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Registro General

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Re: Registro General

Mensaje por Administrador Ballester el Jue 27 Jul 2017 - 23:50

A la SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO
 
Yo, SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN, junto los 136 diputados restantes del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, vengo a solicitar JUSTICIA, por la posible MALINTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO por parte de su presidente, Patxi López, que tuvo lugar durante la primera cuestión de confianza de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

Y EXPONGO:
 
Que la actitud mencionada por parte del presidente del Congreso, procede a la primera votación de la Cuestión de Confianza, que podría contravenir, claramente, la legalidad y el reglamento del Congreso, interpretando este de manera individual y sin consultar al resto de la mesa y no cumpliendo los tiempos.
 
FUNDAMENTOS DE HECHO:

Ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados una Cuestión de Confianza del Gobierno de Pedro Sánchez. Durante la primera votación el presidente del Congreso, Patxi López, hizo acciones no contempladas ni por la ley ni por el Reglamento de la propia cámara que él preside, desde no cumplir los tiempos hasta a tomar decisiones por su cuenta, estando obligado a consultarlas antes con el resto de la mesa.
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO EN LOS QUE SE BASA LA QUEJA:


PRIMERO.-
La Cuestión de Confianza de Pedro Sánchez venía incluida en el pacto de investidura con PNV. Tras el debate, se realizó la primera votación. El señor Patxi López no respeto el plazo de tiempo para votar dejando incluso a su socio de gobierno, PNV, sin votar. Todo ello en una conspiración del PSOE para no perder el poder aprovechando una ausencia del Grupo Parlamentario Ciudadanos para que el presidente del Congreso, interpretase la cuestión como no válida por no haber presentes 2/3 de los diputados. Pues bien, según el Reglamento del Congreso el presidente ha de consultar dicha decisión con el resto de la mesa, cosa que no hizo. Se incumple de esta forma el artículo 31 del reglamento que dice que corresponde a la mesa "Adoptar cuantas decisiones y medidas requieran la organización del trabajo y el régimen y gobierno interiores de la Cámara", decisiones que el señor presidente tomó en solitario.

Por todo lo expuesto, a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo

SUPLICO que, teniendo por presentado este escrito con sus copias, se sirva admitir y tenga por interpuesta esta solicitud de JUSTICIA sobre la MALINTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO, más concretamente el artículo 31, que tuvo lugar durante la primera votación de la Cuestión de Confianza, y se solicite el CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y EL REGLAMENTO..

Es justicia que pedimos en Madrid a XX de diciembre de 2017.
 

Firma de los 137 diputados del Grupo Parlamentario Popular

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Re: Registro General

Mensaje por Mª del Carmen Rudi el Jue 14 Sep 2017 - 0:00

YO, MARÍA DEL CARMEN RUDI, JUNTO A LOS 121 DIPUTADOS RESTANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, PRESENTO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL REAL DECRETO LEY 11/2018 DEL 18 DE AGOSTO PRESENTADO EN EL BOE, DE DISOLUCIÓN DE LAS CORTES GENERALES

ANTECEDENTES DE HECHO:
https://www.politicasim.com/t3135-real-decreto-11-2018-de-18-de-agosto-de-disolucion-del-congreso-de-los-diputados-y-del-senado-y-de-convocatoria-de-elecciones#29651

FUNDAMENTOS DE DERECHO EN LOS QUE SE BASA LA QUEJA:
La Constitución dice lo siguiente:

Artículo 115

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones.

La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura.

No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5.

Así pues se incumple el artículo 115 de nuestra Constitución.

Se espera la derogación de este Real Decreto Ley


Última edición por Mª del Carmen Rudi el Jue 14 Sep 2017 - 0:13, editado 1 vez
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Re: Registro General

Mensaje por Zoe Gata el Jue 14 Sep 2017 - 0:02

FDP estamos en una moción de confianza no en una moción de censura. Por lo expuesto por el PP no hay ningún tipo de inconstitucionalidad
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Re: Registro General

Mensaje por Mª del Carmen Rudi el Jue 14 Sep 2017 - 0:14

FDP: perdón, ya está Modificado, se me había olvidado poner el final del articulo

