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[XIV Legislatura] Composición de la Mesa del Senado

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[XIV Legislatura] Composición de la Mesa del Senado

Mensaje por Eduardo Hernando el Dom 26 Nov 2017 - 12:46


- XIV Legislatura -
Composición de la Mesa del Senado
Presidencia: Pio García Escudero (PP)

Vicepresidencia Primera: Sebastián González Vázquez (PP)
Vicepresidencia Segunda: María Dolores Etxano Varela (PNV)

Secretaría Primera: Luis Crisol (C's)
Secretaría Segunda: Pedro María Sanz (PP)
Secretaría Tercera: Mª Adelaida Pedrosa (PP)
Secretaría Cuarta: Juan Carlos José Raffo Camarillo (PSOE)

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Re: [XIV Legislatura] Composición de la Mesa del Senado

Mensaje por Zeo Borras el Mar 12 Dic 2017 - 18:53



La Presidencia de la Mesa del Congreso de los Diputados, envía la propuesta del Grupo Parlamentario de Compromis, que fue aprobada por la cámara baja por mayoría.


PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA SOBRE REPRESIÓN PENAL DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
 
Exposición de motivos
 
El artículo 6 de la Constitución Española establece que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Estas altas funciones justifican que el desenvolvimiento de la actividad de los partidos políticos esté rodeada de abundantes garantías en nuestro ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de ello, los escándalos públicos derivados del descubrimiento de numerosos casos de financiación ilegal están llevando al descrédito de nuestro sistema representativo y amenazan con socavar la solidez de nuestra Democracia. En esta situación, y sin olvidar el carácter fragmentario y el principio de intervención mínima que le son característicos, es imprescindible el recurso a la técnica penal para cortar de raíz un problema que ha adquirido dimensiones preocupantes, especialmente cuando se constata la existencia de redes organizadas desde el seno de un partido político y en las que aparecen implicados sus cargos públicos y orgánicos. 

El título XIII bis del libro II del Código Penal, introducido por el artículo único de la LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE de 31 de marzo), introduce unos novedosos artículos 304 bis y 304 ter que inciden en la problemática aquí abordada. El artículo 304 bis permite la disolución o suspensión de actividades de aquellos partidos que reciban donaciones o aportaciones con infracción de lo dispuesto en el artículo 5.uno de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. Por su parte, el artículo 304 ter castiga al que participe en estructuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, al margen de lo establecido en la ley, si bien la previsión legal no alcanza en este supuesto a conferir a Jueces y Tribunales la potestad para decretar también la disolución o suspensión de actividades del partido político que eventualmente pudiese haber promovido tal conducta o haberse beneficiado de ella. 

Existe, pues, un vacío legal que permite la continuidad de aquellas organizaciones políticas que probadamente se hubieren beneficiado de la actividad de estructuras montadas en su seno al objeto de procurarles financiación por vías ilegales, aunque se castiga a las personas que integrasen dichas estructuras y más gravemente a quienes las dirigiesen. Tal situación supone un déficit en la tutela penal a la que tiene derecho la ciudadanía para salvaguardarse de aquellas actuaciones que en materia de financiación ilegal de los partidos políticos resultan más perjudiciales para la salud democrática de nuestro Estado, a saber, aquellas no cometidas por individuos aislados sino por redes organizadas por los propios partidos como fuente continuada de ingresos que les permite desplegar un nivel de actividad por encima de sus posibilidades y adquirir así ilícitamente una posición de clara ventaja sobre las formaciones políticas que ajustan su financiación a los parámetros legales. 

Por todo lo mencionado anteriormente, se aprueba la siguiente ley. 

Artículo único. Modificación del artículo 304 ter de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

Se añade un apartado 4 al artículo 304 ter de la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que queda redactado como sigue: 

"4. Cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este Código, una persona jurídica sea responsable de los hechos, se le impondrá la pena de multa de uno a cinco años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33."

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Re: [XIV Legislatura] Composición de la Mesa del Senado

Mensaje por Zeo Borras el Lun 25 Dic 2017 - 17:47



La Presidencia de la Mesa del Congreso de los Diputados, envía la propuesta del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, que fue aprobada por la cámara baja por mayoría.


PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE LA NULIDAD DE TODOS LOS JUICIOS Y TRIBUNALES DE GUERRA DEL FRANQUISMO

Preámbulo

Las consecuencias de la Guerra Civil Española y posteriormente de la Dictadura Franquista siguen vigentes incluso a día de hoy, las heridas causadas por estos dos desastres en la historia de España deben ser cerradas cuanto antes, es una vergüenza que en pleno siglo XXI en un estado europeo como España sigan vigentes los juicios y tribunales de guerra fascistas, es por ello que Unitat Nacional presenta esta proposición de ley:

TÍTULO I: DE LOS FINES

Artículo 1

Los fines de la presente ley son:

a) Poner fin a cualquiera que sea el legado fascista en todo el Estado Español.
b) Cerrar las heridas que la Guerra Civil y el Franquismo causó en un gran número de personas, tanto españolas como extranjeras.
c) Abrir todas las fosas comunes para dar una sepultura digna a todas las víctimas de la guerra y la dictadura.

TÍTULO II: DE LOS JUICIOS Y TRIBUNALES DE GUERRA FRANQUISTAS

Artículo 2

Quedan ilegalizados todos los juicios y tribunales de guerra efectuados por el franquismo en el periodo 1936-1977.

TÍTULO III: DE LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA

Artículo 4

Todos los cuerpos de españoles fallecidos en el exterior durante la Segunda Guerra Mundial deberán ser repatriados para darles sepultura en España.

Artículo 5

Se deberán abrir con la mayor antelación posible la totalidad de las fosas comunes de la guerra y el franquismo que aún existan en el estado Español.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en cuanto se opongan a lo establecido en esta ley.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta ley entrará en vigor 1 mes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado

Íñigo Errejón Galván [/size]
Portavoz del GP Unidos Podemos[/center]
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Re: [XIV Legislatura] Composición de la Mesa del Senado

Mensaje por Pablo Riopérez el Dom 28 Ene 2018 - 23:15


El Grupo Parlamentario Socialista (42) quedará compuesto de la siguiente manera:

Presidente: Óscar López Ágeda (senador designado por las Cortes de Castilla y León)
Portavoz: María Luisa Carcedo Robles (senadora designada por la Junta General del Principado de Asturias)
Portavoz Adjunto: Francisco Menacho Villalba (senador designado por el Parlamento de Andalucía)

_________________


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Re: [XIV Legislatura] Composición de la Mesa del Senado

Mensaje por Zeo Borras el Lun 29 Ene 2018 - 15:58



La Presidencia de la Mesa del Congreso de los Diputados, envía la propuesta del Gobierno de España que fue aprobada por la cámara baja por mayoría.



PROYECTO DE LEY DE PROHIBICIÓN DE LAS PUERTAS GIRATORIAS



Preámbulo

La regeneración política de España necesita atajar inmediata y necesariamente, la supresión de uno de los, sin duda, grandes males que hemos vivido en nuestra cuarentañera democracia: las llamadas "puertas giratorias". Este hecho, no deja de ser sin duda, un claro y gran reflejo del clientelismo y de prácticas poco limpias que ensucian nuestra vocación de servicio público, y  que han hecho que la sociedad haya cogido inquina hacia la clase política y hacia nosotros como representantes. Esta práctica, llamada "puerta giratoria" consiste en aquel proceso por el cual un político, tras abandonar su vida política, es enchufado en una gran empresa de un sector económico estratégico que no concuerda con la trayectoria profesional desarrollada anteriormente por el político en cuestión. Ello da síntomas de que pudiese estar ocurriendo un pago de favores políticos que pervierten el fin último de la política, que es el de trabajar únicamente al servicio de la ciudadanía.
Pudiera ser entendible que un político, tras su marcha del sector público, se reenganche en la vida profesional privada en un puesto similar al que tenía anteriormente y dentro de un sector económico semejante. Eso no constituiría una puerta giratoria porque vuelve al sector del que salió, y en el que se profesionalizó antes de su entrada en la vida política.

A través de esta Ley se pretende poner fin a las puertas giratorias a través de una serie de incompatibilidades de carácter temporal, a fin de impedir la práctica anteriormente descrita respetando, al mismo tiempo, el derecho del político a tener una vida profesional fuera de la política.

TÍTULO I. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Los efectos de la presente ley son de aplicación para los siguientes cargos públicos:
a) Los miembros del Gobierno de España, que incluye al Presidente del Gobierno y sus Ministros.
b) El Portavoz del Gobierno de España.
c) Los Secretarios de Estado.
d) Los Subsecretarios de Estado.
e) Los Presidentes, los Vicepresidentes, los Directores Generales, los Directores ejecutivos y asimilados en entidades del sector público estatal, administrativo, fundacional o empresarial, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado que tengan la condición de máximos responsables y cuyo nombramiento se efectúe por decisión del Consejo de Ministros o por sus propios órganos de gobierno.
f) Los altos cargos equivalentes a los nombrados en los puntos precedentes en el ámbito de las Comunidades Autónomas, la Comunidad Foral de Navarra y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.


TÍTULO II. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2. Es incompatible el ejercicio de los cargos públicos especificados en el artículo anterior con la percepción de cualquier pensión compensatoria o indemnizatoria prevista con razón del cese de cualquier cargo, puesto o actividad en el sector público o privado.

Artículo 3. Los cargos mencionados en el artículo 1, así como el resto de altos cargos de la Administración General del Estado y de las respectivas administraciones autonómicas, servirán a los intereses generales, debiendo evitar que sus intereses exclusivamente personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades.
Asimismo, deben ejercer sus funciones y competencias sin incurrir en conflictos de intereses y, si considera que lo está, debe abstenerse, por escrito, de tomar la decisión afectada por ellos.

Artículo 4.
Los cargos no podrán tener, por sí o por persona interpuesta, participaciones directas o indirectas superiores a un cinco por ciento en empresas en tanto tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector público estatal, autonómico o local, o que reciban subvenciones provenientes de cualquier Administración Pública. Para las sociedades cotizadas, el número de acciones deberá ser cero.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación al caso en que la empresa en la que participen sea subcontratista de otra que tenga contratos de cualquier naturaleza con el sector público estatal, autonómico o local.

Artículo 5. Cuando la persona que sea nombrada para ocupar un cargo público de los referidos en el artículo primero poseyera una participación en los términos a los que se refiere el artículo anterior, tendrá que enajenar o ceder a un tercero independiente las participaciones y los derechos inherentes a las mismas durante el tiempo en que ejerza su cargo, en el plazo de tres meses, contados desde el día siguiente a su nombramiento.

Artículo 6. Durante el año siguiente al cese del ejercicio de su cargo público, no podrán ocupar un puesto en cualquier entidad privada que se haya visto afectada directa o indirectamente por una decisión en la que haya participado.

Artículo 7. Durante los dos años siguientes al cese del ejercicio de su cargo público, no podrán ocupar un puesto superior en cualquier entidad privada del sector económico en el que hayan trabajado previamente. Se considerará puesto superior aquel puesto con mayor responsabilidad dentro de la entidad privada o con mejor retribución en términos cuantitativos.

Artículo 8. Durante los diez años siguientes al cese del ejercicio de su cargo público, no podrán ocupar un puesto en cualquier entidad privada perteneciente a un sector económico o productivo diferente al que, en su caso, pudiesen haber trabajado con anterioridad al acceso al cargo público.

Artículo 9. Tras el cese de su actividad de la administración pública ningún cargo público señalado en el artículo primero podrá ocupar un puesto en una entidad privada del sector bancario, energético, ferroviario, armamentístico, telefónico, farmacéutico, de seguridad o del juego. Podrán exceptuarse los casos en los que el cargo público haya desempeñado un puesto en alguno de estos sectores con anterioridad al ejercicio de su labor pública durante un periodo superior a cinco años.

