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[XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

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Joan Gómez
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Jue 10 Ene 2019 - 22:43
Proyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras.


PREÁMBULO.

Desde el año 2013 España forma parte del grupo de países de la Unión Europea en el procedimiento de cooperación reforzada para la adopción de una Directiva sobre la implantación armonizada de un Impuesto sobre Transacciones Financieras, conjuntamente con Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Italia y Portugal.

Durante estos años, a pesar de los avances en la configuración del impuesto, no ha sido posible alcanzar un acuerdo que dé lugar a la aprobación de la Directiva. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde entonces, y sin abandonar el procedimiento de cooperación reforzada de cara al establecimiento de un impuesto armonizado, se considera oportuno establecer a nivel nacional el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, con la finalidad de contribuir al objetivo de consolidación de las finanzas públicas, y reforzar el principio de equidad del sistema tributario, habida cuenta que las operaciones que ahora se someten a tributación con carácter general no se encuentran sujetas efectivamente a impuesto alguno en el ámbito de la imposición indirecta.

La configuración del Impuesto sigue la línea adoptada por países de nuestro entorno, entre los que cabe citar a Francia e Italia, contribuyendo de esta forma a una mayor coordinación de estos gravámenes en el ámbito europeo.

Así, el hecho imponible del impuesto está constituido por la adquisición onerosa de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación.

Por tanto, se establece como principio de imposición el denominado principio de emisión, por considerarse que de esta manera se minimiza el riesgo de deslocalización de los intermediarios financieros en comparación con el principio de residencia, habida cuenta de que se someten a tributación acciones de sociedades españolas, cualquiera que sea la residencia del intermediario financiero o del lugar en que se negocien.

Asimismo se someten a gravamen los certificados de depósito representativos de las acciones anteriormente citadas.

Ahora bien, el impuesto no se aplica a toda adquisición de acciones de sociedades españolas, sino que se limita a aquellas que hayan sido admitidas a negociación en un mercado regulado, con independencia de que la transacción se ejecute o no en un centro de negociación, y que además tengan un valor de capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros. Con este umbral se pretende que el impuesto afecte lo menos posible a la liquidez del mercado, al tiempo que se garantiza un porcentaje muy elevado de la recaudación potencial del impuesto.

Se declaran exentas determinadas operaciones propias del mercado primario, las necesarias para el cumplimiento de las funciones de las entidades que gestionan los mercados, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.

La base imponible es el importe de la contraprestación, sin incluir los gastos asociados a la transacción. No obstante, se establecen determinadas reglas especiales en aquellos supuestos en los que la adquisición de los valores deriva de la ejecución o liquidación de obligaciones o bonos convertibles o canjeables, de instrumentos financieros derivados, o de cualquier instrumento o contrato financiero, así como en el caso de adquisiciones y transmisiones realizadas en el mismo día.

El sujeto pasivo será, con carácter general, el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, ya actúe en nombre o por cuenta propia o de terceros.

Por último, en relación con la declaración e ingreso del impuesto, se prevé un doble sistema.

Por una parte, en relación con las operaciones cuya liquidación y registro se realice a través de un depositario central de valores, la Ley prevé el desarrollo reglamentario del procedimiento para que pueda ser dicho depositario central de valores quien, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, efectúe la declaración y el ingreso de la deuda tributaria. De esta forma se incardinaría el impuesto en el proceso de liquidación de las operaciones sujetas al mismo, permitiendo con ello un alto grado de automatización en su gestión.

Para los supuestos en que no resulte aplicable el procedimiento anterior y para los sujetos pasivos que no opten por utilizar dicho procedimiento, se establece con carácter general el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo.

A estos efectos, y con la finalidad de garantizar la efectividad del impuesto con independencia del lugar donde se realicen las operaciones gravadas, la Administración tributaria española utilizará todos los instrumentos legales de obtención de información previstos por la normativa. En particular, los previstos en los tratados y convenios internacionales así como en el acervo comunitario, tales como los regulados en la Directiva 2011/16/UE del Consejo de 15 de febrero de 2011 relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE.


Artículo 1. Naturaleza, normativa aplicable y ámbito de aplicación.

El Impuesto sobre las Transacciones Financieras es un tributo de naturaleza indirecta que grava las adquisiciones de acciones en los términos previstos en el artículo 2 de esta Ley.

El impuesto se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y en las normas que se dicten en su desarrollo, y en su aplicación se tendrá en cuenta lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que formen parte del ordenamiento interno español.

El impuesto se aplicará con independencia del lugar donde se efectúe la adquisición y cualquiera que sea la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación, sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los Territorios del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.


Artículo 2. Hecho imponible.

1. Estarán sujetas al impuesto las adquisiciones a título oneroso de acciones definidas en los términos del artículo 92 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio representativas del capital social de sociedades de nacionalidad española, cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que estén admitidas a negociación en un mercado español, o de otro Estado de la Unión Europea, que tenga la consideración de regulado conforme a lo previsto en la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa a los mercados de instrumentos financieros, o en un mercado considerado equivalente de un tercer país según lo dispuesto en el artículo 25.4 de dicha Directiva.

b) Que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea, a 1 de diciembre del año anterior a la adquisición, superior a 1.000 millones de euros.

Las adquisiciones a que se refiere este apartado estarán sujetas al impuesto con independencia de que se ejecuten en un centro de negociación, tal como se define en el número 24 del apartado 1 del artículo 4 de la mencionada Directiva, por un internalizador sistemático, tal como se encuentra definido en el artículo 331 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, o mediante acuerdos directos entre los contratantes al margen de un centro de negociación.

2. Asimismo quedan sujetas al impuesto:

a) Las adquisiciones onerosas de los valores negociables constituidos por certificados de depósito representativos de las acciones a las que se refiere el aparado 1 de este artículo, cualquiera que sea el lugar de establecimiento de la entidad emisora de dichos valores.

b) Las adquisiciones de los valores a que se refiere el apartado 1 de este artículo y la letra a) de este apartado que deriven de la ejecución o liquidación de obligaciones o bonos convertibles o canjeables, de instrumentos financieros derivados, así como de cualquier instrumento financiero, o de los contratos financieros definidos en el cuarto párrafo del apartado 1 del artículo 2 de la Orden EHA/3537/2005, de 10 de noviembre, por la que se desarrolla el artículo 27.4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

3. El Ministerio de Hacienda publicará, antes del 31 de diciembre de cada año la relación de las sociedades españolas con un valor de capitalización bursátil a 1 de diciembre del mismo año superior a 1.000 millones de euros.


Artículo 3. Exenciones.

1. Estarán exentas del impuesto las siguientes adquisiciones de acciones:

a) Las adquisiciones derivadas de la emisión de acciones.

b) Las adquisiciones derivadas de una oferta pública de venta de acciones tal como se define en el artículo 35.1 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, en su colocación inicial entre inversores.

c) Las adquisiciones previas a las citadas en las letras a) y b), realizadas con carácter instrumental por los colocadores y aseguradores contratados por los emisores u oferentes con el propósito de realizar la distribución última de esas acciones entre los inversores finales, así como las adquisiciones en cumplimiento de sus obligaciones como colocadores y, en particular, como aseguradores, en su caso, de esas operaciones.

d) Las adquisiciones que en el contexto de la admisión de acciones a bolsa realicen los intermediarios financieros encargados de la estabilización de precios en el marco de un encargo de estabilización conforme a las previsiones contenidas en el Reglamento (UE) Nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión.

e) Las adquisiciones derivadas de las operaciones de compra o de préstamo y demás operaciones realizadas por una entidad de contrapartida central o un depositario central de valores sobre los instrumentos financieros sujetos a este impuesto en el ejercicio de sus respectivas funciones en el ámbito de la compensación o en el de la liquidación y registro de valores.

Se entienden comprendidas en esta letra las operaciones de novación propias de la entidad de contrapartida central así como las operaciones realizadas en el marco de una operación de recompra debida a un fallo en la liquidación, de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se modifican las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) Nº 236/2012.

f) Las adquisiciones realizadas por intermediarios financieros por cuenta del emisor de las acciones en el ejercicio de sus funciones de proveedores de liquidez, en virtud de un contrato de liquidez que cumpla los requisitos exigidos por la Circular 1/2017, de 26 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tengan como único objetivo favorecer la liquidez de las operaciones y la regularidad de la cotización de sus acciones, en el ámbito de las prácticas de mercado aceptadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en virtud de lo previsto en el Reglamento 596/2014 (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado.

g) Las adquisiciones realizadas por los intermediarios financieros en el marco de sus actividades de creación de mercado tal y como estas se definen en el 2.1.k del Reglamento (UE) Nº 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, sobre las ventas en corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago, debiendo figurar estos intermediarios a dichos efectos en la lista de creadores de mercado que publica la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) conforme a lo previsto en el artículo 17 del citado Reglamento.

h) Las adquisiciones realizadas por intermediarios financieros para la cobertura de las posiciones mantenidas como resultado de sus funciones de creadores de mercado en instrumentos derivados cuyo subyacente sean acciones sometidas a este impuesto, entendiendo por tales intermediarios financieros los miembros o participantes de un centro de negociación, tal como se define en el artículo 4 de la Directiva 2014/65/UE, que queden vinculados por un acuerdo por escrito de creación de mercado para publicar de manera continuada, cuando negocien por cuenta propia, cotizaciones simultáneas en firme de compra y de venta de magnitud comparable y a precios competitivos en relación con los instrumentos derivados señalados, de modo que se aporte liquidez de forma regular y predecible al mercado para tales instrumentos derivados. Dicho acuerdo escrito debe especificar las obligaciones del creador de mercado en relación con la provisión de liquidez para los instrumentos derivados sujetos al acuerdo y solo será tomado en consideración si tales obligaciones son supervisadas y ejecutadas.

También estarán exentas las adquisiciones realizadas por estos intermediarios financieros correspondientes al ejercicio o liquidación de posiciones en derivados de los que sean creadores de mercados y cuyas posiciones deriven de su actividad como tal.

i) Las adquisiciones de acciones entre entidades que formen parte del mismo grupo en los términos del artículo 42 del Código de Comercio.

j) Las adquisiciones a las que sea susceptible de aplicación el Régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea regulado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Asimismo, las adquisiciones originadas por operaciones de fusión o escisión de instituciones de inversión colectiva o de compartimentos o subfondos de instituciones de inversión colectiva efectuadas al amparo de lo previsto en su correspondiente normativa reguladora.

k) Las operaciones de financiación de valores, mencionadas en el apartado 11 del artículo 3 del Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012, así como las operaciones de colateral con cambio de titularidad como consecuencia de un acuerdo de garantía financiera con cambio de titularidad, tal como se define en el apartado 13 del artículo 3 del citado Reglamento.

l) Las adquisiciones derivadas de la aplicación de medidas de resolución adoptadas por la Junta Única de Resolución, o las autoridades nacionales de resolución competentes, en los términos previstos en el Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, y en la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

2. Para que el sujeto pasivo que actúe por cuenta de terceros aplique las exenciones establecidas en el apartado 1 de este artículo, la persona o entidad de la cual reciba la orden de adquisición o, en su caso, la persona o entidad adquirente, deberá comunicarle que concurren los supuestos de hecho que originan dicha aplicación y, en su caso, la siguiente información:

a) Respecto de las exenciones recogidas en las letras a), b) y c) del apartado 1, deberá identificar la emisión o la oferta pública de venta de acciones a la que se refiere.

b) Respecto de la exención recogida en la letra d) del apartado 1, el anuncio de las medidas de estabilización previstas en el Reglamento 596/2014 (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado.

c) Respecto de la exención recogida en la letra e) del apartado 1, la identificación de la entidad que realiza las operaciones de compensación, liquidación y registro de valores.

d) Respecto de la exención recogida en la letra f) del apartado 1, la identificación de la entidad que realiza las operaciones de proveedor de liquidez. Habrá que aportar asimismo el anuncio al mercado del contrato de liquidez.

e) Respecto de las exenciones recogidas en las letras g) y h) del apartado 1, la identificación de la entidad que realiza las operaciones de creación de mercado, así como la referencia de la publicación de la condición de creador de mercado.

f) Respecto de la exención recogida en la letra i) del apartado 1, la identificación del grupo de sociedades.

g) Respecto de la exención recogida en la letra j) del apartado 1, la identificación de las entidades afectadas por el proceso de reestructuración empresarial o de las instituciones de inversión colectiva involucradas en la fusión o escisión junto con la autorización de la operación por la correspondiente autoridad competente.

h) Respecto de la exención recogida en la letra k) del apartado 1, la identificación de las entidades intervinientes en la operación de financiación o en las operaciones de colateral con cambio de titularidad.

i) Respecto de la exención recogida en la letra l) del apartado 1, la identificación del acuerdo por el que se adoptan las medidas de resolución.

Para la identificación de las entidades a las que se refiere este apartado, será exigible comunicar el Identificador de Entidad Jurídica (LEI, por sus siglas en inglés).

El sujeto pasivo y la persona o entidad que realice las comunicaciones deberán conservar a disposición de la Administración tributaria los justificantes que acrediten la realización y el contenido de la comunicación.


Artículo 4. Devengo.

El impuesto se devengará:

a) Tratándose de adquisiciones ejecutadas en un centro de negociación o en el marco de la actividad de un internalizador sistemático, en el momento en que se efectúe su liquidación.

b) Tratándose de adquisiciones realizadas al margen de un centro de negociación o de la actividad de un internalizador sistemático, en el momento en que se produzca la anotación registral de los valores a favor del adquirente.


Artículo 5. Base imponible.

1. La base imponible estará constituida por el importe de la contraprestación de las operaciones sujetas al impuesto, sin incluir los costes de transacción derivados de los precios de las infraestructuras de mercado, ni las comisiones por la intermediación, ni ningún otro gasto asociado a la operación.

En el caso en el que no se exprese el importe de la contraprestación, la base imponible será el valor correspondiente al cierre del mercado regulado más relevante por liquidez del valor en cuestión el último día de negociación anterior al de la operación. A estos efectos, el mercado más importante en términos de liquidez se determinará conforme al artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2017/587 de la Comisión de 14 de julio de 2016 por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los mercados de instrumentos financieros, en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a los requisitos de transparencia aplicables a los centros de negociación y las empresas de servicios de inversión respecto de las acciones, los recibos de depositario, los fondos cotizados, los certificados y otros instrumentos financieros similares y a las obligaciones de realización de las operaciones respecto de ciertas acciones en un centro de negociación o por un internalizador sistemático.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, para la determinación de la base imponible se aplicarán las siguientes reglas especiales:

a) Cuando la adquisición de los valores sometidos al impuesto proceda de bonos u obligaciones convertibles o canjeables o de otros valores negociables que den lugar a dicha adquisición, la base imponible será el valor establecido en el documento de emisión de éstos.

b) Cuando la adquisición proceda de la ejecución o liquidación de opciones o de otros instrumentos financieros derivados que otorguen un derecho a adquirir o transmitir los valores sometidos al impuesto, la base imponible será el precio de ejercicio fijado en el contrato.

c) Cuando la adquisición proceda de un instrumento derivado que constituya una transacción a plazo, la base imponible será el precio pactado, salvo que dicho derivado se negocie en un mercado regulado, en cuyo caso la base imponible será el precio de entrega al que deba realizarse dicha adquisición al vencimiento.

d) Cuando la adquisición proceda de la liquidación de un contrato financiero a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 2 de esta Ley, la base imponible se determinará conforme a lo previsto en el párrafo segundo del apartado 1 de este artículo.

Para que el sujeto pasivo que actúe por cuenta de terceros pueda aplicar las reglas especiales previstas en este apartado, la persona o entidad de la cual reciba la orden de adquisición o, en su caso, la persona o entidad adquirente, deberá comunicarle que concurren los supuestos de hecho que originan dicha aplicación, así como los elementos determinantes de la cuantificación de la base imponible que en cada caso procedan.

3. En el caso de que en un mismo día se efectúen en un mismo centro de negociación adquisiciones y transmisiones de un mismo valor sujeto al impuesto, ordenadas o ejecutadas por el mismo sujeto pasivo, y, en su caso, a través de un mismo miembro del mercado, asociadas a un mismo registro o cuenta de valores de un mismo adquirente y que, además, se liquiden en la misma fecha, la base imponible respecto de dichas adquisiciones se calculará multiplicando la diferencia positiva que resulte de restar del número de valores adquiridos los transmitidos en el mismo día, por el cociente resultante de dividir la suma de las contraprestaciones de las referidas adquisiciones por el número de valores adquiridos. Para realizar dicho cálculo se excluirán las adquisiciones exentas previstas en el artículo 3 de esta Ley así como las transmisiones realizadas en el marco de aplicación de dichas exenciones.


Artículo 6. Sujetos pasivos y responsables.

1. En el caso de que la adquisición se realice en un centro de negociación, el sujeto pasivo será el miembro del mercado que la ejecute, ya actúe en nombre o por cuenta propia o de terceros. No obstante, cuando en la transmisión de la orden al miembro del mercado intervengan uno o más intermediarios financieros por cuenta del adquirente, actuando al menos uno de ellos en nombre propio, el sujeto pasivo será el primer intermediario financiero más cercano al adquirente que haya transmitido la orden de este último en nombre propio.

Si la adquisición se ejecuta al margen de un centro de negociación, en el ámbito de la actividad de un internalizador sistemático, el sujeto pasivo será el propio internalizador sistemático.

Si la adquisición se realiza al margen de un centro de negociación y de la actividad de un internalizador sistemático, el sujeto pasivo será la empresa de servicios de inversión o entidad de crédito que efectúe directamente la operación por cuenta propia o el intermediario financiero que reciba la orden del adquirente de los valores o realice su entrega a este último en virtud de la ejecución o liquidación de un instrumento o contrato financiero.

En el caso de que la adquisición se ejecute al margen de un centro de negociación y sin la intervención de ninguna de las personas o entidades a que se refieren los párrafos anteriores, el sujeto pasivo será la entidad que preste el servicio de depósito de los valores por cuenta del adquirente.

2. Será responsable solidario de la deuda tributaria la persona o entidad que haya comunicado al sujeto pasivo información errónea o inexacta determinante de:

a) La aplicación indebida de las exenciones previstas en el artículo 3 de esta Ley.

b) Una menor base imponible derivada de la aplicación indebida de las reglas especiales de determinación de la base imponible previstas en el apartado 2 del artículo 5 de esta Ley.

La responsabilidad alcanzará a la deuda tributaria correspondiente a la aplicación indebida de las exenciones o de las reglas especiales de determinación de la base imponible.


Artículo 7. Tipo impositivo.

El impuesto se exigirá al tipo impositivo del 0,2 por ciento.


Artículo 8.Obligación de declaración e ingreso y obligaciones de documentación.

1. Los sujetos pasivos deberán determinar e ingresar la deuda tributaria en el lugar, forma y plazos que establezca el Ministro de Hacienda.

No obstante, en los términos que se establezcan reglamentariamente, los sujetos pasivos podrán realizar el pago del impuesto a través de un depositario central de valores encargado de la llevanza del registro contable de los valores objeto de la adquisición, radicado en territorio español, quien, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, efectuará la declaración y el ingreso de la deuda tributaria. Este procedimiento podrá extenderse a otros depositarios centrales de valores radicados en otros Estados de la Unión Europea, o en terceros Estados que sean reconocidos para prestar servicios en la Unión Europea, mediante acuerdos de colaboración suscritos a tal efecto.

2. Los sujetos pasivos deberán presentar una declaración anual del impuesto, que incluirá las operaciones exentas, en el lugar, forma y plazo que establezca el Ministro de Hacienda.

