:31
Proposición de Ley relativa a la creación del Impuesto sobre la emisión de dióxido de carbono en la industria

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Preámbulo
El cambio climático o efecto invernadero es uno de los grandes retos a los que la humanidad se enfrenta. Es innegable que la media de las temperaturas está subiendo año tras año y esto puede traer efectos catastróficos para nuestra forma de vida.

Uno de los principales emisores de dióxido de carbono, el gas que produce este cambio climático, es la industria, con más del 20%. Una de las maneras de incentivar la inversión de las empresas en reducir su huella de carbono es penalizando la emisión de estos gases perjudiciales.

Artículo 1
Imposición de una cuota de 20€ por tonelada de dióxido de carbono. Esta cantidad sería progresivamente aumentada añadiendo 5€ por tonelada cada año.

Artículo 2
Las reducciones en el pago estarán determinadas según la reducción porcentual respecto al año anterior, de manera que por cada punto porcentual reducido en toneladas de emisiones se reducirán cinco puntos porcentuales de la cuota tributaria.




Congreso de los Diputados
Diciembre de 2023

Íñigo Errejón Galván
Portavoz de Más País en el Congreso

Álvaro Díaz
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el Vie 20 Nov 2020 - 23:33
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Proposición no de Ley sobre la derogación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana

Exposición de motivos

Según la exposición de motivos, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, tiene como objetivo central sancionar conductas que representan un ejercicio extralimitado del derecho de reunión y manifestación. Y ello es así, a pesar de que según datos ofrecidos en esta cámara por responsables del Ministerio del Interior, solo actuó la fuerza pública en menos del uno por mil de las mismas.

Solo una necesidad social apremiante puede justificar una norma que recorta derechos recogidos en nuestra Constitución, porque, como reiteradamente ha proclamado el Tribunal Constitucional, la fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe el alcance de las normas limitadoras que actúan sobre el mismo. Es evidente que en España hoy la mayoría ciudadana entiende que no concurre esa premisa.

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, vino a establecer un nuevo marco jurídico donde se lleva a cabo una degradación, hasta hacerlos prácticamente irreconocibles en su inicial configuración constitucional, de derechos y libertades como las de expresión, reunión, manifestación, y huelga, entre otros, convirtiendo al ciudadano activo, al ciudadano crítico, en el enemigo de la seguridad, lo que provoca que, como la mayoría de las personas no cometen delitos penales cuando se manifiestan, se les impone con esta Ley el derecho administrativo del enemigo.

Las razones de esta ley, al menos las confesadas, se resumieron por el Ministro del Interior en cuatro motivos, y vemos que ninguno de ellos alcanza la categoría de disculpa. El transcurso del tiempo o los cambios sociales pueden justificar retoques o modificaciones, pero no un cambio íntegro de la ley, y la demanda social, si existe, es mínima. Más sorprendente aún es que se diga que se pretende adecuar la normativa a la jurisprudencia constitucional, porque va precisamente en la dirección opuesta.

Entre los elementos preocupantes en esta Ley, que tiene varios y para señalar algunos, es relevante la supuesta finalidad de garantizar condiciones de normalidad en la prestación de servicios básicos, porque claramente permite que sea utilizada para establecer nuevas condiciones y límites al derecho de huelga violando las garantías constitucionales. Con la Ley de Orden Público de 1959 como inspiración el texto ha desarrollado ahora un régimen sancionador al margen del control judicial inmediato para conductas relacionadas con derechos civiles y políticos vinculados a la protesta social.

Esta Ley, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, vino a sustituir a la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, pero por el contrario de su antecesora, sitúa como principal objetivo la seguridad ciudadana y no el libre ejercicio de los derechos fundamentales. Esta ley, a la vez que se aleja de los valores constitucionales, se aproxima a las viejas leyes que ya padecimos de orden público ya que trata, simplemente con otro lenguaje, de promover, de manera primordial, la defensa de un determinado orden social, mediante la represión de la exteriorización y expresión de la protesta social por los recortes en los derechos sociales y laborales, la limitación de libertades y derechos fundamentales, y con un uso de la estructura de seguridad como instrumento de defensa de ese orden y no de los derechos y libertades que es el mandato constitucional del artículo 104.

Es también la desconfianza en la actuación de los jueces uno de los elementos centrales de la nueva norma. Es por ello que viene a sustraer de la valoración judicial toda una serie de conductas del Código Penal, que pasan a ser con la nueva ley infracciones administrativas, lo que garantiza a la administración un papel de Juez y parte.

