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[XI Legislatura] Registro de la Mesa

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Santiago Uber
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Mar 19 Sep 2017 - 20:37
FDP: para empezar tienes una de urgencia, la debes aceptar o no. Por la que se empieza eso es David el mas indicado.

Tb puedes cambiar el sistema, puedes funcionar con orden del dia o por proposicion como hacemos en todos los demas sitios.
Álvaro Díaz
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Mar 19 Sep 2017 - 22:57
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Proposición de Ley de reforma de la Ley 5/1990, de 15 de junio, de Elecciones al Parlamento Vasco.


Exposición de motivos:
Euskadi presenta una grave deficiencia electoral a la hora de elegir sus diputados en las elecciones autonómicas que se celebran y su ley electoral reparte de una manera injusta los escaños, haciendo que el voto de un ciudadano de Vitoria tenga más valor que el voto de un ciudadano de Bilbao, por ello mediante la presente Proposición se modifica el núemero de parlamentarios a repartir por cada territorio histórico, habiéndose realizado la asignación de escaños a elegir por cada uno atendiendo exclusivamente a criterios demográficos e igualar al máximo posible el valor de los votos de todos los ciudadanos de Euskadi  

Artículo Único.
Se modifica el Artículo 10 de la Ley 5/1990, de 15 de junio, de Elecciones al Parlamento Vasco quedando redactado de la siguiente forma:

1. El territorio histórico de Vizcaya elegirá 40 parlamentarios.
2. El territorio histórico de Álava elegirá 11 parlamentarios.
3. El territorio histórico de Guipúzcoa elegirá 24 parlamentarios.

Disposición Derogatoria.
Quedan derogadas todas las disposiciones legales reglamentarias en cuanto se opongan a la presente Ley o la contradigan.

Disposición Final.
La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Antonio Salas
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Jue 28 Sep 2017 - 21:16

PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Es necesario aplicar un protocolo de actuación claro y riguroso para los Centros Educativos. El actual protocolo de Actuación contra el Acoso no blinda del todo a los alumnos que están sufriendo este acoso.

TÍTULO 1: DE LA APLICACIÓN EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN.

Artículo 1: Los Centros de Educación deberán ofrecer un blindaje asegurado a los alumnos. Cada mes inspectores escolares, que serán financiados íntegramente por el Gobierno Vasco y la Consejería de Educación, deberán revisar a las clases y centros, y asegurarse que los centros cumplen el siguiente Protocolo de Actuación.

Artículo 2: El Gobierno Vasco creará una Agrupación General Contra el Acoso Escolar donde deberán suscribir todos los Centros Educativos en territorio vasco (excepto universidades), esta agrupación se encargará de blindar a los centros los protocolos educativos a seguir y su ejecución en las clases, esta Agrupación será financiada por todos los centros educativos que estén suscritos (Pagarán al menos 200 euros mensuales a la Agrupación).

Artículo 3: Los alumnos que procesen el acoso en las diferentes aulas de los centros educativos deberán pasar una revisión por parte de el director del centro (Pudiendo ser amonestados por sus actitudes). Si existe violencia verbal, los profesores se encargarán de llevar a el alumno ante el director y comunicarlo a los padres de dicho alumno. Si existiera violencia verbal en segunda instancia, el alumno que la ha procesado sería cesado de sus funciones como alumno de ese centro. Los profesores entonces tendrían la obligación de hacer participes, mediante una reunión, al alumno en cuestión. El alumno que ha acosado sería llevado a un Aula de Reintegración donde diversos profesores le darán materias contra el acoso (Mientras se impartan estas clases al alumno, este no tendrá potestad para salir al recreo, hacer actividades en el centro o estudiar otras actividades educativas) El castigo se levantará en 1 mes,con la probabilidad de que si ese alumno cambia pudiera ser sacado de el castigo antes del plazo establecido.

Artículo 4: Todos los centros educativos vascos se comprometerán a revisión exacta de todos sus alumnos y en cuanto un/a/@s alumn@/s proceda al acoso se notificará a la Consejería de Educación y a la Agrupación Contra el Acoso.

Artículo 5: En cualquier momento que existiera violencia física en primera instancia el centro educativo deberá abrir un expediente disciplinario al alumno en cuestión y asegurarse de su expulsión del centro durante 1 semana. Si existe violencia física en segunda instancia el alumno en cuestión será cesado de sus actividades escolares y llevado a un aula del centro donde dará un Curso de Reintegración (Con los mismos mecanismos antes mencionados). En este caso al tratarse de violencia física, el alumno deberá cumplir el castigo durante 5 meses sin posibilidad de revocación.

TÍTULO 2: DE LA APLICACIÓN FINAL DEL DOCUMENTO.

Artículo 1: Tras su Aprobación en el Parlamento Vasco la enmienda será publicada en el BOEV.

Artículo 2: Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la siguiente ley.
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Susana Jordán Sumelzo
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Jue 28 Sep 2017 - 22:31
Antonio Roldán escribió:
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Proposición de Ley de reforma de la Ley 5/1990, de 15 de junio, de Elecciones al Parlamento Vasco.



Exposición de motivos:
Euskadi presenta una grave deficiencia electoral a la hora de elegir sus diputados en las elecciones autonómicas que se celebran y su ley electoral reparte de una manera injusta los escaños, haciendo que el voto de un ciudadano de Vitoria tenga más valor que el voto de un ciudadano de Bilbao, por ello mediante la presente Proposición se modifica el núemero de parlamentarios a repartir por cada territorio histórico, habiéndose realizado la asignación de escaños a elegir por cada uno atendiendo exclusivamente a criterios demográficos e igualar al máximo posible el valor de los votos de todos los ciudadanos de Euskadi  

Artículo Único.
Se modifica el Artículo 10 de la Ley 5/1990, de 15 de junio, de Elecciones al Parlamento Vasco quedando redactado de la siguiente forma:

1. El territorio histórico de Vizcaya elegirá 40 parlamentarios.
2. El territorio histórico de Álava elegirá 11 parlamentarios.
3. El territorio histórico de Guipúzcoa elegirá 24 parlamentarios.

Disposición Derogatoria.
Quedan derogadas todas las disposiciones legales reglamentarias en cuanto se opongan a la presente Ley o la contradigan.

Disposición Final.
La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.
Se solicita informe jurídico ya que contraviene al Estatuto de Autonomía que fija un mismo número de escaños por cada territorio histórico o provincia.
Marcos Bengoechea
Marcos Bengoechea
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Lun 9 Oct 2017 - 15:07
PROYECTO DE LEY PARA ASEGURAR LOS PUESTOS DE TRABAJO A LOS EMPLEADOS EN GASOLINERAS VASCAS


PREÁMBULO

El progreso tecnológico que está experimentando la sociedad vasca es un avance que se enmarca dentro de los importantes avances que esta padeciendo el mundo occidental. El desarrollo de las nuevas tecnologías es sin ninguna duda muy positivo, y las instituciones vascas deben apoyarse en las nuevas tecnologías para avanzar en el Bienestar de la ciudadanía. El perfeccionamiento de las nuevas tecnologías lleva consigo una mayor despersonalización de muchos sectores, por esta razón es conveniente vetar la presencia de más gasolineras de bajo coste, donde no hay ningún trabajador. Este proceso de reconversión en el sector de la venta de hidrocarburos pone en peligro 750 puestos de trabajo.

ARTICULO 1
Los requisitos para la inscripción en el Registro del Servicio de Industria de Euskadi es:

·La personalidad del solicitante·La ubicación de la instalación
·La propiedad, arrendamiento o derecho real sobre los terrenos
·La posesión de las licencias y autorizaciones municipales y de carreteras.
·Descripción de las instalaciones
·Presentación de los contratos donde se garantiza en un periodo mínimo de tres años el suministro de productos petrolíferos.
·Informe de contratación de personal a tres años vista


ARTICULO 2
Es obligatoria la presencia de dos o más personas durante la realización de un turno.

ARTICULO 3
En caso de que no cumplir con el numero establecido por cada turno se establecerá una sanción de 15.000€

ARTICULO 4
Las gasolineras que actualmente no tienen personal, deberán ajustarse a la legislación antes de día 15 de Julio 2019 e informar a la Consejería de Industria antes de día 1 de Marzo de 2019.


Disposición Derogatoria.
Quedan derogadas todas las disposiciones legales reglamentarias en cuanto se opongan a la presente Ley o la contradigan.


Última edición por Marcos Bengoechea el Miér 11 Oct 2017 - 16:00, editado 5 veces
Antonio Salas
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Lun 9 Oct 2017 - 22:19
FdP: Padeciendo? Será experimentando.
Aner Ugarte
Aner Ugarte
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Mar 10 Oct 2017 - 0:32
[XI Legislatura] Registro de la Mesa - Página 3 Capturada1

Proposición de Ley de la remodelación del modelo policial de Euskadi

PREÁMBULO:

Euskal Herria (CAV+Navarra) tiene a día de hoy una de las tasas mas altas de policías por habitante del mundo. Esto se debe a que tenemos en nuestro territorio tres cuerpos policiales: la Ertzaintza, la Guardia Civil y la Policía Nacional. La respuesta del Estado a los años de violencia que ha sufrido este pueblo ha sido siempre aumentar la presencia policial española. Hoy en día ETA no existe, no hay ningún tipo de violencia sistémica en las calles y ATA se ha disuelto. Pero, sin embargo, el número de policías desplazados a nuestro territorio sigue siendo el mismo de aquellos años de violencia. Por tanto, ante esta nueva situación de pacificación y normalización, vemos necesario que se replieguen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y dotar a la Ertzaintza de infraestructuras y formación para sustituir la labor de la Guardia Civil y la Policía Española. De este modo, se dará un paso mas hacia la normalización, y se hará de la Ertzaintza un cuerpo policial integral capaz de resolver los problemas que afecten a Euskadi, que fue al fin y al cabo para lo que fue creada.

ARTÍCULO I:
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado abandonarán las instalaciones de una manera escalonada. En un periodo de 6 meses desde que se publique la Ley en el BOPV deberán abandonar Euskadi el 30% de los agentes de cada provincia. Posteriormente,
los 6 próximos meses deberán abandonar el 20% actual de los agentes. Finalmente, el segundo año, deberán abandonar Euskadi el resto de los agentes.

ARTÍCULO II:
El Gobierno Vasco acordará con el Gobierno Español la compra, alquiler o cesión de los cuarteles. Dichos cuarteles, no tendrán la obligación de ser usados para la Ertzaintza. La decisión quedará en manos del Gobierno Vasco, o del acuerdo al que llegue con el Gobierno Español.

ARTÍCULO III:
La Ertzaintza realizará las labores que actualmente ejercen la Guardia Civil y la Policía Nacional. Se dotará para ello del material, infraestructuras y formación necesaria.

ARTÍCULO IV:
Se realizarán oposiciones y formaciones en un periodo de dos años. Dichas nuevas promociones de la Ertzaintza cumplirán la trayectoria profesional habitual que debe hacer actualmente cada agente que ingresa en el cuerpo.

ARTÍCULO V:
Se solicitará al Gobierno Español que retire el veto a la Ertzaintza en la Interpol y Europol, para que el cuerpo pueda acceder a la información necesaria para proteger debidamente a los ciudadanos vascos, como cualquier policía integral.

ARTÍCULO VI:
Durante todo este proceso, y también después de él, se mantendrá la coordinación logística e informativa entre la Ertzaintza, Guardia Civil y Policía Nacional.

Disposición Derogatoria.
Quedan derogadas todas las disposiciones legales reglamentarias en cuanto se opongan a la presente Ley o la contradigan.