3. La Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores a que se refiere la disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, así como sus entidades participantes, a los efectos de facilitar el control y la gestión del impuesto, deberán mantener a disposición de la Administración tributaria la documentación o los ficheros relativos a las operaciones sujetas al Impuesto.


Artículo 9. Infracciones y sanciones.

Las infracciones tributarias derivadas del incumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en su normativa de desarrollo se calificarán y sancionarán con arreglo a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


Disposición final primera. Título competencial.

La presente Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de Hacienda General prevista en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española.


Disposición final segunda. Habilitación normativa.

El Gobierno dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.


Disposición final tercera. Habilitación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá modificar el tipo impositivo y las exenciones del impuesto.


Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».


María Jesús Montero Cuadrado,
Ministra de Hacienda.
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Jue 10 Ene 2019 - 23:04
Proyecto de Ley por el que se Establece el Gravamen sobre el Uso de Sustancias Contaminantes.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Actualmente, los niveles de contaminación en el Planeta Tierra son muy elevados, y es este un problema que se erige como uno de los más importantes y preocupantes de cara a lo que queda de siglo. Tal es su efecto, que ya muchos científicos especulan sobre la posible extinción del ser humano como consecuencia del proceso de calentamiento global que la contaminación está trayendo.

Es un problema que concierne a la gran mayoría de países del mundo, así como al máximo organismo internacional como es la Organización de las Naciones Unidas, que desde el auge del petróleo lleva intentando reducir la contaminación con diversas cumbres y programas que no terminan de arrancar. Por lo tanto, y ante la falta de poder de ejecución por parte de la Asamblea General de la ONU, nuestro deber como Gobierno de España, al sí tener poder de ejecución, es poner en marcha una serie de medidas encaminadas a cumplir con los objetivos marcados por la ONU.

Como nunca se ha tenido complejo a la hora de reconocerlo, este Gobierno es ecologista, y tanto es así que de él forma parte un Ministerio para la Transición Ecológica. Una transición ecológica de la economía, de la sociedad, y de todo en general. Este Gobierno está completamente comprometido a combatir el cambio climático desde sus cimientos y a prevenir la devastadora era de calentamiento global y desglaciación que parece vaya a cernirse sobre nosotras y nosotros.

Como apunte, hay que afirmar que los vehículos que funcionan a gasoil y a gasolina forman parte de los mayores contribuyentes a la contaminación de la atmósfera y el aire, hasta el punto de haber tenido que restringir los aparcamientos de vehículos a gasoil y gasolina en los centros urbanos de diversas grandes ciudades. Este Gobierno está comprometido a emprender un plan de transición hacia los motores a base de energía eléctrica, hidroeléctrica, solar o incluso eólica. Y de entre ese grupo, los motores más desarrollados son los de energía eléctrica, y son los que el Gobierno se afana a potenciar.

Por lo tanto, es voluntad del Gobierno penalizar el uso de vehículos que puedan resultar contaminantes de cara a la atmósfera, mostrando así a la ciudadanía cuál es el camino a seguir durante las próximas décadas: el de tender hacia los motores que funcionen con energía eléctrica. Es todo ello lo que nos motiva a presentar y aprobar la presente ley.


Artículo único.

Por la presente Ley se modifica el artículo 50 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, quedando establecido de la siguiente forma:

«Artículo 50. Tipos impositivos.

1. El tipo de gravamen aplicable se formará mediante la suma del tipo general y del tipo especial. Para los epígrafes en los que no se determinen un tipo general y un tipo especial, el tipo de gravamen será el establecido en el epígrafe. Dichos tipos son los que se indican en las tarifas y epígrafes que figuran a continuación:

Tarifa 1.ª:

Epígrafe 1.1 Gasolinas con plomo: 433,79 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial.

Epígrafe 1.2.1 Gasolinas sin plomo de 98 I.O. o de octanaje superior: 431,92 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial.

Epígrafe 1.2.2 Las demás gasolinas sin plomo: 402,5 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial.

Epígrafe 1.3 Gasóleos para uso general: 402,5 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial.

Epígrafe 1.4 Gasóleos utilizables como carburante en los usos previstos en el apartado 2 del artículo 54 y, en general, como combustible: 78,71 euros por 1.000 litros de tipo general y 18 euros por 1.000 litros de tipo especial.

Epígrafe 1.5 Fuelóleos: 14 euros por tonelada de tipo general y 3 euros por tonelada de tipo especial.

Epígrafe 1.6 GLP para uso general: 57,47 euros por tonelada.

Epígrafe 1.8 GLP destinados a usos distintos a los de carburante: 15 euros por tonelada.

Epígrafe 1.9 Gas natural para uso general: 1,15 euros por gigajulio.

Epígrafe 1.10.1 Gas natural destinado a usos distintos a los de carburante, así como el gas natural destinado al uso como carburante en motores estacionarios: 0,65 euros por gigajulio.
Epígrafe 1.10.2 Gas natural destinado a usos con fines profesionales siempre y cuando no se utilicen en procesos de cogeneración y generación directa o indirecta de energía eléctrica: 0,15 euros por gigajulio.

A efectos de lo previsto en este Epígrafe se considera gas natural destinado a usos con fines profesionales los suministros de gas natural efectuados para su consumo en plantas e instalaciones industriales, con exclusión del que se utilice para producir energía térmica útil cuyo aprovechamiento final se produzca en establecimientos o locales que no tengan la condición de plantas o instalaciones industriales. Asimismo, tendrá la consideración de gas natural destinado a usos con fines profesionales el gas natural utilizado en cultivos agrícolas.

Epígrafe 1.11 Queroseno para uso general: 306 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial.

Epígrafe 1.12 Queroseno destinado a usos distintos de los de carburante: 78,71 euros por 1.000 litros.

Epígrafe 1.13 Bioetanol y biometanol para uso como carburante:

a) Bioetanol y biometanol mezclado con gasolinas sin plomo de 98 I.O. o de octanaje superior: 431,92 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial.

b) Bioetanol y biometanol, mezclado con las demás gasolinas sin plomo o sin mezclar: 400,69 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial.

Epígrafe 1.14 Biodiésel para uso como carburante: 307 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial.

Epígrafe 1.15 Biodiésel para uso como carburante en los usos previstos en el apartado 2 del artículo 54 y, en general, como combustible, y biometanol para uso como combustible: 78,71 euros por 1.000 litros de tipo general y 18 euros por 1.000 litros de tipo especial.

Tarifa 2.ª:

Epígrafe 2.1. Alquitranes de hulla y demás productos clasificados en el código NC 2706: el tipo establecido para el epígrafe 1.5.

Epígrafe 2.2. Benzoles y demás productos clasificados en los códigos NC 2707.10, 2707.20, 2707.30 y 2707.50: el tipo establecido para el epígrafe 1.1.

Epígrafe 2.3. Aceites de creosota clasificados en el código NC 2707.91.00: el tipo establecido para el epígrafe 1.5.

Epígrafe 2.4. Aceites brutos y demás productos clasificados en el código NC 2707 y no comprendidos en los epígrafes 2.2 y 2.3: el tipo establecido para el epígrafe 1.5.

Epígrafe 2.5. Aceites crudos condensados de gas natural, clasificados en el código NC 2709, para uso general: el tipo establecido para el epígrafe 1.11.

Epígrafe 2.6. Aceites crudos condensados de gas natural, clasificados en el código NC 2709, destinados a usos distintos a los de carburante: el tipo establecido para el epígrafe 1.12.

Epígrafe 2.7. Los demás productos clasificados en el código NC 2709: el tipo establecido para el epígrafe 1.5.

Epígrafe 2.8 Gasolinas especiales y demás productos clasificados, con independencia de su destino, en los códigos NC 2710.12.11, 2710.12.15, 2710.12.21, 2710.12.25, 2710.12.70 y 2710.12.90: el tipo establecido para el epígrafe 1.1.

Epígrafe 2.9. Aceites medios distintos de los querosenos clasificados, con independencia de su destino, en los códigos NC 2710.19.11, 2710.19.15 y 2710.19.29, para uso general: el tipo establecido para el epígrafe 1.11.

Epígrafe 2.10. Aceites medios distintos de los querosenos clasificados, con independencia de su destino, en los códigos NC 2710.19.11, 2710.19.15 y 2710.19.29 y destinados a usos distintos a los de carburante: el tipo establecido para el epígrafe 1.12.

Epígrafe 2.11 Aceites pesados y preparaciones clasificados, con independencia de su destino, en los códigos NC 2710.19.71, 2710.19.75, 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93, 2710.19.99 y 2710.20.90: el tipo establecido para el epígrafe 1.5.

Epígrafe 2.12. Hidrocarburos gaseosos clasificados en el código NC 2711.29.00 y productos clasificados en el código NC 2705, para uso general: el tipo establecido para el epígrafe 1.9.

Epígrafe 2.13.1 Hidrocarburos gaseosos clasificados en el código NC 2711.29.00 y productos clasificados en el código NC 2705, así como el biogás, destinados a usos distintos a los de carburante, o a usos como carburante en motores estacionarios: el tipo establecido para el epígrafe 1.10.1.

Epígrafe 2.13.2 Hidrocarburos gaseosos clasificados en el código NC 2711.29.00 y productos clasificados en el código NC 2705, así como el biogás, destinados a usos con fines profesionales siempre y cuando no se utilicen en procesos de generación y cogeneración eléctrica: el tipo establecido para el epígrafe 1.10.2.

Para la aplicación de estos dos últimos epígrafes se considera "biogás" el combustible gaseoso producido a partir de la biomasa y/o a partir de la fracción biodegradable de los residuos y que puede ser purificado hasta alcanzar una calidad similar a la del gas natural, para uso como biocarburante, o el gas producido a partir de madera.

Epígrafe 2.14. Vaselina y demás productos clasificados en el código NC 2712: el tipo establecido para el epígrafe 1.5.

Epígrafe 2.15. Mezclas bituminosas clasificadas en el código NC 2715: el tipo establecido para el epígrafe 1.5.

Epígrafe 2.16. Hidrocarburos de composición química definida, incluidos en el ámbito objetivo del impuesto y clasificados en los códigos NC 2901 y 2902: el tipo establecido para el epígrafe 1.1.

Epígrafe 2.17. Preparaciones clasificadas en el código NC 3403: el tipo establecido para el epígrafe 1.5.

Epígrafe 2.18. Preparaciones antidetonantes y aditivos clasificados en el código NC 3811: el tipo establecido para el epígrafe 1.1.

Epígrafe 2.19. Mezclas de alquilbencenos y mezclas de alquilnaftalenos clasificadas en el código NC 3817: el tipo establecido para el epígrafe 1.5.

Epígrafe 2.20 Desechos de aceites clasificados en los códigos NC 2710.91.00 y 2710.99.00: el tipo establecido para el epígrafe 1.5.

2. A los productos comprendidos en los apartados 2 y 3 del artículo 46 se les aplicarán los tipos impositivos correspondientes a aquellos hidrocarburos comprendidos en la tarifa 1ª del impuesto cuya capacidad de utilización resulte equivalente, según se deduzca del expediente de autorización de utilización a que se refiere el apartado 1 del artículo 54 de esta Ley.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7 del artículo 8, la aplicación de los tipos impositivos fijados en este artículo quedará condicionada al cumplimiento de los requisitos que se hayan previsto reglamentariamente, incluidos, en su caso, la adición de trazadores y marcadores, la utilización realmente dada a los productos o el empleo de medios de pago específicos.

4. En los suministros de gas natural a instalaciones con un único punto de suministro y destinado a ser utilizado como combustible tanto a usos profesionales, como a otros usos, se aplicarán los tipos impositivos regulados en los epígrafes 1.10.1 y 1.10.2 del apartado 1 de este artículo en función del porcentaje utilizado en cada uno de los distintos usos, conforme al procedimiento que se establezca reglamentariamente.
».


Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.


Disposición final única.

La presente Ley entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».


-Teresa Ribera Rodríguez,
Ministra para la Transición Ecológica.

-María Jesús Montero Cuadrado,
Ministra de Hacienda.


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Joan Gómez
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Jue 10 Ene 2019 - 23:14
Proyecto de Ley para el Establecimiento de un Recargo de Solidaridad a las Entidades de Crédito.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Es un hecho bien conocido que el sistema financiero en España ha recibido múltiples ayudas por parte del Sector Público. Según el «Informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria, ejercicios 2009 a 2015» n.º 1190 del Tribunal de Cuentas, las ayudas en recapitalización y créditos blandos ascienden a 122.122 millones de euros. De ellos, el Banco de España en su «Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014» reconoce como irrecuperables hasta ahora más de 60.000 millones, incluso descontando la parte que o bien ya se ha recuperado o es factible recuperar. Por tanto, no cabe afirmar que con la privatización de las entidades en manos del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) se vayan a recuperar dichas ayudas.

De las ayudas irrecuperables, más de 10.000 millones corresponden a los llamados «Esquemas de Protección de Activos» (EPAs), que han sido ejecutados y han supuesto una transferencia directa de recursos públicos a las cuentas de resultado de los bancos que adquirieron las entidades intervenidas. Ayudas que por su propia naturaleza se sabían irrecuperables desde el principio y que se le ocultaron a la opinión pública de forma reiterada en sucesivas declaraciones del Gobierno.

Como consecuencia de la gestión de la reestructuración bancaria, los grandes bancos adquirieron entidades que habían recibido importantes inyecciones de dinero público. Así, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) adquirió entidades que habían recibido más de 21.931 millones de euros en ayudas, correspondientes a UNNIM (6.421 millones de euros) y Catalunya Banc (15.510 millones de euros); por otra parte, el Banco Sabadell absorbió bancos que habían recibido 27.552 millones de euros, por las ayudas recibidas por la CAM (26.302 millones de euros) y el Banco Gallego (1.250 millones de euros), de acuerdo al mencionado informe del Tribunal de Cuentas.

Por tanto, es el sector financiero en su conjunto (ahora predominantemente bancario) el que se ha beneficiado de que el Estado asumiera las pérdidas provocadas por la mala gestión de las entidades. Y, tras la recapitalización, las vendiera no sólo con pérdidas, sino incluso dando avales en forma de EPAs, por valor de 10.800 millones de euros, que en la actualidad son irrecuperables.

Las cifras anteriores se han actualizado en las notas que periódicamente publica el Banco de España desde 2013, siendo la última de ellas de septiembre de 2017. En dicho documento se contabilizan a septiembre de 2017 las ayudas tanto por tipo, como por entidad. Concretamente el total de ayudas destinadas a ayudas financieras para el sector bancario alcanza el montante de 56.865, de los cuales, 42.590 millones de euros se consideran perdidos.

Gracias a todas estas ayudas, la banca ha vuelto a tener beneficios. De hecho, de acuerdo a las estimaciones de la Agencia Española de la Administración Tributaria (AEAT) sobre la recaudación del Impuesto de Sociedades, las entidades crediticias han recuperado una base imponible cercana a la que existía en 2009, antes de la crisis económica y financiera, que supera los 10.000 millones de euros en 2015.

Pero su tributación efectiva sigue siendo enormemente menor de lo establecido en el impuesto. Así, por ejemplo, atendiendo a la cuenta de resultados individuales del sector bancario (disponible en la Asociación Española de Banca y en la Confederación Española de Cajas de Ahorros), la tributación efectiva de las entidades con beneficios fue tan sólo el 9% en 2015 (presentaban un resultado antes de impuestos de 10.900 millones de euros y tributaron 938 millones de euros) y un 17 % en 2016 (presentaban 11.180 millones de euros y tributaron 1.888 millones de euros).

Por todo ello, consideramos ineludible la introducción de este mecanismo tributario para, por un lado, recobrar parte de las enormes pérdidas en las que se ha incurrido por el rescate bancario, una vez que el sector vuelve a tener notables beneficios. Y, por otro lado, establecer una contribución justa del sector financiero.


Artículo único. Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Se introduce una nueva disposición transitoria a la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactada de la siguiente manera:

«Disposición transitoria trigésimo novena.

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien dentro del año 2019, el tipo de gravamen establecido en el apartado 6 del artículo 29 para las entidades de crédito se verá incrementado en 10 puntos porcentuales. Dicho incremento se mantendrá durante los cuatro años siguientes al de su entrada en vigor y podrá ser objeto de prórrogas una vez finalizado este periodo por otros de duración similar.
».


Disposición final primera. Título competencial.

Lo dispuesto en esta Ley tiene carácter básico al dictarse al amparo de las competencias que corresponden al Estado en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de Hacienda general.


Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».


María Jesús Montero Cuadrado,
Ministra de Hacienda.


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Jue 10 Ene 2019 - 23:16
El GOBIERNO solicita que los cuatro proyectos de Ley presentados anteriormente sean tramitados por la VÍA DE URGENCIA.
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Dom 13 Ene 2019 - 12:09
[XIII Legislatura] Mesa del Congreso. - Página 3 J1a8qo10



Proposición De Ley Sobre La Restitución De La Mesa


PREÁMBULO

Tras la aprobación de la modificación del reglamento, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente proposición de ley para elegir una nueva mesa en el Congreso:

ARTÍCULO ÚNICO

Al aprobarse este proyecto de ley, la Mesa Del Congreso quedará vacante y se realizará una sesión constitutiva de esta.



DISPOSICIÓN ÚNICA

Queda aprobada tras su publicación en el BOE.

Soraya Sáenz de Santamaría


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Dom 13 Ene 2019 - 12:10
Jesús Aguilar escribió:
[XIII Legislatura] Mesa del Congreso. - Página 3 J1a8qo10



Proposición De Ley Sobre La Restitución De La Mesa


PREÁMBULO

Tras la aprobación de la modificación del reglamento, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente proposición de ley para elegir una nueva mesa en el Congreso:

ARTÍCULO ÚNICO

Al aprobarse este proyecto de ley, la Mesa Del Congreso quedará vacante y se realizará una sesión constitutiva de esta.



DISPOSICIÓN ÚNICA

Queda aprobada tras su publicación en el BOE.

Soraya Sáenz de Santamaría


Se solicita su tramitación por VÍA DE URGENCIA
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Dom 13 Ene 2019 - 21:40
PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DEL DERECHO A LA GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO Y EL MATERIAL CURRICULAR EN LA EDUCACIÓN BÁSICA


Exposición de motivos

El derecho de todos a la educación está consagrado como derecho fundamental en el artículo 27.1 de la Constitución española, añadiendo taxativamente su número cuatro que «la enseñanza básica es obligatoria y gratuita» y asignando a los poderes públicos la obligación de garantizar y hacer efectivo este derecho.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 4.1 que «la enseñanza básica [...] es obligatoria y gratuita para todas las personas» y en su artículo 3.3 precisa que «la educación primaria y la educación secundaria obligatoria constituyen la educación básica». El artículo 3.10 de la misma Ley Orgánica establece que los ciclos de Formación Profesional Básica serán de oferta obligatoria y de carácter gratuito.
Finalmente, el artículo 88.2 de la citada Ley Orgánica de Educación establece que «las Administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer posible la gratuidad de las enseñanzas de carácter gratuito».
Sin embargo, el derecho a la gratuidad de la enseñanza básica se pone en entredicho por el hecho de que en la actualidad son las familias las que cada año tienen que hacer frente a los costes de adquisición de los libros de texto y el material curricular, lo que supone un esfuerzo considerable para muchas familias y uno difícilmente asumible en el caso de aquellas que disponen de menores recursos económicos. Por ello, partiendo del marco normativo expuesto, mediante la presente Ley se pretende profundizar
en la efectiva gratuidad de la enseñanza básica, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.2 de nuestra Carta Magna cuando afirma que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones
para que la igualdad del individuo sea real y efectiva y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, con el convencimiento de que una educación básica plenamente gratuita constituye un instrumento indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. A favor de un concepto amplio de gratuidad de la enseñanza básica que englobe los libros de texto se han pronunciado ya instancias tan relevantes como el Consejo Escolar del Estado en su Informe del curso 1998-1999 y en su propuesta de mayo de 2014, el Congreso de los Diputados mediante proposición no de ley aprobada en septiembre de 2013 o el Defensor del Pueblo en su Estudio sobre la gratuidad de los libros de texto de octubre de 2013.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente Proposición de Ley:

Artículo 1. Objeto.
La presente Ley tiene por objeto reconocer el derecho a la gratuidad de los libros de texto y el material curricular a todos los alumnos que cursen las enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica en todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos, incluyendo los alumnos escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos de educación especial. El derecho a la gratuidad se hará efectivo a través de un sistema de préstamo en los términos establecidos
en el artículo 4 bis de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y en la disposición adicional 4 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Artículo 2. Principios.
1. El sistema de préstamo de libros de texto y de material curricular es el medio que sirve a la plena realización del derecho a la gratuidad de libros de texto y de material curricular que, a su vez, ha de permitir la consecución del objetivo de gratuidad de la enseñanza básica y obligatoria.
2. El desarrollo del sistema de préstamo responderá a los siguientes principios:
a) Fomento en los alumnos de actitudes de respeto, compromiso, solidaridad y corresponsabilidad.
b) Reconocimiento del papel activo de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje.
c) Contribución a la creación de entornos de aprendizaje más eficaces.
d) Refuerzo a la autonomía de los centros docentes.
e) Profundización de los mecanismos de colaboración entre las familias y los centros docentes.
f) Promoción en la comunidad educativa de actitudes y valores de uso responsable de los bienes
respetuosos con la sostenibilidad ambiental.