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Re: Registro General

Mensaje por Invitado el Vie 15 Sep 2017 - 2:47

Yo, Joan Ribó i Canut, en representación de l’Ajuntament de València, vengo en interponer RECURSO EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL contra los artículos 1,2,3 de la Ley 2/2018, de 19 de agosto, de prevención de accidentes automovilísticos en carreteras valencianas, así como los restantes por conexión. 
ANTECENTES DE HECHO

Único.
La Ley 2/2018, de 19 de agosto, de prevención de accidentes automovilísticos en carreteras valencianas, entró en vigor el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la cual es objeto de este recurso.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS


1. Respecto a las carreteras municipales.
La ley recurrida (Art 1 y 2) supone un agravio al municipio de València, y por conexión, a todos los municipios de la Comunitat Valenciana, en tanto establece la seguridad de todas sus carreteras, aunque no sean competencia de la Generalitat.
En este sentido, recurrimos la Ley por injerencias de la Generalitat en competencias de carácter municipal, como es el control y la seguridad de las carreteras que pertenecen al municipio de València.
2. Respecto a la atribución de obligaciones a la Policía Local.
La ley recurrida (art 3)supone una injerencia de la Generalitat sobre la policía local, la cual, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, está bajo el mando superior del alcalde, cosa que se ratifica en la Ley Valenciana de Policías Locales.
En todo caso, la ley supone un mandato de la Generalitat directo hacia las policías locales, cuando la competencia sobre estas es única y exclusivamente del alcalde de cada municipio.
En consecuencia,
SOLICITO

La declaración de inconstitucionalidad de la citada ley en defensa de la autonomía local del municipio de València, y por conexión, de los municipios radicados en la Comunitat Valenciana. 
Es Justicia lo que solicito en València a 21 de agosto de 2018. 


Última edición por Mireia Català el Sáb 30 Sep 2017 - 13:36, editado 1 vez


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Re: Registro General

Mensaje por Antoni Sànchez el Jue 28 Sep 2017 - 1:29

Carme Forcadell presenta una recusación contra TODOS los jueces y magistrados del Tribunal Constitucional español.

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Re: Registro General

Mensaje por Juana de Rivas el Sáb 30 Sep 2017 - 11:43

Mireia Català escribió:
Yo, Joan Ribó i Canut, en representación de l’Ajuntament de València, vengo en interponer RECURSO EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL contra la Ley 2/2018, de 19 de agosto, de prevención de accidentes automovilísticos en carreteras valencianas.
ANTECENTES DE HECHO

Único.
La Ley 2/2018, de 19 de agosto, de prevención de accidentes automovilísticos en carreteras valencianas, entró en vigor el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la cual es objeto de este recurso.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS


1. Respecto a las carreteras municipales.
La ley recurrida supone un agravio al municipio de València, y por conexión, a todos los municipios de la Comunitat Valenciana, en tanto establece la seguridad de todas sus carreteras, aunque no sean competencia de la Generalitat.
En este sentido, recurrimos la Ley por injerencias de la Generalitat en competencias de carácter municipal, como es el control y la seguridad de las carreteras que pertenecen al municipio de València.
2. Respecto a la atribución de obligaciones a la Policía Local.
La ley recurrida supone una injerencia de la Generalitat sobre la policía local, la cual, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, está bajo el mando superior del alcalde, cosa que se ratifica en la Ley Valenciana de Policías Locales.
En todo caso, la ley supone un mandato de la Generalitat directo hacia las policías locales, cuando la competencia sobre estas es única y exclusivamente del alcalde de cada municipio.
En consecuencia,
SOLICITO

La declaración de inconstitucionalidad de la citada ley en defensa de la autonomía local del municipio de València, y por conexión, de los municipios radicados en la Comunitat Valenciana. 
Es Justicia lo que solicito en València a 21 de agosto de 2018. 

Se requiere citar el articulado que la aprobación de la ley viola. Hasta entonces se inadmite
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Re: Registro General

Mensaje por Juana de Rivas el Sáb 30 Sep 2017 - 11:46

Antoni Sànchez escribió:Carme Forcadell presenta una recusación contra TODOS los jueces y magistrados del Tribunal Constitucional español.