Además, es de reseñar que la tipificación de conductas antes delictivas, se recoge de manera que las hace confusas debido al solapamiento con acciones que tienen correlación con conductas tipificadas como delito en el Código Penal y que directamente inciden el principio "non bis in ídem", lo que permite que en el caso de que los tribunales no consideren delito una determinada conducta, sancionarla como infracción administrativa.

La nueva norma, en lugar de incrementar la tutela judicial de los derechos, la difumina, toda vez que los ciudadanos para acceder a la misma tienen que soportar cargas difícilmente asumibles como pagar la sanción para recurrir, pagar abogado y no pueden beneficiarse de reducción alguna si finalmente no son tenidos en cuentas sus argumentos por los jueces de lo contencioso. Esto pone de manifiesto que la verdad no es como reiteradamente afirmaba el Gobierno que la promovió, que lo que pretende sea que se castigue menos, sino con menos garantías. El objetivo no es pues sancionar a quien comete actos socialmente aceptados como gravemente contrarios a los valores, sino al disidente, al que protesta, al considerar que quien protesta altera, no la seguridad, sino la "tranquilidad pública", que por otra parte es un valor sin concreción constitucional.

Hay que romper con una normativa que permite la concatenación del derecho penal y del derecho administrativo, de manera que la penalización de ciertas conductas habilitan a la policía para el ejercicio de poderes exorbitantes de inspección, retención, investigación, represión y sanción, dándose de hecho una gubernamentalización del sistema de garantías de los derechos fundamentales.

Igualmente, se debe derogar la norma que lo que ha venido a hacer es instaurar un derecho administrativo sancionador preventivo, fundado en sospechas y dirigidas a generar desaliento en el ejercicio de derechos fundamentales.

Por ello, se debe establecer un sistema sancionador ligado a la prevención o represión de la lesión o puesta en riesgo real, efectivo e inminente de la integridad física, moral, la vida o los bienes de terceros y no un sistema que se solape y castigue las mismas conductas que el derecho penal, acumulando así el reproche jurídico de conductas, lo que está prohibido por el artículo 9 CE, en sus apartados 2 y 3, que no vulnere, los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad en la sanción y que no se fundamente en una definición abierta y ambigua de los tipos sancionadores y en la fijación de multas desproporcionadas y que atribuya a la policía poderes de decisión y represión fundados en meros indicios y sospechas, que desplazan las garantías judiciales, y que adolecen de un margen enorme de discrecionalidad, lo que vulnera el artículo 24 CE (tutela judicial efectiva).

Es fundamental que el derecho administrativo de la seguridad pública, no se conciba o se emplee como instrumento para proteger y asegurar la actuación policial al margen de los controles judiciales, ya que ello vulnera el artículo 24 de la CE, el cual reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva.

Tampoco esta Ley distingue el concepto de seguridad ciudadana de otros bienes constitucionales como la seguridad pública y, lo que es peor, esta confusión, intencionada, faculta al Gobierno para utilizar al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil en el control de la población, en lugar de destinarlos fundamentalmente a asegurar la libertad y seguridad públicas. Aceptar esto sería como cargar a nuestros guardias civiles y a nuestros policías con la ingrata obligación de ser la mordaza que impida la protesta contra el Gobierno del partido que promovió esta norma.

Finalmente, la Constitución de 1978 es la única que nació del consenso parlamentario. Las anteriores fueron imposiciones del partido en el poder. Mantener el consenso constitucional, precisa mantener su espíritu en las leyes que afectan a nuestros derechos y libertades fundamentales y que estas nazcan con vocación de permanencia. La aprobación de esa Ley con el voto exclusivo del Partido Popular, rompió en mil pedazos ese espíritu.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para:

1. Derogar Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, la cual incide de una manera directa y negativa en el ejercicio y desarrollo de diversos derechos fundamentales, procediendo a promover una nueva normativa más respetuosa con los derechos y libertades fundamentales previstas en la Carta Magna.

2. Paralizar la ejecución de las sanciones directamente vinculadas al ejercicio de derechos y libertades fundamentales adoptadas de conformidad con la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana."


Meritxell Batet Lamaña
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista

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el Sáb 21 Nov 2020 - 12:24
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Proposición de Ley por la que se insta al Gobierno a restablecer las competencias arrebatadas a las Comunidades Autónomas


PREÁMBULO.