Artículo 3. Seguimiento y evaluación.
1. Para el seguimiento y evaluación del sistema de préstamo regulado en esta Ley, las Comunidades Autónomas establecerán, conforme a su legislación, una comisión de seguimiento que, en todo caso, deberá garantizar una representación plural de la comunidad educativa.
2. La comisión de seguimiento elaborará, a la conclusión de cada curso escolar, un informe sobre el número de alumnos beneficiarios del sistema y los libros de texto y los materiales curriculares adquiridos en cada curso con desglose de los que lo hayan sido por vencimiento de su plazo de vigencia o por necesidades de reposición. El informe será público.

Disposición adicional primera. Ampliación a otras etapas educativas.
Las Comunidades Autónomas podrán ampliar el ejercicio del derecho a la gratuidad de los libros de texto y del material curricular, así como el sistema de préstamo, a otras etapas no obligatorias de la Educación como la Educación Infantil, el Bachillerato o la Formación Profesional de grado medio o superior.

Disposición adicional segunda. Centros públicos de Educación Especial.
La legislación atenderá a las particularidades que presente la efectividad del derecho a la gratuidad de los libros escolares y del material curricular a los alumnos escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos de Educación Especial, con asignaciones presupuestarias acordes a la naturaleza de los libros empleados.

Disposición adicional tercera. Centros privados concertados.

Los centros privados concertados adecuarán la organización y competencias de sus órganos de gobierno al contenido de la presente Ley y de sus normas de desarrollo, de acuerdo con la normativa específica que les sea de aplicación.

Disposición adicional cuarta. Actuaciones de la Inspección educativa.
La Alta Inspección Educativa, en coordinación y colaboración con las Inspecciones educativas de las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia, supervisará el disfrute del derecho a la gratuidad de los libros de texto y del material curricular, así como el correcto funcionamiento del sistema de préstamo.

Disposición adicional quinta. Ayudas para la adquisición de otros materiales escolares.
Las Administraciones Públicas, con la finalidad de consolidar la efectividad del derecho a la gratuidad de la enseñanza básica, podrán desarrollar programas de ayudas y subvenciones públicas para la adquisición de material escolar básico, incluyendo el material escolar no reutilizable, fungible o de papelería, así como de los soportes de libros digitales en los centros educativos sostenidos con fondos públicos que opten por esta modalidad.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas, a la entrada en vigor de la presente Ley, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la misma.

Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

Se añade un nuevo artículo 4 bis a la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, con la siguiente redacción:

«Artículo 4 bis. Derecho a la gratuidad de los libros de texto y el material curricular.
1. Los padres o, en su defecto, sus representantes legales, tienen derecho a la gratuidad de los libros de texto y el material curricular necesarios para que los alumnos puedan cursar las enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica en todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos, ‘incluyendo los escolarizados
en centros de educación especial.
Las Comunidades Autónomas podrán ampliar por disposición legal el ejercicio del derecho a la gratuidad de los libros de texto y del material curricular a que se refiere el apartado anterior a otras etapas no obligatorias de la Educación, como la Educación Infantil, el Bachillerato o la Formación Profesional de grado medio o superior.

2. El derecho a la gratuidad reconocido en el anterior apartado se hará efectivo mediante un sistema de préstamo de los libros de texto y del material curricular de la propiedad de las Administraciones educativas, que los pondrá a disposición de los centros docentes para su uso por
el alumnado. A tal fin, las Comunidades Autónomas arbitrarán las dotaciones presupuestarias suficientes y necesarias para financiar la adquisición de los libros de texto y el material curricular, así como las necesidades de su reposición.

3. Los centros concertados se podrán adherir al sistema de préstamo para lo que deberán manifestar su voluntad de incorporarse, asumiendo las obligaciones correspondientes, de acuerdo con lo previsto en este artículo y en la legislación que lo desarrolle, en particular, en la disposición adicional 4 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.»

Disposición final segunda. Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Se añade una nueva disposición adicional cuarta bis a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional cuarta bis. Garantía del derecho a la gratuidad de los libros de texto y del material curricular.

1. Los libros de texto y el material curricular serán gratuitos para todos los alumnos de las enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica en todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos, incluyendo los escolarizados en centros de educación especial, en los términos establecidos en el artículo 4 bis de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, mediante el sistema de préstamo regulado en esta disposición. Las Administraciones educativas deberán establecer los medios y dotar de los recursos necesarios para garantizar y hacer efectivo el derecho reconocido.
Lo dispuesto en la presente disposición será igualmente de aplicación en las etapas educativas a las que Comunidades Autónomas ampliasen el ejercicio del derecho a la gratuidad de los libros de texto y del material curricular, en los términos establecidos en el citado artículo 4 bis de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio.

2. A los efectos de lo dispuesto en esta disposición, se entenderá por:
a) “libro de texto”: el material de carácter duradero y autosuficiente destinado a ser utilizado por el alumnado y que desarrolle de forma completa el currículo establecido por la normativa aplicable para cada área, materia, módulo o ámbito que en cada curso, ciclo o etapa educativa corresponda.
b) “material curricular”: los recursos didácticos, realizados en cualquier medio o soporte, sean o no de elaboración propia, necesarios para el desarrollo de una materia, área o módulo en todo lo que dispone la normativa de las Comunidades Autónomas o para las adaptaciones curriculares del alumnado con necesidades educativas especiales; así como cualquier material que pueda ser exigido a los alumnos.

3. La elección de los libros de texto corresponderá a cada centro docente y se realizará con arreglo al procedimiento regulado en la legislación aplicable, con respeto, en todo caso, a la libertad de expresión y de cátedra reconocidos en la Constitución. Las ediciones elegidas no podrán ser sustituidas durante un período mínimo de cuatro cursos escolares, salvo en situaciones excepcionales debidamente justificadas y conforme a la legislación aplicable. No obstante, los centros educativos, en virtud de su autonomía, podrán alargar la vida útil de los libros de texto y de los materiales curriculares que estén en buen estado con la finalidad de racionalizar el gasto público.

4. La propiedad de los libros de texto y el material curricular objetos del sistema de préstamo corresponderá a la Administración educativa, que procederá a su adquisición por los procedimientos contemplados en la legislación aplicable. Los libros de texto y el material curricular serán cedidos, una vez adquiridos, al centro escolar, en el que permanecerán una vez acabado el curso escolar.

5. El libro de texto podrá estar editado en formato impreso o digital. En el formato impreso no se podrán incluir apartados destinados al trabajo personal del alumnado que impliquen su manipulación, ni espacios expresamente previstos para que en ellos se pueda escribir o dibujar, excepto en los destinados a los cursos primero y segundo de Educación Primaria y a los alumnos con necesidades educativas especiales para los que se preverá reglamentariamente su renovación anual.

6. Los libros de texto en formato digital que estén disponibles en línea, deben permitir su descarga bien en un ordenador personal o en una tableta, de forma que permita que el alumnado pueda disponer de la información contenida en ellos sin necesidad de conexión a redes de comunicación para el desarrollo de las actividades contenidas en él.»

Disposición final tercera. Calendario de implantación.
El calendario de implantación del sistema de préstamo de libros de texto y material curricular en cada una de las etapas educativas se establecerá reglamentariamente, oída previamente la Conferencia Sectorial de Educación.

Disposición final cuarta. Consideración de los efectos de las disposiciones de la presente Ley en el diseño del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.

Los efectos económicos de la gratuidad de los libros de texto y el material curricular y de las demás disposiciones reguladas en esta Ley deberán ser tenidas en consideración en el diseño del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.

Disposición final quinta. Título competencial.
La presente Ley se dicta con carácter básico al amparo de la competencia que corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.1.ª, 18.ª y 30.ª de la Constitución.

Disposición final sexta. Desarrollo normativo.
Las normas de la presente Ley serán desarrolladas por las Comunidades Autónomas o por el Estado, según el reparto constitucional de competencias.

Disposición final séptima. Carácter de Ley Orgánica de esta Ley.
Tiene carácter de Ley Orgánica lo dispuesto en la disposición final primera.

Disposición final octava. Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», excepto las medidas que impliquen un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos en relación con el presupuesto vigente, no entrarán en vigor, en la parte que comporte afectación presupuestaria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente al de la entrada en vigor.


Soraya Sáenz de Santamaría,
Presidente del Grupo Parlamentario Popular
Joan Gómez
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Jue 17 Ene 2019 - 23:12
Proyecto de Ley Orgánica de Derogación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana fue aprobada a pesar de la falta de consenso político y ante una alta contestación social.

Además, ha supuesto un evidente retroceso en libertades públicas y en algunos derechos constitucionales fundamentales como así ha sido reconocido por el Poder Judicial.

Ante la urgencia ciudadana y hasta la aprobación por las Cortes Generales de un nuevo texto fruto del acuerdo político y social, se propone su derogación y el restablecimiento de la normativa anterior.


Artículo único. Derogación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

Por la presente Ley Orgánica queda derogada la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.


Disposición transitoria única. Recuperación de la vigencia de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Hasta que una nueva ley sobre esta misma materia entrare en vigor, recupérese la total vigencia de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.


Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Ley Orgánica entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».


Fernando Grande-Marlaska Gómez,
Ministro del Interior.


Última edición por Joan Gómez el Lun 25 Feb 2019 - 21:06, editado 1 vez
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Vie 25 Ene 2019 - 20:19
[XIII Legislatura] Mesa del Congreso. - Página 3 Fghffg

Proposición de Ley Orgánica de Reforma de Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular..

PREÁMBULO

En un momento de la historia en el que los colectivos sociales y los movimientos ciudadanos se revitalizan y buscan retomar el lugar que les corresponde en el espacio social y político, es obligación moral de las instituciones ser consecuente con la realidad social y abrir sus puertas a los ciudadanos y las ciudadanas de España. Solo a través de una cautelosa atención de las necesidades de la gente podrá darse la respuesta a sus preocupaciones y empoderarla para una enriquecedora participación activa en la vida política. La democracia no ha de limitarse a las elecciones. Por ello, esta Proposición de Ley Orgánica pretende reducir el número de firmas necesarias para la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular.

ARTÍCULO ÚNICO.

Se procede a la modificación del artículo 3 y de la LLey Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, de la siguiente manera:

"1. La iniciativa popular se ejerce mediante la presentación de proposiciones de Ley suscritas por las firmas de, al menos, 250.000 electores autenticadas en la forma que determina la presente Ley."

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente disposición entrará en vigor al día siguiente a su publicación oficial en el "Boletín Oficial del Estado".

Pablo Iglesias Turrión
Presidente del GPC UP-CeCPodem-En Marea-Compromís

Auxi Honorato
Diputada por Sevilla
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Sáb 26 Ene 2019 - 2:34
Proyecto de Ley del Impuesto sobre las Actividades Turísticas.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.


A día de hoy, el turismo supone una de las actividades económicas principales del Estado Español, por su abundancia y constancia día tras día.

Sin embargo, como todo, el turismo está bien en su medida, y en cantidades desmedidas lo único que hace es provocar un aumento desmesurado en los precios de la vivienda, los hoteles y los alquileres, creando una nueva burbuja inmobiliaria.

Nuestro trabajo como Gobierno es aprender del pasado, y aprender a anticiparse a las situaciones. Asimismo, la especulación lo que provoca es un proceso de gentrificación. Es decir, de abandono por parte de los vecinos tradicionales de las zonas con inflación porque ya no pueden hacer frente a sus pagos, y la invasión por parte de las clases más altas en estas zonas que han quedado vacías.

Como Gobierno, nos mostramos inquietos ante esta situación, y no nos vamos a quedar cruzados. Por lo tanto, como medida restrictiva y preventiva ante la masificación turística, nos vemos empujados y empujadas a presentar la siguiente Ley:


Artículo 1. Naturaleza y objeto.

El Impuesto sobre las Actividades Turísticas es un tributo de naturaleza indirecta que grava, en la forma y condiciones previstas en esta Ley, los gastos en que incurran los consumidores y las consumidoras de las actividades turísticas realizadas en el territorio de aplicación del impuesto.


Artículo 2. Territorio de aplicación del impuesto.

1. El impuesto se aplica en aquellas zonas que el Gobierno considere como vulnerables frente a posibles procesos de gentrificación e incremento desmesurado del precio de la vivienda como consecuencia de la masificación turística.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.


Artículo 3. Hecho imponible.

1. Estará sujeto al impuesto el consumo de los servicios de las actividades turísticas efectuado en el territorio de aplicación del mismo efectuado por los y las contribuyentes definidos en el artículo 4.

2. Se tiene por actividades turísticas el consumo de servicios de hospedaje, restauración y transporte turístico.


Artículo 4. Contribuyentes.

Son contribuyentes de este impuesto las personas físicas y jurídicas a las que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


Artículo 5. Devengo.

1. El impuesto se devengará cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible el impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos.


Artículo 6. Base imponible.

1. La base imponible estará constituida por el importe del coste total del consumo de las actividades turísticas efectuado por los y las contribuyentes definidos en el artículo 4.

2. A efectos de determinar la base imponible del impuesto se tendrá en cuenta el coste final que suponga para los y las contribuyentes el consumo de los servicios de hospedaje, restauración y transporte público efectuado en el territorio de aplicación de este impuesto.


Artículo 7. Tipo impositivo.

El impuesto se exigirá al tipo del 5 por ciento.


Artículo 8. Cuota íntegra.

La cuota íntegra será la cantidad resultante de aplicar a la base imponible el tipo impositivo.


Artículo 9. Infracciones y sanciones.

Las infracciones tributarias derivadas del incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y en su normativa de desarrollo se calificarán y sancionarán con arreglo a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


Disposición final primera. Título competencial.

La presente Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de Hacienda General prevista en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española.


Disposición final segunda. Habilitación normativa.

Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.


Disposición final tercera. Habilitación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá modificar el tipo impositivo del impuesto.


Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».


-José Luis Ábalos Meco,
Ministro de Fomento.

-María Jesús Montero Cuadrado,
Ministra de Hacienda.

-María Reyes Maroto Illera,
Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Joan Gómez
Joan Gómez
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[XIII Legislatura] Mesa del Congreso. - Página 3 Empty Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Sáb 26 Ene 2019 - 2:38
Jaume Espadà i Guillem escribió:
Proyecto de Ley del Impuesto sobre las Actividades Turísticas.



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.


A día de hoy, el turismo supone una de las actividades económicas principales del Estado Español, por su abundancia y constancia día tras día.

Sin embargo, como todo, el turismo está bien en su medida, y en cantidades desmedidas lo único que hace es provocar un aumento desmesurado en los precios de la vivienda, los hoteles y los alquileres, creando una nueva burbuja inmobiliaria.

Nuestro trabajo como Gobierno es aprender del pasado, y aprender a anticiparse a las situaciones. Asimismo, la especulación lo que provoca es un proceso de gentrificación. Es decir, de abandono por parte de los vecinos tradicionales de las zonas con inflación porque ya no pueden hacer frente a sus pagos, y la invasión por parte de las clases más altas en estas zonas que han quedado vacías.

Como Gobierno, nos mostramos inquietos ante esta situación, y no nos vamos a quedar cruzados. Por lo tanto, como medida restrictiva y preventiva ante la masificación turística, nos vemos empujados y empujadas a presentar la siguiente Ley:


Artículo 1. Naturaleza y objeto.

El Impuesto sobre las Actividades Turísticas es un tributo de naturaleza indirecta que grava, en la forma y condiciones previstas en esta Ley, los gastos en que incurran los consumidores y las consumidoras de las actividades turísticas realizadas en el territorio de aplicación del impuesto.


Artículo 2. Territorio de aplicación del impuesto.

1. El impuesto se aplica en aquellas zonas que el Gobierno considere como vulnerables frente a posibles procesos de gentrificación e incremento desmesurado del precio de la vivienda como consecuencia de la masificación turística.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.


Artículo 3. Hecho imponible.

1. Estará sujeto al impuesto el consumo de los servicios de las actividades turísticas efectuado en el territorio de aplicación del mismo efectuado por los y las contribuyentes definidos en el artículo 4.

2. Se tiene por actividades turísticas el consumo de servicios de hospedaje, restauración y transporte turístico.


Artículo 4. Contribuyentes.

Son contribuyentes de este impuesto las personas físicas y jurídicas a las que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


Artículo 5. Devengo.

1. El impuesto se devengará cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible el impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos.


Artículo 6. Base imponible.

1. La base imponible estará constituida por el importe del coste total del consumo de las actividades turísticas efectuado por los y las contribuyentes definidos en el artículo 4.

2. A efectos de determinar la base imponible del impuesto se tendrá en cuenta el coste final que suponga para los y las contribuyentes el consumo de los servicios de hospedaje, restauración y transporte público efectuado en el territorio de aplicación de este impuesto.


Artículo 7. Tipo impositivo.

El impuesto se exigirá al tipo del 5 por ciento.


Artículo 8. Cuota íntegra.

La cuota íntegra será la cantidad resultante de aplicar a la base imponible el tipo impositivo.


Artículo 9. Infracciones y sanciones.

Las infracciones tributarias derivadas del incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y en su normativa de desarrollo se calificarán y sancionarán con arreglo a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


Disposición final primera. Título competencial.

La presente Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de Hacienda General prevista en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española.


Disposición final segunda. Habilitación normativa.

Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.


Disposición final tercera. Habilitación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá modificar el tipo impositivo del impuesto.


Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».



-José Luis Ábalos Meco,
Ministro de Fomento.

-María Jesús Montero Cuadrado,
Ministra de Hacienda.

-María Reyes Maroto Illera,
Ministra de Industria, Comercio y Turismo.