Artículo 10. Ningún cargo público, tanto los señalados en el artículo primero como los que no, podrá ocupar un puesto en el sector bancario durante el ejercicio de su cargo.

Artículo 11. En todo caso los cargos públicos regulados por esta ley deberán, durante los doce años posteriores al cese de su cargo, comunicar al Ministerio encargado de las Administraciones Públicas las actividades en entidades privadas que vayan a realizar, con carácter previo a su inicio.

Artículo 12. Los cargos públicos presentarán al Ministerio encargado de las Administraciones Públicas, en el plazo improrrogable de tres meses desde su toma de posesión y cese, respectivamente:
a) El certificado de sus cuatro últimas declaración anual presentadas del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, si tienen obligación de presentarla. Quienes no tengan tal obligación, presentarán un formulario cumplimentado equivalente que elaborará el Ministerio encargado de las Administraciones Públicas en colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
b) Un informe detallado de su patrimonio y el de sus familiares hasta el segundo grado.


TÍTULO III. DEL RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 13. Las ganancias percibidas en caso de quebrantamiento de alguno de los artículos anteriores supondrá un enriquecimiento injusto. En su caso:
a) Corresponderá el ingreso en el Tesoro Público de dicho enriquecimiento, así como de sus frutos, además del pago de una multa equivalente al triple de la ganancia. Si no se hubiese percibido ganancia, se impondrá una multa de cinco millones de euros.
b) El cargo público estará imposibilitado para el ejercicio de cualquier responsabilidad pública durante quince años.
c) Deberá adecuar su situación laboral a lo recogido en la presente ley en el plazo de quince días. Si ello no se cumpliese, deberá hacerse cargo del pago de unos intereses del 5% con respecto a la cantidad resultante del apartado a) de este artículo.


Disposición Derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley.

Disposición Final.
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente.


El Ministro de Hacienda y Función Pública,
CRISTÓBAL RICARDO MONTERO ROMERO

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Re: [XIV Legislatura] Composición de la Mesa del Senado

Mensaje por Zeo Borras el Lun 29 Ene 2018 - 15:59



La Presidencia de la Mesa del Congreso de los Diputados, envía la propuesta del Grupo Parlamentario de Compromis que fue aprobada por la cámara baja por mayoría.






# PROPOSICIÓN DE LEY POR LA CUAL SE ESTABLECE LA GRATUIDAD DE LIBROS EN LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA. 
 

 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
 
1. La presente Ley tiene por objeto regular el programa de gratuidad de libros de texto dirigido al alumnado que curse la enseñanza obligatoria en los centros docentes del Estado sostenidos con fondos públicos.
 
2. A los efectos de la presente Ley, se entiende por libro de texto el material impreso, no fungible y autosuficiente, destinado a ser utilizado por el alumnado y que desarrolla, atendiendo a las orientaciones metodológicas y criterios de evaluación correspondientes, los contenidos establecidos por la normativa educativa vigente para el área o materia y el ciclo o curso de que en cada caso se trate.
 
3. No se consideran incluidos en el Programa de Gratuidad aquellos materiales asociados a los libros de texto, que por su propia naturaleza no puedan ser reutilizados por el alumnado en cursos sucesivos.
 
Artículo 2. Beneficiarios.
 
1. Serán beneficiarios del programa de gratuidad de los libros de texto todos los alumnos y alumnas que cursen la enseñanza obligatoria en los centros docentes del Estado sostenidos con fondos públicos.
 
2. El representante legal del alumno o alumna que no desee participar en el programa de gratuidad en un determinado año académico lo comunicará en el centro docente en el que el alumno o alumna vaya a cursar las enseñanzas, en el momento de formalizar la inscripción en las mismas.
 
Artículo 3. Régimen de préstamo de los libros de texto.
 
1. El alumnado beneficiario del presente programa dispondrá gratuitamente, en régimen de préstamo, de los libros de texto elegidos por el centro para las enseñanzas obligatorias que esté cursando.
 
2. Los libros de texto serán propiedad de la Administración educativa y permanecerán, una vez concluido el curso escolar, en el centro docente donde el alumno o alumna haya cursado las enseñanzas, de forma que puedan ser utilizados por otros alumnos y alumnas en años académicos sucesivos.
 
3. Los centros docentes sostenidos con fondos públicos quedan sometidos a la obligación de guarda y custodia respecto de los libros de texto utilizados por el alumnado inscrito en ellos, durante los períodos de tiempo en que actúen como depositarios de los mismos.
 
4. Los libros de texto serán renovados cada cuatro cursos escolares, salvo los correspondientes al primer ciclo de la Educación Primaria que serán renovados todos los cursos por tratarse de un material que no puede ser utilizado por otros alumnos y alumnas en años sucesivos.
 
Artículo 4. Utilización y conservación de los materiales.
 
1. El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto queda sujeto a la obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos al centro una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del centro si se produce su traslado.
 
2. El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna, de reponer el material deteriorado o extraviado, de acuerdo con lo que se recoge en la presente Ley.
 
3. Los centros incorporarán en su Reglamento de Organización y Funcionamiento las normas de utilización y conservación de los libros de texto y demás material curricular puesto a disposición del alumnado, así como las sanciones que corresponderían en caso de extravío, o deterioro culpable o malintencionado de los mismos, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente sobre derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes públicos y privados concertados no universitarios.
 
4. Todos los libros de texto serán registrados por el centro e identificados con una etiqueta que se fijará en la primera hoja de los mismos, donde aparecerá el nombre del centro y el del alumno o alumna que lo tenga en préstamo en cada curso escolar, de acuerdo con el procedimiento que a tales efectos establezca el Consejo Escolar.
 
Artículo 5. Obligaciones de los beneficiarios.
 
1. El alumnado que participe en el programa de gratuidad de los libros de texto, así como sus representantes legales, tendrán las siguientes obligaciones:
 
a) Entregar en la librería o establecimiento comercial el correspondiente cheque-libro, al que hace referencia el artículo 10 de la presente Ley, debidamente cumplimentado y firmado una vez recibidos los libros de texto.
 
b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería de Educación o por el centro docente donde cursa la enseñanza obligatoria y a las de control financiero que correspondan de acuerdo con la legislación que resulte de aplicación.
 
c) Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros y reintegrar los mismos al centro docente donde ha estado escolarizado, en la fecha que el Consejo Escolar del mismo determine, una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del centro si se produce su traslado.
 
d) Reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada.
 
2. Desde los diversos sectores de la comunidad educativa, se instará al alumnado que participe en el programa de gratuidad de los libros de texto, así como a sus representantes legales, al cuidado y conservación del material puesto a su disposición.
 
Artículo 6. Elección de los libros de texto.
 
1. De acuerdo con el procedimiento establecido los centros docentes elegirán, en el caso de que consideren necesario para su alumnado la utilización de este material curricular, los libros de texto que estimen más adecuados para cada uno de los cursos de la enseñanza obligatoria.
 
2. Los libros de texto adoptados no podrán ser sustituidos por otros durante un período mínimo de cuatro años, contados a partir de la entrada en vigor del programa de gratuidad para el curso de que se trate o de la última sustitución realizada en el marco del citado programa.
 
Artículo 7. Dotación de libros nuevos a los centros.
 
1. La dotación de libros a los centros se realizará de acuerdo con el calendario de implantación progresiva del programa de gratuidad de libros de texto.
 
2. Antes del 15 de julio de cada año los centros grabarán en el sistema de gestión la relación de alumnos y alumnas inscritos en cada uno de los cursos de la enseñanza obligatoria en los que corresponda la dotación de libros de texto, así como la de aquellos que no desean ser incluidos en el programa de gratuidad.
 
3. En las Delegaciones Provinciales de las Consejerías de las Comunidades Autónomas en materia de educación, se realizará un seguimiento del proceso de grabación de los datos a que se refiere el apartado anterior, velando por el cumplimiento del plazo establecido. Asimismo, se prestará el oportuno apoyo técnico a los centros que, por cualquier circunstancia no imputable a los mismos, no pudieran disponer de acceso al programa de gestión.
 
4. Una vez finalizado el plazo a que se refiere el apartado y siempre antes del 20 de julio, las Delegaciones Provinciales comunicarán a la Secretaria autonómica correspondiente la finalización del proceso de grabación y las incidencias detectadas en el mismo.
 
5. Si, transcurrido el período mínimo de cuatro años necesario para realizar la sustitución de los libros de texto, el centro docente opta por la continuidad de los mismos, podrá renunciar a la sustitución y proceder a la reposición de acuerdo con lo recogido en el artículo siguiente.
 
Artículo 8. Reposición de los libros de texto.
 
1. Los libros de texto serán dados de baja cuando se cumpla el período de cuatro años establecido con carácter general para su utilización. Asimismo, podrán darse de baja con anterioridad a este plazo cuando su grado de deterioro no permita su utilización por otro alumnado en cursos sucesivos.
 
2. Los Consejos Escolares de los centros, de acuerdo con el procedimiento que los mismos establezcan, procederán, antes del 30 de junio de cada año, a la revisión de todos los libros de texto que no hayan cumplido el período de cuatro años de uso establecido con carácter general.
 
3. Una vez revisados, comunicarán a los representantes legales del alumnado que haya realizado un uso incorrecto de los mismos la obligación de reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada, así como el plazo para hacerlo que, en ningún caso, será inferior a diez días hábiles contados a partir de la recepción de dicha comunicación. Si, una vez transcurrido dicho plazo, los representantes legales del alumnado no hubiesen procedido a la reposición del material, el alumno o alumna podrá ser sancionado de acuerdo con lo que establezca el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro.
 
4. La Dirección del centro grabará, antes del 15 de julio de cada año, en el sistema de gestión las necesidades de reposición de libros de texto, así como los nuevos lotes que pudieran ser necesarios por incremento respecto del año académico anterior del alumnado inscrito en algún curso.
 
5. En el caso de que las necesidades de reposición de libros de texto superasen el 10% del total, la Dirección del centro elaborará un informe en el que justificará, de forma individualizada para cada libro, las causas por las que se requiere su reposición y por qué éstas no son imputables al alumnado del centro.
 
6. El informe a que se refiere el apartado anterior será remitido a la Delegación Provincial de la Consejería de la Comunidad Autónoma competente de la que dependa el centro, para su revisión. En caso de disconformidad la Administración educativa podrá exigir a los centros la entrega del material deteriorado para su examen y comprobación así como, en su caso, la modificación de los criterios utilizados para la determinación de las necesidades de reposición.
 
7. Una vez revisadas favorablemente las necesidades de reposición de libros de texto, las Delegaciones Provinciales lo comunicarán a la Secretaría autonómica correspondiente la cual comunicará a los centros la conformidad con el número de libros de texto que se resuelva reponer.
 
Artículo 9. Transferencia del importe de los libros de texto a los centros docentes.
 
1. El importe de los libros de texto se hará efectivo a los centros en los que esté escolarizado el alumnado.
 
2. La Consejería de Educación procederá a transferir a las cuentas autorizadas de gastos de funcionamiento de los centros docentes las cantidades que correspondan, procedentes del programa de Servicios de Apoyo a la Familia, las cuales se consideran afectadas al cumplimiento de esta finalidad, no pudiendo destinarse a otro concepto distinto de gasto. El importe se abonará en dos pagos: el 80% del total durante el mes de agosto de cada año y el 20% restante antes de la finalización del primer trimestre.
 