En 1978, tras décadas de división y tiranía, el pueblo español se dio la mano, reconciliando años de disputa. Como resultado de esta, se redactó, aprobó y ratificó la Carta Magna, la norma suprema que rige nuestro ordenamiento jurídico y al que están sometidas todas las instituciones, ciudadanos y ciudadanas del Estado español.

En la Constitución de 1978, los padres de esta, en su artículo dos, reconocieron y garantizaron el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones de España. Más adelante, en el artículo 138.1 de la Constitución, se recalcó la efectiva ejecución de lo dispuesto en el artículo dos. Asimismo, el art. 143.1 de la Carta Magna establece que la autonomía que ejerzan las Comunidades Autónomas deberá hacerse con arreglo a lo previsto en el Título VIII de la Constitución y lo que se disponga en los respectivos Estatutos de Autonomía. 

Por tanto, bajo el amparo de la Constitución, símbolo de unidad del Estado español, y de los distintos Estatutos de Autonomía ratificados por las Cortes Generales en su momento, nos vemos legitimados para presentar la presente Proposición de Ley. 

ARTÍCULO ÚNICO.

El Gobierno de España, en los tres meses siguientes a su nombramiento, deberá devolver a las Comunidades Autónomas las competencias arrebatadas y que legítimamente les pertenecen en virtud de sus vigentes Estatutos de Autonomía.


Congreso de los Diputados
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Aitor Estaban Bravo
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el Lun 23 Nov 2020 - 22:52
El Grupo Parlamentario Vox pide a la Presidencia del Congreso que realice una sesión de control.

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el Miér 25 Nov 2020 - 2:02
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Proposición de reforma del reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 38


Exposición de Motivos

Dada la ausencia de especificaciones en el Reglamento de la Cámara en la provisión de los puestos de la Mesa en caso de que más de dos de sus miembros cesen, y en previsión de dar mayor certidumbre en caso de ocurrir tal previsión y evitar aplicaciones arbitrarias de la Presidencia de la mesa alegando el artículo 32.2, se propone esta reforma completa del artículo 38 del Reglamento del Congreso de los diputados

Artículo único.
El artículo 38 del Reglamento del Congreso de los Diputados queda redactado cómo sigue:
"Artículo 38.

1. Cuando dos o más miembros de la Mesa de la Cámara pierdan la condición de Diputados, presenten su dimisión a los cargos que ocupan, o en caso de incapacidad permanente o prolongada suficientemente a juicio de la Mesa, o fallecimiento, el Presidente, o en su defecto los Vicepresidentes en su orden, teniendo conocimiento previo de dichas vacantes, convocará un Pleno cuyo único punto del orden del día será la elección de una nueva Mesa.

2. El Presidente del Congreso de los Diputados, o en su defecto los Vicepresidentes en su orden, abrirá el Pleno y la Sesión a los que se refiere el artículo anterior, e inmediatamente informará a la Cámara de las vacantes producidas en la Mesa. A continuación, procederá a llamar a la Presidencia al Diputado de más edad y a los dos Diputados más jóvenes, que se constituirán en una Mesa de Edad análoga a la establecida en el Título Preliminar del Reglamento de la Cámara. En ese momento, el Presidente, los Vicepresidentes y los Secretarios cesan en sus funciones y proceden a ocupar sus escaños en el Hemiciclo.

3. Constituida la Mesa de Edad, se procederá a una nueva elección de la Mesa del Congreso de los Diputados por el mismo procedimiento establecido en el artículo 37 del Reglamento.

4. Elegida y proclamada la nueva Mesa, sus integrantes ocuparán sus puestos y el Presidente declarará levantada la Sesión."

Disposición final primera.

La presente modificación del Reglamento del Congreso de los Diputados entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales». 
También se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
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el Vie 27 Nov 2020 - 17:51

Proposición no de Ley sobre la Condena a la dictadura Venezolana

Preámbulo

Venezuela desde el año 2002 vive en una dictadura continua donde los derechos y las libertades han pasado a un segundo plano.

El ataque constante del Gobierno de Venezuela hacia España, sus aliados y la democracia, no se puede tolerar desde una perspectiva moral y de dignidad hacia nuestro país y hacia el pueblo de Venezuela.

Es por eso que pedimos al congreso de los diputados:

Artículo único. Se condena las palabras dadas tras la muerte del expresidente Aznar del régimen bolivariano y su lider.

Congreso de los diputados, diciembre
Santiago Abascal


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