Se solicita su tramitación por la vía DE URGENCIA.
Román Gilpérez
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Sáb 26 Ene 2019 - 16:28
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Proposición No de Ley por la que se insta al Gobierno a cesar la venta de armas a Arabia Saudí

PREÁMBULO

Arabia Saudí es un país que no solo arrastra carencias en materia de Derechos Humanos, sino que, además, obtiene la gran mayoría de su armamento de países extranjeros y después lo emplea en lugares de conflicto sin distinguir entre la población civil y la militar, dando lugar su intervención en Yemen a una de las mayores crisis humanitarias de la actualidad. Es práctica habitual de este Estado vulnerar derechos fundamentales, cómo ha quedado demostrado, y lo hace con la aquiescencia y el apoyo logístico de la comunidad internacional, que generalmente guarda silencio. Por ello y en defensa de los Derechos Humanos y en solidaridad con los pueblos saudí y yemení, el pueblo español a través de sus representantes en el Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

ARTÍCULO 1. Cesar la venta de armamentos, municiones y aparatos logísticos a Arabia Saudí.

ARTÍCULO 2. Condena las sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos ejercidas por el régimen saudí dentro y fuera de sus fronteras.

ARTÍCULO 3. Reclamar el fin de la tortura y los castigos corporales, de la pena de muerte, de la trata de personas, de la desigualdad legal entre hombres y mujeres, de la discriminación racial y religiosa, de la persecución por la orientación sexual y de la estigmatización de los enfermos de sida así como a promover la libertad política en el Estado árabe saudí.

ARTÍCULO 4. A contactar al Embajador saudí para transmitirle la preocupación de España por la dinámica actual y la exigencia de cambios necesarios para mantener las relaciones diplomáticas.

Pablo Iglesias Turrión
Presidente del GPC UP-CeCPodem-En Marea-Compromís
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Miér 30 Ene 2019 - 21:33
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[size=17]Proposición De Ley De Limitación De Los Precios De Los Peajes



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Preámbulo

Muchos españoles no pueden permitirse un viaje tranquilo y seguro por nuestras carreteras por el alto precio de los peajes españoles privados, y ponen en riesgo su vida y la de los demás para poder llegar a su destino sanos y salvos. Es por eso, que se deben impulsar medidas para poder ayudar a los españoles a aumentar su seguridad en carretera. Por eso, desde el Partido Popular creemos que fue un error rechazar esta propuesta, y la volvemos a presentar.

Artículo 1: Sobre Los Precios De Los Peajes

1. El precio de los peajes variará según la longitud de las autopistas de peaje.

2. El precio de las autopistas de 0 a 50 kilómetros de longitud variará de 1,50€ a 3,50€, a decisión de la concesionaria

3. El precio de las autopistas de 51 a 100 kilómetros de longitud variará de 3,50€ a 5,50€, a decisión de la concesionaria.

4. El precio de las autopistas desde 101 kilómetros de longitud variará de 6,50 a 7,50€, a decisión de la concesionaria.

5. El precio será el mismo para todo tipo de transporte.

Artículo 2: Sobre Las Temporadas Altas Y Bajas

1. Las temporadas altas y bajas seguirán existiendo.

2. El precio puede variar siempre que el precio final se mantenga dentro de los límites establecidos por la longitud de la autopista.

Artículo 3: Sobre La Toma De Longitudes

1. La longitud de una autopista estará considerada por su inicio y su final y no por su mezcla con autovías.

Disposición Derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a esta Proposición De Ley.

Disposición Final

La siguiente ley entrará en vigor el día después de su publicación en el BOE.
Joan Gómez
Joan Gómez
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Sáb 2 Feb 2019 - 21:39
PROYECTO DE REFORMA DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La Constitución Española de 1978 consagra la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad como claves de bóveda de nuestro Estado social y democrático de Derecho. Una de las plasmaciones concretas de esta configuración es su artículo 49, dedicado específicamente a la protección de las personas con discapacidad. Este precepto situó en su día a España a la vanguardia de la protección de este colectivo, al reconocerles expresamente la plenitud de los derechos previstos en el Título I y establecer un mandato de protección de los poderes públicos para con ellos.

Desde los inicios de la andadura de nuestro Estado social, el artículo 49 de la Constitución ha desplegado una notable influencia en la actuación de los poderes públicos y ha sido objeto de un considerable desarrollo legislativo. Sin embargo, en los últimos años los principales impulsos para la protección jurídica de las personas con discapacidad han tenido su origen en el Derecho internacional.  

Hoy en día, la protección de este colectivo tiene como eje central la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ratificada por España el 3 de diciembre de 2007 y en vigor desde el 3 de mayo de 2008. Esta Convención contiene un amplio reconocimiento de los derechos de estas personas y articula mecanismos para promoverlos y protegerlos de forma integral, con el objetivo de paliar su desventaja social. Además, establece los cauces para asegurar su participación, con igualdad de oportunidades, en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural.

Durante los últimos años se ha producido la adaptación de la legislación interna a los planteamientos y términos consolidados en la normativa internacional. Esa tarea se ha plasmado particularmente, a nivel nacional, en la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. También la legislación de las Comunidades Autónomas ha asumido progresivamente los principios de la Convención, en unos casos mediante normativa sectorial y en otros con la aprobación de leyes que regulan la discapacidad de forma integral, como en Castilla y León (Ley 2/2013, de 15 de mayo), Castilla-La Mancha (Ley 7/2014, de 13 de noviembre) y Andalucía (Ley 4/2017, de 25 de septiembre).

Paralelamente a todo este proceso de cambio normativo, se producía una demanda sostenida de la sociedad civil articulada en torno a las personas con discapacidad, que venía planteando a los poderes públicos una modificación sustancial del artículo 49 de la Constitución, para acomodarlo a la realidad social y para sentar las bases de una acción pública más vigorosa y eficaz en el futuro.

En el contexto descrito, resulta patente que la redacción original del artículo 49 de la Constitución Española de 1978, que plasmó el compromiso del constituyente con los derechos y libertades de las personas con discapacidad, precisa de una actualización en cuanto a su lenguaje y contenido. Por un lado, la terminología que emplea no refleja ya los valores que inspiran la protección de este colectivo, tanto en el ámbito nacional como internacional. Por otro, su contenido se basa en una concepción médico-rehabilitadora de la discapacidad, coherente en el momento de su redacción pero hoy completamente superada por un modelo social de corte igualitario.

Por todo ello, resulta necesario proceder a la reforma del artículo 49 de la Constitución, de manera que este precepto vuelva a ser referencia para la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en España.

II

La presente reforma constitucional modifica íntegramente el artículo 49 de la Constitución Española, tanto desde el punto de vista del lenguaje como de su estructura y contenido. Además, se dota de una mayor extensión al precepto con la intención de abordar en el propio texto constitucional aquellos extremos más necesitados de regulación y de protección.

En primer lugar, se modifica la terminología que emplea el artículo 49 para referirse ahora al colectivo de las personas con discapacidad. De esta manera, se actualiza el lenguaje de una forma que refleja los propios valores de la Constitución y la dignidad inherente a este colectivo.  

En segundo lugar, se reforma la estructura del artículo en coherencia con la multiplicación de los enfoques desde los que se aborda la discapacidad. Así, se divide el precepto en cuatro apartados, cada uno de los cuales refleja una dimensión diferente de la protección de las personas con discapacidad.  

En tercer lugar, se modifica el contenido del artículo 49, para adaptarlo a las concepciones actuales sobre la protección de las personas con discapacidad, que ya no se basan en la concepción médico-rehabilitadora que subyace en su redacción original.  

Así, se pone el énfasis sobre los derechos y deberes de los que son titulares las personas con discapacidad, como ciudadanos libres e iguales. Además, se fijan los objetivos que deben orientar la acción positiva de los poderes públicos como son su plena autonomía personal y su inclusión social, políticas que deberán respetar siempre la libertad de elección y preferencias de las personas con discapacidad.

En la fijación de estas políticas, la reforma incluye expresamente la participación de sus organizaciones representativas, esto es, de la sociedad civil articulada, en aras de que estén presididas por el diálogo civil y que estas organizaciones sean consultadas y cooperen activamente en la adopción de las políticas públicas que les afecten.

La situación de especial vulnerabilidad de las mujeres y niñas con discapacidad justifica claramente que el nuevo artículo 49 de la Constitución haga una alusión expresa a la atención específica de sus necesidades.  

Se consagra asimismo el principio de protección reforzada de las personas con discapacidad, para que reciban la atención especializada que requieren y se encuentren especialmente amparadas para el disfrute de los derechos que la Constitución otorga a toda la ciudadanía.

Finalmente, y como cláusula de cierre, se hace una referencia a la protección mínima que ofrecen los Tratados internacionales que velan por los derechos de las personas con discapacidad.

III

El apartado primero del nuevo artículo 49 de la Constitución comienza reconociendo expresamente a las personas con discapacidad como titulares de los derechos previstos en el Título I de la Constitución. Se supera así el enfoque clásico de la regulación en este ámbito, centrado en las obligaciones para los poderes públicos sin hacer mención expresa de las personas con discapacidad como titulares de derechos. La perspectiva objetiva de las políticas sociales, hasta ahora central en la formulación de los derechos económicos y sociales, se sustituye por una visión subjetiva y pasan a primer plano los colectivos a quienes se dirigen.

Asimismo, este primer apartado dispone que las personas con discapacidad son titulares de estos derechos en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva. De este modo, se introduce en el Capítulo tercero del Título primero una referencia expresa a los principios de igualdad material previstos en el artículo 9.2 de la Constitución, con lo que se refuerza el reconocimiento de sus derechos. Se traslada expresamente el máximo exponente del Estado social del Título preliminar al mismo Título primero de modo que, por primera vez, la obligación de los poderes públicos de promover la libertad e igualdad real y efectiva prevista en el artículo 9.2 se recoge de forma explícita en el Capítulo relativo a los principios rectores de la política social y económica.

Finalmente, el primer apartado incluye asimismo una mención a los deberes constitucionales, reforzando la igualdad real y efectiva de las personas con discapacidad. Ello se completa con la prohibición de discriminación, incorporándose al precepto el término empleado en el artículo 14 de la Constitución donde se reconoce la igualdad formal. Así, la igualdad formal del artículo 14, frontispicio del catálogo de derechos reconocidos en el Título primero, también se traslada expresamente al Capítulo tercero del Título primero y se subraya la importancia de la misma en el trato a este colectivo.

IV

El nuevo apartado segundo del artículo 49 tiene por finalidad establecer un mandato a los poderes públicos, a fin de que lleven a cabo las políticas necesarias para promover, proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Se trata, por tanto, de un mandato de acción positiva, tendente a lograr los dos objetivos esenciales de la política en esta materia: la plena autonomía personal, como perspectiva subjetiva de libertad, y la inclusión social, como dimensión comunitaria, en conexión con la igualdad y desarrollo personal pleno en el entorno social.

Esta acción positiva de los poderes públicos ha de desarrollarse, en todo caso, con respeto a la libertad de elección y preferencias de las personas con discapacidad. Ello supone un gran avance en las políticas públicas en la materia, pues se pasa de un modelo protector y tuitivo a un sistema donde la persona con discapacidad es el centro de todas las políticas que se adopten, de modo que en todo momento pueda decidir acerca de la intensidad de las medidas de acción positiva emprendidas por los poderes públicos. Ello permite que la autonomía personal pueda desplegarse de forma plena.

En el ámbito de la discapacidad, tiene una relevancia fundamental la tarea realizada por las organizaciones representativas, que desempeñan un papel esencial en la garantía del cumplimiento de las obligaciones que la Constitución y las leyes imponen a los poderes públicos en este ámbito. En conexión con ello, el nuevo apartado segundo del artículo 49 contiene una referencia expresa a la participación de estas organizaciones en la configuración de las políticas públicas, dando así reconocimiento expreso en la Constitución al mandato contenido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. Con todo ello, se reconoce a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad la posibilidad de intervenir y participar activamente en la elaboración de medidas normativas y políticas de acción positiva destinadas a dar efectividad a los derechos reconocidos en el artículo 49.

Finalmente, se reconocen explícitamente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad. El hecho de que en este colectivo prevalezcan las mujeres justifica la adopción de políticas públicas dirigidas a reducir las desigualdades específicas asociadas al sexo y la discapacidad, introduciendo la perspectiva de género como un principio fundamental de esta reforma.

V

El apartado tercero del nuevo artículo 49 reconoce constitucionalmente de una manera expresa la protección reforzada de los derechos de las personas con discapacidad.  

Las circunstancias concretas de las personas que conforman este colectivo son de una relevancia que justifica el explícito reconocimiento constitucional de una serie de medidas destinadas a conseguir que el ejercicio de sus derechos pueda desarrollarse en plenitud.

Estas medidas son coherentes con la igualdad reconocida en los apartados anteriores del nuevo artículo 49 y sólo con ellas será posible un ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. En esta dirección se ha manifestado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 208/2013, de 16 de diciembre, donde sostuvo explícitamente que “cuando se trata como en este caso, de personas con discapacidad, es preciso tener en cuenta que el ordenamiento jurídico establece en estos supuestos una protección especial, derivada de lo dispuesto en el ya mencionado artículo 49 de la Constitución, en aras a proteger el interés de (este colectivo al que) los poderes públicos ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que el Título primero otorga a todos los ciudadanos” (FJ 6). Por todo ello, mediante la presente reforma constitucional se introduce una mención expresa de la protección reforzada de los derechos, a fin de garantizar su aplicación en todo caso en el ámbito de la discapacidad.

VI

El último apartado del nuevo artículo 49 contiene una remisión expresa a la protección de los derechos de las personas con discapacidad prevista en los tratados y convenios internacionales ratificados por España.  

Esta previsión tiene el objetivo de garantizar para este colectivo el nivel de protección mínima de los derechos reconocidos a nivel internacional. De esta forma se asegura expresamente el cumplimiento de las medidas previstas en estos instrumentos supranacionales haciendo posible, al mismo tiempo, la posibilidad de que estas medidas sean ampliadas por el legislador español.

Por otra parte, este nuevo apartado no concreta los convenios y tratados vigentes, como la ya citada Convención de las Naciones Unidas de 2006, sino que opta por una remisión general a los instrumentos internacionales. Esta opción hace posible que puedan ser tenidos en cuenta, no sólo los textos en vigor, sino que también lo sean aquellos textos que se ratifiquen en un futuro y que regulen directamente los derechos de las personas con discapacidad o que se refieran sectorialmente a este colectivo.


Artículo único.

El artículo 49 de la Constitución Española queda redactado como sigue:

«Artículo 49.

1. Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación.

2. Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.

3. Se regulará la protección reforzada de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes.  

4. Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
».


Disposición final única.

La presente reforma del artículo 49 entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Se publicará también en las demás lenguas de España.

Por tanto,

Mando a todos los españoles y todas las españolas, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Reforma de la Constitución como norma fundamental del Estado.


Pedro Sánchez Pérez-Castejón,
Presidente del Gobierno.
Joan Gómez
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Sáb 2 Feb 2019 - 23:39
Proyecto de Reforma de los Artículos 71 y 102 de la Constitución Española.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


Uno de los principios más fundamentales de los sistemas democráticos es la igualdad de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas ante la ley, sin excepciones. Así se defendía en la filosofía ilustrada, y así lo defiende el liberalismo político. España, que aspira a ser una democracia ejemplar para el resto de países, debe seguir al pie de la letra el mencionado principio.

Nuestra constitución, en sus artículos 71 y 102 prevé métodos de aforamiento tanto para los miembros del Poder Ejecutivo como para los miembros del Poder Legislativo. Dicta que, a razón de su cargo, todas las causas judiciales que contra ellos se abran deberán ser tramitadas a través del Tribunal Supremo, previo suplicatorio aprobado por la Cámara. Esto supone una desigualdad de condiciones con respecto al resto de ciudadanos y ciudadanas, y sin duda pone en serios aprietos el principio de igualdad ante la ley del liberalismo político.

Como Gobierno nos inquieta sobremanera que uno de los principios más fundamentales de los sistemas democráticos esté puesto en entredicho con algunos textos de nuestra propia Constitución, y nuestra labor ante este tipo de situaciones es enmendarlos. Por tal de asegurar el artículo 14 de nuestra Carta Magna y que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas estén en igualdad de condiciones frente al Poder Judicial y la Ley, desde el Gobierno de España proponemos la siguiente reforma constitucional:


Artículo único.

1. El artículo 71 de la Constitución Española queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 71.

Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
».

2. El artículo 102 de la Constitución Española queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 102.

La prerrogativa real de gracia no será aplicable a los delitos cometidos por el Presidente y los demás miembros del Gobierno en el ejercicio de sus funciones.
».


Disposición transitoria única.

Lo dispuesto en la presente reforma de la Constitución Española se aplicará a todos aquellos casos en cuanto afecte con posterioridad a su entrada en vigor.


Disposición final única.

La presente reforma de los artículos 71 y 102 de la Constitución Española entrará en vigor en el momento de la publicación de su texto oficial en el «Boletín Oficial del Estado». Se publicará también en las demás lenguas de España.

Por tanto,

Mando a todos los españoles y todas las españolas, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Reforma de la Constitución como norma fundamental del Estado.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón,
Presidente del Gobierno.
Joan Gómez
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Mensajes : 2474

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Miér 6 Mar 2019 - 23:02
PROYECTO DE LEY DE VIVIENDA



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

España es uno de los países europeos más afectados por la crisis económica. Desde el estallido de la crisis económica y de la burbuja inmobiliaria en 2007, la población española está sufriendo los severos impactos de la segunda tasa más alta de desempleo de la Unión Europea y del índice de pobreza más alto respecto a los países que la conforman. España es uno de los países europeos a los que más ha afectado la crisis económica. A ello hay que añadir los recortes presupuestarios, hecho que ha impactado profundamente en el ámbito social. Todo ello desencadenó en una situación de emergencia social de la que todavía perviven sus efectos y que ha sido especialmente grave en el ámbito de la vivienda.

En las últimas décadas, el crecimiento económico español ha estado estrechamente ligado a la construcción. La política urbanística se ha caracterizado por concebir la construcción de viviendas como fuentes de inversión antes que como bienes de uso vinculados a las necesidades residenciales de las personas. Entre 1997 y 2007, se edificaron 6,6 millones de viviendas, la misma cantidad que se construyó en Francia, Italia y Alemania juntas en el mismo período, y el estado español, con 25,2 millones de viviendas (según censo del INE), dispone hoy de uno de los ratios más altos de vivienda por habitante de la Unión Europea (UE).

A pesar del incremento de las viviendas disponibles y de la caída de los salarios, el precio de las viviendas llegó a triplicarse a inicios del siglo XXI. Para favorecer el crecimiento del mercado inmobiliario y financiero como motor económico, la política habitacional de los últimos 60 años ha promovido el acceso a la vivienda principalmente en régimen de propiedad privada. Así, a través de diversas fórmulas como la desgravación fiscal por la compra y el acceso generalizado al crédito, la propiedad privada se ha posicionado como el principal régimen de tenencia en detrimento de otras formas más accesibles. Paralelamente, la liberalización de la regulación del alquiler, que ofrecía una estabilidad y protección insuficiente a los inquilinos, así como un incremento exponencial de las rentas, ha derivado en un acceso al mercado de alquiler altamente restrictivo.

El estancamiento de los salarios, el vertiginoso aumento del precio de la vivienda, la ausencia de viviendas de alquiler, unos tipos de interés en máximos históricos, así como una deficiente supervisión por parte del Banco de España, empujaron a decenas de miles de familias a endeudarse. Este endeudamiento de las familias respecto a las rentas disponibles ocupa los primeros puestos del ranking internacional. Así, el sobreendeudamiento de las clases medias y de los sectores más vulnerables se convirtió en una de las formas principales para acceder una vivienda. Todo ello acompañado de prácticas que hasta el día de hoy han sido calificadas -cuanto menos- de abusivas, incluso por los tribunales.