Rechazada. (FDP: Como es exactamente la misma historia que FDP, me limito a rechazarla. Esta es la  respuesta completa
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Re: Registro General

Mensaje por Invitado el Sáb 30 Sep 2017 - 13:37

Juana de Rivas escribió:
Mireia Català escribió:
Yo, Joan Ribó i Canut, en representación de l’Ajuntament de València, vengo en interponer RECURSO EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL contra la Ley 2/2018, de 19 de agosto, de prevención de accidentes automovilísticos en carreteras valencianas.
ANTECENTES DE HECHO

Único.
La Ley 2/2018, de 19 de agosto, de prevención de accidentes automovilísticos en carreteras valencianas, entró en vigor el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la cual es objeto de este recurso.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS


1. Respecto a las carreteras municipales.
La ley recurrida supone un agravio al municipio de València, y por conexión, a todos los municipios de la Comunitat Valenciana, en tanto establece la seguridad de todas sus carreteras, aunque no sean competencia de la Generalitat.
En este sentido, recurrimos la Ley por injerencias de la Generalitat en competencias de carácter municipal, como es el control y la seguridad de las carreteras que pertenecen al municipio de València.
2. Respecto a la atribución de obligaciones a la Policía Local.
La ley recurrida supone una injerencia de la Generalitat sobre la policía local, la cual, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, está bajo el mando superior del alcalde, cosa que se ratifica en la Ley Valenciana de Policías Locales.
En todo caso, la ley supone un mandato de la Generalitat directo hacia las policías locales, cuando la competencia sobre estas es única y exclusivamente del alcalde de cada municipio.
En consecuencia,
SOLICITO

La declaración de inconstitucionalidad de la citada ley en defensa de la autonomía local del municipio de València, y por conexión, de los municipios radicados en la Comunitat Valenciana. 
Es Justicia lo que solicito en València a 21 de agosto de 2018. 

Se requiere citar el articulado que la aprobación de la ley viola. Hasta entonces se inadmite
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Re: Registro General

Mensaje por Mª del Carmen Rudi el Dom 12 Nov 2017 - 20:16

Al TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Yo, Mª JOSÉ SÁENZ DE BURUAGA, JUNTO A LOS 12 DIPUTADOS MÁS DEL GPP EN EL PARLAMENTO DE CANTABRIA Y JUNTO A LOS 109 DIPUTADOS DEL GPP EN EL CONGRESO, INTERPONGO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA MIGUEL ÁNGEL REVILLA ROIZ

EXPONGO:
 
Que en las últimas elecciones generales del 21 de octubre, fue presentado como cabeza de lista por Cantabria al Congreso de los Diputados el señor Miguel Ángel Revilla Roiz, Presidente del Gobierno de Cantabria y diputado en el Parlamento de Cantabria. Habiéndose constituido las cámaras, y habiendo sido nombrado diputado portavoz de un Grupo Parlamentario, sin haber presentado su dimisión de forma previa a recoger el acta y formar parte de la Junta de Portavoces, sigue siendo Presidente de Cantabria, diputado en el Parlamento de Cantabria y en el Congreso, hecho que vulnera claramente la Constitución Española. 

ANTECEDENTES DE HECHO:

Sesión Constitutiva del Congreso
Composición de la Junta de Portavoces


FUNDAMENTOS DE DERECHO EN LOS QUE SE BASA LA QUEJA:

Constitución Española de 1978. TÍTULO III. De las Cortes Generales. CAPÍTULO PRIMERO. DE LAS CÁMARAS. Artículo 67.1: Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.


Se adjunta firma de Mª José Sáenz de Buruaga, los 12 diputados más del GPP en el Parlamento de Cantabria, y los 109 diputados del GPP en el Congreso
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Re: Registro General

Mensaje por Iñaki Arrizabalaga el Dom 19 Nov 2017 - 18:09

Mª del Carmen Rudi escribió:Al TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Yo, Mª JOSÉ SÁENZ DE BURUAGA, JUNTO A LOS 12 DIPUTADOS MÁS DEL GPP EN EL PARLAMENTO DE CANTABRIA Y JUNTO A LOS 109 DIPUTADOS DEL GPP EN EL CONGRESO, INTERPONGO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA MIGUEL ÁNGEL REVILLA ROIZ