Disposición Final.
La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.
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Susana Jordán Sumelzo
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Mar 10 Oct 2017 - 7:22
Aner Ugarte escribió:
[XI Legislatura] Registro de la Mesa - Página 3 Capturada1

Proposición de Ley de la remodelación del modelo policial de Euskadi

PREÁMBULO:

Euskal Herria (CAV+Navarra) tiene a día de hoy una de las tasas mas altas de policías por habitante del mundo. Esto se debe a que tenemos en nuestro territorio tres cuerpos policiales: la Ertzaintza, la Guardia Civil y la Policía Nacional. La respuesta del Estado a los años de violencia que ha sufrido este pueblo ha sido siempre aumentar la presencia policial española. Hoy en día ETA no existe, no hay ningún tipo de violencia sistémica en las calles y ATA se ha disuelto. Pero, sin embargo, el número de policías desplazados a nuestro territorio sigue siendo el mismo de aquellos años de violencia. Por tanto, ante esta nueva situación de pacificación y normalización, vemos necesario que se replieguen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y dotar a la Ertzaintza de infraestructuras y formación para sustituir la labor de la Guardia Civil y la Policía Española. De este modo, se dará un paso mas hacia la normalización, y se hará de la Ertzaintza un cuerpo policial integral capaz de resolver los problemas que afecten a Euskadi, que fue al fin y al cabo para lo que fue creada.

ARTÍCULO I:
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado abandonarán las instalaciones de una manera escalonada. En un periodo de 6 meses desde que se publique la Ley en el BOPV deberán abandonar Euskadi el 30% de los agentes de cada provincia. Posteriormente,
los 6 próximos meses deberán abandonar el 20% actual de los agentes. Finalmente, el segundo año, deberán abandonar Euskadi el resto de los agentes.

ARTÍCULO II:
El Gobierno Vasco acordará con el Gobierno Español la compra, alquiler o cesión de los cuarteles. Dichos cuarteles, no tendrán la obligación de ser usados para la Ertzaintza. La decisión quedará en manos del Gobierno Vasco, o del acuerdo al que llegue con el Gobierno Español.

ARTÍCULO III:
La Ertzaintza realizará las labores que actualmente ejercen la Guardia Civil y la Policía Nacional. Se dotará para ello del material, infraestructuras y formación necesaria.

ARTÍCULO IV:
Se realizarán oposiciones y formaciones en un periodo de dos años. Dichas nuevas promociones de la Ertzaintza cumplirán la trayectoria profesional habitual que debe hacer actualmente cada agente que ingresa en el cuerpo.

ARTÍCULO V:
Se solicitará al Gobierno Español que retire el veto a la Ertzaintza en la Interpol y Europol, para que el cuerpo pueda acceder a la información necesaria para proteger debidamente a los ciudadanos vascos, como cualquier policía integral.

ARTÍCULO VI:
Durante todo este proceso, y también después de él, se mantendrá la coordinación logística e informativa entre la Ertzaintza, Guardia Civil y Policía Nacional.

Disposición Derogatoria.
Quedan derogadas todas las disposiciones legales reglamentarias en cuanto se opongan a la presente Ley o la contradigan.

Disposición Final.
La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Se solicita informe jurídico.
Marcos Bengoechea
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Mar 10 Oct 2017 - 7:47
Hay dos Proposiciones de ley que necesitan informes juridicos la de podemos (cerrada de forma cautelar) y la de EH. No se abrira ninguna hasta que admin administre los informes correspondientes.
Aner Ugarte
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Mar 10 Oct 2017 - 21:25
FDP: si el informe jurídico rechaza la proposición, el Gobierno tiene la posibilidad de abrirla igualmente? Aunque solo sea para debatirla, sabiendo que será después suspendida por el TC.
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Susana Jordán Sumelzo
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Mar 10 Oct 2017 - 21:53
FDP: Creo que sí, pero debería decidirlo la mesa. DDP sería bueno que si hay informe negativo decida no debatirlos, para ahorrar tiempo DDP y seguir abriendo las siguientes.
Marcos Bengoechea
Marcos Bengoechea
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Mar 10 Oct 2017 - 22:14
FDP: Vamos a esperar un par de dias haber si admin se decide a entregar ya los informes y luego aunque sean negativos los abrire para su debate. Pero es tonteria debatir sin el sustento legal.
Marcos Bengoechea
Marcos Bengoechea
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Miér 25 Oct 2017 - 20:53
Si alguien ha redactado una propuesta en este registro, y por lo que sea no la he visto y no la he sacado a debate que lo comente.
Álvaro Díaz
Álvaro Díaz
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Jue 26 Oct 2017 - 9:43
PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA VIVIENDA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Actualmente el acceso a una vivienda diga es uno de los asuntos más importantes para nuestras ciudadanas. Debemos velar por garantizar políticas de alquiler sociales inclusivas y justas, que protejan a todos los ciudadanos y a los colectivos más débiles. Así, también, debemos dar solución a la lacra de los desahucios.

Artículo 1 SOBRE EL ALQUILER PÚBLICO

a) Priorización de vivienda de protección oficial orientada de forma exclusiva al alquiler.  La venta saldrá del rango de la protección oficial en orden a diseñar una política de vivienda sostenible y orientada a la cobertura de las necesidades de las personas.

b) Creación de un censo de viviendas vacías. El objetivo es moverlas en el mercado de alquiler público.

c) Se destinarán a alquiler todas la viviendas pertenecientes al parque público que no hayan sido vendidas hasta la fecha

d)Puesta en uso de solares y edificios mal conservados a través del registro de solares y ruinas. Se procederá a la expropiación y subasta en casos de abandono continuado del deber de mantenimiento y de rehabilitación; utilizándose para la construcción de vivienda pública destinada al alquiler.

Artículo 2 SOBRE EL ACCESO A LA VIVIENDA DE ALQUILER

a) Supresión de la exigencia de ingresos mínimos para poder obtener una vivienda en alquiler, y de esa manera no negar la posibilidad de acceso a la vivienda a las personas con mayores dificultades.

b) El pago del alquiler social no supondrá el 30% de los ingresos

c) Integración de las Ayudas de Emergencia Social y Prestación Complementaria de Vivienda

d) Consideración específica de las familias monoparentales como colectivos beneficiarios de ayudas al alquiler con prioridad en el acceso a viviendas protegidas

Artículo 3 SOBRE LA SUPRESIÓN DE LOS DESHAUCIOS

a)Regulación de la dación en pago con retroactividad

b) Paralización de los desahucios en viviendas de titularidad pública

c) Garantía de alternativa habitacional a través de los servicios públicos para las personas que se ven obligadas a abandonar su vivienda por imposibilidad de pago

d)Protección de las niñas frente a desahucios y desalojos: considerar como circunstancia familiar de especial vulnerabilidad a la unidad familiar monoparental a partir de un hijo, aumentando su protección frente a los desahucios.

d1)Se favorecer que puedan reestructurar su deuda hipotecaria prioritariamente

d2)Se ampliará la protección de los niños vulnerables en términos de realojo, asegurando una alternativa habitacional digna antes de proceder al desalojo

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas las leyes y decretos en contraposición o de rango inferior a la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación oficial en el BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO (BOPV).
Álvaro Díaz
Álvaro Díaz
PNV
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Jue 26 Oct 2017 - 9:55
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PROPOSICIÓN DE LEY RELATIVA A LA DECLARACIÓN DEL 3 DE DICIEMBRE CÓMO DÍA DE EUSKADI



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comunidad Autónoma formada por Álava, Bizkaia y Gipuzkoa no tiene una fiesta oficial para celebrar su día. Los diferentes y legítimos puntos de vista y opiniones políticas han hecho imposible acordar a día de hoy la celebración del Día de Euskadi, pero ello no quiere decir que la sociedad vasca esté dividida. Por ello, la unidad que ya se da a nivel social debe tener reflejo también en el calendario, a fin de reforzar la integración y cohesión entre todas las ciudadanas y ciudadanos vascos. Así, el euskera es el principal patrimonio cultural de toda la ciudadanía vasca, transmitido de generación a generación, nos une a todas las ciudadanas y ciudadanos vascos y nos diferencia como pueblo. El euskera es, al fin y al cabo, quien mejor simboliza la unidad de la ciudadanía vasca y, por ello, el Día Internacional del Euskera, que se celebra el 3 de diciembre, es la fecha más idónea para celebrar el Día de Euskadi, un día que tenga como objeto expresar la unión y cohesión de las ciudadanas y ciudadanos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Por ello, es justo celebrar el 3 de diciembre como fiesta oficial de la Comunidad Autónoma de Euskadi.


Artículo 1

Se declara el 3 de diciembre, Día Internacional del Euskera, como Día de Euskadi. Este día será fiesta oficial en la Comunidad Autónoma a todos los efectos, incluidos los laborales.

Artículo 2

El Gobierno Vasco tomará los acuerdos necesarios a fin de celebrar anualmente dicha fecha y programará, a tal objeto, los oportunos actos institucionales.



DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas las leyes y decretos en contraposición o de rango inferior a la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).
Antonio Salas
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Mar 31 Oct 2017 - 2:16

LEY PARA LA CREACION DE LA RED DE CENTROS DE ACOGIDA PARA DISCAPACITADOS FÍSICOS (PSE-EE|PSOE)


Preámbulo
El PSE-EE|PSOE quiere que a lo largo de esta legislatura se de un paso significativo en un asunto en el que siempre hemos puesto especial atención: la inclusión y el bienestar de las personas discapacitadas. Esta ley consiste en la creación de una red de centros de acogida en la CAV para personas con discapacidades físicas sobrevenidas, mediante la cual puedan recibir el cuidado y atención que necesitan mientras se reforma o permuta su vivienda habitual.


Artículo 1
La red contará en un principio con 15 centros, situados en los siguientes municipios:
Barakaldo (Bizkaia): 1 centro
Basauri (Bizkaia): 1 centro
Bilbo-Bilbao (Bizkaia): 2 centros
Donostia (Gipuzkoa): 2 centros
Eibar (Gipuzkoa): 1 centro
Errenteria (Gipuzkoa): 1 centro
Gasteiz (Araba): 2 centros
Gernika-Lumo (Bizkaia): 1 centro
Getxo (Bizkaia): 1 centro
Irun (Gipuzkoa): 1 centro
Laudio (Araba): 1 centro
Portugalete (Bizkaia): 1 centro


Artículo 2
Cada centro tendrá capacidad para dar hospedaje a 40 personas.


Artículo 3
En los centros se alojarán las personas que tengan cualquier tipo de discapacidad física sobrevenida, y permanecerán allí hasta que finalice el proceso de reforma o permutación de su vivienda habitual.


Artículo 4
La Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco deberá asegurarse de que los huéspedes reciban el cuidado y atención que necesitan.


Artículo 5
El servicio será gratuito para todos los acogidos.


Artículo 6
El presupuesto para la construcción de cada centro será de 1.021.000€.


Artículo 7
La construcción y mantenimiento de los centros serán financiados por el Gobierno Vasco (85%) y los ayuntamientos (15%).


Artículo 8
Cada semestre se ajustará la capacidad de los centros al uso que se haga de ellos, para evitar un exceso o escasez de gasto, cabiendo la posibilidad de aumentar también el número de centros en caso de que sea necesario.


Artículo 9
Se dispondrá de un máximo de 10 meses para la construcción de los centros a partir de la entrada en vigor de esta ley.


Disposición final
Esta ley entrará en vigor tras su publicación en el EHAA-BOPV.
Martín Schuhart
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Miér 1 Nov 2017 - 11:35
[XI Legislatura] Registro de la Mesa - Página 3 Adelan13
Proposición de Ley de Lucha Antiyihadista

Preámbulo
Durante los últimos años, Europa ha tenido que sufrir la lacra del terrorismo islámico, también conocido como yihadismo. Es por ello que en Euskadi no debemos ignorar esta amenaza, y que debemos urgentemente aprobar una legislación que blinde nuestra comunidad autónoma ante potenciales manifestaciones de esta nueva clase de terrorismo.