A mayor abundamiento, la falta clamorosa de políticas públicas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía española ha favorecido la tendencia al sobreendeudamiento y al sobreesfuerzo económico para disponer de un hogar. España tiene un parque de viviendas públicas de alquiler prácticamente inexistentes: el porcentaje de viviendas de alquiler social no alcanza al 2% del total, cuando la media de la UE está entre el 15% y el 18%. Las ayudas al pago del alquiler son escasas y vinculadas a la disponibilidad presupuestaria, y las políticas públicas estatales de vivienda han renunciado a la introducción de medidas orientadas a luchar contra la desocupación e infrautilización injustificada de inmuebles, que es de un 14% del total de viviendas. Como consecuencia de todo ello, el Estado español presenta el porcentaje más elevado de viviendas vacías de Europa y de los más reducidos de vivienda social.

Las consecuencias del estallido de la crisis financiera global en 2007 se hicieron notar rápidamente en el territorio español con subidas de las tasas de interés, y la contracción del crédito internacional afectó gravemente al negocio inmobiliario, sector sobre el cual descansaba la creación de empleo. El aumento del paro en un contexto de sobreendeudamiento generalizado se tradujo en crecientes dificultades para hacer frente al pago de la vivienda. A partir de 2008 y hasta la actualidad la imposibilidad material de pagar el alquiler o la hipoteca se convertiría en un problema de primer orden para las familias.

En el ámbito legislativo, el Estado español tiene una normativa hipotecaria anómala en el panorama europeo, que sobreprotege a la parte acreedora frente a los prestatarios. Esta situación de desprotección del consumidor, denunciada por la UE mediante numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, junto con modificaciones de la legislación en la ley de arrendamientos urbanos que agilizan los desahucios sin tener en consideración la situación económica o familiar de las personas afectadas y sin que existan medidas orientadas a promover un realojo adecuado que destina a miles de familias a contemplar la ocupación de la vivienda como única alternativa habitacional, ha derivado en la situación de emergencia habitacional que hoy seguimos padeciendo y es claramente insostenible.

El ordenamiento español prevé un procedimiento de ejecución hipotecaria que comporta no sólo la pérdida de la vivienda habitual, sino también la posibilidad de que se embarguen los salarios y otros bienes presentes y futuros, del deudor hipotecario como de sus avalistas, subsistiendo parte de la deuda contraída. La regulación actual implica que la entidad bancaria pueda adjudicarse la vivienda por tan sólo el 60% del valor de tasación y seguir exigiendo a la familia el monto restante, más los intereses generados y los gastos del procedimiento judicial. Dicha situación es insostenible y profundamente injusta. En aras de corregirla, la ley promueve la modificación de la legislación hipotecaria, introduciendo como norma general la Responsabilidad Limitada al bien hipotecado, frente a la actual responsabilidad ilimitada y universal. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde el 2007, año en que estalló la crisis, hasta el 2016, el número de ejecuciones hipotecarias se ha situado en 721.000 y el número de desahucios se sitúa en más de 515.000.

A la problemática de las ejecuciones y desahucios hipotecarios se añade la del alquiler, castigado por las consecutivas reformas de la LAU, que han consagrado la inestabilidad en el proyecto vital de las personas cada 3 años y la posibilidad de establecer subidas indiscriminadas de precio durante cada renovación contractual. La desprotección de los arrendadores se manifiesta también por unas ayudas al pago del alquiler concebidas como subvenciones discrecionales de difícil acceso y condicionadas por la disponibilidad presupuestaria. Por ende, justo durante los años más duros de crisis disminuyeron las partidas y se impidió el acceso a las ayudas por parte de nuevos demandantes. En definitiva, el problema del parque de alquiler privado no es de reducida dimensión sino su configuración como régimen inestable y sometido a procesos especulativos que, de nuevo, ponen de manifiesto la mercantilización del derecho a la vivienda digna y adecuada. Además, a diferencia de los países del entorno europeo con un amplio parque de alquiler privado, no existen medidas orientadas a controlar el precio del alquiler y a impedir rentas abusivas.

Las dificultades para afrontar el pago del alquiler han generado que, según datos judiciales, un 54% de los 67.359 desahucios que se produjeron en 2016 en España estuvieran relacionados con el impago del alquiler, según datos del CGPJ.

Además, hay que tener en cuenta la incursión de fondos de inversión inmobiliaria que, alentados por la posibilidad de especular con las viviendas ejecutables, la deuda hipotecaria o el alto rendimiento de la inversión en el mercado inmobiliario de alquiler de viviendas o turístico y obtener pingües beneficios, supone otro límite más al acceso a la vivienda como derecho básico para el desarrollo de un proyecto de vida de los ciudadanos.

El aumento exponencial de los desahucios por motivos económicos ha hecho incrementar el número de personas y familias con inseguridad residencial, en infravivienda y otras formas de exclusión residencial que constatan la aparición de nuevas problemáticas como el realquiler de habitaciones por parte de familias enteras o la ocupación de pisos vacíos como única alternativa.

Estrechamente vinculado a la emergencia habitacional, resulta alarmante el crecimiento de la pobreza energética entendida como la dificultad para afrontar las facturas de los suministros básicos de abastecimiento de agua, luz y gas y la incapacidad de las familias de mantener sus casas a una temperatura adecuada.

Los precios de acceso a estos suministros se han vuelto inasequibles para la población. Solo hay que ver la subida exponencial de la luz en los últimos años en la que la potencia contratada, que supone un 40% del recibo, se ha encarecido más de un 90% desde 2013. Sólo en 2014 se produjeron en el estado español más de 2 millones de cortes de suministro de agua, luz y gas.

En el año 2013 se presentó una Iniciativa Legislativa Popular, promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatori DESC, que recogía tres medidas de mínimos: la dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y el alquiler social. Esta ILP obtuvo un gran apoyo de la ciudadanía, que lo demostró con un millón y medio de firmas, consiguiendo a través de gran número de organizaciones sociales y profesionales que sus demandas se convirtieran en un clamor popular. A pesar de la necesidad de medidas para evitar el crecimiento exponencial de los desahucios, del sobreendeudamiento, y buscar alternativas a la gente que se quedaba sin casa, esta ILP no prosperó por la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso de los Diputados.

Ante la situación descrita, el Gobierno del Partido Popular ha legislado iniciativas que se han demostrado totalmente insuficientes e ineficaces. El Real Decreto-ley 6/2012 de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos (conocido como el Código de Buenas Prácticas) no ha conseguido solucionar más que el 0,5% de los casos. El Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios sólo ha conseguido paralizar el 5% de los desahucios durante su vigencia, quedando aplazada la problemática hasta que termine la moratoria, lo que hace vivir en estado de angustia y estrés continuado a las familias afectadas. De ahí la necesidad actual de legislar medidas de cambio estructural para reconducir esta situación legislativa y social de emergencia. Asimismo, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, y el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social han tenido un escaso impacto en la frágil realidad que viven numerosos españoles. Y más recientemente, el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo y Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social que en la misma línea que las anteriores reformas regulan medidas accesorias, paliativas, sin abordar de manera estructural la problemática que viven miles de familias.

Después de 10 años, el movimiento ciudadano en defensa del derecho a la vivienda ha conseguido un amplio reconocimiento y legitimidad a todos los niveles, a través de la denuncia pública y toma de conciencia frente a este problema, paralizando miles de desahucios o realojando, consiguiendo a través de la presión soluciones para incontables familias, ofreciendo herramientas y recursos para la defensa de las personas afectadas. Recientemente han nacido otras iniciativas similares para denunciar y hacer frente a nuevos problemas asociados a la crisis y a la emergencia habitacional, especialmente para erradicar la pobreza energética, como la Alianza Contra la Pobreza Energética (APE) entre otras.

A nivel internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el artículo 11 del Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC) reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluyendo la alimentación, el vestido y una vivienda adecuada, así como una mejora continua de las condiciones de existencia.

Según la Observación general número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas al PIDESC, el contenido del derecho a la vivienda comprende el acceso permanente a recursos naturales y comunes, al agua potable y a la energía para la cocina, la calefacción y la luz. El derecho al agua y al saneamiento son reconocidos por la Observación general número 15, mientras que la Observación general número 7 incorpora como contenido del derecho a la vivienda la protección contra los desahucios forzosos y la obligación de los poderes públicos a garantizar el adecuado realojamiento de las personas sin recursos afectadas por un desahucio.

El reconocimiento de estos derechos en tratados internacionales que vinculan al Estado español genera obligaciones para la Administración Pública. En este sentido, la Observación general número 3 afirma que deben realizar todos los esfuerzos, hasta el máximo de recursos disponibles, para satisfacer estos derechos, otorgando prioridad a los colectivos más vulnerables, y que deben asegurarlos no solamente ante la Administración sino también ante los abusos que puedan cometer particulares.

La Constitución de 1978 reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada y lo vincula a la obligación de los poderes públicos a impedir la especulación (artículo 47), imponiendo a los mismos el deber de garantizar que el derecho de propiedad no se ejerza de forma antisocial (artículo 33) y subordinando toda la riqueza, sea cual sea su titularidad, al interés general (artículo 128).

Esta obligación cobra especial sentido en el contexto de crisis en el que las entidades crediticias, prestando servicio de carácter privado, es decir, para lucro privativo, han sido beneficiarias de ingentes ayudas y subvenciones de carácter público sin contraprestación a los ciudadanos españoles. Desde el inicio de la crisis las administraciones públicas han transferido cerca de 165.000 millones de euros a las entidades financieras. Las cinco entidades financieras más grandes del Estado español –Santander, BBVA, CaixaBank, Popular y Banc Sabadell – cerraron el año 2013 con un beneficio de 7.674 millones de euros, y por otro lado, los ciudadanos españoles, en época de crisis han visto recortadas las ayudas públicas en diferentes ámbitos, como la sanidad, la educación y la vivienda.

Este diagnóstico puede extenderse también a las empresas de suministro energético. Durante el 2016 las tres mayores eléctricas del Estado Español (Endesa, Iberdrola y Gas Natural) obtuvieron unos ingresos de 71.378,4 millones de euros de los cuales el beneficio bruto de explotación (Ebdita) fue de 16.209,7€ para estas tres empresas. La principal empresa distribuidora de luz en Cataluña, Endesa, declaró un beneficio de 1.411 de millones de euros en el año 2016.

El Estado español no sólo ha estado incumpliendo los pactos internacionales ratificados, sino que además carga con numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que confirman la ilegalidad del procedimiento español de ejecución hipotecaria, así como la vulneración sistemática de la normativa comunitaria por parte de ésta. La sentencia TJUE del 14 de marzo de 2013, dictamina que se vulnera el derecho a defensa, la tutela judicial efectiva de las afectadas. Modificaciones posteriores, como la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, no han resuelto la vulneración de la normativa comunitaria por parte del Estado español pues una nueva sentencia, de fecha 17 de julio de 2014, estableció que la actual legislación hipotecaria viola los derechos fundamentales de las personas, y coloca al deudor hipotecario en una situación de desigualdad, interpelando al Gobierno del estado a una nueva modificación legislativa, en este caso de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Y más recientemente las sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016 sobre cláusulas suelo, que pone de manifiesto que el sistema financiero y judicial han vulnerado los derechos de los consumidores, extremo reiterado por la sentencia del 26 de enero de 2017, en relación a la cláusula de vencimiento anticipado, que supone otro varapalo a la legislación española y pone en entredicho la legalidad de los miles de procedimientos de ejecución hipotecaria realizados en España.

Esta ley tiene, por lo tanto, el objetivo de legislar un marco estatal de referencia sin limitar y respetando los derechos reconocidos a la ciudadanía por normativa autonómica, local o derivada de convenios internacionales, mediante cinco mecanismos básicos para hacer frente, de manera efectiva y eficaz, a la emergencia habitacional, dando respuesta y solución a las situaciones de sobreendeudamiento, al abuso del sistema financiero y dando alternativa habitacional a las familias en situación de exclusión residencial que sufren procedimientos de lanzamiento ya sea por ejecuciones hipotecarias, impago de alquiler o estar en precario, a la vez que se desarrollan mecanismos para aumentar el parque de vivienda pública, combatir la inestabilidad e inseguridad de la legislación de arrendamientos urbanos que dificulta el acceso a la vivienda mediante esta opción, y finalmente, mecanismos que eviten situaciones de cortes de suministros básicos a los que todo ciudadano ha de tener acceso.

La presente ley se divide en 6 capítulos. El Capítulo I, de disposiciones generales, define el objeto de la ley, así como consagra el derecho a disfrutar de una vivienda como una necesidad para el desarrollo vital de las ciudadanas, desarrollando así las definiciones a efectos de esta ley y consagrando los principios que la han de regir. Así mismo, en desarrollo del artículo 47 de la Constitución española y en relación el artículo 33 de la misma, se regula el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, atribuyendo a las personas poderes para la defensa de sus derechos, susceptibles de tutela judicial, y remarcando la obligación de los poderes públicos de disponer los medios, legislativos y económicos, precisos para garantizarlo, un derecho de resultado, como es el derecho a la vivienda. Asimismo, las políticas de vivienda se configuran como servicio de interés general.

Consciente de que la emergencia habitacional sigue azotando la sociedad española, la presente ley desarrolla, en el Capítulo II, medidas contra los desahucios de personas que se encuentran en situación de exclusión residencial, desplegando una serie de medidas para dar una respuesta al difícil acceso a la vivienda de las personas con menos ingresos. Una de ellas es la necesaria contraprestación social de las entidades privadas que han recibido ayudas públicas para proseguir con su actividad privada y que han mercantilizado un derecho básico como la vivienda, donde las personas desarrollamos nuestro proyecto vital, mediante la obligación de las entidades bancarias y similares de ofrecer alquiler social en supuestos de lanzamientos o daciones. Por otro lado, y en relación a las medidas necesarias que ha de poner en marcha la Administración para garantizar el derecho a la vivienda, está la de garantizar el realojo de todas las personas en situación de exclusión residencial que estén en proceso de lanzamiento. La administración no puede estigmatizar la pobreza y olvidarse de quien más sufre los efectos de una crisis económica y laboral, y por ello ha de aportar los recursos necesarios para los casos de personas en exclusión residencial que viven en precario.

Ante la alarmante emergencia y el cada vez más difícil acceso a la vivienda, el sistema ha obligado a muchas familias a tener que ocupar viviendas vacías, asumiendo todos los riesgos que ello conlleva. La administración no puede mirar hacia otro lado y ha de asumir el reto de garantizar el derecho a la vivienda a todos los ciudadanos, evitando así la proliferación de mafias, que dejan en mayor situación de vulnerabilidad a las personas que podrían acabar en exclusión social. Todo ello teniendo presente el derecho de arraigo en la solución habitacional, respetando el tejido familiar, social, educativo en el caso de menores, y a veces laboral o de carácter médico, que se ha creado a lo largo de la residencia en un lugar concreto. Como medidas preventivas se prevé, con su pertinente partida presupuestaria, la convocatoria abierta y continua de ayudas al alquiler.

Para resolver una anomalía en el marco europeo y para solventar las situaciones de sobreendeudamiento de las familias en situación de exclusión residencial que han sufrido una ejecución hipotecaria, han perdido su vivienda, y están asumiendo una deuda que les impide una subsistencia mínimamente digna, el Capítulo III desarrolla mecanismos de segunda oportunidad para liberar a las personas de la deuda una vez realizada la dación en pago o derivada de proceso de ejecución hipotecaria, en la actualidad o en el pasado, y que siguen soportando deudas fruto de una burbuja inmobiliaria consecuencia de la mala praxis de entidades bancarias y la omisión de la acción pública. También se refuerzan los mecanismos de control y compensación en los casos de hipotecas que contengan cláusulas abusivas.

La última reforma de la LAU producida a partir de la entrada en vigor de la Ley 4/2013 de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, así como la ley 16/2012, de 27 de diciembre, han conllevado una merma en los derechos de los arrendatarios de vivienda y la consiguiente inseguridad que ha supuesto la reducción de plazo y garantías.

Con la finalidad, según el preámbulo de dicha ley, de atraer al mercado de alquiler la vivienda vacía existente, se han regulado unos mecanismos tendentes a flexibilizar y dinamizar el mercado de alquiler a través de un conjunto de garantías que sólo han beneficiado a los arrendadores. La reducción de los plazos de los contratos de arrendamientos y sus prórrogas, así como la agilización de los procedimientos de desahucio, han dado lugar a la actual situación de vulnerabilidad de todas aquellas personas cuya situación económica y social no solo les ha imposibilitado acceder a una vivienda en propiedad, sino que también les excluye de un modelo de alquiler al que difícilmente pueden acceder y del que fácilmente son excluidos.

Mediante la presente ley, partiendo del derecho humano a la vivienda y huyendo del carácter mercantilista que se le ha dado en los últimos tiempos, en el Capítulo IV se regula un aumento de los plazos de los contratos de arrendamiento y de las prórrogas de los mismos tratando de dar estabilidad a los arrendatarios. Por otro lado, se busca regular el precio del mercado de alquiler atendiendo a las cifras que a este respecto publica anualmente el Departamento de Estadística, para evitar la obligada despoblación de determinadas zonas de grandes ciudades. Y, por último, se limitan los aumentos de rentas en los supuestos de identidad de sujetos y objetos, dotando así de mayor seguridad jurídica a los arrendatarios y reforzando su acceso al derecho a la vivienda.

Atendiendo a la situación de emergencia habitacional que está viviendo el país, sumada a la histórica falta de parque público de vivienda, es absolutamente necesaria la movilización de la vivienda social vacía en aquellas áreas de demanda acreditada; esto se desarrolla en el Capítulo V. La finalidad para la cual ha sido prevista esta tipología de viviendas debe encuadrarse en el régimen de alquiler sobre el de propiedad en cualquier caso. Y esos alquileres deberán fijarse en función de los ingresos de la unidad familiar de tal forma que les permita poder desarrollar una vida digna y adecuada en la que se puedan desarrollar y vivir con plena libertad en el ejercicio de sus derechos.

Una ley que pretenda solucionar el problema de la vivienda en la sociedad actual debe necesariamente hacer especial referencia a aquellas personas que sufren de forma más severa la vulneración del Derecho a la vivienda, como son las personas sin hogar. Las causas de la exclusión residencial no se pueden reducir a cuestiones personales que estigmatizan a las personas que sufren esa situación. Las causas estructurales e institucionales son determinantes a la hora de que una persona acabe en la calle. Las causas estructurales derivadas de la falta de estrategia y de políticas de vivienda adecuadas no están dando solución a una situación que va en aumento. Es por todo ello que el parque de vivienda social de alquiler debe estar destinado a dar respuesta a todos aquellos que ven vulnerado su Derecho Humano a la vivienda, teniendo también presentes a los que lo ven atacado de forma más extrema al carecer del mismo en todas sus vertientes.

El sexto y último Capítulo está dedicado al Derecho universal de acceso a los suministros básicos. La finalidad de la regulación es la de garantizar el acceso a los suministros básicos de agua, gas y electricidad a aquellas personas y unidades familiares que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y no pueden acceder a los mismos o no los pueden mantener por motivos económicos. El derecho a la vivienda, en ningún caso puede desvincularse del derecho de acceso a los suministros básicos que garanticen una vivienda digna y adecuada.

Atendiendo al aumento de los costes de electricidad y a la falta de acceso adecuado a los suministros básicos, es urgente una intervención que pueda dar una respuesta rápida que garantice el derecho de acceso a los suministros básicos, y que se pueda dar uso de ello en condiciones de igualdad y calidad suficientes para el desarrollo de una vida con las mínimas garantías de dignidad y bienestar.

El abastecimiento de agua y la recepción de electricidad y gas deben ser continuos y suficientes. Por lo tanto, en ningún caso deben realizarse cortes de suministro por impago de los mismos cuando la falta de pago es consecuencia de situaciones de vulnerabilidad de los usuarios finales del servicio, debiendo garantizarse su acceso y no pudiendo quedar ninguna persona privada de tales servicios esenciales por motivos económicos.


CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES



Artículo 1. Objeto.

1. La presente ley tiene por objeto la regulación del derecho de uso y disfrute de una vivienda digna y adecuada, así como el acceso a los suministros básicos en todo el territorio del Estado, estableciendo un marco estatal, que las Comunidades Autónomas podrán desarrollar respetando la distribución competencial existente, con especial atención a los grupos sociales en situación o riesgo de exclusión social con el fin de erradicar la emergencia habitacional.

2. Las Administraciones públicas promoverán las medidas y actuaciones necesarias para hacer efectivo el derecho a la vivienda digna y adecuada y la garantía de los suministros básicos en todo el territorio del Estado, en el marco del principio de subsidiariedad.

3. Las políticas vinculadas a garantizar el derecho a la vivienda digna y adecuada, y especialmente las destinadas a aumentar el parque público de vivienda, se configuran como servicio de interés general.


Artículo 2. Función social y derecho subjetivo.

1. El derecho de propiedad de una vivienda se ejercerá de acuerdo con su función social, determinada de conformidad con lo establecido en la Constitución y en las leyes especiales que la desarrollen.

2. Las Administraciones competentes en materia de vivienda podrán aprobar medidas de carácter penalizador y coercitivo para hacer frente al incumplimiento de la función social de la propiedad de la vivienda.

3. Todas las personas con vecindad administrativa en cualquier municipio de España, en ejercicio de la función pública en materia de vivienda, pueden exigir ante los órganos administrativos y jurisdiccionales competentes el cumplimiento del derecho subjetivo y de la normativa relativa a vivienda.

4. En ejercicio de la función pública, los ciudadanos pueden exigir ante los órganos administrativos y jurisdiccionales competentes el cumplimiento de esta norma.


Artículo 3. Principios rectores.

Las medidas previstas en la presente ley se regirán por los siguientes principios:

a) Erradicación de cualquier tipo de discriminación en el ejercicio efectivo de derecho a la vivienda consagrado en la Constitución.

b) Colaboración y coordinación entre las administraciones públicas en el desarrollo y aplicación de políticas de vivienda y garantía de suministros básicos.

c) Primar la cohesión social en la programación y planificación en materia de vivienda, actuando siempre de acuerdo con las necesidades reales de los ciudadanos y de sus circunstancias personales, sociales, económicas y laborales.

d) Planificar los tejidos urbanos bajo los criterios de sostenibilidad social y medioambiental, favoreciendo un crecimiento residencial homogéneo e inclusivo, aminorando la ocupación de nuevos suelos, e impulsando políticas que eviten los pisos vacíos, la infravivienda y la vivienda sobreocupada.

e) De acuerdo con el mejor ejercicio y disfrute del derecho subjetivo a la vivienda que se reconoce a todos los ciudadanos en el artículo 2, ninguna de las disposiciones de la presente ley podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por la normativa autonómica de ejercicio del derecho a la vivienda y por los convenios internacionales suscritos por el Estado en materia de Derechos Humanos.

f) Garantizar la función social de la vivienda como derecho fundamental, impulsando medidas de fomento y evitando ciclos especulativos sobre el bien que sustenta el derecho.


Artículo 4. Definiciones.

A efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entiende por:

-Exclusión residencial: están en esta situación las personas o familias que tengan ingresos netos inferiores a 2,5 veces el IPREM cuando se trate de personas que vivan solas, o ingresos netos inferiores a 3 veces el IPREM cuando se trate de unidades de convivencia, o ingresos inferiores a 3,5 veces el IPREM cuando se trate de personas con discapacidad o gran dependencia. En el supuesto de ingresos superiores a 1,5 veces el IPREM es necesario el informe de administración local que acredite el riesgo de exclusión residencial; excepcionalmente, en casos fuera de estos parámetros, los mismos servicios podrán acreditar la situación.

-Hogar vulnerable: las viviendas donde moren personas o familias que se encuentren en exclusión residencial, independientemente de tener título legal habilitante.

-Vivienda vacía: vivienda que permanece desocupada de forma permanente y sin causa justificada, incumpliendo así la función social de la vivienda por un periodo de más de seis meses. Son causas justificadas de desocupación el traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por situación de dependencia, el abandono de la vivienda en zona rural en proceso de pérdida de población y que la vivienda sea objeto de un litigio judicial pendiente de resolución.

-Gran tenedor de viviendas: o bien entidades financieras, sus filiales inmobiliarias, fondos de inversión, entidades de gestión de activos definidas por la legislación mercantil; o bien las personas físicas y jurídicas que, por sí o mediante grupo de empresas, sean titulares de cinco o pisos o tengan más de 800 m². Se exceptúa a las administraciones y promotores sociales.

-Situación de ocupación sin título habilitante: situación en la que la persona o unidad familiar que se encuentra en situación de exclusión residencial, ocupan de manera pacífica y continuada la vivienda que constituye su vivienda habitual.

-Vivienda adecuada y digna: es la que por su tamaño, ubicación y características resulta apropiada para la residencia de una concreta persona, familia o unidad familiar de convivencia de acuerdo con sus características y que cumple con los criterios normativos de habitabilidad.

-Derecho a arraigo: derecho de toda persona a seguir viviendo en la zona de la ciudad donde ha desarrollado su vida. En caso de haber menores cobra una especial importancia.

-Alquiler social: renta que garantiza que el esfuerzo dedicado a su pago no supere el 10% de los ingresos netos ponderados de la unidad familiar si está por debajo del 0,85 del IPREM; el 12% de los ingresos netos ponderados de la unidad familiar si están por debajo del 0,90 del IPREM; o el 18% de los ingresos netos ponderados si son iguales o superiores al 0,90 del IPREM. En ningún caso se podrá dedicar más del 30% de los ingresos a la vivienda, incluyendo además los suministros básicos.

-Deudores de buena fe: los que, por causas ajenas a su voluntad, no mediando dolo, no pueden hacer frente a las obligaciones de pago.


CAPÍTULO II. MEDIDAS PARA EVITAR DESAHUCIOS


Artículo 5. Moratoria de lanzamientos.

Hasta transcurrido un año desde la entrada en vigor de esta Ley o hasta que se hayan desarrollado y se estén aplicando las medidas del artículo 7 de esta Ley, no procederá el lanzamiento en todo proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria o por impago de alquiler, o por precario cuando se trate de la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de riesgo de exclusión residencial y el demandante sea un gran tenedor de viviendas.


Artículo 6. Juicio de proporcionalidad en casos de vivienda habitual.

En todo procedimiento, antes de ordenar cualquier lanzamiento de personas en inmuebles que constituyan su domicilio, el juez deberá dar audiencia a aquellas para, en su caso, autorizar o denegar la medida atendiendo a las circunstancias concurrentes y con ponderación de los intereses en conflicto, asegurando que el desalojo no menoscaba la protección establecida en el artículo 18 de la Constitución en relación con el derecho a una vivienda digna y las garantías establecidas en los Tratados Internacionales suscritos por España en materia de Derechos Humanos.


Artículo 7. Obligación de ofrecer alquiler social de grandes tenedores.

Se añade un artículo 675 bis a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil en los siguientes términos:

«Artículo 675 bis. Obligación de ofrecer alquiler social de grandes tenedores.

1. El demandante, ejecutante o prestatario tienen la obligación de ofrecer alquiler social al demandado antes de interponer la demanda de ejecución hipotecaria, por impago de alquiler o por precario si el demandado está en situación de exclusión residencial, la cual deberá ser comprobada por el demandante, teniendo el demandado o firmante de dación en pago compensación de créditos o compraventa asimilable con derecho a seguir residiendo en la vivienda a título de arrendamiento o, si ello resultare imposible, en una vivienda de características análogas, y en la medida de lo posible en el mismo ámbito teniendo en cuenta el derecho a arraigo.

2. El contrato de alquiler social debe reunir como mínimo los siguientes requisitos:

a) En la vivienda en ejecución, primeramente, siempre tomando en cuenta el derecho a arraigo si así lo solicita la persona o familia, o si el demandado lo solicita se ofrecerá alternativa habitacional en viviendas del gran tenedor en el mismo municipio, y de características análogas a las de su residencia habitual si esta ya no está en posesión del obligado o sus empresas filiales.

b) Ha de tener una duración mínima de cinco años, prorrogable si la situación de vulnerabilidad se mantiene.

c) Se fijarán las rentas de acuerdo a los ingresos ponderados de la persona o unidad familiar. En el supuesto de que los ingresos ponderados están por debajo del 0,85 del IPREM, el esfuerzo del pago de alquiler no puede superar el 10% de los ingresos ponderados; o el 12% de los ingresos ponderados de la unidad familiar si los ingresos están por debajo del 0,90 del IPREM, o el 18% de los ingresos ponderados de la unidad familiar si los ingresos ponderados de la unidad familiar son iguales o superiores al 0,90 del IPREM.

d) El arrendador asume todos los gastos fiscales, de la comunidad de vecinos y todos los no imputables al inquilino, en atención a la especial situación en la que se desarrolla este contrato.

3. Comprobada la situación de riesgo de exclusión residencial y formulada la oferta de alquiler social, si el futuro demandado la rechaza se podrá iniciar el procedimiento judicial.
».


Artículo 8. Régimen sancionador.

1. Son infracciones en materia de vivienda todas las acciones u omisiones tipificadas como tales por esta Ley, sin perjuicio de las especificaciones que puedan efectuarse por reglamento, en la normativa autonómica o local, dentro de los límites establecidos por la legislación vigente en materia sancionadora.

2. Se consideran infracciones graves:

a) No formular la propuesta obligatoria de alquiler social en los supuestos que la presente Ley lo requiere.

b) Incumplir los requisitos establecidos por la definición del alquiler social de la presente Ley en la formulación de la propuesta obligatoria de alquiler social.

c) Condicionar la oferta de alquiler.

3. Las infracciones se sancionan con una multa de 100.000 a 500.000 euros. En la imposición de la sanción administrativa por incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente Ley debe guardarse la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada respetando el principio de proporcionalidad y atendiendo a los siguientes criterios:

-Si hay intencionalidad.

-La reincidencia por la comisión en el plazo de un mes de más de una infracción, o incoación de expediente sancionador.

-La naturaleza o trascendencia de los perjuicios causados, tanto a la Administración como a los usuarios de las viviendas.

-Los beneficios obtenidos por el obligado y el perjuicio causado al ciudadano.


Artículo 9. Ayudas al alquiler.

El Gobierno impulsará programas permanentes de ayuda al alquiler, con el objetivo de evitar el lanzamiento, para las personas que se encuentren en situación de exclusión residencial. No se adjudicarán cuando el arrendador sea gran tenedor de vivienda definido en esta Ley y esté obligado a ofrecer un alquiler social.


Artículo 10. Derecho a realojo adecuado.

Las administraciones públicas han de garantizar, en cualquier caso, el realojo en vivienda adecuada y digna a las personas o unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de lanzamiento. El criterio orientador para la adjudicación de vivienda se hará de acuerdo a las características de la unidad familiar y el derecho a arraigo.
Joan Gómez
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[XIII Legislatura] Mesa del Congreso. - Página 3 Empty Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Miér 6 Mar 2019 - 23:05
Artículo 10. Derecho a realojo adecuado.

Las administraciones públicas han de garantizar, en cualquier caso, el realojo en vivienda adecuada y digna a las personas o unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de lanzamiento. El criterio orientador para la adjudicación de vivienda se hará de acuerdo a las características de la unidad familiar y el derecho a arraigo.


CAPÍTULO III. MEDIDAS CONTRA EL SOBREENDEUDAMIENTO RELACIONADAS CON LA VIVIENDA



Artículo 11. Dación en pago.

1. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 693 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil en los siguientes términos:

«4. Si el bien ejecutado fuese la vivienda habitual, el deudor podrá comparecer con anterioridad a la celebración de la subasta solicitando la entrega del bien hipotecado en pago de la deuda garantizada. En este caso, el Tribunal dictará resolución autorizando la entrega y acordando la adjudicación del inmueble al ejecutante en pago del total de la deuda garantizada, extinguiéndose la misma junto con los intereses y costas.».

2. Se modifica el apartado 1 del artículo 579 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, quedando establecido del siguiente modo:

«1. Cuando la ejecución se dirija exclusivamente contra bienes hipotecados o pignorados en garantía de una deuda dineraria se estará a lo dispuesto en el capítulo V de este Título. Si, subastados los bienes hipotecados o pignorados, su producto fuere insuficiente para cubrir el crédito, el ejecutante podrá pedir el embargo por la cantidad que falte y la ejecución proseguirá con arreglo a las normas ordinarias aplicables a toda ejecución. No obstante, en el supuesto que el bien ejecutado sea la vivienda habitual del deudor, la deuda restante, incluyendo intereses y costas, se entenderá completamente saldada a todos los efectos, no pudiendo iniciarse reclamación posterior de ningún tipo.».

3. Queda derogado el apartado 2 del artículo 579 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.


Artículo 12. Responsabilidad limitada.

1. Se modifica el artículo 105 de la Ley Hipotecaria quedando redactado del siguiente modo:

«La hipoteca podrá constituirse en garantía de toda clase de obligaciones, En el supuesto de recaer sobre la vivienda habitual del deudor, y en todos aquellos casos en que se pacte expresamente, su responsabilidad quedará limitada exclusivamente al bien hipotecado.

En este caso la responsabilidad del deudor y la acción del acreedor, por virtud del préstamo hipotecario, quedarán limitadas al importe de los bienes hipotecados, y no alcanzarán a los demás bienes del patrimonio del deudor.
».

2. Se modifica el artículo 140 de la Ley Hipotecaria quedando redactado del siguiente modo:

«No obstante lo dispuesto en el artículo 105, podrá válidamente pactarse en la escritura de constitución de la hipoteca voluntaria que la obligación garantizada se haga efectiva sobre la totalidad de los bienes del patrimonio del deudor. Para la validez de dicha cláusula deberá constar fehacientemente en el contrato de préstamo, y ser comprobado explícitamente por el notario interviniente, y en su caso, por el tribunal que entienda del asunto, que el consentimiento del deudor se ha prestado libre y voluntariamente a dicha cláusula, que la entidad de crédito la ha negociado con él de forma transparente y nítida, incluyendo simulaciones, comparaciones y ejemplos prácticos de las obligaciones y responsabilidades contraídas por el deudor en este supuesto y en el de responsabilidad limitada al bien hipotecado.».


Artículo 13. Cancelación de la deuda vinculada a la vivienda habitual.

Se procederá, por vía notarial, a cargo de la acreedora, a la cancelación de la deuda de las personas físicas o jurídicas que se encuentren en situación de sobreendeudamiento tras la pérdida de la vivienda habitual, a partir del 1 de enero de 2006, como consecuencia de acuerdos de compensación o dación en pago de préstamos o créditos hipotecarios o compraventa de una vivienda que tuvieren como causa de la venta la imposibilidad por parte del prestatario de devolver el préstamo hipotecario o ejecución hipotecaria u ordinaria siempre que reúnan los siguientes requisitos:

a) Deudas vinculadas con la vivienda habitual.

b) Encontrarse en situación de exclusión residencial.


Artículo 14. Inembargabilidad de la vivienda habitual de avalistas, fiadores e hipotecantes no deudores.

Se añade un apartado 1.º bis al artículo 606 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en los siguientes términos:

«1.º bis La vivienda habitual de los avalistas, fiadores e hipotecantes no deudores, así como cualesquiera otros responsables no principales, vinculadas directa o indirectamente a préstamos o créditos hipotecarios asociados a la vivienda.».


Artículo 15. De las cláusulas abusivas.

1. Los informes y dictámenes emitidos por el Banco de España sobre prácticas bancarias en la contratación de todo tipo de préstamos con consumidores, incluyendo sus recomendaciones, son vinculantes.

2. Los Tribunales españoles, conforme al principio de primacía del Derecho Comunitario, están vinculados obligatoriamente a la aplicación directa de las Directivas Europeas así como de la Jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su interpretación del Derecho Comunitario. Asimismo, los Jueces nacionales están obligados a garantizar la plena eficacia de las Disposiciones Comunitarias dejando, si procede, inaplicadas, por su propia iniciativa, cualesquiera disposiciones contrarias de la legislación nacional, aunque sean posteriores, sin que estén obligados a solicitar o a esperar la derogación previa de estas por vía legislativa o mediante otro procedimiento constitucional.

3. No se podrá proceder a la subasta de vivienda habitual sin previo pronunciamiento del juez sobre la abusividad de las cláusulas contenidas en el contrato de crédito hipotecario o similar. Declarada la abusividad de una cláusula, en todo tipo de procedimiento declarativo o ejecutivo, el juez ordenará la eliminación de dicha cláusula del contrato evitando así cualquier tipo de vinculación de la misma con los consumidores, dejándola sin efecto y sin posibilidad de moderación conforme al Derecho Comunitario. En tales supuestos, el Juez deberá ordenar la restitución íntegra de las cantidades percibidas indebidamente por dicha cláusula desde el inicio de su aplicación, así como los intereses correspondientes, con recálculo de cuadros de amortización si procede.

4. Se procederá a la revisión tanto de los procedimientos de ejecución hipotecaria, así como de las subastas extrajudiciales llevadas a cabo a partir del 1 de enero de 2006 sobre viviendas habituales, en relación al posible carácter abusivo de cláusulas contenidas en los préstamos o créditos hipotecarios conforme al Derecho Comunitario y a la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Dicha revisión de procedimientos podrá realizarse de oficio, mediante la declaración de nulidad de las cláusulas que procedan y la retroacción de las actuaciones en la medida necesaria, o a instancia de parte a través de los cauces del procedimiento declarativo ordinario. Esta revisión podrá ser instada en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de esta Ley.

5. Las Administraciones Públicas deberán otorgar de forma automática y asegurar el derecho a defensa jurídica mediante abogado y procurador de oficio a todos los consumidores que se encuentren en un procedimiento judicial derivado de la reclamación de un préstamo o crédito hipotecario y que tenga por objeto la vivienda habitual del demandado. Para tal fin, el Juzgado deberá proceder de oficio a suspender cautelarmente el procedimiento judicial hasta cumplir con lo precitado en el presente artículo.

6. Se establecerán los mecanismos necesarios para informar a los organismos competentes en materia de consumo de las sentencias firmes en que se declara la nulidad de cláusulas abusivas a efectos de la apertura del correspondiente expediente sancionador.


Artículo 16. Mejoras en el procedimiento de ejecución hipotecaria.

1. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 222 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil en los siguientes términos:

«5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, se podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo contra una resolución judicial firme, con arreglo a las normas procesales de cada orden jurisdiccional, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hayan declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos o de las Directivas Comunitarias, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión.».

2. Se modifica el apartado 1 del artículo 551 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil quedando redactado del siguiente modo:

«1. Presentada la demanda ejecutiva, el Tribunal, siempre que concurran los presupuestos y requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca ninguna irregularidad formal, los actos de ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título y se haga un pronunciamiento previo de oficio de la posible abusividad de las cláusulas contenidas en el título ejecutivo, dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y despachando la misma.».

3. Se modifica el apartado 2 del artículo 695 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil quedando redactado del siguiente modo:

«2. Formulada la oposición a la que se refiere el apartado anterior, se suspenderá la ejecución, se admitirán las pruebas que se propongan en los escritos de oposición e impugnación, convocará a las partes a una vista ante el Tribunal que hubiera dictado al orden general de ejecución en la que se practicarán las pruebas, resolviéndose la oposición en forma de auto lo que se estime procedente.».

