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Sáb 5 Nov 2016 - 19:25
Boletín oficial del País Vasco (BOPV)

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David Valverde
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Sáb 31 Dic 2016 - 20:53
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO


Número XX • XXXX 14 de Diciembre de 2016 • Sec. I


I. DISPOSICIONES GENERALES

NOMBRAMIENTOS


Decreto 1/2016 de 14 de Diciembre de 2016,  por el que se reestructura el Consejo de Gobierno.


En virtud de las competencias asignadas al Lehendakari en el Estatuto de Autonomía y legislación vigente, vengo a nombrar:

Vicelehendakari, Consejería de Políticas Sociales, Igualdad y Juventud a Idoia Mendia

Consejero de Derecho Foral, Autogobierno, Administración Pública y Entidades Locales: Josu Erkoreka

Consejero de Economía y Hacienda: Pedro Azpiazu

Consejero de Acción Exterior, Transparencia y Portavoz: David Valverde

Consejero de Salud Pública : Natalia Rojo

Consejero de Educación y Política Lingüístca: Cristina Uriarte

Consejera de Seguridad y Justicia: Estefanía Bertran

Consejero de Cultura y Deportes: Jon Darpón

Consejero de Medio Ambiente, Rural y Marino: Íñigo Iturrate

Consejera de Empleo, Industria, Comercio e Innovación: Arantza Tapia

Consejera de Obras Públicas, Transportes y Vivienda: Beatriz Artolazabal

Disposición Final.
Este Decreto entrará en vigor el día posterior a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Dado en el Palacio de Ajuria-Enea, en Vitoria-Gazteiz, el 14 de Diciembre de dos mil dieciséis.


El Lehendakari,
Íñigo Urkullu
David Valverde
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Dom 29 Ene 2017 - 21:08
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO


Número XX • XXXX 19 de Marzo de 2016 • Sec. I


I.
Ley 1/2017 de prevención contra el acoso escolar.

Preámbulo

El acoso escolar es un problema grave en los centros educativos. Este puede afectar gravemente al correcto desarrollo de los estudiantes tanto académicamente como psicologicamente. Asimismo, puede derivar en graves secuelas a largo plazo.
Por ello disponemos:

Título Único

Artículo 1. Actualización del protocolo contra el acoso escolar centrándose especialmente en la detección y prevención. .


Artículo 2. Creación de una unidad dentro de las auditorías escolares centrada en la revisión de los protocolos en los centros escolares.

Artículo 3. Creación de una oficina online disponible 24h en la que prestar ayuda a acosados, acosadores y profesores.

Artículo 4. Impartición de charlas sobre acoso escolar y visualización de documentales y películas en todos los centros desde una edad temprana.

Disposición derogatoria.
Queda derogado cuanto, siendo de igual o menor rango, contradiga o se oponga a la presente Ley.

Disposición final.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Gobierno Vasco - Consejería de Educación y política lingüística

II. Ley 2/2017 para la vivienda

PREÁMBULO
Se ha aprobado una Ley de Vivienda que reconoce el derecho subjetivo de obtener legalmente una vivienda digna y adecuada, y que define asimismo las modalidades y las condiciones exigidas en relación al cumplimiento de ese derecho; se trata de una ley progresista, que debe ser desarrollada en su totalidad.

ARTÍCULO 1.
Alquiler de todo el parque público que no se haya conseguido vender hasta la fecha.
ARTÍCULO 2.
Acondicimiento de pagos en alquiler social. (No pagar más del 15% si cobran por debajo del salario mínimo interprofesional y nadie tenga que pagar más del 30% de sus ingresos)
ARTÍCULO 3.
Ley de segundas oportunidades en las que incluirá un codigo de buenas practicas bancarias,suspensiones en abono del capital,las quitas y el alquiler social como dación en pago.

ARTÍCULO 4.
Interrupción del IRPH a los bancos que lo han estado usando. Anulación del IRPH como indice para los prestamos de vivienda.
ARTÍCULO 5.
Revisión apartados que sanciona la ocupación.
ARTÍCULO 6.
Creación censo de viviendas vacías con el objetivo de usarlas de alquiler.
ARTÍCULO 7.
Priorizar la vivienda de alquiler.

Articulo 9: sanear las cuentas del parque público de viviendas para que tenga superávit y sea rentable en el tiempo. No permitir nunca un déficit superior al 1%.




David Valverde
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Vie 10 Feb 2017 - 15:18
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Número XX • XXXX 20 de Mayo de 2016 • Sec. I


I.
Ley 3/2017 de creación de la red Aseginolaza.

Preámbulo

La innovación y el desarrollo son los pilares de la economía y el futuro. En España la crisis se ha agravado por no tener unos pilares científicos fuertes y para recuperarnos necesitamos consolidar estos sectores. Si queremos un Euskadi moderno necesitamos crear Startups  y mejorar el sector cuaternario de la economía, siempre desde la inversión y el emprendimiento privado, pero con el claro apoyo del sector público, por ello presentamos esta Red.

Artículo I
Creación de 4 institutos tecnológicos entre 2017 y 2018 en colaboración con las tres universidades vascas, con competencias en ingeniería, tecnología, biología y ciencias de la comunicación y sociales.

Artículo II
Creación de 2 parques tecnológicos en Euskadi. (Lugar a decisión del gobierno)

Artículo III
Programa de colaboración con empresas vascas para que se presten a innovar con ayudas de estos institutos. Inscripción de estas empresas en la web AseginolazaBussines.eus y colaboración personalizada con cada una de ellas, permitiéndoles usar medios para que consigan sus objetivos y dándoles asesoramiento financiero. En este programa las empresas expondrán su proyecto de innovación y los profesionales tras valorarlo podrán aceptarlo y empezar a colaborar con las empresas.

Artículo IV
Promoción de las Startups dando instalaciones a los emprendedores en los nuevos parques tecnológicos.

Artículo V
Bonificaciones impositivas a las empresas del sector cuaternario que se encuentren en estos sectores: Comunicación, Informática. Biomedicina, Bioquímica, Robótica, Nanotecnología, Biotecnología, Aeronáutica. Se les sufragará el 50% del Impuesto de Sociedades que hayan de pagar si no estaban instaladas y vienen al País Vasco. Y también a las nuevas empresas que se creen aquí y que colaboren con la Red Aseginolaza.

Artículo VI
Se destinará 125 millones de euros anuales durante tres años a este proyecto. Las universidades tendrán que colaborar aportando al menos el 20% del profesorado de las áreas correspondientes a estos proyectos y fomentando que los alumnos participen en ellos. De los cuales 75 vendrán directamente del gobierno, 40 vendrán de inversión de grande empresas vascas que estén interesadas en los proyectos de innovación y 10 millones de las becas europeas e internacionales.

Artículo VII
Tras estos tres años el proyecto seguirá vigente pero con el presupuesto que el Gobierno estime oportuno.

Disposición derogatoria
Queda derogado cuanto, siendo de igual o menor rango, contradiga o se oponga a la presente Ley.

Disposición final
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

II.
Proposición No de Ley que insta al Gobierno de Castilla y León a apoyar la incorporación del enclave de Treviño a la provincia de Álava


Preámbulo


Durante los últimos años la comunidad de Treviño ha mostrado, fuera de todo color político, su firme deseo de incorporarse a la Nación Vasca según lo dispuesto en la disposición transitoria tercera del estatuto de autonomía de Castilla y León. Por ello, desde el parlamento Vasco acordamos:


Título Único


Artículo I


Evidenciar públicamente la estrecha relación económica, social y cultural existente entre la Comunidad Autónoma Vasca y la región de Treviño mediante la realización y difusión de actividades sociales y culturales conjuntas y la reunión de representantes políticos vascos con los representantes de dicha comunidad.


Artículo II


Instar al Gobierno Vasco y al Gobierno de la Comunidad Autonoma de Castilla y León a establecer contacto para tal de acordar soluciones conjuntas respecto al Enclave de Treviño con el objetivo de que los ciudadanos de Treviño puedan decidir el futuro de su territorio.