EXPONGO:
 
Que en las últimas elecciones generales del 21 de octubre, fue presentado como cabeza de lista por Cantabria al Congreso de los Diputados el señor Miguel Ángel Revilla Roiz, Presidente del Gobierno de Cantabria y diputado en el Parlamento de Cantabria. Habiéndose constituido las cámaras, y habiendo sido nombrado diputado portavoz de un Grupo Parlamentario, sin haber presentado su dimisión de forma previa a recoger el acta y formar parte de la Junta de Portavoces, sigue siendo Presidente de Cantabria, diputado en el Parlamento de Cantabria y en el Congreso, hecho que vulnera claramente la Constitución Española. 
ANTECEDENTES DE HECHO:

Sesión Constitutiva del Congreso
Composición de la Junta de Portavoces


FUNDAMENTOS DE DERECHO EN LOS QUE SE BASA LA QUEJA:

Constitución Española de 1978. TÍTULO III. De las Cortes Generales. CAPÍTULO PRIMERO. DE LAS CÁMARAS. Artículo 67.1: Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.


Se adjunta firma de Mª José Sáenz de Buruaga, los 12 diputados más del GPP en el Parlamento de Cantabria, y los 109 diputados del GPP en el Congreso

Rechazada - Revilla ha renunciado al resto de sus cargos incompatibles con el de diputado en las Cortes Generales

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Re: Registro General

Mensaje por Mª del Carmen Rudi el Mar 26 Dic 2017 - 1:38

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ante el Tribunal Constitucional comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO

Que mediante el presente escrito, y de conformidad con lo previsto en los artículos 32.1.a y 33.1 y disposiciones concordantes de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, vengo a interponer RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD contra la Resolució Per la Qual S´Anuncia L´Inici de la Segona Fase del Procés Constituent Ciutadá de Catalunya (publicado en el Diario Oficial del Parlament de Catalunya num. 1, correspondiente al día 27 de diciembre de 2018).

Que el recurso se fundamenta en los fundamentos que se exponen a continuación.

I. FUNDAMENTOS JURÍDICO-PROCESALES

1. Competencia
Corresponde al Tribunal Constitucional el conocimiento del recurso interpuesto contra la Resolució Per la Qual S´Anuncia L´Inici de la Segona Fase del Procés Constituent Ciutadá de Catalunya, de acuerdo con el artículo 161.2 de la Constitución en relación con los artículos 2.1.f, 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

2. Legitimación
El recurrente está legitimado para interponer el presente recurso a tenor de lo establecido en el artículo 32.1.a de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

3. Representación y postulación
El recurrente actúa representado por la forma prevista en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

4. Objeto del recurso
El presente recurso se dirige contra la totalidad de la Resolució Per la Qual S´Anuncia L´Inici de la Segona Fase del Procés Constituent Ciutadá de Catalunya.

5. Plazo de interposición
El recurso se interpone dentro del plazo de tres meses contados desde la publicación del texto definitivo de la Resolució Per la Qual S´Anuncia L´Inici de la Segona Fase del Procés Constituent Ciutadá de Catalunya, cumpliéndose así lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

6. Reclamación del expediente
Al disponer el artículo 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que el Tribunal podrá recabar de los poderes públicos y de cualquier órgano de las Administraciones Públicas la remisión del expediente y los informes y documentos relativos a las disposiciones que originan el proceso constitucional, el recurrente solicita que por ese Alto Tribunal se recabe del Parlamento de Cataluña y de la Generalidad de Cataluña el expediente de elaboración de la Ley recurrida, y cuantos informes y documentos se hayan elaborado por los órganos constitucionales o de relevancia constitucional en relación con el elemento impugnado, a efectos de formar un mejor juicio y disponer de la información completa sobre dicha Resolución y poder, en su caso, completar las alegaciones en el trámite procesal correspondiente.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Primer motivo de inconstitucionalidad: infracción de los artículos 1.2 y 2 de la Constitución Española relativo a la soberanía nacional y a la indisoluble unidad de la Nación española.

Según el precepto constitucional del artículo 1.2, “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Asimismo, el artículo segundo declara que "la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles [...]".