4. Se modifica el apartado 4 del artículo 695 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil quedando redactado del siguiente modo:

«4. Contra el auto que ordene el sobreseguimiento de la ejecución, la inaplicación de una cláusula abusiva o la desestimación de la oposición por la causa prevista en el apartado 1.4.º anterior, podrá interponerse recurso de apelación que tendrá efectos suspensivos de la ejecución.».

5. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 695 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil en los siguientes términos:

«5. En los procedimientos de ejecución con riesgo de pérdida de la que ha constituido la vivienda habitual del ejecutado, será preciso el nombramiento de procurador y abogado de oficio desde el momento que lo solicite el interesado.».

6. Se modifica el apartado 1 del artículo 540 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil quedando redactado del siguiente modo:

«1. La ejecución podrá despacharse o continuarse a favor de quien acredite ser sucesor del que figure como ejecutante en el título ejecutivo y frente al que se acredite que es el sucesor de quien en dicho título aparezca como ejecutado. En este supuesto se deberá comunicar por el ejecutante el título por el que se sucede así como el importe recibido por la transmisión de la posición acreedora y se dará traslado al ejecutado a fin de que manifieste en el plazo de nueve días su disposición de ejercer el derecho de retracto por el importe acreditado más los intereses legales correspondientes desde el momento de la transmisión, dictándose al efecto auto de archivo de la ejecución por disposición del derecho de retracto.».

7. Se modifica el artículo 697 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil quedando redactado del siguiente modo:

«Artículo 697. Suspensión de la ejecución por prejudicialidad penal o civil.

Fuera de los casos a que se refieren los dos artículos anteriores, los procedimientos a que se refiere este capítulo solo se suspenderán:

1. Por prejudicialidad penal, cuando se acredite, conforme a lo dispuesto en el artículo 569 de esta Ley, la existencia de causa criminal sobre cualquier hecho de apariencia delictiva que determine la falsedad del título, la invalidez o ilicitud del despacho de la ejecución.

2. Por prejudicialidad civil, cuando se acredite la presentación de demanda en reclamación de las condiciones generales de la contratación.
».


CAPÍTULO IV. ALQUILER ASEQUIBLE



Artículo 17. Regulación de arrendamientos urbanos.

Se modifica la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos de la siguiente forma:

1. Se modifica el artículo 9 quedando redactado del siguiente modo:

«Artículo 9. Plazo mínimo.

1. La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Si esta fuera inferior a cinco años en los casos en los que el arrendador sea persona física propietaria de como máximo cinco viviendas, o de diez años en los supuestos de que el arrendador sea persona jurídica o persona física con más de cinco viviendas en propiedad, llegado el día de vencimiento del contrato, este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de cinco o diez años respectivamente, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con tres meses de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo.

El plazo comenzará a contarse desde la fecha de formalización del contrato o desde la puesta del inmueble a disposición del arrendatario, si esta fuere posterior. Corresponderá al arrendatario la prueba de la fecha de la puesta a disposición.

2. Se entenderán celebrados por cinco o diez años, en relación con lo dispuesto en el apartado anterior, los arrendamientos para los que no se haya estipulado plazo de duración o este sea indeterminado, sin perjuicio del derecho de prórroga para el arrendatario, en los términos resultantes del apartado anterior.

3. No procederá la prórroga obligatoria del contrato si, una vez transcurrido el primer año de duración del mismo, el arrendador comunica al arrendatario que tiene necesidad de la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial cuando este careciera de más inmuebles. La referida comunicación deberá realizarse al arrendatario al menos con tres meses de antelación a la fecha en la que la vivienda se vaya a necesitar y el arrendatario estará obligado a entregar la finca arrendada en dicho plazo si las partes no llegan a un acuerdo distinto.

Si transcurridos tres meses a contar de la extinción del contrato o, en su caso, del efectivo desalojo de la vivienda, del que deberá acreditar al arrendatario, no hubieran procedido al arrendador o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o su cónyuge en los supuestos de sentencia de firme separación, divorcio o nulidad matrimonial a ocupar esta por sí, según los casos, el arrendatario podrá optar, en el plazo de treinta días entre ser repuesto en el uso y disfrute de la vivienda arrendada por un nuevo período de como mínimo cinco años, respetando, en lo demás, las condiciones contractuales existentes al tiempo de la extinción, con indemnización de los gastos que el desalojo de la vivienda le hubiera supuesto y los del nuevo arrendamiento, si lo hubiese, hasta el momento de la reocupación, o ser indemnizado por una cantidad equivalente a las rentas mensuales por cada año que quedara por cumplir hasta completar cinco según se trate de persona física con cinco o menos viviendas, o diez años si el arrendador es persona jurídica o persona física con más de cinco viviendas, salvo que la ocupación no hubiera tenido lugar por causa de fuerza mayor.
».

2. Se modifica el artículo 10 quedando redactado del siguiente modo:

«Artículo 10. Prórroga del contrato.

1. Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurridos como mínimo cinco o diez años de duración de aquel en virtud de lo establecido en el apartado 1 del artículo 0, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con tres meses de antelación a aquella fecha, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará necesariamente durante cinco o diez años, según características del arrendador, más a contar desde la fecha del vencimiento.

2. El derecho de prórroga establecido en el artículo 9, así como la prórroga de cinco o diez años a la que se refiere el apartado anterior, se impondrán en relación a terceros adquirientes. En los supuestos en los que no se hubiera inscrito el contrato de arrendamiento por la negativa del arrendador a hacerlo o desconocimiento por parte del arrendatario de dicha obligación, el derecho de prórroga también se impondrá en relación a terceros adquirientes.

3. Al contrato prorrogado, le seguirá siendo de aplicación el régimen legal y convencional al que estuviera sometido.

4. En caso de que el arrendatario sea mayor de setenta años la prórroga será automática sin posibilidad a rescisión por parte del arrendador.
».

3. Se modifica el artículo 14 quedando redactado del siguiente modo:

«Artículo 14. Enajenación de la vivienda arrendada.

El adquiriente de una vivienda arrendada quedará subrogado en los derechos y las obligaciones del arrendador durante el tiempo que reste de vigencia del contrato, aun cuando concurran en él los requisitos del artículo 34 de la Ley Hipotecaria.

Si la duración pactada fuera superior a cinco años, el adquiriente quedará subrogado por la totalidad de la duración pactada. En este caso, el adquiriente solo deberá soportar el arrendamiento durante el tiempo que reste para el transcurso del plazo de cinco o diez años según sea persona física con máximo cinco viviendas o persona jurídica o persona física con más de cinco viviendas.
».

4. Se modifica el artículo 17 quedando redactado del siguiente modo:

«Artículo 17. Determinación de la renta.

1. La renta será la que estipulen las partes dentro de los límites establecidos a tal efecto. Las cuantías de la renta de alquiler estarán subordinadas al índice de referencia de precios de arrendamientos urbanos relativos a vivienda habitual de similares características de la zona en la que se encuentre el inmueble arrendado publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Este índice queda subordinado a la existencia de un índice a nivel local que sea más beneficioso para el arrendador, en cuyo caso será el índice local el que prevalecerá sobre el estatal.

2. Salvo pacto en contrato, el pago de la renta será mensual y las partes determinarán el día del pago de la misma. En ningún caso podrá el arrendador exigir el pago anticipado de más de una mensualidad de renta.

3. El pago se efectuará en el lugar y por el procedimiento que acuerden las partes o, en su defecto, en metálico y en la vivienda arrendada.

4. El arrendador queda obligado a entregar al arrendatario recibo del pago, salvo que se hubiera pactado que este se realice mediante procedimientos que acrediten el efectivo cumplimiento de la obligación de pago por el arrendatario.

El recibo o documento acreditativo que lo sustituya deberá contener separadamente las cantidades abonadas por los distintos conceptos de los que se componga la totalidad del pago y, específicamente, la renta en vigor.

Si el arrendador no hace entrega del recibo, serán de su cuenta todos los gastos que se originen al arrendatario para dejar constancia del pago.

5. En los contratos de arrendamiento podrá acordarse libremente por las partes que, durante un plazo determinado, la obligación del pago de la renta pueda reemplazarse total o parcialmente por el compromiso del arrendatario de reformar o rehabilitar el inmueble en los términos y condiciones pactadas. Al finalizar el arrendamiento, el arrendatario no podrá pedir en ningún caso compensación adicional por el coste de las obras realizadas en el inmueble.
».

5. Se modifica el artículo 18 quedando redacto del siguiente modo:

«Artículo 18. Actualización de la renta.

1. Durante la vigencia del contrato, la renta se actualizará aplicando la variación porcentual experimentada por el índice general nacional del sistema de índices de precios de consumo en un periodo de doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización, tomando como mes de referencia para la primera actualización el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de celebración del contrato, y en las sucesivas, el que corresponda al último aplicado.

2. La renta actualizada será exigible al arrendatario a partir del mes siguiente a aquel en que la parte interesada lo notifique a la otra parte por escrito, expresando el porcentaje de alteración aplicado y acompañado, si el arrendatario lo exigiera, de la oportuna certificación del Instituto Nacional de Estadística.

Será válida la notificación efectuada por nota en el recibo de la mensualidad del pago precedente.

3. En los supuestos en los que finalizado el contrato de arrendamiento y las prórrogas correspondientes se formalizara un nuevo contrato de arrendamiento entre idéntico arrendador y arrendatario, la renta se actualizará únicamente atendiendo al aumento del IPC. En el supuesto que haya acuerdo con nueva parte arrendataria, la renta del nuevo contrato no podrá superar el 1,5 por ciento de la anterior renta.
».

6. Se modifica el artículo 19 quedando redactado del siguiente modo:

«Artículo 19. Elevación de renta por mejoras.

1. La realización por el arrendador de obras de mejora, transcurridos cinco o diez años, según el caso, de duración del contrato le dará derecho, salvo pacto en contrato, a elevar la renta anual en la cuantía que resulte de aplicar al capital invertido en la mejora el tipo de interés legal del dinero en el momento de la terminación de las obras incrementado en tres puntos, sin que pueda exceder el aumento del 10 por ciento de la renta vigente en aquel momento.

Para el cálculo del capital invertido, deberán descontarse las subvenciones públicas obtenidas para la realización de la obra.

2. Cuando la mejora afecte a varias fincas de un edificio en régimen de propiedad horizontal, el arrendador deberá repartir proporcionalmente entre todas ellas el capital invertido, aplicando, a tal efecto, las cuotas de participación que corresponden a cada una de aquellas.

En el supuesto de edificios que no se encuentren en régimen de propiedad horizontal, el capital invertido se repartirá proporcionalmente entre las fincas afectadas por acuerdo entre arrendador y arrendatarios. En defecto de acuerdo, se repartirá proporcionalmente en función de la superficie de la finca arrendada.

3. La elevación de renta se producirá desde el mes siguiente a aquel en que, ya finalizadas las obras, el arrendador notifique por escrito al arrendatario la cuantía de aquella, detallando los cálculos que conducen a su determinación y aportando copias de los documentos de los que resulte el coste de las obras realizadas, restando exento el arrendatario del pago hasta dicha acreditación.
».

7. Se modifica el artículo 20 quedando redactado del siguiente modo:

«Artículo 20. Gastos generales y de servicios individuales.

1. Los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios salvo pacto en contrario, serán asumidas por la parte que legalmente corresponda de acuerdo a la normativa vigente.

En edificios en régimen de propiedad horizontal tales gastos serán los que correspondan a la finca arrendada en función de su cuota de participación.

En edificios que no se encuentren en régimen de propiedad horizontal, tales gastos serán los que se hayan asignado a la finca arrendada en función de su superficie.

2. Los gastos de gestión y formalización del contrato o los servicios contratados a través de empresas de gestión inmobiliaria o análogas para ello serán imputados exclusivamente al arrendador, no pudiéndose repercutir dichos importes.

3. Durante los cinco o diez primeros años de vigencia del contrato, la suma que el arrendatario haya de abonar por el concepto a que se refiere el apartado anterior, con excepción de los tributos, solo podrá incrementarse por acuerdo de las partes, anualmente, y nunca en un porcentaje superior al doble de aquel en que pueda incrementarse la renta conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 18.

4. El pago de los gastos a que se refiere el presente artículo se acreditará en la forma prevista en el artículo 17.4.
».

8. Se modifica el artículo 21 quedando redactado del siguiente modo:

«Artículo 21. Conservación de la vivienda.

1. El arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación sea imputable al arrendatario a tenor de lo dispuesto en los artículos 1563 y 1564 del Código Civil.

La obligación de reparación tiene su límite en la destrucción de la vivienda por causa no imputable al arrendador. A este efecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 28.

2. Cuando la ejecución de una obra de conservación no pueda razonablemente diferirse hasta la conclusión del arrendamiento, el arrendatario estará obligado a soportarla, aunque le sea muy molesta o aunque durante ella se vea privado de una parte de la vivienda.

Si la obra durase más de veinte días, habrá de disminuirse la renta en proporción a la parte de la vivienda de la que el arrendatario se vea privado. El arrendador deberá realojar temporalmente al arrendatario, si este no tiene alternativa habitacional, para el periodo que duren las obras que hagan inhabitable la vivienda sin que pueda repercutir en la renta.

3. El arrendatario deberá poner en conocimiento del arrendador, en el plazo más breve posible, la necesidad de las reparaciones que contempla el apartado 1 de este artículo, a cuyos solos efectos deberá facilitar a arrendador la verificación directa, por sí mismo o por los técnicos que designe, del estado de la vivienda. En todo momento, y previa comunicación al arrendador, podrá realizar las que sean urgentes para evitar un daño inminente o una incomodidad grave, y exigir de inmediato su importe al arrendador.

Si pasados dos meses desde el requerimiento del arrendatario para hacer las obras de conservación estas no se realizaran por dolo del arrendador, se procederá a la exención de la renta hasta que se realicen.

4. Las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda serán de cargo del arrendatario.
».

9. Se modifica el artículo 29 quedando redactado del siguiente modo:

«Artículo 29. Enajenación de la finca arrendada.

El adquiriente de la finca arrendada quedará subrogado en los derechos y obligaciones del arrendador.
».

10. Se modifica el artículo 36 quedando redactado del siguiente modo:

«Artículo 36. Fianza.

1. A la celebración del contrato será obligatoria la exigencia y prestación de fianza en metálico en cantidad equivalente a un mes de renta como máximo en el arrendamiento de viviendas y de dos en el arrendamiento para uso distinto del de vivienda.

2. Durante toda la vida del contrato de arrendamiento la fianza no estará sujeta a actualización, pero cada vez que el arrendamiento se prorrogue, el arrendador podrá exigir que la fianza sea incrementada, o el arrendatario que disminuya, hasta hacerse igual a una o dos mensualidades de la renta vigente, según proceda, al tiempo de la prórroga.

3. El saldo de la fianza en metálico que deba ser restituido al arrendatario al final del arriendo devengará el interés legal transcurrido un mes desde la entrega de las llaves por el mismo sin que se hubiere hecho efectiva dicha restitución.

4. Las partes podrán pactar cualquier tipo de garantía del cumplimiento por el arrendatario de sus obligaciones arrendaticias adicional a la fianza en metálico.

5. Quedan exceptuadas de la obligación de prestar fianza la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local, los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y demás entes públicos vinculados o dependientes de ellas, y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus Centros y Entidades Mancomunados, cuando la renta haya de ser satisfecha con cargo a sus respectivos presupuestos.
».


Artículo 18. Modificaciones en el ámbito procesal.

1. Se modifica el artículo 33 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil quedando redactado del siguiente modo:

«Artículo 33. Designación de procurador y de abogado.

1. Fuera de los casos de designación de oficio previstos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, corresponde a las partes contratar los servicios del procurador y del abogado que les hayan de representar y defender en juicio.

2. No obstante, el litigante que no tenga derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá pedir que se le designe abogado, procurador o ambos profesionales, cuando su intervención sea preceptiva o cuando, no siéndolo, la parte contraria haya comunicado al Tribunal que actuará defendida por abogado y representada por procurador.

En el caso de que la petición se realice por el demandado, deberá formularla en el plazo de los diez días siguientes a recibir la cédula de emplazamiento o citación.

Estas peticiones ser harán y decidirán conforme a lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, sin necesidad de acreditar el derecho a obtener dicha asistencia, siempre que el solicitante se comprometa a pagar los honorarios y derechos de los profesionales que se le designen.

3. Cuando en un juicio de aquellos a los que se refiere el número 1.º del apartado 1 del artículo 250, alguna de las partes solicitara el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, el Tribunal, tan pronto como tenga noticia de este hecho, dictará una resolución motivada requiriendo de los colegios profesionales el nombramiento provisional de abogado y de procurador, cuando las designaciones no hubieran sido realizadas con anterioridad, sin perjuicio del resarcimiento posterior de los honorarios correspondientes por el solicitante si se le deniega después el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Dicha resolución se comunicará por el medio más rápido posible a los Colegios de Abogados y de Procuradores, tramitándose a continuación la solicitud según lo previsto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

4. En los juicios a los que se refiere el apartado anterior, el demandado deberá solicitar el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita o interesar la designación de abogado y procurador de oficio dentro de los diez días siguientes al de la notificación de la demanda. La falta de designación de abogado y procurador por los colegios profesionales suspenderá la celebración del juicio.
».

2. Se modifica el apartado 3 del artículo 440 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil quedando redactado del siguiente modo:

«3. En los casos de demandas en las que se ejercite la pretensión de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, acumulando o no la pretensión de condena al pago de las mismas, el Secretario judicial, tras la admisión y previamente a la vista que se señale, requerirá al demandado para que, en el plazo de treinta días, desaloje el inmueble, pague al actor o, en caso de pretender la enervación, pague la totalidad de lo que deba o ponga a disposición de aquel en el tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio; o en otro caso comparezca este y alegue sucintamente, formulando oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada o las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación, si el arrendador está obligado a ofrecer alquiler social por ser un gran tenedor de vivienda o si tiene alternativa habitacional.

Si el demandante ha expresado en su demanda que asume el compromiso al que se refiere el apartado 3 del artículo 437, se le pondrá de manifiesto en el requerimiento, y la aceptación de este compromiso equivaldrá a un allanamiento con los efectos del artículo 21.

Además, el requerimiento expresará el día y la hora que se hubiera señalado para que tenga lugar la eventual vista, para la que servirá de citación. Asimismo, se expresará que en caso de solicitar asistencia jurídica gratuita el demandado deberá hacerlo en los diez días siguientes a la práctica del requerimiento.

El requerimiento se practicará en la forma prevista en el artículo 161 de esta Ley, apercibiendo al demandado de que, de no realizar ninguna de las actuaciones citadas, se procederá a su lanzamiento, previa notificación personalizada del mismo.

Si el demandado no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere para oponerse o allanarse, el Secretario judicial dictará decreto dando por terminado el juicio de desahucio y dará traslado al demandante para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud.

Si el demandado atendiere el requerimiento en cuanto al desalojo del inmueble sin formular oposición ni pagar la cantidad que se reclamase, el Secretario judicial lo hará constar, y dictará decreto dando por terminado el procedimiento respecto del desahucio, dando traslado al demandante para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud.

En los casos de desahucio, la notificación se realizará cumpliendo todas las formalidades legales que garanticen que la comunicación ha llegado al demandando. Previamente a la vía edictal se deberá realizar dos intentos de notificación en el domicilio del demandado. La segunda notificación, deberá realizarse dentro de los tres días laborables siguientes a la primera en horas distintas.
».

3. Se modifica el apartado 1 del artículo 9 de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario quedando redactado como sigue:

«1. Las entidades que opten por la aplicación del régimen fiscal especial previsto en esta Ley, se regirán por lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades sin perjuicio de las disposiciones especiales previstas en esta Ley.