David Valverde
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Sáb 4 Mar 2017 - 18:25
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Número XX • XXXX 21 de Julio de 2017 • Sec. I


I.

Proyecto de ley de conectividad de zonas blancas.

Preámbulo

El progreso tecnológico ha permitido en los últimos años avanzar en innovación. Tiene que ser un derecho para todo ciudadano tener acceso a Internet para poder acceder a la información que este brinda. Actualmente en Euskadi un 6% de los ciudadanos no tienen la posibilidad de conectarse a Internet al vivir en zonas rurales sin conectividad.

Por ello disponemos:

Título Único

Artículo 1. Establecimiento de un plan de actuación con el objetivo de conectar a todos los ciudadanos a Internet. Este plan deberá estar acabado antes de 2020 y constará de las siguientes líneas de actuación:
a) Conectividad de todas las zonas blancas a la red a través de ADSL o Fibra Óptica
b) Información a los habitantes de las zonas blancas de los múltiples beneficios que aporta estar conectado a la red.
c) Ofrecimiento de descuentos por conectar el hogar a Internet durante los dos primeros años para habitantes de zonas blancas.
d) Ofrecimiento a la ciudadanía de las zonas blancas de clases gratuitas sobre el uso de los dispositivos y el uso de Internet
e) Charlas de la Guardia Civil en colaboración con la Ertzaintza sobre los peligros de Internet y como hacer un uso correcto del mismo

Artículo 2. Reconocimiento de la conectividad de todo Ciudadano a la red como un derecho.

Disposición derogatoria.
Queda derogado cuanto, siendo de igual o menor rango, contradiga o se oponga a la presente Ley.

Disposición final.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Gobierno Vasco

II.


Proposición de ley de colaboración entre las FCSE y la Ertzaintza

Preámbulo.
La sociedad actual nos obliga a unificar fuerzas policiales en pro de la seguridad de nuestra Nación y de nuestra gente. La policía autonómica vasca no puede seguir desconociendo la información que maneja las FCSE en materias importantes como el yihadismo, impidiendo ejercer sus funciones de forma eficaz a la policía autonómica vasca por cuestiones únicamente políticas. Por tanto, esta proposición de ley va encaminada a una mayor colaboración entre las dos instituciones policiales, autonómica y vasca.

Título único. De la colaboración de la Ertzaintza con las FCSE

Artículo 1. La Ertzaintza tendrá acceso a las bases de datos de las FCSE sobre materias clasificadas como de peligro para la seguridad del Estado, y viceversa.

Artículo 2. La Ertzaintza cederá los datos, materiales, etc., a las FCSE si éstos lo han solicitado previamente, y viceversa.

Artículo 3. La Ertzaintza pondrá a disposición todo su material, sea personal o no, a las FCSE si éstos lo han solicitado previamente, y viceversa.

Artículo 4. El mando de la Ertzaintza podrá ser dispuesto a disposición de las FCSE si éstos lo han solicitado previamente. Tendrá una duración máxima de un mes, prorrogable a un mes más si la situación lo requiere.

Artículo 5. Será revocable esta colaboración si, tanto la Ertzaintza como las FCSE, usan los datos, materiales, etc., en operaciones que no sean las previstas en la legislación vigente.

Disposición derogatoria.
Quedan derogadas las leyes y decretos de igual o inferior rango a la presente ley.

Disposición final.
La presente ley entrará en vigor al mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.


David Valverde
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Lun 3 Abr 2017 - 16:48
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Número XX • XXXX 23 de Octubre de 2017 • Sec. I

Ley 5/2017 de Retirada de Amianto de todas las instalaciones públicas de Euskadi.

Preámbulo

El amianto supone un problema grave para la salud, debido a la inhalación de fibras que se desprenden. Esta presente en muchas cubiertas de edificios, con lo cual  hace de esto un peligro latente ya que, se adhiere a ropa, queda suspendido durante mucho tiempo en el aire y se inhala por una via principal como es la respiratoria causando todo tipo de problemas de salud.

Por ello disponemos:

Título Único

Artículo 1. Retirada de edificios públicos toda cubierta o elemento que contenga amianto .

Se destinará una partida de presupuesto a decidir, para la retirada de todos los elementos que contengan amianto tanto en su totalidad como en su parcialidad. Tendrá un plazo de ejecución estimado en cuatro años procediendo a ampliación de tiempo de ejecución mediante votación. Se hará un estudio previo por los técnicos municipales de cada municipio para así reducir los costes lo maximo posible, el plazo para este estudio será de dos meses. Tras el estudio y con el presupuesto aprobado se empezará a contar el tiempo de ejecución de las obras.

El material a utilizar para la reposición de los que contienen amianto deberá ser inocuo para la salud y de la misma calidad que el reemplazado. Se procurará en las obras de más dificultad y que puedan ocasionar problemas a los ciudadanos realizarlos bajo una programación especial reduciendo el tiempo de ejecución y aumentando la efectividad logística de la obra.


Artículo 2. Creación de una comisión de seguimiento formada por gobierno, sindicatos más representativos y oposición.

La presente comisión estará formada por representantes del gobierno, oposición y sindicatos con una representación mayor a un 10% en la provincia.

El número de representantes será de cuatro por el gobierno, un miembro de cada partido de la oposicion y un miembro por cada central sindical que cumpla el requisito anteriormente citado.

Queda limitado a este número la comisión para que sea lo mas operativa y efectiva posible.

Se mantendrá una reunión trimestral en la cual, el gobierno presentará las obras ejecutadas y las que tiene por ejecutar. En la primera reunión trimestral se presentará la programación anual.


Artículo 3. Creación de una oficina virtual para los afectados por amianto para registrarse como colaboradores en una campaña anti amiento del gobierno vasco.

Se pondrá un correo electrónico por provincia para recoger las solicitudes de colaboración.

Artículo 4. Impartición de charlas sobre los efectos del amianto en las grandes empresas y edificios públicos.

Con la colaboración del gobierno vasco y sindicatos que así lo deseen, se realizará una campaña de las consecuencias del amianto en la salud. Tanto en empresas privadas y públicas que así lo deseen.

Articulo 5. Indemnización a los afectados por amianto.

Los afectados por la asbestosis (fibrosis pulmonar), el cáncer de pulmón y el mesotelioma (pleural o peritoneal), habiéndose encontrado también asociación con otras neoplasias (carcinomas gastrointestinales o de laringe), las cuales estén acreditadas por la seguridad social, podrán solicitar una indemnización única de 15000€ por la cual deberán cesar con los procedimiento judiciales abiertos con el fin de no saturar la justicia.

Disposición derogatoria.
Queda derogado cuanto, siendo de igual o menor rango, contradiga o se oponga a la presente Ley.

Disposición final.
La presente Ley entrará en vigor a fecha de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Gobierno Vasco - Consejería de sanidad

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Proposición no de ley relativa al empleo juvenil

Exposición de Motivos

En tiempos de recesión económica, los contratos de trabajo y el número de desempleados aumentan considerablemente. Pero no podemos olvidarnos, como bien concluía el Informe Mundial de la Juventud de las Naciones Unidas el 6 de febrero de 2012, de que para los jóvenes estos periodos son doblemente problemáticos. No sólo son el primer objetivo de recortes en los empleos, sino que además su transición del sistema educativo al mercado de trabajo se convierte en algo casi imposible.

 La situación laboral de la juventud está marcada por la alta precariedad, la menor tasa de actividad y la mayor tasa de desempleo, junto a una desconexión entre la formación adquirida y la cualificación de los puestos de trabajo que desempeña. Creemos que es necesario impulsar medidas de carácter general que sean de gran impacto en la juventud.

  Por ello, es de obligado cumplimiento tener en cuenta a uno de los colectivos más importantes, a la vez que desfavorecidos en tiempos de crisis, de nuestra sociedad y vemos necesario impulsar políticas para que la inclusión de la juventud en el mercado laboral sea una realidad digna donde todos y todas nos sintamos a gusto.