Todos los artículos de la Resolució recurrida tratan de "continuar" un proceso constituyente para Cataluña, siendo ello sinónimo de un proceso de independencia unilateral que no cabe en nuestro ordenamiento jurídico-constitucional. Dichos artículos, instan a la "convocatoria de una consulta" (art. 1), con la intención de que "el President de Catalunya deberá convocar un referéndum, en toda Catalunya, sobre la ratificación de la Constitución de la República" (art. 5). Se trata de investir, además, al Parlamento de Cataluña de un poder "constituyente". Además, durante todo el texto se habla de la creación de una República Catalana.

El primer precepto constitucional, “base de todo nuestro ordenamiento jurídico” (STC 6/1981, FJ 3), atribuye, con carácter exclusivo la titularidad de la soberanía nacional al pueblo español, unidad ideal de imputación del poder constituyente y, como tal, fundamento de la Constitución y del Ordenamiento jurídico y origen de cualquier poder político (SSTC 12/2008, FJ 4; 13/2009, FJ 16; 31/2010, FJ 12).

En cuanto al segundo precepto constitucional vulnerado, este Tribunal tiene declarado que “la Constitución (arts. 1 y 2) parte de la unidad de la Nación española que se constituye en Estado social y democrático de Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español en el que reside la soberanía nacional. Esta unidad se traduce en una organización -el Estado- para todo el territorio nacional” [STC 4/1981, FJ 3; reiterado en la STC 247/2007, FJ 4 a)].

Asimismo se argumenta que el Estado autonómico se asienta en el principio fundamental de que nuestra Constitución hace residir la soberanía nacional en el pueblo español (art. 1.2 CE), de manera que aquella "[…] no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores a la Constitución y superiores a ella, sino una norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante general en su ámbito, sin que queden fuera de ella situaciones históricas anteriores” [STC 76/1988, de 26 de abril, FJ 3; reiterado en STC 247/2007, FJ 4 a)]. Igualmente este Tribunal ha declarado que autonomía no es soberanía [STC 247/2007, FJ 4 a)], por lo que el preámbulo de la Ley catalana chocaría diametralmente con la reiterada jurisprudencia constitucional al respecto de la soberanía nacional.

De este modo, cabe concluir que al poder constituyente reside en el pueblo español como unidad ideal de modo exclusivo e indivisible, y no en una fracción del mismo. Así, los artículos mencionados en la Ley impugnada, no pueden dejar de suponer la simultánea negación de la soberanía nacional que, conforme a la Constitución, reside únicamente en el conjunto del pueblo español. Por ello, no cabe atribuir su titularidad a ninguna fracción o parte del mismo.
Asimismo, reconocida la indisoluble unidad de la Nación española, el articulado de la Ley recurrida supone conferir al sujeto parcial el poder de quebrar, por su sola voluntad, lo que la Constitución declara como su propio fundamento en el citado precepto constitucional: “la indisoluble unidad de la Nación española”.

SEGUNDO.- Cuarto motivo de inconstitucionalidad: infracción de los artículos 161.1 y 164.1 de la Constitución, relativos a la jurisdicción del Tribunal Constitucional y a la eficacia de sus resoluciones.

Según el citado precepto constitucional del artículo 161.1 “el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español […]”. Según el artículo 164.1 "[...] Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos".

El Tribunal Constitucional, así, ejerce su jurisdicción en el territorio catalán y sus resoluciones tienen plenos efectos frente a todos en el mismo.


Por todo lo expuesto al Tribunal Constitucional;

SUPLICO

Que, teniendo por presentado el presente escrito, con sus respectivas copias, se sirva admitido y tenga por interpuesto RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD contra la totalidad de la Resolució Per la Qual S´Anuncia L´Inici de la Segona Fase del Procés Constituent Ciutadá de Catalunya, y de conformidad con los razonamientos expuestos y los que en derecho resulten de aplicación, lo admita a trámite y, previos los trámites procesales a que hubiere lugar en Derecho, dicte Sentencia declarando la inconstitucionalidad de la Resolució Per la Qual S´Anuncia L´Inici de la Segona Fase del Procés Constituent Ciutadá de Catalunya, declarando la nulidad de la misma, así como del desarrollo reglamentario consecuencia de la misma.
Asimismo, suplico dicte la suspensión de la vigencia de la Resolució Per la Qual S´Anuncia L´Inici de la Segona Fase del Procés Constituent Ciutadá de Catalunya en aplicación del artículo 30 de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional.