Dichas entidades tributarán al tipo de gravamen del 40 por ciento en el Impuesto sobre Sociedades.

No obstante, el incumplimiento del requisito de permanencia al que se refiere el apartado 3 del artículo 3 de esta Ley implicará, en el caso de inmuebles, la tributación de todas las rentas generadas por dichos inmuebles en todos los periodos impositivos en los que hubiera resultado de aplicación de este régimen fiscal especial, de acuerdo con el régimen general y el tipo general de gravamen del Impuesto sobre Sociedades.

El incumplimiento del requisito de permanencia, en el caso de acciones o participaciones, determinará la tributación de aquella parte de las rentas generadas con ocasión de la transmisión, de acuerdo con el régimen general y el tipo general del Impuesto sobre Sociedades.

Esta misma regularización procedería en el caso de que la sociedad, cualquiera que fuese su causa, pase a tributar por otro régimen distinto en el Impuesto sobre Sociedades antes de que se cumpla el referido plazo de tres años.

Las regularizaciones a que se refieren los tres párrafos anteriores se realizarán en los términos establecidos en el artículo 137.3 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
».


CAPÍTULO V. MEDIDAS PARA AUMENTAR EL PARQUE DE VIVIENDA SOCIAL


Artículo 19. Movilización de vivienda vacía mediante cesión obligatoria.

1. Se procederá a la cesión obligatoria de las viviendas vacías situadas en ámbitos territoriales de demanda acreditada que se incorporará, mediante el correspondiente procedimiento administrativo contradictorio al patrimonio gestionado por la administración pública de referencia y se destinarán al parque público en alquiler con los siguientes plazos mínimos:

a) Veinte años para aquellas viviendas cuya propiedad sea de gran tenedor de vivienda o esté gestionada por un gran tenedor que haya percibido dinero público en forma de subvenciones, ayudas, créditos subsidiarios o cualquier otro beneficio fiscal para su construcción. Estarán incluidas todas aquellas viviendas con algún tipo de protección desarrollada al amparo de los planes de vivienda, estatal o autonómico y que actualmente permanezcan todavía sin vender o sin uso como consecuencia del desajuste de los precios entre la vivienda de protección y la vivienda libre.

b) Diez años para las viviendas de titularidad privada.

2. Se procederá a la cesión obligatoria de aquellos edificios residenciales de titularidad privada que hayan permanecido sin uso y vacíos, excepcionalmente, durante un plazo de un año en aquellos ámbitos territoriales en los que exista demanda acreditada de una vivienda asequible para su incorporación al patrimonio de viviendas públicas en alquiler que será gestionado por la administración pública de referencia por un plazo mínimo de quince años. En el caso de que el estado de conservación de dichos edificios no sea el adecuado, la administración gestora podrá llevar a cabo los trabajos de rehabilitación necesarios para su puesta en funcionamiento, ampliando el plazo de cesión proporcionalmente a la inversión que haya resultado necesaria.

3. Se procederá a la cesión obligatoria en favor de la Administración Pública del 100% de las viviendas titularidad o de gestión de la SAREB.

4. En los supuestos en los que las viviendas objeto de cesión estuvieran ocupadas por personas en situación de exclusión residencial, la administración pública titular de esa vivienda procederá a la regularización de sus ocupantes mediante la formalización de un contrato de alquiler social ajustado a sus ingresos, de acuerdo con los criterios del artículo 11 de esta Ley.


Artículo 20. Incremento del parque público de vivienda.

Se habilitarán por parte de las administraciones competentes los mecanismos necesarios para agilizar y proceder al cambio de calificación de la vivienda pública de régimen de propiedad al régimen de alquiler social, tanto en el caso de las previstas en el planeamiento a ejecutar a partir de la entrada en vigor como en el caso de las que ya hayan sido efectivamente construidas.
Joan Gómez
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[XIII Legislatura] Mesa del Congreso. - Página 3 Empty Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Miér 6 Mar 2019 - 23:06
Artículo 21. Del suelo.

Se modifica el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana quedando redactado del siguiente modo:

«Artículo 20. Criterios básicos de utilización del suelo.

1. Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el Título Preliminar y en el Título I, respectivamente, las Administraciones Públicas, y en particular las competentes en materia de ordenación territorial y urbanística deberán:

a) Atribuir en la ordenación territorial y urbanística un destino que comporte o posibilite el paso de la situación de suelo rural a la de suelo urbanizado, mediante la urbanización, al suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen, impedir la especulación con él y preservar de la urbanización al resto del suelo rural.

b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección pública que permita establecer su precio máximo en alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesión administrativa.

Esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística o, de conformidad con ella, por los instrumentos de ordenación, garantizará una distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social y comprenderá, como mínimo, los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya a ser incluido en actuaciones de nueva urbanización y el 20 por ciento en el suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.

No obstante, dicha legislación podrá también fijar o permitir excepcionalmente una reserva inferior para determinados Municipios o actuaciones, siempre que, cuando se trate de actuaciones de nueva urbanización, se garantice en el instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su ámbito territorial de aplicación y una distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social y satisfacción de necesidad de vivienda pública en régimen de alquiler.

2. Las instalaciones, construcciones y edificaciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas, y a tal efecto, en los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo.

3. En los supuestos de solares destinados a la construcción de vivienda de protección pública que no hayan sido desarrollados, cuando exista demanda acreditada de vivienda, se establecerán las correspondientes sanciones a desarrollar reglamentariamente.
».


Artículo 22. Objetivo de solidaridad urbana.

1. Para hacer efectivo el derecho a la vivienda en todo el territorio del Estado, los municipios con demanda residencial fuerte y acreditada deben disponer, en el plazo de veinte años, de un parque mínimo de viviendas destinadas a políticas sociales del 20 por ciento respecto al total de viviendas principales existentes.

2. El crecimiento del número de viviendas establecido por el apartado 1 obtenido en cada quinquenio mediante la nueva construcción, la rehabilitación o la adquisición no puede ser inferior al 5 por ciento del número de viviendas que falten para llegar al objetivo final del 20 por ciento del total de viviendas principales.

3. Los municipios pueden mancomunarse para conseguir los objetivos fijados y deben procurar que la nueva aportación de viviendas de protección oficial quede repartida de modo equivalente entre todos.

4. Los porcentajes establecidos por el presente artículo pueden ser modificados por norma legal o reglamentaria para determinados municipios, atendiendo a las circunstancias especiales del mermo.


Artículo 23. Límite de la renta de alquiler social.

Se añade un apartado 4 bis al artículo 17 del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 en los siguientes términos:

«4 bis. La renta de alquiler para las viviendas de rotación y viviendas públicas será del 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar como límite adicional en la renta a pagar por la vivienda y los suministros básicos.».


Artículo 24. Recargo sobre el IBI en viviendas vacías con carácter estatal.

Se modifica el artículo 72.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales quedando establecido del siguiente modo:

«4. Se establecerá un recargo sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles sobre las viviendas vacías, desocupadas de forma permanente y sin causa justificada por un periodo de más de seis meses, ubicadas en todo el territorio del Estado Español. La recaudación de dicho impuesto deberá emplearse en la gestión, mejora y creación de un parque público de alquiler u otras formas de acceso a la vivienda que será gestionado por la administración pública competente.».


Artículo 25. Prohibición de venta del parque de viviendas público.

Queda expresamente prohibida la venta del parque de viviendas público por parte de las administraciones públicas. Se regularán mediante el correspondiente Reglamento, el régimen de sanciones y multas para los supuestos en los que se incumpla dicha prohibición.


CAPÍTULO VI. SUMINISTROS BÁSICOS GARANTIZADOS


Artículo 26. Garantía de suministros.

1. Las administraciones públicas deben garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, de gas y de electricidad, a todas las personas y unidades familiares en situación de exclusión residencial mientras dure esa situación.

2. En el caso del gas, el derecho de acceso únicamente se garantizará si el edificio afectado dispone de este tipo de suministro.

3. Los hogares que constituyan la vivienda habitual de personas o familias en riesgo de exclusión residencial tendrán la consideración de hogares vulnerables. En ese caso, para la instalación de los contadores eléctricos bastará aportar el certificado de empadronamiento emitido por el municipio correspondiente del usuario final del servicio.


Artículo 27. Del sector eléctrico.

Se modifica el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico quedando redactado en los siguientes términos:

«Artículo 45. Consumidores vulnerables.

Se establecerá una tarifa social que garantice un mínimo de suministro a los hogares determinados como vulnerables.

La tarifa social llevará implícito el principio de precaución; ningún hogar vulnerable podrá ser privado del acceso a los suministros básicos no pudiéndose realizar el corte del suministro.

La tarifa social será un descuento en la factura del suministro, rebajando el importe final de la factura en función de los ingresos del usuario o unidad familiar. En cualquier caso, el importe resultante de la renta de la vivienda y de los suministros no podrá ser superior al 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar considerada como vulnerable a los efectos de la presente Ley.

Las empresas, distribuidoras y comercializadoras según sus responsabilidades, tendrán la obligación de ofrecer el precio mínimo, por lo que estas deberán realizar un análisis de la factura eléctrica para revisar la potencia contratada y los servicios adicionales que no sean imprescindibles y proponer modificaciones en la misma que supongan ahorros en la factura. Asimismo, tendrá la obligación de ofrecer la tarifa social y, en el caso de cumplir los requisitos, tramitarla. Este análisis de la factura tendrá que realizarse obligatoriamente en un plazo de tres meses desde la declaración de hogar vulnerable.
».


Artículo 28. Consumo mínimo vital.

1. Se establecerá un consumo mínimo vital mensual de agua, electricidad y gas por hogar, que será fijado en el caso del agua por los ayuntamientos y en el caso de electricidad y gas anualmente por el ministerio competente en materia de energía teniendo en cuenta diversos factores como las zonas climáticas y la eficiencia térmica de los edificios, entre otros.

2. Los hogares tendrán derecho a mantener estas mismas condiciones de acceso al suministro mientras dure esta situación. Este derecho podrá prolongarse anualmente y de manera indefinida mientras la consideración de hogar vulnerable persista. Se eliminarán los costes no vinculados a la electricidad, agua y gas consumidos.

3. En el caso de la tarificación del agua, los gastos suntuarios o impropios se excluirán, puesto que dificultan la asequibilidad al mismo, tales como los cánones concesionales, que no podrán ser repercutidos en la factura para la retribución de la prestación y deberán regularizarse conforme a la ley.

4. En el caso de la tarificación del gas, los gastos suntuarios o impropios se excluirán, puesto que dificultan la asequibilidad al mismo, tales como los costes asociados al Real Decreto-Ley 13/2014, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares (correspondientes a la hibernación e indemnización por el almacenamiento subterráneo de gas natural «Castor»).

5. En el caso de la tarificación de la electricidad, la factura eléctrica solo podrá incluir el coste de la energía consumida y los impuestos propios de cualquier operación de consumo.


Artículo 29. Garantías ante el corte de los suministros básicos de agua, luz y gas por impago fundado en motivos económicos.

1. En el caso de impago del suministro de luz y gas por parte de un usuario se establecerá, como mecanismo de garantía del principio de precaución, un protocolo obligado de comunicación en el que la administración sea voz activa y deberá ser consultada por la empresa que lleve a cabo dicho suministro antes de que se produzca ningún corte del mismo.

2. En el caso de impago del suministro de agua por parte de un usuario, se procederá a gestionar el mismo mediante el procedimiento de apremio legalmente establecido debiendo, por tanto, suspenderse la ejecución para las familias insolventes, y sin que la sociedad concesionaria que lleve a cabo dicho suministro pueda realizar la tramitación del corte del mismo. A tal efecto, los recibos impagados deberán ser devueltos a la administración competente y los cortes de suministro realizado por la empresa han de ser declarados ilegales.


Artículo 30. Reparto justo de las cargas y deudas de los suministros básicos.

1. La tarifa social será considerada obligación de servicio público según lo dispuesto en la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE y será asumido por las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, sociedades que desarrollen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica.

2. El porcentaje de reparto de las cantidades a financiar se calculará, para cada grupo empresarial, como la relación entre un término que será la suma de las medias anuales del número de suministros conectados a las redes de distribución de las empresas distribuidoras y del número de clientes de las empresas comercializadoras en que participe el grupo, y otro término que corresponderá a la suma de todos los valores medios anuales de suministros y clientes de todos los grupos empresariales que deben ser considerados a los efectos de este reparto.

3. Este porcentaje de reparto será calculado anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de acuerdo con el procedimiento y condiciones que se establezcan reglamentariamente. A estos efectos, la referida Comisión publicará en su página web, en el mes de noviembre de cada año, la información referida al año móvil anterior y relativa a las medias anuales del número de suministros conectados a las redes de distribución de las empresas distribuidoras y del número de clientes de las empresas comercializadoras, así como la relación de grupos de sociedades o, en su caso, sociedades, que cumplan el requisito previsto en el primer párrafo del presente apartado.

La citada Comisión remitirá antes del 1 de diciembre de cada año una propuesta de fijación de los porcentajes de financiación que corresponderán a cada una de las sociedades matrices, correspondiendo al Ministro de Industria, Energía y Turismo su aprobación por orden que será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

En todo caso, las aportaciones que debe realizar cada una de dichas sociedades se depositarán en una cuenta específica en régimen de depósito creada al efecto por el organismo liquidador, que será responsable de su gestión.

4. La tarifa social se pagará a cargo de la cuenta de EBIDTA de las empresas señaladas en los apartados anteriores de este artículo.

5. En caso de que alguno de los miembros de un hogar vulnerable solicite el alta de una línea de consumo energético, bien porque quiere restablecerla después de un corte o porque pida una alta nueva o un cambio de titularidad, las compañías de suministro no podrán oponer razones de impagos previos para negarse a dar de alta la misma o realizar el cambio de titularidad, siempre y cuando ninguno de los miembros del hogar no figure, en el momento de la solicitud, como titular de otra línea de suministro del mismo consumo energético ni podrá repercutir el coste del mismo al hogar vulnerable.


Artículo 31. Hogares vulnerables sin título habilitante.

En los casos de personas o unidades familiares en riesgo de exclusión residencial que vivan en hogares sin titularidad de la vivienda ni/o contrato del servicio, la empresa suministradora se compromete a regularizar el servicio. La empresa con dicha responsabilidad pondrá contador sin repercutir ningún coste sobre la persona o unidad familiar.


Artículo 32. Obligación de las empresas de informar sobre los derechos contenidos en esta Ley y el precio mínimo del servicio.

1. La empresa suministradora deberá informar, en cualquier aviso o comunicación que haga referencia a la falta de pago del servicio, de los derechos relativos a la pobreza energética establecidos por esta ley.

2. La empresa suministradora tendrá la obligación de hacer una campaña comunicativa informando a los consumidores sobre cómo pueden obtener el precio mínimo por el servicio.


Artículo 33. Infracciones y sanciones.

1. Se añade un apartado 52 el artículo 64 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico en los siguientes términos:

«52. La reiteración de las conductas tipificadas como infracción grave en el apartado 65.».

2. Se añade un apartado 44 al artículo 65 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico en los siguientes términos:

«44. El incumplimiento del principio de precaución por parte de las empresas suministradoras.».

3. Se añaden dos apartados 16 y 17 al artículo 66 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico en los siguientes términos:

«16. La falta de información en las cartas de aviso de impago y aviso de corte por parte de las empresas suministradoras.

17. La falta de información sobre la tarifa social o las mejoras en el contrato que permitan el precio mínimo por parte de las empresas suministradoras.
».


DISPOSICIONES ADICIONALES


Primera. Suspensión de las ejecuciones hipotecarias.

Se procederá a la modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil en orden a regular la suspensión de las ejecuciones hipotecarias, por impago de alquiler o precario hasta que se garantice el realojo adecuado, según el artículo 7 de esta Ley.


Segunda. Despenalización del delito de usurpación.

En el plazo de seis meses, el Gobierno ha de presentar una modificación legislativa para despenalizar el delito de usurpación en los supuestos de familias en situación de exclusión residencial y cuando se haya realizado en pisos vacíos de entidades financieras, grupos inmobiliarios, fondos de inversión y asimilables. La carga de la prueba del uso efectivo de la vivienda corresponderá a la parte actora.


Tercera. Sanción ante la falta de aplicación de las directrices del Banco de España y las entidades comunitarias.

En relación al artículo 15 de esta Ley, se sancionará, con una multa de entre cincuenta mil y cien mil euros a las entidades financieras que no apliquen las recomendaciones de los informes del Banco de España, así como de organismos comunitarios, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley.


Cuarta. Creación de un Registro de Malas Praxis de Propietarios.

Se creará un Registro de Malas Praxis de Propietarios que eluden sus deberes de conservación y mantenimiento de viviendas en condiciones adecuadas de habitabilidad, y en relación a los propietarios que renten por un precio superior al 10 por ciento del índice de precio de referencia.

Este Registro se creará en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley.


Quinta. Fomento de contratos cuya renta no supere el 10 por ciento de la renta anterior.

Cuando se proceda a la formalización de un nuevo contrato de arrendamiento, si este fuese por una renta de más del 10 por ciento de la anterior, el propietario y la finca se incluirán en el Registro de Malas Praxis de Propietarios.

En el mismo plazo, se procederá a regular medidas fiscales para incentivar a los propietarios la formalización de los nuevos contratos cuya renta no supere el 10 por ciento de la renta del anterior contrato.

También se legislarán incentivos fiscales para los arrendadores que fijen el precio de la renta por debajo del índice de precio de referencia.

Son tipificadas como sanciones, con multas de hasta veinte mil euros, quienes superen el índice de precio de referencia en más del 10 por ciento, sin perjuicio de posterior desarrollo reglamentario.


DISPOSICIONES TRANSITORIAS


Única. Aplicación del artículo 7.

Los mecanismos previstos en el artículo 7 se aplicarán a los procedimientos abiertos a la entrada en vigor de esta Ley.


DISPOSICIONES DEROGATORIAS


Primera. Derogación del artículo 3 de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler.

Queda derogado el artículo 3 de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler.


Segunda. Derogación el artículo 1.3 de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler.

Queda derogado el artículo 1.3 de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler que modifica el artículo 7 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos en cuanto a la condición y efectos frente a terceros de todas las viviendas arrendatarias sobre las que se haya formalizado un contrato de arrendamiento con independencia de que este se haya inscrito en el Registro de la Propiedad correspondiente.


Tercera. Derogación de la moratoria prevista en la disposición transitoria primera del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Queda derogada la moratoria sobre la necesidad de reservar el 30 por ciento de edificabilidad residencial prevista en la disposición transitoria primera del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.


DISPOSICIONES FINALES


Primera. Título competencial.

Esta ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución, que atribuye al Estado las competencias necesarias en los ámbitos de esta ley, siendo esta un marco legislativo que las Comunidades Autonómicas pueden desarrollar en el ejercicio de sus competencias.


Segunda. Desarrollo normativo.

Se autoriza al Gobierno para que, en el ámbito de sus competencias, dicte las disposiciones reglamentarias y medidas necesarias para el desarrollo y la aplicación de esta Ley, respetando la legislación autonómica y local.


Tercera. Entrada en vigor.

Esta ley entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», excepto las medidas que eventualmente comportan la realización de gastos conforme a los Presupuestos Generales del Estado, que producirán efectos a partir de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos correspondiente al ejercicio presupuestario inmediatamente posterior a la entrada en vigor de esta Ley.

El Departamento competente en materia presupuestaria tiene que realizar las modificaciones presupuestarias que correspondan para dar cumplimiento a lo establecido en esta Ley.


José Luis Ábalos Meco,
Ministro de Fomento.
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