  Por todo ello se presenta la siguiente:

El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a:


1.   Potenciar el contrato de relevo como herramienta de solidaridad intergeneracional.

2.   Crear un fondo público para avalar y facilitar créditos blandos y asesorar a jóvenes que quieran autoemplearse o formar cooperativas.

3.   Apoyar las explotaciones agrarias de jóvenes mediante subvenciones, créditos y cesión de tierras.

4.   Crear planes especiales de empleo juvenil destinados a las zonas con mayor índice de desempleo de la CAV.

5.   Fomentar los contratos que compatibilicen la jornada laboral y el estudio con el fin de garantizar este último.


Idoía Mendía
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak

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Proposición no de ley relativa a la creación de una comisión para la reforma integral de EiTB

Exposición de Motivos

 Ha sido constante el alejamiento entre los contenidos informativos del ente público y los problemas reales de los ciudadanos. Un alejamiento provocado por una dirección del ente público claramente escorada por una visión partidista e ideológica, que no pretendió representar en la cadena la pluralidad de la sociedad vasca.

  Este alejamiento ha hecho que EITB pierda la esencia de lo que debe ser un modelo de radio televisión pública que se base y garantice los principios de transparencia, independencia, objetividad, imparcialidad y pluralidad.

 Además nos encontramos con una falta de planificación estratégica, una ausencia de producción propia de calidad y una elección de productoras que no siguen el principio de la productividad (medida en términos de audiencia), sino otros criterios mucho menos transparentes. Ello ha traído consigo una dificultad para adaptarse a los nuevos retos a los que tiene que enfrentarse el medio público con la irrupción de nuevos canales.

  Las audiencias en la legislatura pasada han ido cayendo mes a mes. Así, por poner un ejemplo, en mayo del año pasado registró los peores datos de su historia con 6,6 % de cuota de pantalla, quedándose ETB-1 en el 2,1 %, ETB-3 en el 0,5 %, y ETB-4 en el 0,8 %. El conjunto de las cuatro cadenas de Euskal Telebista sumaban un raspado 10 %.
 
 En la anterior legislatura se intentó una modificación de la ley de EITB, que trajera consigo un replanteamiento de reforma integral de la misma. Pero no fue posible.

  Por todo ello, se formula la siguiente proposición no de ley para su debate en pleno:

El Parlamento Vasco acuerda la creación de una comisión para la reforma integral del ente público EITB, al objeto de reformular el modelo de gestión, funcionamiento y control público, así como la adaptación a los nuevos retos, contando como referencia con otros modelos del panorama audiovisual.


Idoía Mendía
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak

MOCIÓN DE URGENCIA DE CONDENA A LAS AMENAZAS Y EXPRESIONES DE EH BILDU
Preámbulo
Debido a los últimos y denigrantes episodios en los que los diputados de EH BILDU han mostrado agresividad, amenazas e insultos durante el pleno solicitamos:
Artículo I
El Parlamento Vasco condena absolutamente todas las expresiones de odio y amenazas proferidas por el grupo de EH BILDU durante el pleno actual.

Artículo II
Se exige a los diputados de EH BILDU la retirada de estas expresiones así como unas disculpas publicas.
David Valverde
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Dom 7 Mayo 2017 - 11:44
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Número XX • XXXX 23 de Febrero de 2018 • Sec. I


Ley 1/2018 de descuento de la tarjeta de abono de transporte.

Preámbulo

El transporte público es un elemento muy importante en la sociedad actual. Permite a las personas que no tienen medios o están discapacitadas para desplazarse puedan hacerlo, es una alternativa a la contaminación, reduce los atascos y es un bien de consumo público.

Pero uno de los principales inconvenientes es el precio, sobre todo para personas comprendidas entre los 0 y 26 años y mayores de 65 así como los parados de larga duración que son las clases que tienen menos recursos, y en el País Vasco lo hemos ido observando a lo largo de estos años.

Por ello disponemos:

Título Único

Artículo 1. Reducción del 30% del importe actual del abono transporte joven durante los días lectivos y un 25% los no lectivos y festivos y de un 65% para los de la tercera edad y los parados de larga duración. Las personas inválidas también lo tendrán gratis

Artículo 2. Los bonos para los universitarios se reducirán en un 50% del importe actual durante los días lectivos y en un 25% los días no lectivos y festivos

Artículo 3
Esta propuesta se aplicará a las personas con edades comprendidas entre 0 y 26 años y mayores de 65 años que residan, estudien o trabajen en el País Vasco y que tengan en posesión o compren el abono joven o tercera edad.

Artículo 4
Los gastos correrán un 85% a cargo del Gobierno del País Vasco y un 15% a cargo de los Ayuntamientos. El Gobierno del País Vasco se encargará de comprobar que estos abonos no se usan de forma indebida.

Disposición derogatoria.
Queda derogado cuanto, siendo de igual o menor rango, contradiga o se oponga a la presente Ley.

Disposición final.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Gobierno Vasco

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"Proposición No de Ley para la creación de una comisión para desarrollar un plan de enfermedades raras y de transmisión genética"
La obligación de cada grupo parlamentario del Eusko Legebiltzarra es representar a cada vasco y vasca sin distinción. La mayoría de todos los vascos y vascas tienen una satisfactoria calidad de vida, gracias entre otros casos a la sanidad vasca. Sin embargo, existen vascos y vascas que no tienen el privilegio de contar con una buena calidad de vida, debido a que desde su nacimiento o en su infancia principalmente, se les ha diagnosticado enfermedades genéticas o enfermedades raras que les imposibilita forjar una vida plena.
Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista quiere dar voz a cada vasco y vasca que sufra enfermedades raras o genéticas, nos sentimos obligados moralmente a crear una comisión para mejorar la calidad de vida de los enfermos,  y los métodos de detección de este tipo de enfermedades.
Idoia Mendia, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista presenta el Plan de Enfermedades Raras y Enfermedades de Transmisión Genética que será negociado en la comisión:
Creación de los servicios de consejo genético.
Mayor dotación de las unidades de patologías del metabolismo de Euskadi.
Detección precoz por cribado neonatal de nuevas enfermedades metabólicas.
Introducción y Despliegue en todas las consultas externas especializadas del registro de enfermedades raras, y mejoras de éste.
Proposición No de Ley para la creación de una comisión para desarrollar un plan de enfermedades raras y de transmisión genética.
Por todo ello, se formula la siguiente Proposición No de Ley para su debate en pleno:

El parlamento vasco acuerda la creación de una comisión que estudié el plan anteriormente mencionado sobre las enfermedades raras y de transmisión genética.
Idoia Mendia
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak

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Mar 30 Mayo 2017 - 16:42
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Número XX • XXXX 25 de Febrero de 2018 • Sec. I

Ley 2/2018 de Creación de la Red de Asistencia Sanitaria Lambao para cubrir las necesidades de los pequeños pueblos.

Preámbulo:

Los pequeños pueblos se ven afectados por la falta de asistencia sanitaria. En Euskadi muchos pueblos necesitan un mayor abastecimiento de materias sanitarias, es por ello, que muchas pacientes de poblaciones pequeñas no son tratados adecuadamente por la falta de asistencia sanitaria y son víctimas de este problema. Por ello, disponemos:

Título Único.

Artículo 1. Creación de la Red de Asistencia Sanitaria Lambao.

Artículo 2. Creación de oficina virtual para una mejor optimización de la Red Lambao.

Artículo 3. Creación de puntos de control de la Red de Asistencia Sanitaria Lambao para la optimización y mejora de la red entre cada pueblo de Euskadi.

Artículo 4. Se comprenderá la asistencia a enfermedades agudas y crónicas, a demanda, programada y urgente, tanto en consulta como en el domicilio del enfermo en la atención primaria.

Artículo 5. Se comprenderá los programas de prevención de enfermedades crónicas o hereditarias en la atención primaria.