3. Los centros asumen el compromiso de gestionar la aplicación de los fondos, de acuerdo con su finalidad, responsabilizándose de comunicar las bajas definitivas y los traslados del alumnado beneficiario a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de la Comunidad Autónoma competente a la que pertenezcan los citados centros.
 
4. Los centros concertados tendrán, a los efectos de la presente Orden, la consideración de entidades colaboradoras en el programa de gratuidad de los libros de texto, correspondiéndoles las obligaciones que se recogen en los artículos 10, 11 y 12 de la presente Ley.
 
Artículo 10. Procedimiento para la adquisición de los libros de texto nuevos.
 
1. Para la adquisición de los libros de texto nuevos, se procederá de la siguiente forma:
 
a) Los Directores y Directoras de los centros docentes entregarán a los representantes legales del alumnado beneficiario, debidamente cumplimentados, los Cheque-Libros.
 
b) Estos Cheque-Libros serán canjeados por los libros de texto en la librería o establecimiento comercial de su elección, firmando el representante legal del alumno o de la alumna el "recibí" en la zona dispuesta para tal fin una vez recibidos los mismos, y quedándose la librería o establecimiento comercial el cheque-libros y la factura para su posterior reintegro.
 
c) Las librerías o establecimientos comerciales remitirán a los centros escolares las correspondientes facturas, que deberán contemplar todos los requisitos formales exigibles a las mismas, a nombre de la Consejería de la Comunidad Autónoma competente, figurando entre paréntesis el nombre del centro docente y el del alumno o alumna, acompañándolas de los respectivos Cheque-Libros debidamente cumplimentados y sellados. Si el número de cheque- libros en un establecimiento fuese superior a diez, se podrá presentar en el centro una única factura por el importe total, adjuntando una relación del alumnado que ha retirado los libros de texto y el importe que corresponde a cada uno.
 
d) Las facturas que presenten las librerías o establecimientos comerciales recogerán el precio efectivo a abonar por los libros de texto, incluyendo en su caso los descuentos que, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, pudieran realizarse sobre los mismos.
 
e) Las facturas y los cheque-libros a que se refiere el apartado anterior serán presentados con anterioridad al 30 de noviembre de cada año, y los centros procederán a su abono en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de su presentación o, si se presentan antes del 1 de octubre, un mes a contar desde esta última fecha.
 
Artículo 11. Procedimiento para la reposición de los libros de texto.
 
Para la adquisición de los libros de texto que deban reponerse por aumento de matrícula, o por deterioro o extravío antes de los cuatro años de utilización general de los mismos, se procederá de la siguiente forma:
 
a) Los Directores y Directoras de los centros docentes, una vez autorizada por la Secretaría Autonómica competente la reposición de los libros de texto y con anterioridad al comienzo del curso escolar, procederán a comprar los correspondientes libros de texto.
 
b) Las librerías o establecimientos comerciales remitirán a los centros escolares las correspondientes facturas a nombre de la Consejería de la Comunidad Autónoma competente figurando entre paréntesis la denominación del centro. Dichas facturas deberán contemplar todos los requisitos formales exigibles a las mismas.
 
c) Las facturas a que se refiere el apartado anterior serán presentadas con anterioridad al 30 de noviembre de cada año, y los centros procederán a su abono en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de su presentación o, si se presentan antes del 1 de octubre, un mes a contar desde esta última fecha.
 
Artículo 12. Justificación de las cantidades recibidas por parte de los centros docentes con alumnado beneficiario.
 
1. La actividad derivada de las actuaciones reguladas en la presente Orden figurará aparte en una contabilidad específica que refleje la misma, mediante un registro de ingresos y un registro de gastos.
 
2. La justificación de ingresos y gastos de dicha actividad se llevará a cabo en un plazo máximo de dos meses a partir de la finalización del curso correspondiente, mediante la aprobación por el Consejo Escolar de un informe específico del estado de cuentas del centro para la adquisición de libros de texto.
 
3. Los centros docentes devolverán los remanentes que pudieran producirse como consecuencia de la actividad desarrollada.
 
4. Los justificantes originales y demás documentación original de carácter económico del gasto realizado se custodiarán por los centros, quedando a disposición de las instituciones competentes.
 
Artículo 13. Incompatibilidad para percibir ayudas dirigidas a la misma finalidad.
 
1. La participación en el programa de gratuidad de libros de texto será incompatible con la percepción de ayudas para la misma finalidad que pudiera financiar cualquier otra Entidad Pública o privada. A tales efectos, la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad otorgadas por otras Administraciones o Entes Públicos o privados, nacionales, autonómicos o internacionales, deberá ser comunicada a la Administración educativa, de inmediato y por escrito.
 
2. No obstante lo anterior, este Programa de Gratuidad será compatible con las ayudas convocadas por el Ministerio de Educación y Ciencia para adquisición de libros de texto y material didáctico complementario, y para alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, para el curso académico correspondiente.
 
Artículo 14. Gestión y supervisión del programa de gratuidad en el Estado.
 
1. Para el seguimiento, valoración y evaluación del desarrollo del Programa de Gratuidad, se constituirá una Comisión Estatal de Seguimiento, presidida por el Secretario de Estado competente, o persona en quien delegue, y compuesta por:
 
- El Director General de Educación.
 
- La Directora General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental del Ministerio de Cultura.
 
- Un funcionario o funcionaria con rango de Jefe de Servicio de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación.
 
- Un funcionario o funcionaria con rango de Jefe de Servicio de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa del Ministerio de Cultura.
 
- Un funcionario o funcionaria con rango de Jefe de Servicio de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado del Ministerio de Cultura.
 
- Un funcionario o funcionaria con rango de Jefe de Servicio de la Dirección General de Planificación y Centros del Ministerio de Cultura.
 
- Un funcionario o funcionaria con rango de Jefe de Servicio de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura.
 
- Un inspector o inspectora de la Inspección Central del Ministerio de Cultura.
 
- Los Jefes y Jefas de Servicio de Ordenación Educativa de las Comunidades autónomas.
 
- Tres representantes de las Organizaciones de Editores y Libreros de España.

- Tres representantes de las Confederaciones de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la enseñanza pública.
 
- Un representante de las Confederaciones de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la enseñanza privada concertada.
 
- Tres Directores o Directoras de centros públicos, designados por el Director General de Participación y Solidaridad en la Educación.
 
- Un o una titular de un centro privado concertado, nombrado a propuesta de las organizaciones representativas de los mismos.
 
- Un funcionario o funcionaria de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación, que actuará como secretario o secretaria.
 
2. Con objeto de garantizar la participación paritaria de mujeres y hombres, se actuará conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007.
 
3. La Comisión Estatal de Seguimiento podrá funcionar en pleno o en Comisión Permanente.
 
4. El pleno se reunirá, previa convocatoria de su presidente, al menos una vez al año para informar sobre el desarrollo del programa de gratuidad en el curso que corresponda y cuantas veces lo requieran los asuntos de su competencia.
 
5. La Comisión Permanente tendrá la composición y atribuciones que determine el pleno, existiendo representación de todos los grupos presentes en la Comisión Estatal de Seguimiento, y se reunirá cuantas veces sean necesarias para realizar las funciones que le sean delegadas por el mismo en el ámbito de sus competencias.
 
6. En todo lo no previsto expresamente en esta Ley la Comisión Estatal de Seguimiento se regirá por las normas reguladoras de los órganos colegiados, establecidas en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
 
Artículo 15. Gestión y supervisión del programa de gratuidad en los centros.
 
En el seno del Consejo Escolar los centros docentes podrán constituir, para la gestión y supervisión del programa de gratuidad, una Comisión presidida por el Director o Directora o persona en quien delegue, en la que estén representados todos los sectores de la comunidad educativa.
 
Disposición Adicional Primera. Calendario de implantación progresiva del programa de gratuidad de los libros de texto.
 
La implantación del programa de gratuidad de libros de texto para la Educación Obligatoria estará concluida en el curso 2018/2019.
 
Disposición Adicional Segunda. Alumnado con necesidades educativas especiales.
 
1. Para el alumnado con necesidades educativas especiales, diagnosticado como tal, que esté cursando la enseñanza básica en centros sostenidos con fondos públicos de Educación Primaria o Educación Secundaria y que en lugar de libro de texto utilice un material curricular adaptado a sus necesidades individuales, se asignará la dotación anual que se determine para la adquisición de dicho material.
 
2. Los materiales curriculares adaptados utilizados por este alumnado podrán ser renovados todos los cursos, en caso de que no puedan ser utilizados en cursos sucesivos por otros alumnos y alumnas.
 
Disposición Adicional Tercera. Incorporación de alumnado a lo largo del curso.
 
Si a lo largo del curso escolar se produce la incorporación de alumnado a un centro docente que suponga la necesidad de adquisición de nuevos libros de texto, se abonará a los centros las cantidades que correspondan para la compra de los mismos. Los pagos se realizarán, previa solicitud del centro dirigida al titular de la Consejería competente en la Comunidades Autónomas. Junto con la solicitud, el centro acompañará la justificación del gasto y la documentación acreditativa de que el alumno o alumna ha formalizado la inscripción en el centro.
 
Disposición Adicional Cuarta. Elección de materiales curriculares de uso común.
 
1. En el supuesto de que un centro docente sostenido con fondos públicos opte por utilizar materiales curriculares de uso común en lugar de libros de texto en todas o algunas áreas o materias de algún curso de la enseñanza obligatoria, procederán de acuerdo con lo recogido en la presente Disposición Adicional.
 
2. A los efectos de lo recogido en esta disposición, se entiende por materiales curriculares de uso común aquellos materiales, en cualquier medio o soporte, de uso compartido por el alumnado y, en su caso, por el profesorado. Dichos materiales deberán perseguir la consecución de los objetivos pedagógicos previstos en el proyecto educativo, el proyecto curricular y la programación de ciclo o aula.
 
3. Los materiales curriculares serán renovados cada cuatro cursos escolares, siguiendo el mismo calendario de implantación que para el programa de gratuidad de libros de texto, sin perjuicio de la reposición del material deteriorado o inservible.
 
4. Los materiales curriculares correspondientes al primer ciclo de la Educación Primaria serán renovados todos los cursos si sus características impiden su utilización por otro alumnado en años académicos sucesivos.
 
5. Las condiciones de conservación y utilización de los materiales por parte del alumnado serán las recogidas en el artículo 4 de la presente Ley.
 
6. La dotación de materiales curriculares nuevos a los centros, así como la reposición de los mismos, se realizará en los mismos plazos y con el mismo procedimiento establecido para los libros de texto en los artículos 7 y 8 de la presente Ley.  Asimismo, la transferencia del importe de los materiales curriculares a los centros docentes se realizará tal como establece el artículo 9 de esta Ley.
 
7. Para la adquisición de los nuevos materiales curriculares, así como para la reposición de los mismos, los centros seguirán el procedimiento establecido en el artículo 11 de la presente Ley.
 
8. La justificación de las cantidades recibidas se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la presente Ley.
 
9. Los aspectos recogidos en los artículos 5, 13, 14 y 15 y en las disposiciones adicionales segunda y tercera de la presente Ley serán, asimismo, de aplicación en el supuesto regulado en la presente Disposición Adicional.
 
Disposición Adicional Quinta. Elección de materiales curriculares de elaboración propia.
 
En el caso de que un centro docente sostenido con fondos públicos opte por utilizar materiales de elaboración propia para el desarrollo del curriculum presentará su proyecto de trabajo de acuerdo con lo que a tales efectos determine la Consejería autonómica competente en materia de Educación.
 
Disposición Adicional Sexta. Centros específicos de Educación Especial.
 
El alumnado escolarizado en centros específicos de Educación Especial sostenidos con fondos públicos que esté cursando el período de formación básica de carácter obligatorio queda incluido en el ámbito de aplicación de la presente Ley.
 