Título único:
Artículo 1.
Las zonas concurridas de índole peatonal localizadas en municipios de más de 100.000 habitantes deberán gozar de presencia policial permanente.
Artículo 2.
Los municipios de más de 50.000 habitantes deberán de instalar durante los próximos 5 años bolardos en todas las calles y plazas peatonales. Todas las calles peatonales de nueva construcción localizadas en municipios de más de 10.000 habitantes deberán poseer bolardos de forma obligatoria.
Artículo 3.
Creación de un registro de individuos potencialmente radicalizados en base a su historial de búsqueda en internet. La policía podrá registrar los domicilios o llevar a cabo escuchas telefónicas a los individuos adscritos en el susodicho registro si lo considera necesario.
Artículo 4.
Creación de un departamento de policía dedicado a concienciar a ciudadanos del peligro del yihadismo, comunicar como actuar ante un caso de radicalización islámica y recibir y gestionar las denuncias por terrorismo.
Artículo 5.
Los individuos declarados culpables por terrorismo o radicalización durante un juicio estarán sujetos a un régimen de aislamiento especial en las instalaciones penitenciarias.
Artículo 6.
Incremento de la presencia policial en vecindarios cuyos ciudadanos puedan estar bajo la amenaza de radicalización islámica.
Artículo 7.
Los individuos que hayan sido encontrados propagando mensajes relacionados con el extremismo islámico serán inmediatamente detenidos de forma preventiva.

Disposición derogatoria
Quedan derogadas las leyes y decretos de igual o inferior rango a la presente ley.

Disposición final
La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).
Zeo Borras
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Sáb 11 Nov 2017 - 2:38
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Proposición de Ley de descuento de la tarjeta de abono del transporte


Exposición de motivos

El transporte público es un elemento muy importante en la sociedad actual. Permite a las personas que no tienen medios o están discapacitadas para desplazarse puedan hacerlo, es una alternativa a la contaminación, reduce los atascos y es un bien de consumo público.

Pero uno de los principales inconvenientes es el precio, sobre todo para personas comprendidas entre los 0 y 26 años y mayores de 65 que son las clases que tienen menos recursos, y en el País Vasco lo hemos ido observando a lo largo de estos años.

Artículo 1
Reducción del 30% del importe actual del abono transporte joven durante los días lectivos y un 25% los no lectivos y festivos y de un 65% para los de la tercera edad. Las personas inválidas también lo tendrán gratuitamente.

Articulo 2
Los bonos para los universitarios se reducirán en un 50% del importe actual durante los días lectivos y en un 25% los días no lectivos y festivos

Artículo3
Esta propuesta se aplicará a las personas con edades comprendidas entre 0 y 30 años y mayores de 65 años que residan, estudien o trabajen en el País Vasco y que tengan en posesión o compren el abono joven o tercera edad.

Artículo 4
Los gastos correrán un 85% a cargo del Gobierno del País Vasco y un 15% a cargo de los Ayuntamientos. El Gobierno del País Vasco se encargará de comprobar que estos abonos no se usan de forma indebida.

Disposición Final
La proposición de ley entrará en vigor 2 meses de su publicación en el DOPV.
Markel Sarobe
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Miér 22 Nov 2017 - 13:30
[XI Legislatura] Registro de la Mesa - Página 3 6-pnv

Moción por que se insta al Congreso de los Diputados y al Gobierno Español a iniciar una Reforma al actual Marco Constitucional y Territorial.




Preambulo:
Desde 2012 el Estado Español padece la mayor crisis política de su historia. La inestabilidad política y la desafección al actual Marco Constitucional y Territorial, por parte de una segmento importante de la sociedad son los dos mayores problemas que se deben solucionar cuanto antes.

La actual división territorial necesita un cambio que proporcione a las Nacionalidades Históricas un nuevo encaje dentro de la Constitución, dando así una solución a los conflictos territoriales latentes en Euskadi y Catalunya. La reforma del Estado de las Autonomías debe acompañar la reforma constitucional con el objetivo de desarrollarlo hacia un modelo federal superando el actual marco autonómico.

Artículo 1. El Parlamento Vasco reconoce el actual Marco Constitucional y Territorial, como un modelo obsoleto.

Artículo 2. El Parlamento Vasco insta al próximo Gobierno Español que resulte elegido a iniciar una Reforma Constitucional que resuleva el problema de la territorialidad en el Estado Español.

Artículo 3. El Parlamento Vasco insta a Diputados y Senadores vascos a asumir una posición proactiva en las reformas de marco constitucional y a defender el autogobierno vasco, como pieza fundamental para la nación vasca.
Markel Sarobe
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Miér 22 Nov 2017 - 13:33
[XI Legislatura] Registro de la Mesa - Página 3 Escudo+gobierno+vasco

Proyecto de Ley sobre Estancias Turísticas y Desarrollo Sostenible.



PREÁMBULO

El turismo se ha convertido en la principal actividad turística en Euskadi aportando una mayor proyección internacional de la cultura vasca, además de aportar un sustancial aumento de la riqueza para la sociedad y para la economía. Las tres capitales vascas se han convertido en una pieza fundamental para el turismo vasco, proporcionando el alojamiento a los cerca de tres millones de turistas.

El mantenimiento de la competitividad del producto turístico de Euskadi implica el mantenimiento de las infraestructuras y la reparación de la huella ecológica de la actividad turística. Lo que exige a todos los agentes implicados un esfuerzo que garantice un turismo sostenible, ya que la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente debe ser una actitud que aúna las instituciones con el tejido turístico y empresarial.

Mediante la presente ley se establece un nuevo tributo, el Impuesto Medioambiental sobre Explotaciones de Alojamiento Turístico, que tiene como objetivo recaudar recursos para realizar, conjuntamente con el resto de instituciones publicas vascas competentes en materia turística la realización inversiones vinculadas con el desarrollo del turismo y la protección medioambiental en Euskadi.

ARTICULO 1 El Impuesto Medioambiental sobre Explotaciones de Alojamiento Turístico es un tributo directo y propio de Euskadi.

ARTICULO 2 El Impuesto Medioambiental sobre Explotaciones de Alojamiento Turístico es compatible con otras tasas.

ARTICULO 3 Constituyen el hecho imponible del impuesto las estancias, por días o fracciones con pernoctación.

ARTICULO 4 Los contribuyentes serán todos aquellos que decidan alojarse un día o más en:
  • Establecimientos de Alojamiento Hotelero (Hoteles de Ciudad, Hoteles Apartamentos y Alojamientos de Turismo de Interior)
  • Apartamentos turísticos
  • Hoteles rurales y los Agroturismos
  • Albergues y Refugios
  • Hospederías
  • Pensiones, las Posadas, las Casas de Huéspedes y los Campamentos de Turismo o Campings
  • Viviendas con el objeto de su comercialización como Estancias Turísticas


ARTICULO 5 Los contribuyentes que quedan exentos de su tributación son:
  • La estancia a los menores de 16 años.
  • Las estancias que realice cualquier persona por motivos de salud, y también las de las personas que la acompañen, siempre que pueda justificarse documentalmente que las estancias responden a la necesidad de recibir prestaciones de atención sanitaria que formen parte de la cartera de Osakidetza.
  • Las estancias subvencionadas por programas sociales de cualquier Comunidad Autónoma Española o de cualquier Estado de la Unión Europea


ARTICULO 6 Los responsables subsidiarios del pago del Impuesto Medioambiental sobre Explotaciones de Alojamiento Turístico las personas o entidades que realicen las funciones de intermediarios con los contribuyentes.

ARTICULO 7 Los responsables subsidiarios deberán exigir el pago del impuesto antes de que finalice período de estancia y  el contribuyente estará obligado a satisfacer su correspondiente importe.

ARTICULO 8 Los responsables subsidiarios deberán presentar ante la Dirección General de Turismo:

  • Las declaraciones censales que se establezcan reglamentariamente relativas al inicio de la actividad de explotación de los establecimientos turísticos.
  • Los justificantes de la exigencia y el cobro del impuesto al contribuyente.
  • Los justificantes referentes a exenciones presentadas por los contribuyentes.


ARTICULO 9 Cuota Tributaria.
  • Hoteles, hoteles de ciudad y hoteles apartamentos de cinco estrellas, cinco estrellas gran lujo y cuatro estrellas superior: 2.00€/día o fracción
  • Hoteles, hoteles de ciudad y hoteles apartamentos de cuatro estrellas y tres estrellas superior: 1.50€/día o fracción
  • Hoteles, hoteles de ciudad y hoteles apartamentos de una, dos y tres estrellas: 1.00€/día o fracción
  • Hoteles rurales y los Agroturismos: 1.00€/día o fracción
  • Albergues y Refugios: 0.90€/día o fracción
  • Hospederías:  0.90€/día o fracción
  • Pensiones, las Posadas y las Casas de Huéspedes:0.90€/día o fracción
  • Campamentos de Turismo o Campings:1.25€/día o fracción
  • Apartamentos turísticos de cuatro llaves y cuatro llaves superior:1.75€/día o fracción
  • Apartamentos turísticos de tres llaves superior: 1.25€/día o fracción
  • Apartamentos turísticos de una, dos y tres llaves: 0.90€/día o fracción
  • Viviendas con el objeto de su comercialización como Estancias Turísticas:1.00€/día o fracción


ARTICULO 10  La cuota a tributar se obtendrá del resultado de aplicar bonificación del 50% a partir del octavo día.

ARTICULO 11  El pago se realizara tras la presentación de la documentación necesaria (art.8 ) ante la Dirección General de Turismo, por parte de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria del País Vasco.

ARTICULO 12 El Gobierno creará el Fondo Vasco de Inversión Turística como instrumento de financiación de los proyectos que se apruebe en el Consejo de Gobierno.

ARTICULO 13 Los recursos de dicho fondo se destinarán a financiar, total o parcialmente, las actuaciones que sirvan para.
  • Protección, preservación, modernización y recuperación del medio natural, rural, agrario y marino
  • Recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico y cultural.
  • Impulso de proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica que contribuyan a la lucha contra el cambio climático.


ARTICULO 14 Los proyectos podrán ser presentados por el Gobierno Vasco, las Diputaciones Generales, Ayuntamientos y Universidades Vascas, priorizando siempre el contenido medioambiental.

Disposición derogatoria única Se dereoga todo lo que contravenga con este articulado

Disposición adicional La entrada en vigor de la presente ley será el día 1 de Enero de 2019.


Última edición por Asier Gabilondo el Miér 29 Nov 2017 - 21:10, editado 1 vez
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Miér 22 Nov 2017 - 19:42

[XI Legislatura] Registro de la Mesa - Página 3 6-pnv

Moción que se insta al Gobierno Vasco a rescatar las Autopistas y Autovias de Euskadi con Peaje.




PREÁMBULO
Según el Titulo I, Articulo 10, Apartado 34 del Estatuto de Autonomía de Euskadi, el Gobierno Vasco ostenta las competencias en materia de carreteras y caminos. La construcción de las infraestructuras en Euskadi, debido a la orografia, ha tenido una gran dificultad técnica y como consecuencia los costes han sido muy elevados, obligando a los diferentes gobiernos a ceder la gestión a empresas privadas. El Gobierno Vasco puede y debe asumir la gestión de las AP-68 (Bilbao - Vitoria-Gasteiz), AP-1(Vitoria-Gasteiz - Eibar) y AP-8(Bilbao - Irún), ya que son vías de vital importancia para la sociedad vasca y para los transportistas que unen Euskadi con Europa.

Articulo 1 El Gobierno Vasco pedirá a las empresas con la concesión del mantenimiento de la AP-68 (Bilbao - Vitoria-Gasteiz), AP-1(Vitoria-Gasteiz - Eibar) y AP-8(Bilbao - Irún) el coste del rescate de dichas autovías.

Articulo 2 El Gobierno Vasco deberá elaborar en un plazo de 1 año, desde que tenga la información solicitada, un informe de viabilidad sobre la operación.

Articulo 3 El Gobierno Vasco elaborará un proyecto de ley para cada autovía que obtenga la cualificación de viable y la presentará ante el Parlamento Vasco.

Articulo 4 El Gobierno Vasco comunicará a las Diputaciones Forales pertinentes del estado del proyecto y la participación económica que deberán aportar en cada proyecto.

RETIRADA


Última edición por Asier Gabilondo el Dom 17 Dic 2017 - 11:18, editado 1 vez
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Sáb 9 Dic 2017 - 2:26
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Proposición no de ley para fomentar el ajedrez en la escuela y espacios públicos y promoción como deporte.