Artículo 6. Se comprenderá la atención especializadas en los siguientes casos:
a) En consultas.
b) En hospitales de día.
c) Hospitalización en régimen de internamiento.
d) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

Artículo 7. Se atenderá a los extranjeros con lo dispuesto en el concierto de asistencia sanitaria en el extranjero.


Disposición derogatoria.
Queda derogado cuanto, siendo igual o menor rango, contradiga o se oponga a la presente ley.

Disposición Final. La presente ley quedará en vigor 1 mes después de la fecha de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Gobierno Vasco- Consejería de Sanidad.


David Valverde
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Jue 22 Jun 2017 - 11:54
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Número XX • XXXX 13 de Abril de 2018 • Sec. I


Ley 3/2018 de eliminación de las puertas giratorias.

Preámbulo

Desempeñar un cargo público supone tratar con todo tipo de entes privados y tomar decisiones que les afectan. Por tanto desde el Gobierno Vasco consideramos que tenemos que limitar las llamadas "puertas giratorias" para evitar que las decisiones tomadas por los cargos públicos puedan ser influenciadas por posibles cargos obtenidos "a posteriori"

Debemos conseguir dar ejemplo como políticos y cargos públicos.
Por ello disponemos:

Título Único

Artículo 1. No se permite ocupar durante un plazo de 3 años en puestos en Consejos de Administración a:

a) Presidencia, Vicepresidencia u otro cargo en el Gobierno del País Vasco.
b) Los Presidentes/as, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales de alguna empresa pública del Gobierno Vasco.


Artículo 2. Se refuerzan las incompatibilidades y aumentan a 6 años el periodo de carencia para que los cargos enumerados en el artículo anterior no puedan prestar servicios de responsabilidad para entidades privadas que hayan resultado afectadas directamente por decisiones en las que hayan participado durante el ejercicio de su cargo y/o relacionadas directamente con su gestión.

Estas incompatibilidades irán a decisión del órgano judicial pertinente.

Artículo 3. Artículo 3. Las sanciones por incumplir lo previsto en esta ley irán dirigidas a la empresa privada en cuestión y a la persona afectada. Estas sanciones supondrán una multa de entre 50.000 a 250.000E.


Disposición derogatoria.
Queda derogado cuanto, siendo de igual o menor rango, contradiga o se oponga a la presente Ley.

Disposición final.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Gobierno Vasco - Consejería de Asuntos Exteriores y Transparencia

David Valverde
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Miér 28 Jun 2017 - 14:52
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Número XX • XXXX 30 de Abril de 2018 • Sec. I


Proyecto de ley de Presupuestos de Euskadi 2018.

PRESUPUESTOS EUSKADI 2018

Gobierno Vasco - Consejería de Economía y Hacienda
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Lun 24 Jul 2017 - 12:42
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Número XX • XXXX 3 de Junio de 2018 • Sec. I

Proposicion no de Ley para la creación de un inventario de suelo industrial en toda Euskadi.


Preámbulo:


Euskadi goza de una buena salud industrial, desde hace muchos años tenemos empresas importantes afincadas con nosotros. Por ello es más necesario que nunca dar un paso más, haciendo un inventario de suelo industrial en toda Euskadi clasificandolo por actividad y tamaño para ofrecérselo a las empresas que interesen o estén interesadas. Por ello, disponemos:

Título Único.


Artículo 1. Creación de un inventario de suelo industrial en Euskadi.

Artículo 2. Creación de una plataforma virtual dirigida a empresas ofreciendo las características de los suelos industriales.

Artículo 3. Clasificación de los suelos industriales de la siguiente manera:

- Por Provincia
- Por Hectáreas.
- Por servicios e infraestructuras cercanas para empresas.

Artículo 4. Intentar en la manera de lo posible reunificar a las empresas de la misma actividad en parcelas cercanas.

Artículo 5. Cuota de contratación de autóctonos del 25% para grandes empresas y del 10% para pequeñas y medianas empresas. Siempre que sea posible.

Artículo 6. Creación de una feria anual para la captación de empresas y posterior asentamiento en Euskadi.

Disposición derogatoria.

Queda derogado cuanto, siendo igual o menor rango, contradiga o se oponga a la presente ley.

Disposición Final. La presente ley quedará en vigor 1 mes después de la fecha de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Mariana del Potro
Portavoz de VOX-EH


Ley 4/2018 de promoción de la formación profesional dual.

Preámbulo

La formación profesional supone un aspecto fundamental de la educación en Euskadi al dar formación exclusiva sobre multitud de profesiones en nuestra sociedad. No obstante, el sistema de FP está quedando obsoleto y necesita una modernización para adaptarse de nuevo al exigente ritmo de la sociedad.

Ante este problema la formación profesional dual se presenta como una alternativa moderna, innovadora y eficaz.

Por ello disponemos:

Título Único

Artículo 1. Creación del programa público "Formación profesional Dual" en colaboración con empresas y la red Aseginolaza para complementar la formación en FP a partir del segundo año con prácticas remuneradas.


Artículo 2. Inclusión de todos los alumnos con todas las asignaturas aprobadas y actitud predispuesta y positiva en el programa a partir del segundo año de curso.

Artículo 3. Convalidación de un 50% de las horas lectivas a los participantes en el programa.

Artículo 4. Impartición de charlas sobre la formación profesional dual en todos los centros de FP por parte de los directores previamente formados.

Disposición derogatoria.
Queda derogado cuanto, siendo de igual o menor rango, contradiga o se oponga a la presente Ley.

Disposición final.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Gobierno Vasco - Consejería de Educación y política lingüística


Última edición por David Valverde el Lun 24 Jul 2017 - 17:28, editado 2 veces
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Mar 26 Sep 2017 - 22:54
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Número XX • XXXX 23 de Septiembre de 2016 • Sec. I


Proposición de Ley de Unificación de la Tarjeta Monedero para el transporte público vasco (BASK).

Preámbulo
Desde que se creasen los primeros bonos y tarjetas para el pago continuado de varios viajes, el transporte público vasco ha vivido un gran desarrollo y ha aumentado sus ingresos de manera notable, tal y como se ha podido ver en los casos de Metro Bilbao y Euskotren. Durante los primeros años de esta década se iniciaron proyectos a escala provincial para las diferentes líneas existentes entre las principales ciudades y las comarcas, siguiendo el ejemplo anteriormente comentado, pero apostando esta vez en la tarjeta monedero personal. Ello derivó en la creación posterior de las tres tarjetas actualmente utilizadas en el ámbito vasco: BAT en Vitoria-Gazteiz y su contexto, BARIK en Bizkaia y MUGI en Gipuzkoa. Una formula de gran éxito, pero con obstáculos notables por sobrepasar todavía, especialmente debido a las diferencias entre las distintas empresas de transporte regional vascas. Ante las protestas de muchos usuarios de líneas entre las distintas provinciales y el movimiento de viajeros entre las tres provincias, se presenta una gran oportunidad para lograr acercar posturas entre las distintas empresas y lograr una misma y cómoda herramienta de pago para todo el transporte vasco, algo que sin duda agradecerán todos y favorecerá al medio ambiente.

Artículo I
1. Unificación de las tarjetas monedero existentes en una sola, gestionadas principalmente por la Oficina de Transporte del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, en coordinación con las oficinas correspondientes de las tres diputaciones forales.

2. Se propone el nombre de tarjeta BASK, aunque puede disponerse de un proceso de selección del nombre.

Artículo II
1. El afectado por esta unificación es el transporte público vasco en general, incluyendo: Metro Bilbao, Euskotren, Euskotran, líneas de autobús urbanas, líneas de autobús interurbanas y líneas de autobús extraprovinciales.

2. Se solicitará al Ministerio de Fomento que integre a las líneas de Cercanías de RENFE que existen en territorio vasco dentro del nuevo sistema de tarjeta monedero, como ya se hizo en su momento para las tarjetas provinciales.

Artículo III
Creación de una comisión en el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Vivienda que favorezca el entendimiento entre las diferentes empresas afectadas por estos cambios y que aplique las regulaciones necesarias para equilibrar la situación de todas ellas en un mismo ámbito de tarifas y líneas. Así mismo, se encargará de introducir correctamente la nueva tarjeta para su entrada en vigor.