Disposición Adicional Séptima. Centros privados concertados.
 
Los centros privados concertados adecuarán el contenido de la presente Ley a su organización y competencias de sus órganos de gobierno, en consideración a la legislación específica que los regula.
 
Disposición Final Primera. Información y asesoramiento a la comunidad educativa.
 
1. Con objeto de informar al alumnado que participe en el programa de gratuidad de libros de texto, se autoriza a aquellas librerías o establecimientos comerciales que colaboren con el Ministerio de Educación admitiendo la tramitación de los Cheque-Libros como forma de pago de los libros de texto, a exponer en lugar visible la aceptación de esta forma de pago incluyendo, al menos, el siguiente texto: "Aceptamos como forma de pago para la adquisición de libros de texto el Cheque-Libros emitido por el Ministerio de Educación.
 
2. Las Delegaciones Autonómicas de Educación atenderán cualquier consulta que pudiera plantearse en relación con las actuaciones a que se refiere la presente Ley, arbitrarán las medidas necesarias para difundir toda la información pertinente entre los centros docentes afectados e informarán y asesorarán a los centros educativos sobre las estrategias para la mejor gestión y supervisión de los libros de texto.
 
3. Los Directores o Directoras de los centros docentes dispondrán lo necesario para que los representantes legales del alumnado al que corresponda la utilización de libros de texto nuevos conozcan esta circunstancia y dispongan de los correspondientes cheque-libros.
 
4. Los Directores y Directoras de los centros docentes dispondrán lo necesario para que la presente Ley sea conocida por todos los sectores de la comunidad educativa del centro. Para ello, se entregará copia de la misma al Consejo Escolar, al Claustro de Profesores y Profesoras, a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas y, en su caso, a la Junta de Delegados y Delegadas de Alumnos y Alumnas y a las Asociaciones de Alumnos y Alumnas.
 
Disposición Final Segunda. Desarrollo de la presente Ley.
 
Se autoriza al Gobierno de España a desarrollar la presente Ley mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros. 
 
Disposición Final Tercera. Entrada en vigor.
 
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado
 
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Re: [XIV Legislatura] Composición de la Mesa del Senado

Mensaje por Zeo Borras el Miér 21 Feb 2018 - 20:17



La Presidencia de la Mesa del Congreso de los Diputados, envía la propuesta del Grupo Parlamentario de Compromis que fue aprobada por la cámara baja por mayoría.

Proposición  de Ley de Modificación de la Ley 27/2014, del Impuesto de Sociedades, para aumentar el tipo de gravamen de determinadas operaciones. 

Artículo único.

Se modifica el articulo 29 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, quedando establecido de la siguiente forma:
1. El tipo general de gravamen para los contribuyentes de este Impuesto será el 35 por ciento.

No obstante, las entidades de nueva creación que realicen actividades económicas tributarán, en el primer período impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el siguiente, al tipo del 20 por ciento, excepto si, de acuerdo con lo previsto en este artículo, deban tributar a un tipo inferior.

A estos efectos, no se entenderá iniciada una actividad económica:

a) Cuando la actividad económica hubiera sido realizada con carácter previo por otras personas o entidades vinculadas en el sentido del artículo 18 de esta Ley y transmitida, por cualquier título jurídico, a la entidad de nueva creación.

b) Cuando la actividad económica hubiera sido ejercida, durante el año anterior a la constitución de la entidad, por una persona física que ostente una participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad de nueva creación superior al 50 por ciento.

No tendrán la consideración de entidades de nueva creación aquellas que formen parte de un grupo en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.

El tipo de gravamen del 15 por ciento previsto en este apartado no resultará de aplicación a aquellas entidades que tengan la consideración de entidad patrimonial, en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 de esta Ley.

2. Tributarán al 25 por ciento las sociedades cooperativas fiscalmente protegidas, excepto por lo que se refiere a los resultados extracooperativos, que tributarán al tipo general.

Las cooperativas de crédito y cajas rurales tributarán al tipo general, excepto por lo que se refiere a los resultados extracooperativos, que tributarán al tipo del 35 por ciento.

3. Tributarán al cero por ciento las entidades a las que sea de aplicación el régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

4. Tributarán al tipo del 5 por ciento:

a) Las sociedades de inversión de capital variable reguladas por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, siempre que el número de
accionistas requerido sea, como mínimo, el previsto en su artículo 9.4.

b) Los fondos de inversión de carácter financiero previstos en la citada Ley, siempre que el número de partícipes requerido sea, como mínimo, el previsto en su artículo 5.4.

c) Las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de inversión inmobiliaria regulados en la citada Ley, distintos de los previstos en la letra d) siguiente, siempre que el número de accionistas o partícipes requerido sea, como mínimo, el previsto en los artículos 5.4 y 9.4 de dicha Ley y que, con el carácter de instituciones de inversión colectiva no financieras, tengan por objeto exclusivo la inversión en cualquier tipo de inmueble de naturaleza urbana para su arrendamiento.

La aplicación de los tipos de gravamen previstos en este apartado requerirá que los bienes inmuebles que integren el activo de las Instituciones de Inversión Colectiva a que se refiere el párrafo anterior no se enajenen hasta que no hayan transcurrido al menos 3 años desde su adquisición, salvo que, con carácter excepcional, medie la autorización expresa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La transmisión de dichos inmuebles antes del transcurso del período mínimo a que se refiere esta letra c) determinará que la renta derivada de dicha transmisión tributará al tipo general de gravamen del Impuesto. Además, la entidad estará obligada a ingresar, junto con la cuota del período impositivo correspondiente al período en el que se transmitió el bien, los importes resultantes de aplicar a las rentas correspondientes al inmueble en cada uno de los períodos impositivos anteriores en los que hubiera resultado de aplicación el régimen previsto en esta letra c), la diferencia entre el tipo general de gravamen vigente en cada período y el tipo del 1 por ciento, sin perjuicio de los intereses de demora, recargos y sanciones que, en su caso, resulten procedentes.

d) Las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de inversión inmobiliaria regulados en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva que, además de reunir los requisitos previstos en la letra c), desarrollen la actividad de promoción exclusivamente de viviendas para destinarlas a su arrendamiento y cumplan las siguientes condiciones:

1.ª Las inversiones en bienes inmuebles afectas a la actividad de promoción inmobiliaria no podrán superar el 20 por ciento del total del activo de la sociedad o fondo de inversión inmobiliaria.

2.ª La actividad de promoción inmobiliaria y la de arrendamiento deberán ser objeto de contabilización separada para cada inmueble adquirido o promovido, con el desglose que resulte necesario para conocer la renta correspondiente a cada vivienda, local o finca registral independiente en que éstos se dividan, sin perjuicio del cómputo de las inversiones en el total del activo a efectos del porcentaje previsto en la letra c).

3.ª Los inmuebles derivados de la actividad de promoción deberán permanecer arrendados u ofrecidos en arrendamiento por la sociedad o fondo de inversión inmobiliaria durante un período mínimo de 7 años. Este plazo se computará desde la fecha de terminación de la construcción. A estos efectos, la terminación de la construcción del inmueble se acreditará mediante el certificado final de obra a que se refiere el artículo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

La transmisión de dichos inmuebles antes del transcurso del período mínimo a que se
refiere esta letra d) o la letra c) anterior, según proceda, determinará que la renta derivada de dicha transmisión tributará al tipo general de gravamen del impuesto.

Además, la entidad estará obligada a ingresar, junto con la cuota del período impositivo correspondiente al período en el que se transmitió el bien, los importes resultantes de aplicar a las rentas correspondientes al inmueble en cada uno de los períodos impositivos anteriores en los que hubiera resultado de aplicación el régimen previsto en esta letra d) la diferencia entre el tipo general de gravamen vigente en cada período y el tipo del 1 por ciento, sin perjuicio de los intereses de demora, recargos y sanciones que, en su caso, resulten procedentes.

Las sociedades de inversión inmobiliaria o los fondos de inversión inmobiliaria que desarrollen la actividad de promoción de viviendas para su arrendamiento estarán obligadas a comunicar dicha circunstancia a la Administración tributaria en el período impositivo en que se inicie la citada actividad.

e) El fondo de regulación del mercado hipotecario, establecido en el artículo veinticinco de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario.

5. Tributarán al tipo del cinco por ciento los fondos de pensiones regulados en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.

6. Tributarán al tipo del 33 por ciento las entidades de crédito, así como las entidades que se dediquen a la exploración, investigación y explotación de yacimientos y almacenamientos subterráneos de hidrocarburos en los términos establecidos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

Las actividades relativas al refino y cualesquiera otras distintas de las de exploración, investigación, explotación, transporte, almacenamiento, depuración y venta de hidrocarburos extraídos, o de la actividad de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos propiedad de terceros, quedarán sometidas al tipo general de gravamen.

A las entidades que desarrollen exclusivamente la actividad de almacenamiento de hidrocarburos propiedad de terceros no les resultará aplicable el régimen especial establecido en el Capítulo IX del Título VII de esta Ley y tributarán al tipo del 30 por ciento.

7. Tributarán al tipo de gravamen especial que resulte de lo establecido en el artículo 43 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, las entidades de la Zona Especial Canaria, por la parte de base imponible correspondiente a las operaciones realizadas efectiva y materialmente en el ámbito geográfico de la Zona Especial Canaria.
 
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Re: [XIV Legislatura] Composición de la Mesa del Senado

Mensaje por Jesús Aguilar el Lun 9 Abr 2018 - 21:33



La Presidencia de la Mesa del Congreso de los Diputados, envía la propuesta del Gobierno De España que fue aprobada por la cámara baja por mayoría



PROYECTO DE LEY DE REBAJA DE LOS TIPOS DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES



Preámbulo

El revivir y la resurrección de un tejido empresarial fuerte, que conlleve la creación de riquezas y empleo, sólo pueden ser posibles dentro de un marco fiscal amigo del emprendimiento y de la libertad de empresa.
En este sentido, bajo esta Ley se recoge una nueva bajada del Impuesto de Sociedades a fin de proporcionar más beneficios para las empresas españolas. El tipo general del impuesto se reducirá del 35% al 32%, y el tipo reducido para las pequeñas y medianas empresas bajará del 15% al 13%. De este modo nos situaremos entre los países de nuestro entorno económico y comercial con una menor presión fiscal para las empresas, fomentando así su instalación en nuestro país.
TÍTULO ÚNICO. DE LA REBAJA DE LOS TIPOS DE GRAVAMEN

Artículo Único. Se modifica el artículo 28 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, quedando redactado de la forma que sigue:

1. El tipo de gravamen general para los sujetos pasivos de este impuesto será del 32%.
2. Para las sociedades mercantiles calificadas de Pequeñas y Medianas, conforme a los criterios del derecho de la Unión Europea, el tipo de gravamen será del 13%



Disposición Derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley.

Disposición Final.
La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2020.
La Ministra de Industria, Energía y Turismo,
ANA MARÍA PASTOR JULIÁN

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Re: [XIV Legislatura] Composición de la Mesa del Senado

Mensaje por Jesús Aguilar el Miér 18 Abr 2018 - 18:58


La Presidencia de la Mesa del Congreso de los Diputados, envía la propuesta del Gobierno De España que fue aprobada por la cámara baja por mayoría




Proposición De Ley Sobre La Restitución De La Mesa

PREÁMBULO

Tras la aprobación de la modificación del reglamento, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente proposición de ley para elegir una nueva mesa en el Congreso:

ARTÍCULO ÚNICO

Al aprobarse este proyecto de ley, la Mesa Del Congreso quedará vacante y se realizará una sesión constitutiva de esta.