OTROSÍ DIGO

Que se solicita que el Tribunal Constitucional recabe del Parlamento de Cataluña y de la Generalidad de Cataluña el expediente y cuantos informes y documentos se hayan elaborado por los órganos constitucionales o de relevancia constitucional en relación con la Resolución recurrida.

Es justicia que pido en Madrid a 16 de enero de 2018.



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Re: Registro General

Mensaje por Administrador Álvaro el Miér 3 Ene 2018 - 19:08

Mª del Carmen Rudi escribió:
AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ante el Tribunal Constitucional comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO

Que mediante el presente escrito, y de conformidad con lo previsto en los artículos 32.1.a y 33.1 y disposiciones concordantes de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, vengo a interponer RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD contra la Resolució Per la Qual S´Anuncia L´Inici de la Segona Fase del Procés Constituent Ciutadá de Catalunya (publicado en el Diario Oficial del Parlament de Catalunya num. 1, correspondiente al día 27 de diciembre de 2018).

Que el recurso se fundamenta en los fundamentos que se exponen a continuación.

I. FUNDAMENTOS JURÍDICO-PROCESALES

1. Competencia
Corresponde al Tribunal Constitucional el conocimiento del recurso interpuesto contra la Resolució Per la Qual S´Anuncia L´Inici de la Segona Fase del Procés Constituent Ciutadá de Catalunya, de acuerdo con el artículo 161.2 de la Constitución en relación con los artículos 2.1.f, 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

2. Legitimación
El recurrente está legitimado para interponer el presente recurso a tenor de lo establecido en el artículo 32.1.a de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

3. Representación y postulación
El recurrente actúa representado por la forma prevista en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

4. Objeto del recurso
El presente recurso se dirige contra la totalidad de la Resolució Per la Qual S´Anuncia L´Inici de la Segona Fase del Procés Constituent Ciutadá de Catalunya.

5. Plazo de interposición
El recurso se interpone dentro del plazo de tres meses contados desde la publicación del texto definitivo de la Resolució Per la Qual S´Anuncia L´Inici de la Segona Fase del Procés Constituent Ciutadá de Catalunya, cumpliéndose así lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

6. Reclamación del expediente
Al disponer el artículo 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que el Tribunal podrá recabar de los poderes públicos y de cualquier órgano de las Administraciones Públicas la remisión del expediente y los informes y documentos relativos a las disposiciones que originan el proceso constitucional, el recurrente solicita que por ese Alto Tribunal se recabe del Parlamento de Cataluña y de la Generalidad de Cataluña el expediente de elaboración de la Ley recurrida, y cuantos informes y documentos se hayan elaborado por los órganos constitucionales o de relevancia constitucional en relación con el elemento impugnado, a efectos de formar un mejor juicio y disponer de la información completa sobre dicha Resolución y poder, en su caso, completar las alegaciones en el trámite procesal correspondiente.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Primer motivo de inconstitucionalidad: infracción de los artículos 1.2 y 2 de la Constitución Española relativo a la soberanía nacional y a la indisoluble unidad de la Nación española.

Según el precepto constitucional del artículo 1.2, “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Asimismo, el artículo segundo declara que "la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles [...]".

Todos los artículos de la Resolució recurrida tratan de "continuar" un proceso constituyente para Cataluña, siendo ello sinónimo de un proceso de independencia unilateral que no cabe en nuestro ordenamiento jurídico-constitucional. Dichos artículos, instan a la "convocatoria de una consulta" (art. 1), con la intención de que "el President de Catalunya deberá convocar un referéndum, en toda Catalunya, sobre la ratificación de la Constitución de la República" (art. 5). Se trata de investir, además, al Parlamento de Cataluña de un poder "constituyente". Además, durante todo el texto se habla de la creación de una República Catalana.