Disposición derogatoria única
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición final
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.


Proposición No de Ley que urge al Ministerio de Interior a dar un trato justo a las victimas del GAL en su programa de ayudas a victimas del terrorismo.

Preámbulo
Es una vergüenza absoluta que las diferentes instancias judiciales españolas hayan negado indemnizar a las victimas del GAL, que según el COVITE (Colectivo de Victimas del Terrorismo) merecen el mismo trato y respeto que las victimas de ETA. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado absolutamente estas decisiones que marginan no solo a unas familias, si no a todo un sentimiento compartido en Euskadi, en una cuestión de la que el estado español debería hacerse completamente responsable si  queremos evitar que el conflicto político vasco no se llegue a cerrar dentro de una situación de convivencia pacífico correcta. El gobierno vasco debería posicionarse a favor de unos ciudadanos vascos que sin duda alguna le necesitan para que reciban un reconocimiento fundamental.

El Parlamento insta al Gobierno Vasco a:
1. Hacer todo lo posible para que las victimas del GAL reconocidas oficialmente reciban las indemnizaciones pertinentes del Ministerio de Interior así como las reciben las otras victimas del terrorismo que si entran dentro del programa.

2. Si es necesario, introducir una clausula en esta dirección en cualquiera de las negociaciones con el Gobierno español o presentar una queja formal al Ministerio para que la situación cambie.

3. También solicitar al Ministerio de Interior que deje un espacio a las victimas del GAL en el nuevo Centro de la Memoria de las Víctimas del Terrorismo que se ha construido en Vitoria-Gazteiz, dependiente de dicho ministerio y donde solo se han dado cabida a las victimas de ETA. Creemos que todas merecen el mismo tipo de reconocimiento.
Álvaro Díaz
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Miér 1 Nov 2017 - 14:04
FDP: Podrías publicar todo lo de este hilo en hilos separados por cada ley y pnl en el subforo del BOPV
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Dom 19 Nov 2017 - 18:18
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Número XX • XXXX 28 de Noviembre de 2018 • Sec. I


I. DISPOSICIONES GENERALES

NOMBRAMIENTOS


Decreto 1/2018 de 28 de Noviembre de 2018, por el que se reestructura el Consejo de Gobierno.


En virtud de las competencias asignadas al Lehendakari en el Estatuto de Autonomía y legislación vigente, vengo a nombrar:

Vicelehendakari, Consejería de Políticas Sociales, Igualdad y Juventud a Idoia Mendia

Consejero de Derecho Foral, Autogobierno, Administración Pública y Entidades Locales: Josu Erkoreka

Consejero de Economía y Hacienda: Pedro Azpiazu

Consejero de Acción Exterior, Turismo, Transparencia y Portavoz: Asier Gabilondo

Consejero de Salud Pública : Natalia Rojo

Consejero de Educación y Política Lingüístca: Cristina Uriarte

Consejera de Seguridad y Justicia: Estefanía Bertran

Consejero de Cultura y Deportes: Jon Darpón

Consejero de Medio Ambiente, Rural y Marino: Íñigo Iturrate

Consejera de Empleo, Industria, Comercio e Innovación: Arantza Tapia

Consejera de Obras Públicas, Transportes y Vivienda: Beatriz Artolazabal

Disposición Final.
Este Decreto entrará en vigor el día posterior a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Dado en el Palacio de Ajuria-Enea, en Vitoria-Gazteiz, el 28 de Noviembre de dos mil dieciocho.


El Lehendakari,
Íñigo Urkullu
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Mar 21 Nov 2017 - 20:54
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Número XX • XXXX 28 de Noviembre de 2018 • Sec. I
Proposición de Ley de descuento de la tarjeta de abono del transporte


Exposición de motivos
El transporte público es un elemento muy importante en la sociedad actual. Permite a las personas que no tienen medios o están discapacitadas para desplazarse puedan hacerlo, es una alternativa a la contaminación, reduce los atascos y es un bien de consumo público.

Pero uno de los principales inconvenientes es el precio, sobre todo para personas comprendidas entre los 0 y 26 años y mayores de 65 que son las clases que tienen menos recursos, y en el País Vasco lo hemos ido observando a lo largo de estos años.

Artículo 1
Reducción del 30% del importe actual del abono transporte joven durante los días lectivos y un 25% los no lectivos y festivos y de un 65% para los de la tercera edad. Las personas inválidas también lo tendrán gratuitamente.

Articulo 2
Los bonos para los universitarios se reducirán en un 50% del importe actual durante los días lectivos y en un 25% los días no lectivos y festivos

Artículo3
Esta propuesta se aplicará a las personas con edades comprendidas entre 0 y 30 años y mayores de 65 años que residan, estudien o trabajen en el País Vasco y que tengan en posesión o compren el abono joven o tercera edad.

Artículo 4
Los gastos correrán un 85% a cargo del Gobierno del País Vasco y un 15% a cargo de los Ayuntamientos. El Gobierno del País Vasco se encargará de comprobar que estos abonos no se usan de forma indebida.

Disposición Final
La proposición de ley entrará en vigor 2 meses de su publicación en el DOPV.
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Lun 11 Dic 2017 - 10:22
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Número XX • XXXX 16 de Diciembre de 2018 • Sec. I
Proyecto de Ley sobre Estancias Turísticas y Desarrollo Sostenible

PREÁMBULO

El turismo se ha convertido en la principal actividad turística en Euskadi aportando una mayor proyección internacional de la cultura vasca, además de aportar un sustancial aumento de la riqueza para la sociedad y para la economía. Las tres capitales vascas se han convertido en una pieza fundamental para el turismo vasco, proporcionando el alojamiento a los cerca de tres millones de turistas.

El mantenimiento de la competitividad del producto turístico de Euskadi implica el mantenimiento de las infraestructuras y la reparación de la huella ecológica de la actividad turística. Lo que exige a todos los agentes implicados un esfuerzo que garantice un turismo sostenible, ya que la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente debe ser una actitud que aúna las instituciones con el tejido turístico y empresarial.

Mediante la presente ley se establece un nuevo tributo, el Impuesto Medioambiental sobre Explotaciones de Alojamiento Turístico, que tiene como objetivo recaudar recursos para realizar, conjuntamente con el resto de instituciones publicas vascas competentes en materia turística la realización inversiones vinculadas con el desarrollo del turismo y la protección medioambiental en Euskadi.

ARTICULO 1 El Impuesto Medioambiental sobre Explotaciones de Alojamiento Turístico es un tributo directo y propio de Euskadi.

ARTICULO 2 El Impuesto Medioambiental sobre Explotaciones de Alojamiento Turístico es compatible con otras tasas.

ARTICULO 3 Constituyen el hecho imponible del impuesto las estancias, por días o fracciones con pernoctación.

ARTICULO 4 Los contribuyentes serán todos aquellos que decidan alojarse un día o más en:

  • Establecimientos de Alojamiento Hotelero (Hoteles de Ciudad, Hoteles Apartamentos y Alojamientos de Turismo de Interior)
  • Apartamentos turísticos
  • Hoteles rurales y los Agroturismos
  • Albergues y Refugios
  • Hospederías
  • Pensiones, las Posadas, las Casas de Huéspedes y los Campamentos de Turismo o Campings
  • Viviendas con el objeto de su comercialización como Estancias Turísticas


ARTICULO 5 Los contribuyentes que quedan exentos de su tributación son:

  • La estancia a los menores de 16 años.
  • Las estancias que realice cualquier persona por motivos de salud, y también las de las personas que la acompañen, siempre que pueda justificarse documentalmente que las estancias responden a la necesidad de recibir prestaciones de atención sanitaria que formen parte de la cartera de Osakidetza.
  • Las estancias subvencionadas por programas sociales de cualquier Comunidad Autónoma Española o de cualquier Estado de la Unión Europea


ARTICULO 6 Los responsables subsidiarios del pago del Impuesto Medioambiental sobre Explotaciones de Alojamiento Turístico las personas o entidades que realicen las funciones de intermediarios con los contribuyentes.