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Re: [XIV Legislatura] Composición de la Mesa del Senado

Mensaje por Francisco Tejada el Mar 8 Mayo 2018 - 20:43



Acuerdo del Consejo de Ministros por el que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución, se tiene por no atendido el requerimiento planteado al M. H. Sr. Presidente de la Generalitat de Cataluña, para que la Generalitat de Cataluña proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés general y se proponen al Senado para su aprobación las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección del MENCIONADO interés general.

A.- El artículo 155 C.E, como garantía del cumplimiento de las obligaciones constitucionales por los entes territoriales en un Estado compuesto.

El artículo 155 se integra dentro de los mecanismos constitucionales que tienen por objeto garantizar el orden constitucional en el caso de incumplimiento de las obligaciones constitucionales por una Comunidad Autónoma o que atente gravemente contra el interés general.

Dicho artículo ha sido delimitado por el Tribunal Constitucional a lo largo de su jurisprudencia. Así, la STC 215/2014 ha afirmado que el artículo 155 "opera como medida de último recurso del Estado ante una situación de incumplimiento, manifiesto y contumaz, deliberado o negligente, de una determinada Comunidad Autónoma, que no ha adoptado, primero, por propia iniciativa, y luego, a instancia del Estado, las medidas oportunas para corregir la desviación en la que ha incurrido". A su vez, la STC 4/1981 califica al artículo 155 como uno de los preceptos constitucionales "consecuencia del principio de unidad y de supremacía del Interés de la Nación".

La STC 25/1981 considera al artículo 155 como un precepto revelador de que la defensa específica del "interés general del Estado" corresponde al Gobierno de la Nación y más aún actúa como garantía de "los derechos fundamentales por cuanto fundan un status jurídico-constitucional unitario para todos los españoles y son decisivos en igual medida para la configuración del orden democrático en el Estado central y en las Comunidades Autónomas, son elemento unificador, tanto más cuanto el cometido de asegurar esta unificación, según el artículo 155 de la Constitución, compete al Estado."

Asimismo, la STC 49/1988 lo califica como medio extraordinario de coerción no aplicable a supuestos normales y la STC 27/1987 lo sitúa como medio de "control excepcional de las Comunidades Autónomas por el Estado".

En el ámbito del Derecho comparado, es común la existencia de mecanismos constitucionales que aseguren en Estados compuestos la unidad del Estado y el respeto por parte de sus miembros del orden constitucional.

El artículo 155 de nuestra Constitución de 1978, inédito hasta entonces en nuestra historia constitucional -la Constitución de la II República carecía de tal instrumento-, tiene su reflejo en distintos mecanismos de coerción, intervención o ejecución en diferentes sistemas constitucionales de nuestro entorno.

Es reconocido que la redacción del artículo 155 tiene su origen en el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn. Asimismo, podemos mencionar los mecanismos previstos, entre otros, en el artículo 52 de la Constitución helvética, en el artículo 100 de la Constitución Austriaca, el artículo 126 de la Constitución Italiana, el artículo 238 de la Constitución Portuguesa o el artículo 4.4 de la Constitución de los Estados Unidos de América.

En este marco, el artículo 155 como norma de excepción permite al Estado adoptar medidas para restablecer el orden constitucional o para prevenir, en su caso, un grave daño al interés general, respetando, en todo momento, la existencia de la Comunidad Autónoma, sus instituciones y su Estatuto.

Conviene recordar que en nuestra historia constitucional fue activado el mecanismo del artículo 155 frente a una Comunidad Autónoma en el año 1989 por el incumplimiento de sus obligaciones en el ámbito fiscal y bastó el requerimiento para que dicha Administración cesara en su comportamiento sin necesidad, en consecuencia, de acudir al Senado para la adopción de medidas ulteriores.

Si se consideró una situación extraordinaria el incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de una Comunidad Autónoma, en la situación actual es palmario el incumplimiento de las obligaciones constitucionales por parte de la Comunidad Autónoma que, a su vez, pone en grave riesgo el interés general de la Nación.

B.- Cumplimiento de los presupuestos habilitantes para la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El artículo 155 configura un doble presupuesto de hecho posible para su aplicación: el que la Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, y que actuase de forma que atente gravemente al interés general de España. Ambos concurren en el presente caso.

El incumplimiento de los preceptos constitucionales o de la correspondiente ley que imponga obligaciones a la Comunidad Autónoma, y la afectación al interés general, debe ser efectivamente grave y así apreciarse por el Gobierno, a la vista de las circunstancias, a fin de invocar adecuadamente el artículo 155.

En efecto, el ejercicio por el Gobierno de la Nación en nombre del Estado de las facultades previstas en dicho precepto tiene su origen en el incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por sus máximas instituciones gubernamentales y parlamentarias, de sus obligaciones constitucionales, a través de la puesta en marcha de un proceso de secesión de dicha Comunidad Autónoma del Estado español, con desobediencia rebelde, sistemática y consciente de los reiterados pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional, afectando de manera grave al interés general de España.

Dicho incumplimiento por parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña contraviene, como ha afirmado reiteradamente el Tribunal Constitucional, de manera palmaria la Constitución española, que en su artículo 1.2 consagra la soberanía nacional del pueblo español, y en su artículo 2 garantiza la indisoluble unidad de la Nación española, impidiendo cualquier modificación de dichos preceptos fuera del procedimiento previsto en su artículo 168.

El Tribunal Constitucional desde el año 2014 ha venido anulando, a través de un gran número de sentencias y autos, el llamado proceso secesionista, y requiriendo de forma continuada a las instituciones catalanas para que actuaran en el respeto al marco constitucional y estatutario.

En dicha jurisprudencia reiterada, el Tribunal Constitucional ha constatado la voluntad de ruptura del marco constitucional en la distribución territorial del poder político, al pretender situarse a la Comunidad Autónoma de Cataluña como un ente soberano y, por tanto, no sometido en su toma de decisiones a la Constitución española de 1978 y a su Estatuto de Autonomía. Una manifiesta negación de todo el orden constitucional en su conjunto por cuanto intenta ni más ni menos que quebrar los principios constitucionales de unidad y respeto a la ley, romper el modelo autonómico español, así como menoscabar la soberanía nacional que reside en el conjunto del pueblo español.

Todo ello ha producido una grave afección al modelo de convivencia constitucional, a los derechos del conjunto de los españoles, titulares de la soberanía nacional, y ha generado daños ya constatables por la inestabilidad política generada que menoscaban el bienestar económico y social del conjunto de los catalanes.

Estos hechos están afectando a la evolución económica en Cataluña y contrastan con el dinamismo económico que venía mostrando hasta ahora.

C.- Requerimiento previo.

Ante tal situación el Gobierno de la Nación procedió a activar el artículo 155 de la Constitución española, al efectuar el requerimiento previo que tal norma recoge.

Tal requerimiento se formuló por Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de octubre de 2017, en los siguientes términos:

"A.- Requerir al M. H. Sr. Presidente de la Generalitat de Cataluña, en su condición de más alto representante de la Generalitat y de representante ordinario del Estado en Cataluña, al amparo del artículo 155 de la Constitución española, a fin de que:

1.- El Presidente de Generalitat confirme si alguna autoridad de la Generalitat de Cataluña ha declarado la independencia de Cataluña y/o si en su declaración del 10 de octubre de 2017 ante el pleno del Parlamento implica la declaración de independencia al margen de que esta se encuentre o no en vigor.

2.- Comunique de forma fehaciente al Gobierno de la Nación su respuesta afirmativa o negativa antes de las 10:00 horas del próximo 16 de octubre.

B- En el caso que la respuesta sea afirmativa y a estos efectos la ausencia de contestación y/o cualquier contestación distinta a una simple respuesta afirmativa o negativa se considerará confirmación, se le requiere, de acuerdo con el artículo 155 de la Constitución, a fin de que:

1. Por el Presidente y el Gobierno de Generalitat de Cataluña se revoque y ordene la revocación de dicha declaración de independencia a fin de restaurar el orden constitucional y estatutario, ordenando el cese de cualquier actuación dirigida a la promoción, avance o culminación del denominado proceso constituyente, tendente a la declaración y configuración de Cataluña como Estado independiente del resto de España, con cumplimiento íntegro de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.

2. Comunique el presente requerimiento a la Sra. Presidenta y a la Mesa del Parlamento de Cataluña, requiriéndoles igualmente la restauración del orden constitucional y estatutario, en los mismos términos realizados al presidente y al gobierno de Cataluña.

3.- Comunique de forma fehaciente al Gobierno de la Nación, el cumplimiento íntegro de este requerimiento tanto del Gobierno de la Generalitat como del Parlamento de Cataluña antes de las 10:00 horas del próximo 19 de octubre.

C.- Poner en conocimiento del Sr. Presidente de la Generalitat de Cataluña, en su condición de más alto representante de la Generalitat y de representante ordinario del Estado en Cataluña, que, en caso de no atenderse el presente requerimiento, el Gobierno de la Nación, en cumplimiento de sus funciones atribuidas por la Constitución, propondrá al Senado la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento por parte de la Comunidad Autónoma de sus obligaciones constitucionales y para la protección del interés general, al amparo de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución española para restaurar el orden constitucional y estatutario vulnerado."

En las cartas dirigidas por el Presidente de la Generalitat de Cataluña con fecha 9 de septiembre obviando la contestación al requerimiento formulado por el Presidente del Gobierno de la Nación con fecha también, de 9 de septiembre, no se da una respuesta afirmativa o negativa en relación con la pregunta formulada en éste, ya que se cambia el nombre de referéndum por "consulta popular" pero siguen en el deseo de una votación por la independencia, siendo así que en el propio requerimiento se advertía que cualquier contestación distinta a la afirmación o a la negación se consideraría confirmación de la pregunta.

Por todo lo expuesto, se constata que no ha sido atendido el requerimiento formulado el pasado 9 de septiembre, reiterando el incumplimiento frontal de las obligaciones constitucionales y estatutarias por la Comunidad Autónoma de Cataluña, con grave riesgo al interés general.

D.- Objetivo y necesidad de las medidas del artículo 155.

Los precedentes hasta ahora detallados ponen de manifiesto las reiteradas desatenciones al orden constitucional y la contumacia mostrada por los impulsores del denominado "proceso soberanista", desde las distintas instituciones en las que tienen algún tipo de poder o influencia, ignorando e incluso contraviniendo abiertamente el marco legislativo y las reglas democráticas sobre los que se sustenta nuestro Estado de Derecho.

Dicha actitud, además de intolerable, no resulta ni mucho menos inocua. La deriva independentista y su expresión en planteamientos ilegales, están afectando gravemente a la vida política, económica y social en Cataluña. Así, en los últimos tiempos, se está evidenciando un profundo deterioro de las bases de la convivencia, del bienestar social y del crecimiento económico en la Comunidad Autónoma, y se están poniendo en serio riesgo los fundamentos del progreso del conjunto de la sociedad catalana, generando un creciente desconcierto y una aquilatada desconfianza, entre los ciudadanos y hacia las instituciones.

Se constata, así, que los gobernantes de Cataluña no han respetado, ni la legalidad sobre la que se asistenta nuestra democracia, ni el interés general al que nuestras leyes responden.

Una situación improrrogable, por las causas que la motivan y las consecuencias que provoca, que es preciso atajar mediante la activación de las facultades que el artículo 155 de la Constitución otorga al Gobierno de la Nación, en cuanto precepto que persigue y preserva -precisamente- estos fines.

Por este motivo, las medidas propuestas en el marco de este procedimiento se plantean de forma garantista, persiguiendo en todo caso asegurar derechos y no restringir libertades, y respondiendo en todo caso a cuatro grandes objetivos: restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico, y asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes.