Exposición de motivos:

El ajedrez desde su aparición hace ya varios siglos ha sido denominado como juego, como deporte, como filosofía, como arte e incluso como ciencia. Probablemente todas ellas son ciertas de manera conjunta y ninguna lo es por sí sola, porque acotar una disciplina tan fascinante y rica en matices y posibilidades en una sola de ellas, significa cerrar el paso a todas esas otras que también definen su esencia. La facilidad que supone poder disponer de un tablero y las correspondientes piezas, le otorgan una accesibilidad a todo tipo de personas independientemente de su situación socioeconómica. Es, por tanto, una actividad que puede practicarse en cualquier sitio y cuyo coste es muy bajo. A su vez, puede ser practicado desde muy temprana edad, contribuyendo en consecuencia a la cohesión social, la integración, la lucha contra la discriminación y e incluso contra diferentes adicciones. Diferentes estudios han acreditado que el ajedrez introducido a temprana edad puede mejorar la capacidad de concentración de los menores, desarrollar su sentido de la creatividad, estimular su paciencia y persistencia, sus capacidades memorísticas e incluso la toma de decisiones.


Artículo 1
Implantar el programa “Ajedrez en la escuelaˮ con carácter general en el sistema educativo español.

Articulo 2
Fomentar la práctica del ajedrez en espacios públicos, facilitando el material necesario para su ejercicio, así como garantizando el espacio físico para ello.

Articulo 3
Promocionar el ajedrez como deporte y crear los vehículos necesarios para su práctica mediante convenios con empresas privadas

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas las leyes y decretos en contraposición o de rango inferior a la presente Ley.

Disposición Final.

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación oficial en el BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO (BOPV).
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Dom 10 Dic 2017 - 11:14
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PROPOSICIÓN DE LEY DE CREACIÓN DE LA OFICINA VASCA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Los últimos meses han estado caracterizados por la revelación de noticias de gran calibre que provocan una incesante preocupación en los españoles y españolas. Es por eso que todas las autonomías merecen tener una oficina contra el fraude y la corrupción.La corrupción y el fraude han de ser contemplados como delitos como otros cualesquiera, sin embargo, con especial hincapié en sus actores debido al poder político y económico que estos pueden acumular en ocasiones.

Por ello el portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP), en representación de su partido, Borja Sémper, presenta este texto.

Artículo primero. Créese la Oficina Vasca para la Lucha contra el Fraude y la Corrupción, dependiente de la Consejería de Justicia, Gobernación y Reformas Democráticas. De ahora en adelante, la Oficina.

Artículo segundo. La Oficina se encargará de efectuar investigaciones administrativas internas cuya finalidad será:
a) luchar contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Comunidad autónoma;
b) indagar hechos graves, ligados al desempeño de actividades profesionales, potencialmente constitutivos de un incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios y agentes de la Comunidad, que puedan dar lugar a diligencias disciplinarias y, en su caso, penales o un incumplimiento de las obligaciones análogas de los miembros de las instituciones y órganos, de los directivos de los organismos o de los miembros del personal de las instituciones, órganos y organismos no sometidos al Estatuto de los funcionarios o al régimen aplicable.

Artículo tercero. La Oficina será el interlocutor directo de las autoridades policiales y judiciales.

Artículo cuarto. La Oficina ejercerá las competencias de investigación contempladas en el artículo 2 con total independencia. En el ejercicio de estas competencias, el Director de la Oficina no solicitará ni aceptará instrucciones del Parlamento, pero se someterá a las decisiones del Poder Judicial.

Artículo quinto. La Oficina estará dirigida por un Director designado por el Parlamento, por un período de tres años, que podrá renovarse por una vez. Con vistas a la designación del Director, el Gobierno elaborará una lista de varios candidatos que posean las cualificaciones necesarias, tras haber procedido a una convocatoria de candidaturas que, en su caso, se publicará en el Diario Oficial del País Vasco.

Disposición derogatoria
Quedan derogadas las leyes y decretos de igual o inferior rango a la presente ley.

Disposición final
La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

FDP: Esta ley ya se había propuesto pero al haberse presentado como 'proyecto' en vez de 'proposición' no había sido tramitada, por lo que la presento ahora bien para que pueda tramitarse.
Markel Sarobe
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Jue 14 Dic 2017 - 16:44
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PROYECTO DE LEY CONTRA EL DESEMPLEO, LAS DESIGUALDADES LABORALES Y LA POBREZA





Preámbulo

El Gobierno Vasco ha de tener el objetivo de dar ayudar a los diferentes colectivos sociales a conseguir sus metas en muchos ámbitos, uno de ellos es en el campo en el ámbito laboral ya que permite a las personas sentirse realizado como persona dentro de una sociedad tan competitiva.

Hay colectivos como los estudiantes que se están formando con las mejores condiciones para que la sociedad vasca evolucione y sea un referente. El actual contexto de situación de post crisis económica ha añadido dificultades a la entrada de nuevos trabajadores formados pero sin experiencia en el mercado laboral, por el hecho de no tener experiencia.  Otro colectivo dañado son los mayores de 40 años, quienes muchos de ellos se han visto en una situación de desempleo en una edad avanzada, algo que es un lastre para sus aspiraciones y volver reengancharse en el mercado laboral tan competitivo. Las desigualdades en el actual contexto obligan a las instituciones a repararlas, además el colectivo de las mujeres padecen una dura desigualdad  que genera un coste enorme en términos de desaprovechamiento del potencial de muchas mujeres.

Por todo lo expuesto el Gobierno Vasco se compromete a revisar las incorrecciones del mercado laboral.

Articulo 1 El Gobierno Vasco se compromete a incluir en los presupuestos una dotación  mínima de 10.000.000€ para la aplicación del Plan de Empleo en los Presupuestos Generales de la Comunidad.

Articulo 2 El Gobierno Vasco ofrecerá plazas de trabajos en la Administración Pública Vasca durante 15 meses para que jóvenes con Formación Universitaria o con Formación Profesional Superior para conseguir experiencia.

Articulo 3 El numero de plazas se regulará dependerá de la dotación presupuestaria.

Articulo 4 Los requisitos para acceder a una plaza son:
-Estar inscrito en Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
-Estar en posesión de un título universitario o de formación profesional de grado superior o de un título oficialmente reconocido como equivalente.
-No haberse inscrito con anterioridad al presente programa.
-Tener entre 22 y 30 años.

Articulo 5 El Servicio Vasco de Empleo evaluará los solicitantes de la plaza mediante una entrevista y una Comisión de Expertos de la Consejería de Empleo evaluará los expedientes.

Articulo 6 Los expedientes favorables se les asignará una plaza y deberán ser notificados en un plazo máximo de 20 días.

Articulo 7 En caso de renuncia la plaza corresponderá a la mejor puntuación de los expedientes no favorables.

Articulo 8 El Sueldo establecido será establecido mediante un contrato de practicas.

Articulo 9 La presentación de las solicitudes se deberá hacer ante las oficinas del Servicio Vasco de Empleo, entre el 1 de Febrero y el 1 de Marzo.

Articulo 10 La Consejería de Empleo creará la Euskobolsa de Trabajo Jóvenes Formados.

Articulo 11 Tras la finalización del trabajo en la Administración Pública Vasca, el Gobierno Vasco incluirá automáticamente a estas personas a la Euskobolsa de Trabajo Jóvenes Formados de la Consejería de Empleo.

Articulo 13 La Consejería de Empleo hará de forma anual una campaña de información a todas las empresas de la situación de desigualdades y las técnicas para erradicar las desigualdades creadas en el mundo laboral.

Articulo 14 La Consejería de Empleo hará estudios anuales, que se harán públicos, para mostrar analizar las desigualdades salariales entre hombre y mujeres en Euskadi.

Articulo 15  El Gobierno Vasco ha de garantizar la presencia de mujeres en los programas de ocupación.

Articulo 16 Durante la negociación colectiva el Gobierno Vasco debe promover recomendaciones en materia de conciliación laboral, familiar y personal.

Articulo 17 Durante la negociación colectiva el Gobierno Vasco debe promover recomendaciones para fomentar la inclusión del papel de la mujer.

Articulo 18 El Gobierno Vasco creará la Renta Mínima Garantizada.

Articulo 19 La Renta Mínima Garantizada Se configura como la última red de protección.

Articulo 20 El titular es quien solicita y percibe la prestación y el beneficiante el núcleo familiar.

Articulo 21 Tienen derecho a las prestaciones de la Renta Mínima Garantizada:
- Quienes estén empadronados en algún municipio de Euskadi.
- Quienes acrediten una residencia en Euskadi con un mínimo de 36 meses de antelación a la fecha de presentación de la solicitud.
- Quienes tengan personas discapacitadas a su cargo.
- Quienes sean víctimas violencia de género.
- Quienes se encuentren en proceso de desahucio.
- Que la persona solicitante forme parte de un núcleo familiar que no dispone de ningún ingreso económico.
- Que la persona solicitante no sea beneficiaria de la Renta Mínima Garantizada
- Que la persona solicitante sea mayor de 40 años.


Articulo 22 El Importe de la Renta Mínima Garantizada será el Sueldo Mínimo Interprofesional, a la que podrán añadirse suplementos por:
-Suplemento hijos menores de edad (10%)
-Suplemento por persona con discapacidad (15%)

Articulo 23 Las personas que perciban una ayuda o prestación por desempleo, viudedad, orfandad o discapacidad la  Renta Mínima Garantizada será el Sueldo Mínimo Interprofesional menos un 16%.

Articulo 24 Las personas que perciban una ayuda de emergencia, becas de guardería infantil y comedor, becas de formación para personas adultas, ayudas por hijos y/o hijas a cargo, ayudas para el alquiler y por acogimientos familiares no se les podrá deducir nada.

Articulo 25La Renta Mínima Garantizada se deberá financiar a través de los presupuestos generales de la comunidad autónoma, incrementandolo cada año.

Articulo 26 La presentación de las solicitudes se deberá hacer ante las oficinas del Servicio Vasco de Empleo a partir del 1 de Febrero de 2019.

Articulo 27 El incumplimiento o el abuso por parte de los titulares del Plan de Empleo o de la Renta Mínima Garantizada se considerará una falta muy grave que implicará dejar de beneficiarse de Plan de Empleo o de la Renta Mínima Garantizada.

Disposición Adicional Primera
Se autoriza al Gobierno Vasco para dictar las normas de desarrollo de esta ley.  

Disposición Adicional Segunda
Entra en vigor con la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Euskadi de 2019.

El Gobierno solicita ser tramitada por vía de urgencia debido a su contenido.
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Lun 25 Dic 2017 - 17:41
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PROPOSICIÓN DE LEY DE RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍCTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO DE LA VIOLENCIA DE MOTIVACIÓN POLÍTICA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO ENTRE 1978 Y 1999

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El Pleno del Parlamento Vasco aprobó, el 31 de marzo de 2011, la Proposición no de Ley 61/2011, sobre víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política. En esta proposición, el Parlamento instó al Gobierno Vasco a poner en marcha medidas y actuaciones destinadas al reconocimiento de dichas víctimas, y a la reparación de su sufrimiento, lo que, en su momento, se materializó en el Decreto 107/2012, de 12 de junio, de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 1978, en el contexto de la violencia de motivación política, vivida en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante la dictadura franquista(3). Fue un primer paso que tenía un ámbito temporal limitado, dejando para un ulterior momento legislativo la extensión de esta política de acompañamiento a las víctimas.

El Pleno del Parlamento Vasco, en la sesión celebrada el 11 de junio de 2015, aprobó la Proposición no de Ley 70/2015, con el siguiente tenor literal:

"1. El Parlamento Vasco reitera que ninguna causa política puede situarse por encima de los derechos humanos, y que la convivencia futura requiere el reconocimiento de la injusticia de la violencia y del daño causado, así como el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, todas ellas merecedoras del derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

2. El Parlamento Vasco invita al Gobierno español a sumarse a las políticas de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos no reconocidas, como es el caso de las víctimas de abuso policial del periodo 1960-1978, desde el consenso social, político e institucional en favor del reconocimiento a todas las víctimas.

3. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a continuar desarrollando las políticas de reconocimiento y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos provocadas por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia policial que se vienen impulsando desde la anterior legislatura. En este sentido, y dando continuidad a esta línea, insta a que el anunciado proyecto de ley de reconocimiento y reparación a estas víctimas que va a presentar a esta Cámara busque desde el inicio el máximo consenso social, político e institucional".

La presente ley supone, por tanto, la continuación del camino entonces emprendido y la plasmación de la voluntad de atender a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos a partir del 29 de diciembre de 1978.

Su necesidad viene determinada, fundamentalmente, por la existencia de víctimas de graves violaciones de derechos humanos que no han sido reconocidas, ni reparadas, a partir de esa fecha. En la medida en que existen, es imperativo ético y democrático crear un instrumento para su reconocimiento y reparación.

La Constitución española, aprobada en 1978, en el epígrafe de regulación de los derechos fundamentales y libertades públicas, en su artículo 15, señala que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Cuando en un sistema democrático se vulnera ese derecho fundamental, los poderes públicos deben actuar no sólo en la prevención de esas actuaciones, sino también, en su caso, en su reparación y reconocimiento, y la Comunidad Autónoma de Euskadi tiene competencias reconocidas para actuar en esta materia.

Un diagnóstico completo de las violaciones de derechos humanos sufridas en Euskadi en los periodos temporales a los que se refiere el Decreto 107/2012 y la presente ley, debe incluir, sin discursos equiparadores de realidades muy distintas, y mucho menos justificativas de ninguna violación de derechos humanos, a las víctimas del terrorismo y a las víctimas de violaciones provocadas directa o indirectamente por agentes públicos en el ejercicio de sus funciones. Pero tanto el Decreto 107/2012 como la Ley, se ciñen a las víctimas no reconocidas de ambas etapas temporales, que tenían como contexto compartido la existencia de ETA. Las acciones terroristas no justifican ni una sola vulneración que haya sido ejercida mediante abuso de poder pero la existencia de vulneraciones de derechos humanos no puede tampoco ser presentada como un enfrentamiento entre dos violencias provocado por un conflicto político. Por tanto, esta ley se ciñe a la atención de las víctimas que en su condición de tales no han sido reconocidas ni reparadas como tal, sin ninguna otra interpretación posible.

La existencia de estas víctimas ha quedado recogida en informes de organismos internacionales de derechos humanos, así como en crónicas e informaciones y en diferentes informes elaborados por instancias académicas y expertas.

En consecuencia, son las propias víctimas, que hasta el momento no han sido reconocidas ni reparadas, las que justifican la necesidad de esta ley, que está directamente vinculada al compromiso democrático con el Estado de derecho y con los principios, derechos, libertades y garantías que lo fundamentan. Esta ley, por tanto, significa reconocer y reparar las vulneraciones de derechos humanos que se hubieran producido en un contexto de motivación política. Este reconocimiento no supone menoscabo para el Estado de derecho y sus instituciones. Antes, al contrario, significa su más sólido reforzamiento, en la medida en que implica un compromiso y una voluntad de reparación de las consecuencias de comportamientos no admisibles en un marco democrático. El Estado de derecho lo es, no tanto porque en su seno no se produzcan errores o actuaciones ilícitas, sino por su capacidad de identificarlos, corregirlos y reparar, en la medida de lo posible, sus consecuencias.

Mediante la presente ley, como política pública, se pretende el fomento de los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos en los años 1978-1999, y asegurando la preservación de los documentos relacionados con ese período histórico y depositados en archivos públicos.

Con esta ley se pretende, además, contribuir a la normalización de la convivencia y a la construcción de una memoria crítica del pasado. La sociedad vasca ha padecido más de cinco décadas de terrorismo y violencia. En este contexto de violencia de motivación política, se ha producido un significativo número de víctimas de vulneraciones de derechos humanos, muy especialmente a finales de los setenta y hasta bien entrados los ochenta. Víctimas que han quedado sin cobertura en la legislación actual. Este reconocimiento es, por tanto, pieza necesaria para la normalización de la convivencia y la construcción de una memoria crítica del pasado.

En definitiva, cuando se haya producido una vulneración de derechos humanos en un contexto de la violencia de motivación política, entre el 29 de diciembre de 1978 y el 31 de diciembre de 1999, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, esta ley viene a reconocer y a reparar a las víctimas, con el ánimo de que sean tratadas de forma justa y equitativa.

II

La cobertura que ofrece esta ley a las víctimas producidas con posterioridad al año 1978 se proyecta, por el momento, hasta el año 1999, dando continuidad a la experiencia acumulada con la ejecución del Decreto 107/2012, de 12 de junio. La justificación de este ámbito temporal viene marcada por la institución de la prescripción. Permite abordar los casos que, por haber prescrito, no han encontrado el merecido reconocimiento de los derechos de verdad, justicia y reparación. Evita así interferencias en los asuntos en los que todavía es posible entablar acciones legales ante los tribunales de justicia.

En segundo lugar la experiencia acumulada con la ejecución del Decreto 107/2012 aconseja abordar la atención a las víctimas acotando sectores temporales de intervención de la política pública.

III

La ley se asienta en la doctrina que emana de los tratados y acuerdos internacionales en materia de protección de los derechos humanos, que partiendo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de los pactos de 1966 de Naciones Unidas y del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa, entre otros muchos, avanzaron a lo largo del pasado siglo en la definición y protección de una serie de derechos considerados como fundamentales de la persona, entre los que, con toda claridad, se encuentran el derecho a la vida y a la integridad física, psíquica, moral y sexual. Derechos que tienen un carácter cuasiabsoluto y son considerados, en la actualidad, como parte integrante del contenido esencial de protección de la persona y constituyen, por sí mismos, un mínimo común democrático y un ámbito de protección indiscutible e intemporal de nuestra sociedad.

En el mismo sentido, es obligado traer a colación el cuerpo jurídico de los derechos fundamentales que, por la vía del artículo 10.2 de la Constitución española, se deben interpretar de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, entre los que cabe destacar la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hecha en Nueva York el 10 de diciembre de 1984, y ratificada por España el 19 de diciembre de 1987, y la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York el 20 de diciembre de 2006 y ratificada por España el 14 de julio de 2009.

Estos derechos fundamentales deben ser protegidos por los poderes públicos, en el marco de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y, en particular, la jurisprudencia destinada a la protección del derecho a la vida y a la integridad de las personas. Y ello sobre la base inspiradora de los denominados "Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones", que emanan de la Resolución 60/147, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 2005. Principios que, sin duda, establecen en el trípode justicia, verdad y reparación, la base desde la que los estados deben atender las violaciones graves de los derechos humanos a la hora de configurar la atención, prestaciones y derechos para con sus víctimas.

Los estándares internacionales de atención a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos enlazan, de manera fluida, con los estándares regionales europeos y, en particular, con la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, que, desarrollada por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, favorecen un catálogo de prestaciones y derechos a toda víctima, sin perjuicio de que quepan, al margen de las mismas, regulaciones particulares en atención a colectivos de víctimas con necesidades especiales.

En cuanto a la legislación de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el artículo 9 del Estatuto de Autonomía establece, como principio rector, el deber de los poderes públicos de velar y garantizar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de la ciudadanía, y de impulsar una política tendente a la mejora de las condiciones de vida. Corresponde también a los poderes públicos adoptar aquellas medidas dirigidas a promover las condiciones y remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad de la persona y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales. Obligación que entronca con el contenido del artículo 9.2 de la Constitución Española y que, en tal medida, habilita un ámbito de protección y reparación indiscutiblemente intemporal de la persona y, en definitiva, de nuestra sociedad. Sobre esta base previa, esta política de acompañamiento de las víctimas de las vulneraciones de derechos humanos debe inscribirse en los títulos competenciales que corresponden a la Comunidad Autónoma del País Vasco por vía del artículo 10.12, asistencia social, del artículo 18, sanidad, y del artículo 10.39, desarrollo comunitario, del Estatuto de Gernika.

En este sentido, la ley aborda la corrección de desigualdades producidas por el efecto de una grave vulneración de derechos humanos, y lo hace desde una perspectiva asistencial y personalizada para cada caso. Por otra parte, se orienta a promover el desarrollo comunitario conciliador y restaurador de una sociedad que ha padecido una vivencia traumática, sostenida durante décadas, de acciones de terrorismo, violencia y agresiones.

IV

La ley establece un sistema de reconocimiento y reparación, en la línea de su precedente, el Decreto 107/2012, de 12 de junio, aunque progresa en la definición de víctima y sus derechos para adaptar sus contenidos al nuevo ámbito temporal de aplicación de la ley, a las recomendaciones y experiencia que emanan de la Comisión de Valoración del citado Decreto 107/2012, y a las directrices asentadas por la Sentencia 267/2015 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Las modificaciones también obedecen a la voluntad de profundizar en los contenidos de reparación para con las víctimas, que deben encontrar en la indemnización una primera vía, pero no única, como camino al reconocimiento de la injusticia de la vulneración de los derechos humanos que padecieron.

Para ello la ley se divide en siete capítulos, siete disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.

El capítulo I articula las disposiciones generales de la ley identificando su objeto y su ámbito de aplicación, tanto geográfico como temporal, concretando la definición de víctima e identificando las personas beneficiarias.

El capítulo II regula los principios de actuación para con las víctimas en aras de su reconocimiento y reparación según máximas de solidaridad, celeridad, evitación de nuevos procesos de victimización, colaboración interinstitucional y garantía de derechos.

El capítulo III, relativo al reconocimiento y reparación, recoge los derechos al reconocimiento público, a la justicia y a la verdad, en la medida en que resultan compatibles con el suelo competencial de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La constatación y acreditación de un maltrato grave o de lesiones de carácter no permanente darán lugar al derecho a la declaración y reconocimiento como víctima, pero no a la compensación económica. Para los supuestos que conllevan compensación económica se establece un sistema baremado que viene determinado por la naturaleza de los daños causados. Este capítulo contempla, también como medida de reparación, el derecho a la asistencia sanitaria integral.

El capítulo IV regula el procedimiento, el órgano competente para la tramitación y resolución del procedimiento, los modos de iniciación, la instrucción y la resolución. Atribuye la tramitación al órgano competente en materia de derechos humanos del Gobierno Vasco, la instrucción a la Comisión de Valoración y la resolución del procedimiento a la persona titular de la secretaría general o viceconsejería del Gobierno Vasco competente en materia de derechos humanos.

Este procedimiento contempla un plazo de 2 años para la presentación de solicitudes y un plazo de 2 años para la resolución del expediente, dejando abierta la posibilidad a una ampliación de este plazo si concurrieran circunstancias excepcionales que lo justificaran. Todo ello con el ánimo de facilitar la presentación de solicitudes y de evitar, en la medida de lo posible, una presentación masiva de solicitudes, por un lado, y de hacer posible una evaluación rigurosa y ordenada, por otro, ya que, en algunos casos, será preciso realizar un análisis de situaciones complejas y ocurridas hace muchos años.

El capítulo V crea y regula la composición y funcionamiento de la Comisión de Valoración, que estará integrada por la persona que ostente la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, dos peritos forenses y un psicólogo designados por el Instituto Vasco de Medicina Legal, y seis personas expertas en el objeto de regulación de la ley, designadas tres de ellas por el Gobierno Vasco y otras tres por el Parlamento Vasco. La función principal de esta comisión se centrará, a partir de la acreditación de los hechos, en la valoración de daños, lesiones o secuelas de los casos de vulneración de derechos humanos que se le presenten, sin entrar en la consideración penal de los mismos.

El capítulo VI contiene las obligaciones de la víctima y las consecuencias de su incumplimiento.

El capítulo VII regula la provisión, mediante ley de presupuestos, de los créditos a consignar para esta finalidad y la necesaria publicidad de las dotaciones económicas que al efecto se aprueben.