ARTICULO 7 Los responsables subsidiarios deberán exigir el pago del impuesto antes de que finalice período de estancia y  el contribuyente estará obligado a satisfacer su correspondiente importe.

ARTICULO 8 Los responsables subsidiarios deberán presentar ante la Dirección General de Turismo:

  • Las declaraciones censales que se establezcan reglamentariamente relativas al inicio de la actividad de explotación de los establecimientos turísticos.
  • Los justificantes de la exigencia y el cobro del impuesto al contribuyente.
  • Los justificantes referentes a exenciones presentadas por los contribuyentes.


ARTICULO 9 Cuota Tributaria.

  • Hoteles, hoteles de ciudad y hoteles apartamentos de cinco estrellas, cinco estrellas gran lujo y cuatro estrellas superior: 2.00€/día o fracción
  • Hoteles, hoteles de ciudad y hoteles apartamentos de cuatro estrellas y tres estrellas superior: 1.50€/día o fracción
  • Hoteles, hoteles de ciudad y hoteles apartamentos de una, dos y tres estrellas: 1.00€/día o fracción
  • Hoteles rurales y los Agroturismos: 1.00€/día o fracción
  • Albergues y Refugios: 0.90€/día o fracción
  • Hospederías:  0.90€/día o fracción
  • Pensiones, las Posadas y las Casas de Huéspedes:0.90€/día o fracción
  • Campamentos de Turismo o Campings:1.25€/día o fracción
  • Apartamentos turísticos de cuatro llaves y cuatro llaves superior:1.75€/día o fracción
  • Apartamentos turísticos de tres llaves superior: 1.25€/día o fracción
  • Apartamentos turísticos de una, dos y tres llaves: 0.90€/día o fracción
  • Viviendas con el objeto de su comercialización como Estancias Turísticas:1.00€/día o fracción


ARTICULO 10  La cuota a tributar se obtendrá del resultado de aplicar bonificación del 50% a partir del octavo día.

ARTICULO 11  El pago se realizara tras la presentación de la documentación necesaria (art.8 ) ante la Dirección General de Turismo, por parte de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria del País Vasco.

ARTICULO 12 El Gobierno creará el Fondo Vasco de Inversión Turística como instrumento de financiación de los proyectos que se apruebe en el Consejo de Gobierno.

ARTICULO 13 Los recursos de dicho fondo se destinarán a financiar, total o parcialmente, las actuaciones que sirvan para.

  • Protección, preservación, modernización y recuperación del medio natural, rural, agrario y marino
  • Recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico y cultural.
  • Impulso de proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica que contribuyan a la lucha contra el cambio climático.


ARTICULO 14 Los proyectos podrán ser presentados por el Gobierno Vasco, las Diputaciones Generales, Ayuntamientos y Universidades Vascas, priorizando siempre el contenido medioambiental.

Disposición derogatoria única Se dereoga todo lo que contravenga con este articulado

Disposición adicional La entrada en vigor de la presente ley será el día 1 de Enero de 2019.
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Sáb 16 Dic 2017 - 12:05
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Número XX • XXXX 19 de Diciembre de 2018 • Sec. I

Proposición de Ley de Creación de la Oficina Vasca Contra el Fraude y la Corrupción
PREÁMBULO

Los últimos meses han estado caracterizados por la revelación de noticias de gran calibre que provocan una incesante preocupación en los españoles y españolas. Es por eso que todas las autonomías merecen tener una oficina contra el fraude y la corrupción.La corrupción y el fraude han de ser contemplados como delitos como otros cualesquiera, sin embargo, con especial hincapié en sus actores debido al poder político y económico que estos pueden acumular en ocasiones.

Artículo 1. Créese la Oficina Vasca para la Lucha contra el Fraude y la Corrupción, dependiente de la Consejería de Justicia, Gobernación y Reformas Democráticas. De ahora en adelante, la Oficina.

Artículo 2. La Oficina se encargará de efectuar investigaciones administrativas de generar fraude, corrupción y/o ilegalidad que afecte a los intereses generales de Euskadi llevados a cabo por los siguientes cargos públicos:
-Miembros del Eusko Jaularitza, y el resto de altos cargos dependientes de la administración vasca.
-Directores y Subdirectores de empresas dependientes del Gobierno Vasco.
-Diputados del Parlamento Vasco
-Procuradores de las Juntas Generales de Araba
-Junteros de las Juntas Generales de Guipuzkoa
-Apoderados de las Juntas Generales de Bizkaia
-Personas titulares de Órganos Orgánicos de la Euskal Herriko Unibertsitatea  
-Cualquier organización que reciba ayudas y/o subvenciones por parte del Eusko Jaularitza.
-Representantes de Ayuntamientos y Entidades Locales.

Artículo 3. La Oficina será el interlocutor directo de las autoridades policiales y judiciales.

Artículo 4. La Oficina ejercerá las competencias de investigación contempladas en el artículo 2 con total independencia. En el ejercicio de estas competencias, el Director de la Oficina no solicitará ni aceptará instrucciones del Parlamento, pero se someterá a las decisiones del Poder Judicial.

Artículo 5. La Oficina estará dirigida por un Director designado por el Parlamento, por un período de tres años, que podrá renovarse por una vez. Con vistas a la designación del Director, el Gobierno elaborará una lista de varios candidatos que posean las cualificaciones necesarias, tras haber procedido a una convocatoria de candidaturas que, en su caso, se publicará en el Diario Oficial del País Vasco.

Articulo 6. Se considera hechos constitutivos de infracción muy grave:
-La presentación de datos falsos
-La falsificación de datos
-La destrucción o el intento de destrucción de datos que sean objeto de investigación por parte de la Oficina Vasca para la Lucha contra el Fraude y la Corrupción

Articulo 7. Se considera hechos constitutivos de infracción grave:
-Incumplimiento de presentación de datos solicitados por Oficina Vasca para la Lucha contra el Fraude y la Corrupción
-La omisión de datos y documentos que se deban declarar.

Disposición derogatoria
Quedan derogadas las leyes y decretos de igual o inferior rango a la presente ley.

Disposición final
La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.
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Dom 18 Feb 2018 - 11:34
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Número XX • XXXX 9 de Marzo de 2019• Sec. I

Ley 1/2019 Contra el Desempleo, las Desigualdades Sociales y la Pobreza.

Preámbulo

El Gobierno Vasco ha de tener el objetivo de dar ayudar a los diferentes colectivos sociales a conseguir sus metas en muchos ámbitos, uno de ellos es en el campo en el ámbito laboral ya que permite a las personas sentirse realizado como persona dentro de una sociedad tan competitiva.

Hay colectivos como los estudiantes que se están formando con las mejores condiciones para que la sociedad vasca evolucione y sea un referente. El actual contexto de situación de post crisis económica ha añadido dificultades a la entrada de nuevos trabajadores formados pero sin experiencia en el mercado laboral, por el hecho de no tener experiencia.  Otro colectivo dañado son los mayores de 40 años, quienes muchos de ellos se han visto en una situación de desempleo en una edad avanzada, algo que es un lastre para sus aspiraciones y volver reengancharse en el mercado laboral tan competitivo. Las desigualdades en el actual contexto obligan a las instituciones a repararlas, además el colectivo de las mujeres padecen una dura desigualdad  que genera un coste enorme en términos de desaprovechamiento del potencial de muchas mujeres.

Por todo lo expuesto el Gobierno Vasco se compromete a revisar las incorrecciones del mercado laboral.

Articulo 1 El Gobierno Vasco se compromete a incluir en los presupuestos una dotación  mínima de 10.000.000€ para la aplicación del Plan de Empleo en los Presupuestos Generales de la Comunidad.