En primer lugar, es objetivo de las medidas propuestas restaurar la legalidad constitucional y estatutaria en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Es éste un cometido irrenunciable desde la constatación de que las autoridades autonómicas han ignorado la legalidad vigente, tanto cuando han contravenido abiertamente sus disposiciones, como cuando han intentado alterar sus principios y literalidad, de forma improcedente, fuera de los mecanismos previstos para ello.

No solo se han obviado las bases legales de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, para plantear un proceso soberanista al margen de la legalidad y en contra de la soberanía nacional, sino que se ha tratado de suplantar el marco constitucional y estatutario del autogobierno de Cataluña, en apenas unas horas, sin apenas debate parlamentario, sin tiempo para enmendar, sin atender a informes jurídicos, sin mayorías cualificadas y sin ningún tipo de pudor democrático. Han actuado sin reconocer el sometimiento a Ley alguna y, con ello, han invalidado su legitimidad como instituciones de autogobierno.

Por este motivo, resulta imprescindible asegurar el respeto a la Ley y al ordenamiento constitucional, desde los derechos que ampara y hasta las obligaciones que establece, comenzando por su propio cumplimiento. Cumplir la Ley es y ha de ser una obligación que vincula especialmente a los responsables y representantes públicos, porque es condición indispensable para el ejercicio de sus funciones, para la integridad de las instituciones que representan y para la confianza de los ciudadanos a los que sirven.

Es preciso, así, garantizar el funcionamiento del autogobierno en el marco de los principios y normas a los que debe responder, fijados en la Constitución española y en el Estatuto de Cataluña, como elementos fundacionales de la propia autonomía catalana. Preservar ese autogobierno, es proteger la autonomía.

En segundo lugar, es objetivo de estas medidas asegurar la neutralidad institucional, de forma que el interés general de los catalanes sea, en todo caso, el principio rector de sus responsables públicos por encima de los intereses políticos. Ese interés general, en el que confluyen los grandes acuerdos sociales sobre el bien común, debe ser el elemento inspirador de las políticas públicas, más allá de los diferentes posicionamientos políticos.

Sin embargo, el Gobierno de la Generalitat ha obviado el interés general de los catalanes en favor del ideario independentista de una parte de ellos. Estos anhelos soberanistas, sin entrar a cuestionar su legitimidad en un sistema democrático que ampara el pluralismo político, no pueden ser presentados como una demanda unánime del conjunto de los ciudadanos catalanes, no pueden traducirse en un discurso único de imposición de un referéndum de independencia.

La Generalitat de Cataluña, y el conjunto de instituciones que componen el autogobierno, deben responder -siempre y en todo caso- al bienestar de los ciudadanos y actuar -siempre y en todo caso- en favor de todos ellos y no en respuesta a solo una parte. Las instituciones, como reflejo de la sociedad, deben respetar la diversidad que tanto la enriquece. Y los ciudadanos catalanes tienen, como el conjunto de los españoles, el derecho a confiar en sus instituciones.

Es preciso, por tanto, asegurar que las instituciones de autogobierno, actúan con normalidad y neutralidad, atendiendo al conjunto de los catalanes, a quienes se deben. Sin intentar colocar las ideas de unos por encima de los derechos de todos y al margen del ordenamiento constitucional.

En tercer lugar, responder de forma debida al interés general de todos los catalanes implica que sea objetivo irrenunciable de estas medidas garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y de la recuperación económica.

Es un objetivo indispensable y un requisito imprescindible teniendo en cuenta que los planteamientos del denominado "proceso soberanista" han relegado a un papel marginal las necesidades más básicas de los ciudadanos catalanes, convirtiendo en la prioridad de la agenda política los requisitos del proceso y no las necesidades de los servicios públicos.

Junto con ello, las incertidumbres generadas por las aspiraciones soberanistas, han generado una amplia desconfianza, no solo en la propia sociedad, sino también en los agentes económicos, provocando el traslado de sedes sociales y fiscales de las empresas, desincentivando inversiones y desmotivando el turismo, uno de los principales factores de crecimiento en Cataluña.

Ello, sin entrar en que la pretendida independencia, generaría una serie de efectos económicos de impacto y magnitudes gravísimas, para los intereses de Cataluña y para el interés general de España.

Desde el punto de vista comercial, las pretensiones independentistas obvian que supondrían de iure el abandono de la Unión Europea y la salida de la Organización Mundial del Comercio, pasando a ser un país tercero a efectos de las relaciones comerciales al que se le aplicarían los derechos autónomos del Arancel Exterior Común, además de controles aduaneros en frontera. Todo ello supondría una gran pérdida en términos de competitividad, crecimiento y empleo para una economía en la que el comercio exterior supone el 70% del PIB.

Desde el punto de vista financiero, se obvia asimismo que la salida inmediata de Cataluña de la Unión Económica y Monetaria, implicaría la ausencia de representación en los órganos de gobierno de todas sus instituciones, de su amparo y sus beneficios, y en concreto de las facilidades del Banco Central Europeo. Este hecho llevaría a que, como ya está sucediendo en la actualidad, las entidades de crédito se reubicasen fuera de Cataluña. La salida de capitales junto al empeoramiento del saldo de la balanza comercial en Cataluña, resultaría en un flujo de salida de euros hacia el resto de España y del mundo que impediría la utilización de facto del euro como moneda en Cataluña. Incluso la creación de una moneda y un Banco central propios resultaría inviable, por el elevado nivel de déficit público. Se harían irremediables la expansión monetaria, la inflación desproporcionada y la contracción del crédito, con los consiguientes efectos sobre el consumo y la inversión.

Desde el punto de vista de la financiación pública, las tensiones presupuestarias serían evidentes. Por el lado de los ingresos, la capacidad recaudatoria sería muy limitada, en lo funcional y en lo efectivo, por la erosión de las bases imponibles en un contexto de contracción económica, el previsible desplazamiento de personas y domicilios sociales, y la falta de transferencias de España y de la Unión Europea. Sin embargo los gastos se verían incrementados, al tener que asumir los hasta ahora sufragados por el Estado español, lo que obligaría a emitir deuda pública en los mercados, hecho que sería cada vez más gravoso en un contexto de recesión en el que, además del sector público, el sector financiero estaría simultáneamente demandando financiación.

Por todo ello, la pretendida independencia de Cataluña implicaría aislar una economía que hoy está plenamente integrada en España, en la UE y en el mundo. Supondría su aislamiento de los flujos financieros, de capitales y comerciales. Esto llevaría a un empobrecimiento de la economía de Cataluña de entre el 25% y el 30%, resultando una coyuntura económica insostenible. Esta situación no es en absoluto deseada respecto a un territorio y una sociedad que forman parte de España y que el Estado tiene el deber de proteger.

En cuarto lugar, el último de los objetivos que justifica y fundamenta las medidas propuestas en el marco de este procedimiento, es preservar los derechos de todos los catalanes. Los derechos que las leyes les otorgan y que las instituciones deben hacer efectivos.

Porque, cuando las instituciones incumplen y justifican el incumplimiento de la Ley, vienen a arrogarse la capacidad de actuar fuera de cualquier norma y de ejercer, por ende, un poder sin control y sin límite. Una situación en la que los derechos y libertades de los ciudadanos quedan desprovistos de cualquier garantía y sometidos a la voluntad y, más aún, la arbitrariedad de sus gobernantes. Un planteamiento absolutamente incompatible con las bases del sistema democrático que ampara la voluntad del conjunto de los ciudadanos españoles y catalanes desde hace cuarenta años.

Es por ello que resulta esencial garantizar íntegramente esos derechos y proteger, especialmente, la libertad, la seguridad y la pluralidad que son consustanciales a un Estado de Derecho y a una democracia avanzada, y a los principios y fundamentos que la Constitución recoge y que, con este procedimiento, se quieren preservar.

Entrando ya en el análisis de las medidas propuestas en aplicación del artículo 155, todas ellas son congruentes con la gravedad de las actuaciones de las instituciones de la Generalitat de Cataluña, conducentes a poner en marcha un proceso de secesión, a pesar de las sentencias y autos contrarios del Tribunal Constitucional en un marco de política general de desobediencia a la resolución de los Tribunales. Un proceso en el que la Generalitat niega expresamente el derecho, se coloca por encima de las leyes estatales y desconoce las resoluciones de los tribunales.

La magnitud del incumplimiento determina que, en este caso, no baste con la impartición de instrucciones a las autoridades autonómicas (las mismas que han quebrado el orden constitucional), ni tan siquiera con la asunción puntual de competencias en algunos de los actos que ordinariamente debe realizar o en algunas de sus funciones.

Se hace imprescindible la sustitución en el ejercicio de las funciones de esos órganos por el tiempo necesario y preciso para reponer la legalidad constitucional y estatutaria vulnerada.

Las medidas que recoge este acuerdo son las absolutamente necesarias y proporcionadas al fin para el que se adoptan y tendrán la duración temporal que se entiende necesaria para reponer el marco constitucional y estatutario vulnerado, asegurando la neutralidad de la administración autonómica en garantía del pluralismo político, puesto que de ningún modo tienen por objetivo suspender la autonomía de Cataluña, sino precisamente salvaguardar y restaurar la aplicación de su Estatuto de Autonomía como parte del orden constitucional; sin perjuicio de la eventual adaptación de dichas medidas, en caso necesario, a las nuevas circunstancias que se aprecien a lo largo del ámbito temporal de su aplicación.

Las medidas cuya autorización se solicita tienen como destinatarios tanto el Gobierno y la Administración de la Generalitat, como el Parlamento de Cataluña. Han sido ambas Instituciones las que a lo largo de este tiempo han incumplido el orden constitucional de manera reiterada y progresiva, haciendo caso omiso a los distintos pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional. En todo caso, suponen la asunción de las competencias previstas en el Estatuto de Autonomía por el Gobierno de la Nación, sin suspensión en ningún caso de la autonomía y siempre con carácter provisional.

Respecto del Gobierno y la Administración de la Generalitat de Cataluña, las medidas cuya autorización se solicita son las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento del orden constitucional y su aplicación se realizará en forma proporcionada a las circunstancias. Se justifica su extensión a todas las áreas de actuación administrativa, en la medida en que la denominada Ley 20/2017, de transitoriedad jurídica y fundacional de la república aprobada por el Parlamento de Cataluña, afecta en su redacción a todas las áreas competenciales del Estado, con la ilegítima pretensión de asumir la totalidad de las competencias estatales y promover la creación de estructuras de Estado.

Promoviéndose el cese del Presidente de la Generalitat de Cataluña, se prevé que la facultad de convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas corresponda al Presidente del Gobierno de la Nación, a quien se limita el plazo temporal para el ejercicio de esta facultad al plazo previsto en el presente Acuerdo. Se persigue de este modo, que trascurrido el plazo que permita la recuperación del marco constitucional y estatutario y preservando el autogobierno autonómico, vuelva a ser el mismo ejercido por quienes sean elegidos por los ciudadanos de Cataluña, sus legítimos representantes autonómicos, tras unas elecciones de este carácter.

Las medidas respecto del Parlamento de Cataluña conllevan la necesidad del sometimiento a autorización de determinadas actuaciones que le son propias hasta que se haya logrado el legítimo fin de restaurar el orden constitucional vulnerado por aquél, en abierto desafío a la Constitución y al propio Estatuto de Autonomía a los que debe respeto y obediencia.

Además, las medidas se aplicarán de forma gradual, atendiendo de forma proporcionada y progresiva a las necesidades que en cada momento requiera el restablecimiento del orden constitucional.