La ley incorpora siete disposiciones adicionales. Las tres primeras permiten habilitar la aplicación retroactiva de la norma, en primer lugar, a quienes ya obtuvieron, en su momento, un reconocimiento al amparo del Decreto 107/2012, de 12 de junio, para que puedan asimismo beneficiarse de las nuevas prestaciones sanitarias que la ley contempla. En segundo lugar, para reconocer a aquellas víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de represión ilícita entre 1960 y 1978, en supuestos en los que, cumpliendo todos los requisitos establecidos en esta ley, no estaban amparados por el Decreto 107/2012, de 12 de junio. Y en tercer lugar para aquellas personas que cumpliendo todos los requisitos establecidos en el Decreto 107/2012, de 12 de junio no hubieran solicitado su reconocimiento o lo hubieran hecho fuera de plazo. La cuarta determina la normativa vigente aplicable a las indemnizaciones por lesiones permanentes de carácter no invalidante. La quinta establece un plazo para la constitución de la Comisión de Valoración. La sexta establece la excepción relativa a la relación concreta de culpabilidad. La séptima establece la necesidad de elaboración de un reglamento sobre los procedimientos de la Comisión de Valoración.

Por último, la disposición final primera autoriza a la persona titular de la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la ley; y la disposición final segunda se refiere a la entrada en vigor de la misma.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES


Artículo 1. Objeto

Es objeto de la presente ley la configuración de los derechos al reconocimiento y, en su caso, a la reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco, desde el 29 de diciembre de 1978 al 31 de diciembre de 1999, con los efectos y el alcance previstos en esta ley.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

1. Constituye supuesto de hecho para la aplicación de la presente ley que se haya producido una vulneración de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política entre el 29 de diciembre de 1978 y el 31 de diciembre de 1999, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. A los efectos de esta ley, se considerará vulneración de derechos humanos producida en un contexto de violencia de motivación política aquella que se haya producido con la concurrencia de las siguientes condiciones:

a) Que se haya producido en un contexto de violencia de motivación política.
b) Que haya sido llevada a cabo en un contexto de actuación o actuaciones con fines de motivación política, y en el que hubiera podido participar o bien personal funcionario público en el ejercicio de sus funciones o fuera del ejercicio de sus funciones; o bien particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual e incontrolada.
c) Que, como consecuencia de la vulneración de derechos humanos, se haya causado una afección a la vida o a la integridad física, psíquica, moral o sexual de las personas.

3. Se considerarán, también, vulneración de derechos humanos producida dentro del ámbito de aplicación de esta ley, los casos de aquellas personas que puedan justificar indefensión, debido a que no se hayan investigado las denuncias presentadas por las violaciones de derechos humanos a las que se refiere la ley, a través de cualquier medio de prueba admitido en derecho que acredite la indefensión.

4. La vulneración de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política se podrá acreditar mediante la aportación de resolución judicial o administrativa que reconozca la realidad de unos hechos ilícitos, que se relacionen causalmente con los daños o la afección a los derechos alegados o, subsidiariamente, en su defecto, por cualquier medio de prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo.

5. Se entenderá que la vulneración de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política prevista en esta ley se ha producido en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi en los siguientes casos:

a) Cuando los hechos se hubieran cometido en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
b) Cuando los hechos se hubieran cometido fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, pero la persona afectada estuviera domiciliada, en aquel momento, en un municipio de dicha Comunidad Autónoma.
c) Cuando los hechos se hubieran cometido fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la víctima hubiera residido 10 años en la misma.

6. Los derechos y prestaciones reconocidos en esta ley alcanzan a las víctimas directas de las vulneraciones de derechos humanos previstas en esta ley, en los términos que se expresan en cada caso.

7. Quedan expresamente excluidas de la aplicación de esta ley las personas que resultaran fallecidas o heridas durante la manipulación de armas o explosivos con el fin de desarrollar alguna actividad violenta, incluso cuando con dichas actuaciones lo que se pretendía fuera repeler o evitar actuaciones legítimas de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Artículo 3. Personas beneficiarias

1. Serán personas beneficiarias directas de todos los derechos reconocidos en la presente ley las personas que acrediten que padecieron las vulneraciones de los derechos humanos previstas en esta ley.

2. En el supuesto de que la vulneración de los derechos humanos de una persona haya tenido como consecuencia directa su fallecimiento, podrán solicitar la declaración de víctima, y beneficiarse de la compensación económica correspondiente, en orden excluyente:

a) La o el cónyuge de la persona fallecida, si no estuvieren legalmente separadas, o la persona que hubiere venido conviviendo con ella de forma permanente con análoga relación de afectividad al menos los dos años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieren tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia; y los hijos e hijas de la persona fallecida.
b) En caso de inexistencia de las anteriores, serán destinatarias, por orden sucesivo y excluyente, el padre y la madre, las nietas y nietos, los hermanos y hermanas y las abuelas y abuelos de la persona fallecida.
c) En defecto de las anteriores, las y los hijos de la persona conviviente y menores en acogimiento familiar permanente de la persona fallecida, cuando dependieren económicamente de ella.

3. En el caso de la concurrencia prevista en el apartado a), la ayuda se repartirá por mitades, correspondiendo una a la o el cónyuge o conviviente y la otra a los hijos e hijas, distribuyéndose esta última por partes iguales.

4. En los supuestos de concurrencia de personas con el mismo parentesco, la cuantía total se repartirá entre ellas por partes iguales.

5. En caso de fallecimiento de la persona que padeció las vulneraciones de los derechos humanos previstas en esta ley con posterioridad a la producción del hecho y por causas ajenas al mismo, podrán solicitar la declaración de víctima las personas indicadas en el apartado 2 de este artículo. En este supuesto, cuando como consecuencia de las vulneraciones de derechos humanos se hubieran producido lesiones de carácter permanente, se abonará el 65 % de la cuantía prevista para la correspondiente lesión, con el límite máximo de la indemnización prevista para el caso de fallecimiento en la letra a) del artículo 9.2 de esta ley.

6. Respecto de la asistencia psicológica prevista en el artículo 11.4 podrán ser beneficiarias de la misma las personas mencionadas en el apartado 2 de este artículo, siempre que con carácter previo se haya emitido la correspondiente resolución de declaración de víctima al amparo de lo establecido en la presente ley.

CAPÍTULO II
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN


Artículo 4. Principios de actuación

1. Los poderes públicos vascos, con base en el principio de solidaridad con las víctimas, adoptarán las medidas oportunas para:

a) Documentar con el máximo rigor, veracidad y coherencia, y dentro del marco definitorio de esta ley, la existencia de vulneraciones de derechos humanos en los casos presentados, atendiendo a la diversidad y a las diferencias existentes.
b) Promover un reconocimiento institucional y social de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos previstas en esta ley, favoreciendo su visibilización, la rehabilitación de su honor y su satisfacción moral.
c) Garantizar una reparación efectiva adoptando las medidas oportunas que permitan paliar, en la medida de lo posible, los daños físicos, psíquicos, morales y sexuales padecidos, a través de las prestaciones sanitarias y compensaciones económicas previstas en esta ley.

2. La instrucción y resolución de los procedimientos estará presidida por los principios siguientes:

a) Principio de trato favorable a las víctimas, teniendo en cuenta la especial situación de vulnerabilidad y desigualdad en que puedan encontrarse, procurando que el procedimiento no dé lugar a nuevos procesos traumáticos.
b) Principio de celeridad, evitando trámites formales que alarguen o dificulten innecesariamente el reconocimiento de los derechos y su reparación. En este sentido, no se requerirá aportación documental a la persona interesada para probar hechos notorios o circunstancias cuya acreditación conste en los archivos o antecedentes de la administración actuante.
c) Principio de colaboración interinstitucional, de manera que las instituciones públicas suministrarán, en tiempo y forma, todos los datos que les sean solicitados y facilitarán la colaboración, tanto de autoridades como del personal técnico a su servicio, que sea precisa para el esclarecimiento de los hechos y la resolución de los expedientes.
d) Principio de garantía de los derechos de terceras personas, que conlleva que, la concurrencia de estas en los expedientes administrativos tramitados al amparo de esta ley no podrá suponer, en ningún caso, vulneración ni afección alguna a sus garantías jurídicas y constitucionales, sin perjuicio, en su caso, de aplicar lo previsto en el artículo 7.2.b de esta ley.

CAPÍTULO III
RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN


Artículo 5. La declaración de víctima

A los efectos de esta ley, la declaración de víctima de vulneraciones de derechos humanos producidas en un contexto de violencia de motivación política implicará, en todo caso, el derecho al reconocimiento público de la condición de víctima. Este reconocimiento público deberá compaginarse con el derecho de la víctima, cuando lo solicite expresamente, a preservar su intimidad, y a que, por tanto, tal reconocimiento no se publicite ni notifique a terceros, salvo que dichos terceros acrediten interés legítimo o exista otra finalidad lícita que justifique esa comunicación. En la medida en que lo permita el ámbito competencial de los poderes públicos, se procurará la promoción, por parte de los mismos, de aquellas actuaciones que posibiliten el derecho a la verdad.

Artículo 6. Derecho al reconocimiento público

Los poderes públicos vascos impulsarán medidas activas para asegurar, dentro del máximo respeto y dignificación de las víctimas y mediante actos, símbolos o elementos análogos, el recuerdo y el reconocimiento de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos previstas en esta ley.

Artículo 7. Derecho a la verdad

1. Los poderes públicos vascos colaborarán con los órganos y organismos del Gobierno Vasco que ejerzan funciones en materia de derechos humanos, promoción de la memoria o convivencia democrática para, en el marco de sus respectivas competencias, contribuir al conocimiento de la verdad sobre las vulneraciones de derechos humanos a las que se refiere esta ley, a través de las siguientes acciones:

a) Promoverán el derecho de todas las víctimas a que se conozcan los hechos contrastados de lo sucedido, facilitando el acceso a todo tipo de archivos oficiales y a cualesquiera otros lugares donde se pueda conseguir información.
b) Difundirán, con el necesario respeto a la identidad de las víctimas, y atendiendo a la diversidad y a las diferencias existentes, las relaciones de hechos que la Comisión de Valoración haya considerado vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de violencia de motivación política a las que se refiere esta ley.

2. Los poderes públicos vascos colaborarán, en la medida de sus posibilidades y competencias, para garantizar el acceso de todas las víctimas a las siguientes acciones:

a) Facilitarán a las personas beneficiarias previstas en el artículo 3 de esta ley información sobre los recursos disponibles y, en su caso, aquella que permita incoar los oportunos procedimientos judiciales que, en cada caso, puedan proceder.
b) Cuando la Comisión de Valoración considere que del contenido del expediente pudiera desprenderse alguna actuación ilegal no prescrita, lo comunicará a los tribunales competentes y, en su caso, a la administración competente.
c) Asimismo, los expedientes de las víctimas reconocidas por esta ley serán, en todo caso, remitidos al Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos para que este pueda, siempre dentro del necesario respeto a la legislación sobre protección de datos de carácter personal, desarrollar las políticas que son de su competencia.

Artículo 8. Derecho a la reparación

La declaración de víctima de vulneraciones de derechos humanos conllevará, en aquellos casos previstos en esta ley, el derecho a la reparación, que comprenderá una compensación económica y, en su caso, una asistencia sanitaria para superar los daños sufridos como consecuencia de las vulneraciones de derechos humanos acaecidas, de acuerdo con las reglas que se establecen en los dos artículos siguientes.

Artículo 9. Indemnización

1. Las víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de violencia de motivación política reconocidas conforme a las previsiones de esta ley, tendrán derecho a recibir una indemnización por los daños sufridos, de acuerdo con las reglas que se establecen en el presente artículo.

2. El importe queda determinado por los daños causados por la vulneración de derechos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Por fallecimiento: 135.000 euros.
b) Por gran invalidez: 390.000 euros.
c) Por incapacidad permanente absoluta: 95.000 euros.
d) Por incapacidad permanente total: 45.000 euros.
e) Por incapacidad permanente parcial: 35.000 euros.
f) Por lesiones permanentes de carácter no invalidante, el importe se calculará de acuerdo con las cuantías, multiplicadas por tres, establecidas en la normativa general aplicable a las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes. El importe total de la cuantía por este concepto no podrá alcanzar ni exceder, en ningún caso, el señalado en la letra anterior para la incapacidad permanente parcial.