Articulo 2 El Gobierno Vasco ofrecerá plazas de trabajos en la Administración Pública Vasca durante 15 meses para que jóvenes con Formación Universitaria o con Formación Profesional Superior para conseguir experiencia.

Artículo 3:
El numero de plazas se regulará dependiendo de la dotación presupuestaria. En cualquier caso, el total de las plazas será dividido en dos partes iguales, asignándose una al sexo femenino y otra al masculino.

Articulo 4 Los requisitos para acceder a una plaza son:
-Estar inscrito en Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
-Estar en posesión de un título universitario o de formación profesional de grado superior o de un título oficialmente reconocido como equivalente.
-No haberse inscrito con anterioridad al presente programa.
-Tener entre 22 y 30 años.

Articulo 5 El Servicio Vasco de Empleo evaluará los solicitantes de la plaza mediante una entrevista y una Comisión de Expertos de la Consejería de Empleo evaluará los expedientes.

Articulo 6 Los expedientes favorables se les asignará una plaza y deberán ser notificados en un plazo máximo de 20 días.

Articulo 7 En caso de renuncia la plaza corresponderá a la mejor puntuación de los expedientes no favorables.

Articulo 8 El Sueldo establecido será establecido mediante un contrato de practicas.

Articulo 9 La presentación de las solicitudes se deberá hacer ante las oficinas del Servicio Vasco de Empleo, entre el 1 de Febrero y el 1 de Marzo.

Articulo 10 La Consejería de Empleo creará la Euskobolsa de Trabajo Jóvenes Formados.

Articulo 11 Tras la finalización del trabajo en la Administración Pública Vasca, el Gobierno Vasco incluirá automáticamente a estas personas a la Euskobolsa de Trabajo Jóvenes Formados de la Consejería de Empleo.

Articulo 13 La Consejería de Empleo hará de forma anual una campaña de información a todas las empresas de la situación de desigualdades y las técnicas para erradicar las desigualdades creadas en el mundo laboral.

Articulo 14 La Consejería de Empleo hará estudios anuales, que se harán públicos, para mostrar analizar las desigualdades salariales entre hombre y mujeres en Euskadi.

Articulo 15  El Gobierno Vasco ha de garantizar la presencia de mujeres en los programas de ocupación.

Articulo 16 Durante la negociación colectiva el Gobierno Vasco debe promover recomendaciones en materia de conciliación laboral, familiar y personal.

Articulo 17 Durante la negociación colectiva el Gobierno Vasco debe promover recomendaciones para fomentar la inclusión del papel de la mujer.

Articulo 18 El Gobierno Vasco creará la Renta Mínima Garantizada.

Articulo 19 La Renta Mínima Garantizada Se configura como la última red de protección.

Articulo 20 El titular es quien solicita y percibe la prestación y el beneficiante el núcleo familiar.

Articulo 21 Tienen derecho a las prestaciones de la Renta Mínima Garantizada:
- Quienes estén empadronados en algún municipio de Euskadi.
- Quienes acrediten una residencia en Euskadi con un mínimo de 36 meses de antelación a la fecha de presentación de la solicitud.
- Quienes tengan personas discapacitadas a su cargo.
- Quienes sean víctimas violencia de género.
- Quienes se encuentren en proceso de desahucio.
- Que la persona solicitante forme parte de un núcleo familiar que no dispone de ningún ingreso económico.
- Que la persona solicitante no sea beneficiaria de la Renta Mínima Garantizada
- Que la persona solicitante sea mayor de 40 años.


Articulo 22 El Importe de la Renta Mínima Garantizada será el Sueldo Mínimo Interprofesional, a la que podrán añadirse suplementos por:
-Suplemento hijos menores de edad (10%)
-Suplemento por persona con discapacidad (15%)

Articulo 23 Las personas que perciban una ayuda o prestación por desempleo, viudedad, orfandad o discapacidad la  Renta Mínima Garantizada será el Sueldo Mínimo Interprofesional menos un 16%.

Articulo 24 Las personas que perciban una ayuda de emergencia, becas de guardería infantil y comedor, becas de formación para personas adultas, ayudas por hijos y/o hijas a cargo, ayudas para el alquiler y por acogimientos familiares no se les podrá deducir nada.

Articulo 25La Renta Mínima Garantizada se deberá financiar a través de los presupuestos generales de la comunidad autónoma, incrementandolo cada año.

Articulo 26 La presentación de las solicitudes se deberá hacer ante las oficinas del Servicio Vasco de Empleo a partir del 1 de Febrero de 2019.

Articulo 27 El incumplimiento o el abuso por parte de los titulares del Plan de Empleo o de la Renta Mínima Garantizada se considerará una falta muy grave que implicará dejar de beneficiarse de Plan de Empleo o de la Renta Mínima Garantizada.

Disposición Adicional Primera
Se autoriza al Gobierno Vasco para dictar las normas de desarrollo de esta ley.  

Disposición Adicional Segunda
Entra en vigor con la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Euskadi de 2019.

Parlamento Vasco - Eusko Legebiltzarra
3 de Marzo de 2019

Bakartxo Tejeria Otermin
Presidenta del Parlamento Vasco - Eusko Legebiltzarra
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Dom 18 Feb 2018 - 11:43
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Número XX • XXXX 9 de Marzo de 2019• Sec. I

Ley 2/2019 Reconocimiento y Reparación de Victimas de vulneración de Derechos Humanos en el Contexto de la Violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

      El Pleno del Parlamento Vasco aprobó, el 31 de marzo de 2011, la Proposición no de Ley 61/2011, sobre víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política. En esta proposición, el Parlamento instó al Gobierno Vasco a poner en marcha medidas y actuaciones destinadas al reconocimiento de dichas víctimas, y a la reparación de su sufrimiento, lo que, en su momento, se materializó en el Decreto 107/2012, de 12 de junio, de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 1978, en el contexto de la violencia de motivación política, vivida en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante la dictadura franquista(3). Fue un primer paso que tenía un ámbito temporal limitado, dejando para un ulterior momento legislativo la extensión de esta política de acompañamiento a las víctimas.

      El Pleno del Parlamento Vasco, en la sesión celebrada el 11 de junio de 2015, aprobó la Proposición no de Ley 70/2015, con el siguiente tenor literal:

"1. El Parlamento Vasco reitera que ninguna causa política puede situarse por encima de los derechos humanos, y que la convivencia futura requiere el reconocimiento de la injusticia de la violencia y del daño causado, así como el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, todas ellas merecedoras del derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

2.  El Parlamento Vasco invita al Gobierno español a sumarse a las políticas de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos no reconocidas, como es el caso de las víctimas de abuso policial del periodo 1960-1978, desde el consenso social, político e institucional en favor del reconocimiento a todas las víctimas.

3.  El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a continuar desarrollando las políticas de reconocimiento y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos provocadas por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia policial que se vienen impulsando desde la anterior legislatura. En este sentido, y dando continuidad a esta línea, insta a que el anunciado proyecto de ley de reconocimiento y reparación a estas víctimas que va a presentar a esta Cámara busque desde el inicio el máximo consenso social, político e institucional".

      La presente ley supone, por tanto, la continuación del camino entonces emprendido y la plasmación de la voluntad de atender a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos a partir del 29 de diciembre de 1978.

      Su necesidad viene determinada, fundamentalmente, por la existencia de víctimas de graves violaciones de derechos humanos que no han sido reconocidas, ni reparadas, a partir de esa fecha. En la medida en que existen, es imperativo ético y democrático crear un instrumento para su reconocimiento y reparación.

      La Constitución española, aprobada en 1978, en el epígrafe de regulación de los derechos fundamentales y libertades públicas, en su artículo 15, señala que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Cuando en un sistema democrático se vulnera ese derecho fundamental, los poderes públicos deben actuar no sólo en la prevención de esas actuaciones, sino también, en su caso, en su reparación y reconocimiento, y la Comunidad Autónoma de Euskadi tiene competencias reconocidas para actuar en esta materia.