Es por ello que las medidas cuya autorización se solicita se antojan imprescindibles, no sólo para mantener la cohesión interna del Estado Español, sino para preservar de igual modo la posición de España en el exterior, tanto en la Unión Europea, el Consejo de Europa y la Naciones Unidas. Resulta a todas luces evidente que las decisiones adoptadas por las máximas instituciones de Cataluña perjudican a todo el Estado Español, tanto en su vertiente jurídico-constitucional como en su prestigio como Estado que actúa en el ámbito internacional, amén de por su condición de socio de la Unión Europea y miembro del Consejo de Europa, al afectar al desarrollo económico y social del bienestar de todos los españoles, incluidos los ciudadanos de Cataluña, así como a la solvencia financiera y económica de España en el exterior. Por tanto, de no adoptar las medidas necesarias para impedir que el Parlamento de Cataluña materialice su hoja de ruta secesionista, apoyado por el Gobierno de la Generalitat, se podría causar un perjuicio gravísimo a la superación de la crisis económica padecida por España y, como consecuencia, agravar el enorme problema social del desempleo, afectando en última instancia a la seguridad jurídica que precisan tanto las inversiones nacionales como, señaladamente, las inversiones extranjeras.

Por último, las medidas permiten su adaptación a las circunstancias cambiantes por cuanto se prevé la posibilidad de que el Senado pueda conocer de modificaciones y actualizaciones caso de ser precisas nuevas medidas para garantizar el orden constitucional o sensu contrario de dejarlas sin efecto antes de su finalización si dejan de ser imprescindible para los fines perseguidos.

Por todo lo expuesto, el objeto del presente Acuerdo es doble:

a) Tener por no atendido el requerimiento deducido en aplicación del artículo 155 de la Constitución al Sr. Presidente de la Generalitat.

b) Tener por cumplidos los requisitos que justifican la puesta en marcha del mecanismo previsto en el artículo 155 de la Constitución española, y en consecuencia solicitar al Senado la autorización al Gobierno de la Nación para la adopción de las medidas necesarias para garantizar que se proceda por las Instituciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña al cumplimiento de sus obligaciones legales y constitucionales y para la protección del interés general, incorporando al efecto una propuesta de medidas a adoptar a tal efecto.

En su virtud, a propuesta del presidente del Gobierno, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 21 de octubre de 2017.

ACUERDA

1.- Tener por no atendido el requerimiento dirigido por el Gobierno de la Nación al M. H. Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

2.- Solicitar del Senado, al amparo de la facultad prevista en el artículo 155 de la Constitución española, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento del Senado, y con el fin de proteger el interés general de la Nación española, la autorización al Gobierno de la Nación para la adopción de las siguientes medidas:

A. MEDIDAS DIRIGIDAS AL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA, AL VICEPRESIDENTE Y AL CONSEJO DE GOBIERNO.

Se autoriza al Gobierno de la Nación a proceder al cese del Presidente de la Generalitat de Cataluña, del Vicepresidente y de los Consejeros que integran el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

El cese implicará la sustitución en el ejercicio de todas las funciones que estatutaria, legal y normativamente les son propias como Presidente, Vicepresidente y miembros del Consejo de Gobierno y como titulares de sus respectivos Departamentos o Consejerías.

El ejercicio de dichas funciones corresponderá a los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la Nación.

Sin perjuicio de lo anterior, y singularmente, la competencia del Presidente de la Generalitat de Cataluña para decretar la disolución anticipada del Parlamento de Cataluña o el fin de la legislatura y para la convocatoria de elecciones autonómicas, prevista en el artículo 10.c) de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno, corresponderá al Presidente del Gobierno de la Nación.

En todo caso, esta última competencia deberá ejercitarse en el plazo máximo de 6 meses desde la aprobación por el Senado de las presentes medidas.

B. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT.

La Administración de la Generalitat de Cataluña, de acuerdo con el artículo 71 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, continúa funcionando como la organización administrativa ordinaria que ejerce las funciones ejecutivas que el Estatuto y su normativa reguladora atribuyen a la Generalitat de Cataluña.

A todos los efectos y medidas previstos en este Acuerdo se entiende también por Administración de la Generalitat de Cataluña cualesquiera organismos, entes y entidades vinculadas o dependientes de la misma, así como el sector público empresarial a que se refiere el artículo 216 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Acordado el cese del Presidente, del Vicepresidente y de los Consejeros de Gobierno, la Administración de la Generalitat de Cataluña actuará bajo las directrices de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación en sustitución de aquéllos.

A tal efecto, y atendiendo proporcionada y progresivamente a las necesidades que requiera el normal funcionamiento de las distintas áreas de actividad de la Administración de la Generalitat de Cataluña, dichos órganos o autoridades podrán:

- dictar y adoptar las disposiciones, actos, resoluciones, instrucciones u órdenes de servicio que sean necesarias para el ejercicio de las competencias y funciones asumidas. Todos ellos serán de obligado cumplimiento para el personal de la Administración de la Generalitat de Cataluña, sean funcionarios públicos o empleados sujetos al régimen laboral, dependientes de la misma o de su sector público.

- someter a un régimen de comunicación o autorización previa de las actuaciones de la Administración de la Generalitat, siendo nulos los actos, actuaciones y resoluciones que se adopten sin este requisito. Cuando dichos actos, actuaciones y resoluciones se sometan a un régimen de comunicación previa, los órganos o autoridades designados por el Gobierno de la Nación podrán oponerse, con carácter vinculante, a su resolución.

- acordar el nombramiento, el cese, o la sustitución temporal con asunción de las funciones correspondientes, de cualesquiera autoridades, cargos públicos y personal de la Administración de la Generalitat de Cataluña -conforme al régimen jurídico que le sea aplicable-, así como los de cualesquiera organismos, entes y entidades vinculadas o dependientes de la misma, y de su sector público empresarial.

- en el caso de que el incumplimiento de las disposiciones, actos, resoluciones, instrucciones u órdenes de servicio dictadas por los órganos o autoridades designadas por el Gobierno de la Nación, pudiera ser constitutivo de responsabilidad disciplinaria, se podrá proceder a su exigencia, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica que resulte de aplicación, sin perjuicio de las responsabilidades patrimoniales, contables, penales, o de otro orden a que pudieran dar lugar.

Se habilita al Gobierno de la Nación, por sí mismo o a través de sus propios órganos colegiados delegados con competencias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria, o a aquellos otros órganos o autoridades creados o designados al efecto, a ejercer las facultades contenidas en este apartado.

C. MEDIDAS SINGULARES SOBRE DETERMINADOS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.

Además de las medidas generales anteriormente señaladas, que son de aplicación a todas las áreas de actividad de la Administración de la Generalitat de Cataluña, se autoriza a los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación a adoptar adicionalmente medidas singulares sobre las siguientes áreas:

C.1. Seguridad y orden públicos.

Acordado el cese del Presidente de la Generalitat de Cataluña y del Consejero titular del Departamento de Interior en el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 164 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y en su caso, de las autoridades dependientes, el ejercicio de dichas funciones corresponderá a los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación, que podrán dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento a los miembros de la Policía de la Generalitat de Cataluña - Mossos d´Esquadra.

Los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación podrán acordar el despliegue de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña, coordinando la actuación de la Policía de la Generalitat de Cataluña - Mossos d´Esquadra.

Los miembros del Cuerpo de Policía de la Generalitat de Cataluña - Mossos d'Esquadra formarán parte de un Grupo Conjunto de Actuación Policial (GCAP), junto a Guardia Civil y Policía Nacional, donde se podrán a sus disposición.

En el caso de que el incumplimiento de las disposiciones, actos, resoluciones, instrucciones u órdenes de servicio dictadas por los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación, pudiera ser constitutivo de responsabilidad disciplinaria, se podrá proceder a su exigencia, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica especial que resulte de aplicación, sin perjuicio de las responsabilidades patrimoniales, contables, penales, o de otro orden a que pudieran dar lugar.

C.2. Área de gestión económica, financiera, tributaria y presupuestaria.

Se habilita al Gobierno de la Nación, por sí mismo o a través de los órganos previstos en el apartado "Medidas dirigidas a la Administración de la Generalitat" a ejercer las competencias necesarias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria, para que en beneficio del interés general, se garantice la prestación de los servicios públicos esenciales, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Se destaca que, en especial, se adoptarán las medidas necesarias que permitan:

1. Garantizar que la totalidad de los fondos que por cualquier concepto corresponda transferir del Estado a la Comunidad Autónoma, a sus organismos, entes y entidades vinculadas o dependientes de la misma y de su sector público empresarial, no se destinen a actividades o fines vinculados o relacionados con el proceso secesionista que motiva el presente Acuerdo o que contravengan las medidas contenidas en el mismo.

2. Garantizar que los ingresos que corresponde recaudar o recibir por cualquier título a la Comunidad Autónoma, a sus organismos entes y entidades vinculadas o dependientes de la misma y a su sector público empresarial, no se destinen a actividades o fines vinculados o relacionados con el proceso secesionista que motiva el presente Acuerdo o que contravengan las medidas contenidas en el mismo.

C.3. Área de telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas y audiovisuales.

Corresponderá a los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la Nación:

- el ejercicio de las funciones de la Generalitat de Cataluña relativas a las telecomunicaciones y a los servicios digitales.

- el ejercicio de las funciones de la Generalitat de Cataluña relativas a las tecnologías de la información, y en particular, las funciones de gobierno y administración del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y del Centro de la Seguridad de la Información de Cataluña.

Asimismo, en el ámbito del servicio público autonómico de comunicación audiovisual, el ejercicio conforme a este Acuerdo de las facultades de la Generalitat garantizará la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial; así como el conocimiento y respeto de los valores y principios contenidos en la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, tal y como establece el artículo 26 de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña.

D. MEDIDAS DIRIGIDAS AL PARLAMENTO DE CATALUÑA.

El Parlamento de Cataluña ejercerá la función representativa que tiene encomendada y, para garantizar que lo haga con pleno respeto a la Constitución y el Estatuto de Autonomía, se proponen las medidas que a continuación se detallan.

D.1. Mientras se mantenga la vigencia de las presentes medidas y hasta la constitución del nuevo Parlamento de Cataluña surgido de las elecciones que se celebren de acuerdo con lo establecido en el apartado "Medidas dirigidas al presidente de la Generalitat de Cataluña, al Vicepresidente y al Consejo de Gobierno", el presidente del Parlamento de Cataluña no puede proponer candidato a la presidencia de la Generalitat, ni el Parlamento celebrar debate y votación de investidura.

D.2. No serán de aplicación las funciones de control y las figuras reguladas en los artículos 66 y 67, en los apartados segundo y tercero de la sección primera, en la sección cuarta, en la sección quinta y en la sección séptima del Capítulo III del Título IV del Reglamento del Parlamento de Cataluña, respecto de las autoridades designadas para el desarrollo y ejecución de las medidas aprobadas por el Senado. Las facultades de seguimiento y control sobre las mismas corresponderán exclusivamente al órgano que designe a tal efecto el Senado.

D.3. Las propuestas de resolución del Parlamento para impulsar la acción política y de gobierno y declaraciones institucionales, presentadas al amparo de lo dispuesto en la sección sexta del Capítulo III del Título IV del Reglamento de la Cámara, no podrán dirigirse a las autoridades designadas para el desarrollo y ejecución de las presentes medidas y deberán, en cualquier caso, ser conformes con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las resoluciones del Tribunal Constitucional, así como al presupuesto, objeto y finalidad de las presentes medidas, careciendo de cualquier validez y efecto en otro caso.

D.4. El Parlamento de Cataluña seguirá ejerciendo su potestad legislativa y de organización propia, si bien no podrá tramitar iniciativas que resulten contrarias a las presentes medidas, ni a su presupuesto, objeto y finalidad.