3. El maltrato grave y las lesiones de carácter no permanente no darán lugar a una compensación económica, sin perjuicio del derecho a la declaración de víctima a los demás efectos que se prevén en esta ley.

4. El pago de las compensaciones económicas se realizará mediante un único libramiento, que se efectuará tras el reconocimiento del derecho de reparación.

5. En las concedidas por fallecimiento, el pago a cualquiera de las personas beneficiarias liberará a la Administración de cualquier obligación frente a terceros con derecho a las mismas, sin perjuicio de las acciones que puedan ejercer entre sí.

Artículo 10. Compatibilidades de las compensaciones económicas

Estas compensaciones económicas son compatibles con las cantidades que se hubieran percibido o se tuviera derecho a percibir por los mismos hechos en el marco de expedientes de responsabilidad patrimonial por el normal o anormal funcionamiento de la Administración, y con aquellas indemnizaciones que las víctimas hubieran percibido o tuvieran derecho a percibir en el marco de la legislación en materia de memoria histórica o de víctimas del terrorismo, siempre que sean inferiores a las compensaciones económicas reconocidas al amparo de esta ley. En este caso procederá la percepción por la diferencia entre las cantidades percibidas o reconocidas en base a la correspondiente normativa y el importe previsto en esta ley.

Artículo 11. Asistencia sanitaria

1. Quienes hayan sufrido daños personales físicos o psicofísicos derivados de las vulneraciones de derechos humanos previstas en esta ley, tendrán acceso a cuantas prestaciones sanitarias, incluidas en la cartera de prestaciones del sistema vasco de salud, sean necesarias para recuperar, en la medida de lo posible, las condiciones físicas anteriores al hecho causante.

2. Dicha atención sanitaria se prestará con los recursos adscritos del sistema sanitario de Euskadi. No obstante, si las necesidades del o la paciente así lo aconsejaran y la idoneidad del tratamiento estuviera objetivamente justificada, pero no tuviera cabida dentro de la red sanitaria pública, podrán autorizarse tratamientos médicos facilitados fuera de ese ámbito, siendo por cuenta del departamento competente en materia de derechos humanos del Gobierno Vasco el coste de dichos tratamientos y los gastos generados por el acompañamiento de la persona atendida.

3. La Administración cubrirá la totalidad de los gastos generados por el implante de prótesis o mejoras periódicas de las mismas, así como los gastos derivados de la necesidad de rehabilitación, diagnosticados por el servicio público de salud de Euskadi. Todo aquello diagnosticado y no cubierto por el sistema de protección sanitaria ordinaria será asumido por el departamento competente en materia de derechos humanos del Gobierno Vasco.

4. La asistencia psicológica, incluida la psicosocial y la psicopedagógica, dirigida a superar los efectos de tal naturaleza derivados de la vulneración de derechos humanos, producida en un contexto de violencia de motivación política, será dispensada a cualquiera de las personas mencionadas en el artículo 3 siempre que se acredite su necesidad mediante certificación en tal sentido expedida por facultativo público. La asistencia psicológica a que se refiere este párrafo se prestará a través de los medios públicos adscritos al sistema sanitario de Euskadi, y excepcionalmente, cuando esté objetivamente justificado, se admitirá la asistencia psicológica impartida por profesional privado, asumiendo su coste el departamento competente en materia de derechos humanos del Gobierno Vasco.

La compensación económica, en estos casos, se abonará por trimestres vencidos, previa presentación de las facturas de los gastos y honorarios correspondientes, hasta un límite total, por persona, de 3.500 euros. En caso de que el diagnóstico médico lo prescriba, podrá ampliarse la ayuda concedida por igual cuantía.

5. Estas ayudas serán incompatibles con las de la misma naturaleza que pudieran prestar, por las mismas causas, otras administraciones públicas.

CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO


Artículo 12. Órgano competente

El procedimiento para la declaración de los derechos reconocidos en esta ley será tramitado por el órgano competente en materia de derechos humanos del Gobierno Vasco y resuelto por la persona titular de la secretaría general o viceconsejería del Gobierno Vasco competente en dicha materia. Dicha tramitación se ajustará a las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos que resulten de aplicación.

Artículo 13. Iniciación

1. Las personas interesadas podrán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios presenciales o electrónicos.

2. El procedimiento se iniciará por solicitud de las personas indicadas en el artículo 3 de esta ley. A los efectos de facilitar su presentación, la resolución de la persona titular de la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos, por la que se abrirá el plazo para la presentación de solicitudes, contendrá un modelo normalizado de solicitud.

3. En caso de que la persona afectada haya fallecido, junto con la solicitud, deberá aportarse certificado de defunción de la víctima, así como la siguiente documentación en función de la relación de parentesco entre la persona fallecida y la solicitante:

a) Si se tratara de la persona cónyuge no separada legalmente, ni en proceso de separación o nulidad matrimonial, copia del libro de familia o certificación literal de la inscripción del matrimonio, expedida por el Registro Civil con posterioridad a la fecha de defunción de la víctima, así como declaración responsable de la persona interesada en la que manifieste no haberse iniciado un proceso de separación o nulidad matrimonial.
b) Cuando la persona solicitante fuera la que hubiera convivido con análoga relación de afectividad, esta habrá de justificarse mediante la presentación de alguno de los siguientes documentos:
- Documento público en el que conste la existencia de la pareja de hecho.
- En caso de existencia de hijos o hijas comunes, copia del libro de familia o las certificaciones literales de nacimiento expedidas por el Registro Civil, así como la declaración responsable de la persona interesada en la que acredite la convivencia con la persona fallecida.
- Certificado de convivencia del ayuntamiento o acta notarial de notoriedad que acredite la convivencia en los dos años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, acompañado de cualquier documento que sirva para acreditar la análoga relación de afectividad a la conyugal, cuya valoración se realizará por la Comisión de Valoración.
c) Cuando se trate de los hijos e hijas de la persona fallecida, se acompañará copia del libro de familia o las certificaciones literales de nacimiento expedidas por el Registro Civil.
d) Si las personas solicitantes fuesen los padres y madres, nietos y nietas o hermanos y hermanas de la persona fallecida, deberán acreditar su relación de parentesco con el o la causante de la indemnización mediante copia del libro de familia o las correspondientes certificaciones literales de nacimiento o matrimonio, expedidas por el Registro Civil.
e) A efectos de determinar tanto la eventual prelación como la concurrencia de personas beneficiarias con el mismo derecho, las personas incluidas en la letra d) anterior deberán declarar en la solicitud que no tienen constancia de la existencia de personas beneficiarias con mejor derecho a la compensación económica o, en su caso, los nombres y apellidos de otras posibles perceptoras con igual derecho.

4. La solicitud contendrá una descripción de las circunstancias, previstas en esta ley, en que se hubiere producido la vulneración del derecho humano. Dicha descripción deberá presentar las características del suceso comprendido en el ámbito de aplicación de la presente ley, que podrá acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho y, en particular, mediante los informes y documentos que se consideren relevantes a efectos de demostrar la condición de víctima regulada en esta ley.

5. Las solicitudes para la declaración de la condición de víctima de vulneraciones de derechos humanos previstas en esta ley, se dirigirán al órgano competente del Gobierno Vasco en materia de derechos humanos, en el plazo de dos años desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la correspondiente resolución de la persona titular de la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos, por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes.

6. Las solicitudes irán acompañadas de aquellos informes y certificados médicos que permitan la adecuada valoración de la vulneración de derechos humanos y del resultado causado.

Artículo 14. Instrucción

1. Recibida la solicitud, junto con la documentación requerida, el órgano competente en materia de derechos humanos, al que corresponde la tramitación del expediente, dará traslado del mismo a la Comisión de Valoración regulada en el capítulo V de esta ley, quien realizará de oficio las actuaciones que estime pertinentes para la comprobación de los hechos o datos alegados.

2. En todo caso, si lo considera necesario, la Comisión de Valoración podrá:

a) Escuchar a la persona solicitante, al objeto de completar la información sobre los documentos y pruebas presentados por su parte. A estos efectos, citará a la persona solicitante a una entrevista a realizar en la sede del Gobierno Vasco, o en la de sus delegaciones territoriales o dependencias, o en su defecto en el lugar que se acuerde con la víctima, siguiendo los principios de cercanía geográfica a su domicilio. De esta entrevista se levantará acta por la secretaría técnica de la Comisión de Valoración pudiéndose, con la conformidad de la persona solicitante, grabar por medios audiovisuales su declaración.
b) Recabar los antecedentes, datos o informes que pudieran constar en los departamentos y organismos dependientes del Gobierno Vasco, así como en otros registros públicos de la misma Administración, donde pudiera haber quedado constancia de los mismos.
c) Solicitar información a otras administraciones públicas, entidades u órganos privados o públicos de los antecedentes, datos o informes que puedan resultar necesarios para la tramitación de los expedientes, siempre dentro de los límites fijados por la legislación vigente en materia de transparencia y protección de datos.
d) Solicitar informe o testimonio de personas que, bien por su conocimiento di¬recto o indirecto de los hechos o bien por su experiencia o pericia técnica, pudieran aportar información relevante sobre la solicitud presentada, cuya declaración podrá, igualmente, ser objeto de grabación.
e) Llevar a cabo cuantas actuaciones estime precisas en orden al mayor esclarecimiento de los hechos en cuestión y a una mejor resolución de la solicitud presentada.

3. En el caso de que la solicitud sea presentada por una o varias de las personas indicadas en el artículo 3 de la presente ley, y la Comisión de Valoración tuviera conocimiento, en el ejercicio de sus funciones, de que pudiera haber otras personas que se encuentren en igual o mejor derecho, habrá de dar traslado de la solicitud a las mismas a los efectos de que puedan personarse en el procedimiento como parte interesada.

4. Las entidades públicas y personas privadas, relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de la Comisión de Valoración, habrán de prestarle la colaboración que les sea requerida al objeto de esclarecer los hechos y en el marco de los expedientes tramitados al amparo de la presente ley. A este respecto suministrarán, en tiempo y forma, todos los datos y la colaboración del personal técnico que les sea requerida y, en caso de que sean citadas, comparecerán, personalmente o mediante representante autorizado, ante la Comisión de Valoración para responder directamente a los requerimientos de información. La Comisión de Valoración podrá, en el ámbito de sus competencias, mantener las relaciones que estime necesarias con cualquier autoridad o sus agentes, así como intercambiar informaciones y recibir las colaboraciones de organismos y entidades públicas y privadas.

5. En aquellos casos en los que la Comisión de Valoración tenga conocimiento de la existencia de causas judiciales abiertas, el órgano encargado de resolver el expediente suspenderá la tramitación del procedimiento, hasta que la vía judicial se haya agotado. Igual suspensión se producirá cuando se tenga conocimiento de la existencia de procedimientos administrativos sancionadores abiertos, hasta que los mismos sean firmes en la vía administrativa.

6. En cada expediente habrá de constar un informe técnico emitido por, al menos, dos peritos forenses pertenecientes al Instituto Vasco de Medicina legal, que formen parte de la Comisión de Valoración, en el que, en el ámbito de las funciones que tienen atribuidas en la Comisión de Valoración, se pronuncien sobre la compatibilidad del maltrato o lesiones alegadas, con los hechos causantes. En los casos de gran invalidez, incapacidad permanente parcial, total o absoluta, acreditada mediante certificado expedido por la autoridad competente, los respectivos informes técnicos habrán de pronunciarse sobre el grado de vinculación de las lesiones acreditadas con los hechos alegados en el marco de cada expediente. En aquellos casos en los que el informe concluya que existe un determinado grado de invalidez o incapacidad permanente, que no se encuentra acreditado por certificado emitido por la autoridad competente, desde la Comisión de Valoración se indicará el procedimiento para facilitar su obtención.

7. Corresponde a la Comisión de Valoración, con carácter exclusivo e independiente, proponer, de forma motivada, la inadmisión a trámite de las solicitudes, así como analizar las solicitudes admitidas y acordar, motivadamente, la propuesta de declaración de la condición de víctima o de denegación de la solicitud presentada.