El primer precepto constitucional, “base de todo nuestro ordenamiento jurídico” (STC 6/1981, FJ 3), atribuye, con carácter exclusivo la titularidad de la soberanía nacional al pueblo español, unidad ideal de imputación del poder constituyente y, como tal, fundamento de la Constitución y del Ordenamiento jurídico y origen de cualquier poder político (SSTC 12/2008, FJ 4; 13/2009, FJ 16; 31/2010, FJ 12).

En cuanto al segundo precepto constitucional vulnerado, este Tribunal tiene declarado que “la Constitución (arts. 1 y 2) parte de la unidad de la Nación española que se constituye en Estado social y democrático de Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español en el que reside la soberanía nacional. Esta unidad se traduce en una organización -el Estado- para todo el territorio nacional” [STC 4/1981, FJ 3; reiterado en la STC 247/2007, FJ 4 a)].

Asimismo se argumenta que el Estado autonómico se asienta en el principio fundamental de que nuestra Constitución hace residir la soberanía nacional en el pueblo español (art. 1.2 CE), de manera que aquella "[…] no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores a la Constitución y superiores a ella, sino una norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante general en su ámbito, sin que queden fuera de ella situaciones históricas anteriores” [STC 76/1988, de 26 de abril, FJ 3; reiterado en STC 247/2007, FJ 4 a)]. Igualmente este Tribunal ha declarado que autonomía no es soberanía [STC 247/2007, FJ 4 a)], por lo que el preámbulo de la Ley catalana chocaría diametralmente con la reiterada jurisprudencia constitucional al respecto de la soberanía nacional.

De este modo, cabe concluir que al poder constituyente reside en el pueblo español como unidad ideal de modo exclusivo e indivisible, y no en una fracción del mismo. Así, los artículos mencionados en la Ley impugnada, no pueden dejar de suponer la simultánea negación de la soberanía nacional que, conforme a la Constitución, reside únicamente en el conjunto del pueblo español. Por ello, no cabe atribuir su titularidad a ninguna fracción o parte del mismo.
Asimismo, reconocida la indisoluble unidad de la Nación española, el articulado de la Ley recurrida supone conferir al sujeto parcial el poder de quebrar, por su sola voluntad, lo que la Constitución declara como su propio fundamento en el citado precepto constitucional: “la indisoluble unidad de la Nación española”.

SEGUNDO.- Cuarto motivo de inconstitucionalidad: infracción de los artículos 161.1 y 164.1 de la Constitución, relativos a la jurisdicción del Tribunal Constitucional y a la eficacia de sus resoluciones.

Según el citado precepto constitucional del artículo 161.1 “el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español […]”. Según el artículo 164.1 "[...] Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos".

El Tribunal Constitucional, así, ejerce su jurisdicción en el territorio catalán y sus resoluciones tienen plenos efectos frente a todos en el mismo.


Por todo lo expuesto al Tribunal Constitucional;

SUPLICO

Que, teniendo por presentado el presente escrito, con sus respectivas copias, se sirva admitido y tenga por interpuesto RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD contra la totalidad de la Resolució Per la Qual S´Anuncia L´Inici de la Segona Fase del Procés Constituent Ciutadá de Catalunya, y de conformidad con los razonamientos expuestos y los que en derecho resulten de aplicación, lo admita a trámite y, previos los trámites procesales a que hubiere lugar en Derecho, dicte Sentencia declarando la inconstitucionalidad de la Resolució Per la Qual S´Anuncia L´Inici de la Segona Fase del Procés Constituent Ciutadá de Catalunya, declarando la nulidad de la misma, así como del desarrollo reglamentario consecuencia de la misma.
Asimismo, suplico dicte la suspensión de la vigencia de la Resolució Per la Qual S´Anuncia L´Inici de la Segona Fase del Procés Constituent Ciutadá de Catalunya en aplicación del artículo 30 de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional.

OTROSÍ DIGO

Que se solicita que el Tribunal Constitucional recabe del Parlamento de Cataluña y de la Generalidad de Cataluña el expediente y cuantos informes y documentos se hayan elaborado por los órganos constitucionales o de relevancia constitucional en relación con la Resolución recurrida.

Es justicia que pido en Madrid a 16 de enero de 2018.



LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO,
María del Carmen Rudi González

Rechazada. Se trata de una propuesta de resolución no de un contenido legislativo por tanto este tribunal no puede admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad

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