Para garantizar que no se produce dicha discrepancia, una vez presentadas proposiciones de ley, propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, propuestas de reforma del Reglamento del Parlamento de Cataluña, enmiendas a las iniciativas legislativas y propuestas de resoluciones de carácter general o disposiciones normativas sin fuerza de ley, la Mesa del Parlamento ordenará su remisión a la autoridad que se designe a tal efecto por el Gobierno de la Nación, para que ésta manifieste, en el plazo de 30 días, su conformidad o no a la tramitación si incluyera disposiciones que resulten contrarias a las presentes medidas, ni a su presupuesto, objeto y finalidad.

No podrán someterse a debate y votación las iniciativas y enmiendas a las que se alude en este punto mientras que la autoridad que se designe a tal efecto no haya expresamente otorgado su conformidad o, en su defecto, no hayan transcurridos los 30 días desde su comunicación. Denegada expresamente la conformidad por parte de la autoridad designada por el Gobierno de la Nación, quedarán suspendidos todos los trámites parlamentarios subsiguientes.

E. MEDIDAS DE CARÁCTER TRANSVERSAL.

Con el fin de garantizar la eficacia y eficiencia de las medidas generales y singulares previstas en el presente Acuerdo, se aprueban adicionalmente las siguientes medidas complementarias de carácter transversal:

E.1. Normativa estatal y autonómica de aplicación.

El ejercicio de las competencias, facultades y funciones que, en virtud de lo autorizado en este Acuerdo, se atribuya a los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación, se ajustará a la normativa vigente, estatal o autonómica, que en cada caso resulte de aplicación.

El ejercicio de las competencias, facultades y funciones que, en virtud de lo autorizado en este Acuerdo, se atribuya a los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación, se ajustará a la normativa vigente, estatal o autonómica, que en cada caso resulte de aplicación, y su revisión jurisdiccional corresponderá a los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo, en atención al rango de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación.

E.2. Declaración de invalidez e ineficacia de disposiciones, actos y resoluciones autonómicas dictadas en contravención con las medidas aprobadas en el Acuerdo.

Queda prohibida la emisión, aprobación o dictado de cualesquiera actos, actuaciones, resoluciones, disposiciones, contratos, convenios, acuerdos o encomiendas a favor de entidades públicas o privadas, o cualesquiera otro acto y/o actuación análoga a los anteriores dictado o realizado por parte de las autoridades, cargos públicos y personal tanto del Parlamento de Cataluña como de cualquier órgano u organismo de la Administración de la Generalitat de Cataluña, que contravengan las medidas contenidas en el presente Acuerdo o se lleven a efecto sin cumplir los requisitos que en desarrollo de las mismas establezcan los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación.

Los mismos son nulos de pleno derecho y carecerán de efecto alguno.

E.3. Publicaciones en boletines oficiales.

A fin de garantizar, con arreglo a la normativa estatal o autonómica de aplicación, la adecuada publicación de resoluciones, actos, acuerdos o disposiciones normativas, cualesquiera que fuese su rango, de naturaleza administrativa o parlamentaria, en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña o en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña, los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la Nación dispondrán de las facultades previstas en el apartado "Medidas dirigidas a la Administración de la Generalitat" de este Acuerdo.

La publicación en dicho Diario o Boletín, sin la autorización o en contra de lo acordado por los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la Nación en el ejercicio de dichas facultades determinará la falta de vigencia de la disposición normativa correspondiente, así como de la falta de validez y efectos de la resolución, acto o acuerdo objeto de publicación.

E.4. Modificación de los Departamentos, de las estructuras orgánicas y de los organismos, entes y entidades vinculadas o dependientes de la Generalitat de Cataluña.

Acordado el cese del Presidente, del Vicepresidente y de los Consejeros de Gobierno, el ejercicio de sus respectivas funciones en orden a la organización de los Departamentos de la Generalitat de Cataluña, prevista en el artículo 23 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno, corresponderá igualmente a los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación en sustitución de aquéllos.

En estas previsiones queda incluido en todo caso el ejercicio de la potestad de organización, creación, modificación y extinción de aquellos organismos y entidades públicas creadas o autorizadas por Ley.

E.5. Creación de órganos y designación de autoridades por el Gobierno de la Nación para el cumplimiento de las medidas.

Se habilita al Gobierno de la Nación para la creación de los órganos y el nombramiento o designación de las autoridades que sean necesarios para el ejercicio de las funciones y para el cumplimiento de las medidas contenidas en este Acuerdo.

E.6. Disposiciones y protocolos de actuación.

Se autoriza al Gobierno de la Nación, o en su caso, a los órganos o autoridades creados o designados por éste a la adopción de los actos, actuaciones, resoluciones y disposiciones necesarias con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas contenidas en este Acuerdo y de proporcionar la necesaria seguridad jurídica en defensa y respeto del orden constitucional.

Dicha autorización comprende igualmente la habilitación para la elaboración de las directrices, instrucciones y protocolos de actuación necesarios para instruir las actuaciones de las autoridades y personal de la Administración General del Estado que deban ejecutar las medidas adoptadas, al objeto de proporcionar igualmente la necesaria seguridad jurídica a su actuación, en defensa y respeto del orden constitucional.

E.7. Seguridad jurídica de los funcionarios públicos o empleados sujetos al régimen laboral de la Generalitat de Cataluña.

La incoación, tramitación y resolución de expedientes sancionadores, por parte de cualquier órgano de la Administración de la Generalitat de Cataluña o de organismos, entes y entidades vinculadas o dependientes de la misma y de su sector público empresarial, al personal funcionario o laboral que en ella prestan servicios, por considerar infracción el acatamiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial que anulan actividades o fines vinculados o relacionados con el proceso secesionista que motiva el presente Acuerdo o de las medidas contenidas en este Acuerdo, son nulos de pleno derecho e ineficaces, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, penal o de otro orden a que hubiere lugar respecto a quien inicie, tramite o resuelva los expedientes sancionadores antedichos.

E.8. Potestad disciplinaria y traslado del tanto de culpa al Ministerio Fiscal.

El incumplimiento de las medidas contenidas en el presente Acuerdo se entenderá como incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto, a los efectos de las infracciones previstas en la normativa disciplinaria estatal o autonómica de aplicación.

El ejercicio de la potestad disciplinaria por el Gobierno de la Nación, o por los órganos o autoridades que cree o designe a tal efecto, con respecto a las autoridades y el personal funcionario o laboral del Parlamento de Cataluña y de la Administración de la Generalitat o de su sector público, se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal a los efectos de la posible exigencia de responsabilidad penal.

E.9. Duración y revisión de las medidas.

Las medidas contenidas en este Acuerdo se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat, resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlamento de Cataluña.

Durante la vigencia de las presentes medidas, y en aquellos casos extraordinarios en que resulte imprescindible o inaplazable, el Gobierno de la Nación podrá plantear ante el Senado modificaciones o actualizaciones de las medidas inicialmente autorizadas, cuya procedencia será, en su caso, acordada por la autoridad u órgano que se cree o designe a tal efecto.

El Gobierno de la Nación podrá anticipar el cese de estas medidas si cesasen las causas que lo motivan, dando cuenta al Senado de esta decisión.

El Gobierno de la Nación dará cuenta al Senado del estado de aplicación y ejecución de las medidas contenidas en este Acuerdo con una periodicidad de dos meses.

E.10. Notificación, entrada en vigor y publicación.

Las medidas contenidas en el presente Acuerdo que resulten autorizadas por el Senado se notificarán personalmente al Presidente de la Generalitat de Cataluña, a su Vicepresidente y a los Consejeros que integran el Consejo de Gobierno, así como a la Presidenta y a la Mesa del Parlamento de Cataluña.

Las medidas que resulten autorizadas por el Senado entrarán en vigor desde el momento de la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado.
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Re: [XIV Legislatura] Composición de la Mesa del Senado

Mensaje por Jesús Aguilar el Dom 10 Jun 2018 - 21:21



La Presidencia de la Mesa del Congreso de los Diputados, envía la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista que fue aprobada por la cámara baja por mayoría absoluta



Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, para la eliminación de la segregación y discriminación de los alumnos y alumnas




PREÁMBULO

La LOMCE estigmatiza el futuro de personas que inician su adolescencia castrando sus posibilidades de cambio e incluso de mejora, y conduce de forma reiterada y casi obsesiva al principio de selección y desigualdad. Es difícil lograr la integración cuando existen medidas segregadoras y contrarias a una enseñanza inclusiva y comprensiva como las que se contemplan en dicha Ley, medidas que repercuten en una segregación temprana. 

Se propone, en consecuencia, y mientras se tramita una nueva Ley Básica de Educación, garantizar la igualdad de oportunidades en la escolarización obligatoria de modo que ningún alumno o alumna encuentre limitadas sus opciones en 4.º de ESO o educación postobligatoria por la doble opción de matemáticas existente en 3.º de ESO. Asimismo, se propone dar una solución inmediata para el alumnado de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, manteniendo los programas de Diversificación Curricular en 3.º y 4.º de ESO, con el objetivo de recuperar un principio básico como el que ningún alumno quede excluido de la posibilidad de obtener el título de graduado en ESO y, por tanto, de la posibilidad de continuar estudios posobligatorios. 

Del mismo modo, se propone suprimir los conciertos que segregan por sexo por no ajustarse a los principios constitucionales, además de que no existen razones educativas que avalen la separación de niños y niñas en las aulas, en contra de la política obsesiva del PP de blindar a dichos conciertos. 

Finalmente, se propone garantizar que todo el alumnado tenga el derecho a cursar una formación cívica, así como que todo aquel que así lo desee pueda cursar una formación religiosa evaluable pero sin valor académico. 

Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, se modifica en los siguientes términos: 



Uno. El apartado 3 del artículo 84 queda redactado de la siguiente manera: 

3. En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por ello, las administraciones educativas no podrán suscribir conciertos con los centros que tengan una organización de la enseñanza diferenciada por sexos.

Dos. Se añade una disposición transitoria con el siguiente contenido: 

Disposición transitoria tercera. 

A partir del curso 2019-20 y hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado Social y Político por la educación, se aplicará lo siguiente: 

1. Todo el alumnado del tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria cursará las mismas Matemáticas, las denominadas, en la presente Ley, Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 

2. Todo el alumnado de 5.º y 6.º de Educación Primaria cursará la asignatura específica de Valores Sociales y Cívicos regulada en la presente Ley. 

3. Todo el alumnado del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria cursará la materia de Valores Éticos regulada en la presente Ley. 

4. Con el fin de garantizar el principio de igualdad y la libre concurrencia entre todos los alumnos y alumnas, las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación de las enseñanzas de religión no se computarán en las convocatorias en las que deban entrar en concurrencia los expedientes académicos, ni en la obtención de la nota media a efectos de admisión de alumnos, cuando hubiera que acudir a ella para realizar una selección entre los solicitantes. 

5. El alumnado, cuyos padres, madres o tutores legales no elijan el área o materia de Religión no cursarán ninguna área o materia alternativa. 

6. Para facilitar el éxito escolar y la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos que hayan cursado un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento en el tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria se incorporarán a un programa de las mismas características en el cuarto curso, en el marco que regulen las administraciones educativas.

Tres. Se suprime la disposición transitoria segunda sobre la "Aplicación temporal del artículo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación". 

Disposición derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley. 

Disposición final.

La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.



Eduardo Madina Muñoz
Presidenta del Grupo Parlamentario Socialista

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Jesús Aguilar
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Re: [XIV Legislatura] Composición de la Mesa del Senado

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