8. Para ello, la Comisión de Valoración examinará la documentación y los elementos de prueba que consten en el expediente y los valorará en su conjunto. La Comisión de Valoración emitirá un informe motivado de cada solicitud presentada, en el que analizará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2.2 de esta ley, realizará un resumen de los hechos que ocasionaron la vulneración de los derechos humanos de la víctima que considera probados, incluirá una valoración sobre la relación de causalidad entre dichos hechos y las lesiones acreditadas, detallando los medios de prueba en los que se fundamenta, y propondrá, en su caso, la declaración de víctima, a los efectos de esta ley, así como las medidas reparadoras que considere oportunas.

9. La comisión, al efecto de proceder a la determinación del importe correspondiente a la compensación económica a abonar en función de la naturaleza de las lesiones en los casos de gran invalidez, incapacidad permanente parcial, total o absoluta, o lesiones permanentes de carácter no invalidante, deberá aplicar, como criterio determinante, el certificado emitido por la autoridad competente, cuando lo hubiera, modulado en función de la vinculación existente entre las lesiones acreditadas con los hechos alegados, según se recoja en los informes técnicos preceptivos de las y los peritos forenses.

Artículo 15. Resolución

1. La propuesta de la Comisión de Valoración se comunicará a la persona titular de la secretaría general o viceconsejería del Gobierno Vasco competente en materia de derechos humanos, quien dictará la correspondiente resolución sobre la solicitud presentada, reconociendo, cuando proceda, la condición de víctima de la persona que haya padecido las vulneraciones de derechos previstas en esta ley y determinando, en su caso, los derechos derivados de dicho reconocimiento, o inadmitiendo o denegando la solicitud.

2. El órgano competente deberá resolver la solicitud planteada y notificar la resolución a las personas interesadas en el plazo máximo de veinticuatro meses, salvo que concurrieran circunstancias excepcionales que justifiquen la ampliación motivada de dicho plazo. La ampliación se ajustará, en todo caso, a los límites que establezca la normativa vigente.

3. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución, la persona o personas interesadas podrán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

CAPÍTULO V
COMISIÓN DE VALORACIÓN

Artículo 16. Creación

1. Se crea una comisión que se encargará de valorar las solicitudes presentadas y proponer, al amparo de esta ley, la inadmisión de solicitudes o, cuando proceda, la declaración de la condición de víctima y, en su caso, las medidas de reparación o la denegación de la solicitud presentada.

2. La secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos deberá facilitar los medios materiales y humanos necesarios para el desarrollo de sus tareas.

3. Sus miembros actuarán bajo los principios de legalidad, independencia, confidencialidad, colaboración y eficacia.

Artículo 17. Composición y constitución

1. La Comisión de Valoración estará compuesta por:

a) La persona que ostente la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco.
b) Tres personas designadas por la persona titular de la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos, donde una de ellas será jurista especializada en Derecho penal, otra tendrá experiencia en materia de víctimas, y una tercera historiadora especialista en el contexto temporal al que se refiere la ley.
c) Tres personas expertas en la materia objeto de regulación de esta ley, designadas por la Comisión del Parlamento Vasco encargada del seguimiento de los derechos humanos, entre las que incluirá a un representante de la sociedad civil.
d) Dos peritos forenses y un psicólogo o psicóloga designados por el Instituto Vasco de Medicina Legal, todos ellos con experiencia en materia de víctimas.
e) Ostentará la Secretaría Técnica de la Comisión, con voz y sin voto, una persona al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco de nivel técnico, licenciada en Derecho, designada por la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos.

2. La presidencia de la Comisión de Valoración será elegida de entre sus miembros por mayoría.

3. A efectos de garantizar el derecho a recusación de las personas interesadas, la identidad de las y los miembros titulares y suplentes que integran la Comisión de Valoración se hará pública mediante resolución de la persona titular de la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos, que será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

4. En los supuestos en los que así lo decida, la Comisión de Valoración podrá contar además con la presencia de otras y otros peritos expertos cuya aportación se considere necesaria para la acreditación de las vulneraciones del derecho a la vida, integridad física, psíquica, moral o sexual objeto de la ley. El trabajo de valoración, análisis y estudio llevado a cabo por estas y estos peritos se ejercerá bajo la dirección de la secretaría técnica de la comisión.

Artículo 18. Funcionamiento

1. La Comisión de Valoración se reunirá con carácter ordinario al menos una vez al mes, debiendo establecer en su primera reunión su calendario anual de sesiones. Excepcionalmente podrá reunirse a iniciativa propia de su presidencia, o a petición de al menos cinco de las diez personas que la componen, previa convocatoria realizada al efecto con, al menos, cinco días de antelación. En todo caso, para su válida constitución se requerirá la presencia de, al menos, la mitad de sus miembros, incluidas las personas que ocupen su presidencia y la Secretaría Técnica.

2. Los acuerdos de la comisión serán adoptados por mayoría de votos de los y las miembros presentes disponiendo, en caso de empate, de voto de calidad su Presidencia. Los y las miembros de la comisión podrán solicitar que conste en acta su voto contra el acuerdo adoptado o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cuando algún miembro discrepe del acuerdo mayoritario podrá formular voto particular por escrito, en el plazo de dos días desde la adopción del acuerdo, que se incorporará al texto aprobado.

3. Los y las miembros de la Comisión de Valoración podrán utilizar en las reuniones cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Así mismo, en las convocatorias de las reuniones, en el orden del día, en las actas y en los diferentes escritos que elabore esta Comisión de Valoración se garantizará el uso de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4. La Comisión de Valoración podrá completar sus propias normas de funcionamiento, conforme a lo que la legislación de régimen jurídico aplicable establezca respecto de los órganos colegiados.

5. La Comisión de Valoración elaborará un informe anual, en el que dará cuenta de los resultados de su trabajo, de las investigaciones, las características de los datos recabados, las solicitudes presentadas y cualquier otro dato que ayude a tener un conocimiento exhaustivo y real de lo sucedido. Todo ello desagregado por sexo y analizando las distintas situaciones de mujeres y hombres. En cualquier caso, al finalizar su labor la Comisión de Valoración elaborará un informe final que dé cuenta de los resultados obtenidos de una manera global.

6. Las personas que integran la Comisión de Valoración, que no sean miembros de la Administración pública, tendrán derecho a percibir dietas por los trabajos realizados.

CAPÍTULO VI
OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS


Artículo 19. Obligaciones de las personas víctimas de vulneración de derechos humanos

Las personas víctimas de vulneración de derechos humanos están obligadas a:

a) Admitir, en todo momento, la verificación, por la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos, de los datos y documentos aportados, así como facilitar cuanta información le fuese requerida, a los efectos de controlar y completar el expediente.
b) Cumplir con los requisitos establecidos en la normativa general para obtener la condición de persona beneficiaria y con las obligaciones que para las mismas establece la citada normativa, en aquellos casos en los que la declaración de víctima lleve aparejado el reconocimiento a una compensación económica de las incluidas en la presente ley.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la entidad concedente y a las de control que corresponden a la Oficina de Control Económico en relación con las ayudas percibidas con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, además de las previstas por la normativa específica del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

Artículo 20. Incumplimiento de las condiciones y requisitos

El incumplimiento por parte de la persona víctima de vulneración de derechos humanos de los términos establecidos en la presente ley, o la falsedad de los datos presentados, determinará la pérdida del reconocimiento de víctima y, en su caso, la pérdida de la compensación económica o prestaciones reconocidas, previa tramitación del oportuno expediente incoado al efecto con audiencia de las personas interesadas. Ello conllevará la obligación de reintegrar, cuando proceda, a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas, más los correspondientes intereses legales que correspondan, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. Todo ello de acuerdo con lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre y en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

CAPÍTULO VII
RECURSOS ECONÓMICOS


Artículo 21. Recursos económicos

1. Para la financiación de las compensaciones económicas contempladas en la presente ley se destinarán los correspondientes créditos de pago consignados en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para cada ejercicio, a cuyos efectos se dará la oportuna publicidad en el Boletín Oficial del País Vasco, mediante publicación, en el mismo, de la correspondiente resolución de la persona titular de la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos.

2. Esta cantidad podrá verse actualizada en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas en otros programas de la sección en que se encuentran, consignadas a través del régimen de modificaciones presupuestarias que se puedan aprobar o de las vinculaciones crediticias que resulten de aplicación.

3. Las solicitudes que no pudieran ser atendidas por agotamiento de la dotación presupuestaria asignada anualmente, serán diferidas al ejercicio siguiente mediante resolución administrativa del órgano competente.

4. Tanto del posible aumento como del agotamiento, en su caso, de los recursos económicos asignados, se dará la oportuna publicidad en el Boletín Oficial del País Vasco, mediante resolución de la persona titular de la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos.

Disposiciones Adicionales

Disposición adicional primera. Aplicación re¬troactiva a víctimas reconocidas al amparo del Decreto 107/2012, de 12 de junio

Quienes en base a lo establecido en el Decreto 107/2012, de 12 de junio, de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 1978, en el contexto de la violencia de motivación política vivida en la Comunidad Autónoma del País Vasco, hubieran obtenido el reconocimiento y, en su caso, la compensación económica correspondiente, podrán solicitar, si procediera, la asistencia sanitaria regulada en el artículo 11 de la presente ley.

Disposición adicional segunda. Aplicación retroactiva a víctimas no amparadas por el Decreto 107/2012, de 12 de junio

La presente ley se aplicará con carácter retroactivo y excepcional hasta 1960, para reconocer a aquellas víctimas de vulneraciones de derechos humanos en supuestos en los que, cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 2.2 de esta ley, no estaban amparados por el Decreto 107/2012, de 12 de junio.

Disposición adicional tercera. Plazo extraordinario para la aplicación del Decreto 107/2012, de 12 de junio

Se abre un plazo extraordinario de doce meses, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, para que se acojan a ella todas aquellas personas que, aun cumpliendo todos los requisitos establecidos en el Decreto 107/2012, de 12 de junio, no hubieran solicitado su reconocimiento y reparación o lo hubieran hecho fuera de plazo

Disposición adicional cuarta. Normativa vigente aplicable a las indemnizaciones por lesiones permanentes de carácter no invalidante

A los efectos de determinar las indemnizaciones por lesiones permanentes de carácter no invalidante, recogidas en el artículo 9.2.f de la presente ley, será de aplicación, en tanto en cuanto esté vigente, la Orden ESS/66/2013, de 28 de enero, por la que se actualizan las cantidades a tanto alzado de normativa vigente aplicable a las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes.

Disposición adicional quinta. Constitución de la Comisión de Valoración

La Comisión de Valoración se constituirá en el plazo máximo de un mes a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la resolución por la que se hace pública la identidad de las personas que la integran.

Disposición adicional sexta. Aplicación de la ley a las vulneraciones de derechos humanos donde no pueda establecerse una relación concreta de culpabilidad sobre los hechos constitutivos de tales vulneraciones de derechos humanos

También se considera, a los efectos de aplicación de esta ley, como vulneración de derechos humanos la causada por abusos de poder o uso ilegítimo de la violencia policial que se haya producido en un contexto de violencia de motivación política, donde hubiera podido participar o bien personal funcionario público en el ejercicio de sus funciones o fuera del ejercicio de sus funciones; o bien particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual e incontrolada, sin que sea preciso establecer una relación concreta de culpabilidad sobre los hechos constitutivos de tales vulneraciones siempre que como consecuencia de la vulneración se haya causado una afección a la vida o a la integridad física, psíquica, moral o sexual de las personas.

Disposición adicional séptima. Desarrollo reglamentario

El Gobierno Vasco desarrollará mediante un reglamento los procedimientos que se establecerán para abordar los distintos supuestos que se le presenten en las solicitudes de reconocimiento de la condición de víctima, a fin de que las propuestas de resolución administrativas que adopte la Comisión de Valoración tengan plena seguridad jurídica.

Disposiciones Finales

Disposición final primera. Ejecución de la ley

Se autoriza a la persona titular de la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la ejecución de la presente ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.
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