      Un diagnóstico completo de las violaciones de derechos humanos sufridas en Euskadi en los periodos temporales a los que se refiere el Decreto 107/2012 y la presente ley, debe incluir, sin discursos equiparadores de realidades muy distintas, y mucho menos justificativas de ninguna violación de derechos humanos, a las víctimas del terrorismo y a las víctimas de violaciones provocadas directa o indirectamente por agentes públicos en el ejercicio de sus funciones. Pero tanto el Decreto 107/2012 como la Ley, se ciñen a las víctimas no reconocidas de ambas etapas temporales, que tenían como contexto compartido la existencia de ETA. Las acciones terroristas no justifican ni una sola vulneración que haya sido ejercida mediante abuso de poder pero la existencia de vulneraciones de derechos humanos no puede tampoco ser presentada como un enfrentamiento entre dos violencias provocado por un conflicto político. Por tanto, esta ley se ciñe a la atención de las víctimas que en su condición de tales no han sido reconocidas ni reparadas como tal, sin ninguna otra interpretación posible.

      La existencia de estas víctimas ha quedado recogida en informes de organismos internacionales de derechos humanos, así como en crónicas e informaciones y en diferentes informes elaborados por instancias académicas y expertas.

      En consecuencia, son las propias víctimas, que hasta el momento no han sido reconocidas ni reparadas, las que justifican la necesidad de esta ley, que está directamente vinculada al compromiso democrático con el Estado de derecho y con los principios, derechos, libertades y garantías que lo fundamentan. Esta ley, por tanto, significa reconocer y reparar las vulneraciones de derechos humanos que se hubieran producido en un contexto de motivación política. Este reconocimiento no supone menoscabo para el Estado de derecho y sus instituciones. Antes, al contrario, significa su más sólido reforzamiento, en la medida en que implica un compromiso y una voluntad de reparación de las consecuencias de comportamientos no admisibles en un marco democrático. El Estado de derecho lo es, no tanto porque en su seno no se produzcan errores o actuaciones ilícitas, sino por su capacidad de identificarlos, corregirlos y reparar, en la medida de lo posible, sus consecuencias.

      Mediante la presente ley, como política pública, se pretende el fomento de los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos en los años 1978-1999, y asegurando la preservación de los documentos relacionados con ese período histórico y depositados en archivos públicos.

      Con esta ley se pretende, además, contribuir a la normalización de la convivencia y a la construcción de una memoria crítica del pasado. La sociedad vasca ha padecido más de cinco décadas de terrorismo y violencia. En este contexto de violencia de motivación política, se ha producido un significativo número de víctimas de vulneraciones de derechos humanos, muy especialmente a finales de los setenta y hasta bien entrados los ochenta. Víctimas que han quedado sin cobertura en la legislación actual. Este reconocimiento es, por tanto, pieza necesaria para la normalización de la convivencia y la construcción de una memoria crítica del pasado.

      En definitiva, cuando se haya producido una vulneración de derechos humanos en un contexto de la violencia de motivación política, entre el 29 de diciembre de 1978 y el 31 de diciembre de 1999, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, esta ley viene a reconocer y a reparar a las víctimas, con el ánimo de que sean tratadas de forma justa y equitativa.

II

      La cobertura que ofrece esta ley a las víctimas producidas con posterioridad al año 1978 se proyecta, por el momento, hasta el año 1999, dando continuidad a la experiencia acumulada con la ejecución del Decreto 107/2012, de 12 de junio. La justificación de este ámbito temporal viene marcada por la institución de la prescripción. Permite abordar los casos que, por haber prescrito, no han encontrado el merecido reconocimiento de los derechos de verdad, justicia y reparación. Evita así interferencias en los asuntos en los que todavía es posible entablar acciones legales ante los tribunales de justicia.

      En segundo lugar la experiencia acumulada con la ejecución del Decreto 107/2012 aconseja abordar la atención a las víctimas acotando sectores temporales de intervención de la política pública.

III

      La ley se asienta en la doctrina que emana de los tratados y acuerdos internacionales en materia de protección de los derechos humanos, que partiendo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de los pactos de 1966 de Naciones Unidas y del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa, entre otros muchos, avanzaron a lo largo del pasado siglo en la definición y protección de una serie de derechos considerados como fundamentales de la persona, entre los que, con toda claridad, se encuentran el derecho a la vida y a la integridad física, psíquica, moral y sexual. Derechos que tienen un carácter cuasiabsoluto y son considerados, en la actualidad, como parte integrante del contenido esencial de protección de la persona y constituyen, por sí mismos, un mínimo común democrático y un ámbito de protección indiscutible e intemporal de nuestra sociedad.

      En el mismo sentido, es obligado traer a colación el cuerpo jurídico de los derechos fundamentales que, por la vía del artículo 10.2 de la Constitución española, se deben interpretar de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, entre los que cabe destacar la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hecha en Nueva York el 10 de diciembre de 1984, y ratificada por España el 19 de diciembre de 1987, y la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York el 20 de diciembre de 2006 y ratificada por España el 14 de julio de 2009.

      Estos derechos fundamentales deben ser protegidos por los poderes públicos, en el marco de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y, en particular, la jurisprudencia destinada a la protección del derecho a la vida y a la integridad de las personas. Y ello sobre la base inspiradora de los denominados "Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones", que emanan de la Resolución 60/147, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 2005. Principios que, sin duda, establecen en el trípode justicia, verdad y reparación, la base desde la que los estados deben atender las violaciones graves de los derechos humanos a la hora de configurar la atención, prestaciones y derechos para con sus víctimas.

      Los estándares internacionales de atención a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos enlazan, de manera fluida, con los estándares regionales europeos y, en particular, con la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, que, desarrollada por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, favorecen un catálogo de prestaciones y derechos a toda víctima, sin perjuicio de que quepan, al margen de las mismas, regulaciones particulares en atención a colectivos de víctimas con necesidades especiales.

      En cuanto a la legislación de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el artículo 9 del Estatuto de Autonomía establece, como principio rector, el deber de los poderes públicos de velar y garantizar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de la ciudadanía, y de impulsar una política tendente a la mejora de las condiciones de vida. Corresponde también a los poderes públicos adoptar aquellas medidas dirigidas a promover las condiciones y remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad de la persona y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales. Obligación que entronca con el contenido del artículo 9.2 de la Constitución Española y que, en tal medida, habilita un ámbito de protección y reparación indiscutiblemente intemporal de la persona y, en definitiva, de nuestra sociedad. Sobre esta base previa, esta política de acompañamiento de las víctimas de las vulneraciones de derechos humanos debe inscribirse en los títulos competenciales que corresponden a la Comunidad Autónoma del País Vasco por vía del artículo 10.12, asistencia social, del artículo 18, sanidad, y del artículo 10.39, desarrollo comunitario, del Estatuto de Gernika.

      En este sentido, la ley aborda la corrección de desigualdades producidas por el efecto de una grave vulneración de derechos humanos, y lo hace desde una perspectiva asistencial y personalizada para cada caso. Por otra parte, se orienta a promover el desarrollo comunitario conciliador y restaurador de una sociedad que ha padecido una vivencia traumática, sostenida durante décadas, de acciones de terrorismo, violencia y agresiones.

IV

      La ley establece un sistema de reconocimiento y reparación, en la línea de su precedente, el Decreto 107/2012, de 12 de junio, aunque progresa en la definición de víctima y sus derechos para adaptar sus contenidos al nuevo ámbito temporal de aplicación de la ley, a las recomendaciones y experiencia que emanan de la Comisión de Valoración del citado Decreto 107/2012, y a las directrices asentadas por la Sentencia 267/2015 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Las modificaciones también obedecen a la voluntad de profundizar en los contenidos de reparación para con las víctimas, que deben encontrar en la indemnización una primera vía, pero no única, como camino al reconocimiento de la injusticia de la vulneración de los derechos humanos que padecieron.

      Para ello la ley se divide en siete capítulos, siete disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.

      El capítulo I articula las disposiciones generales de la ley identificando su objeto y su ámbito de aplicación, tanto geográfico como temporal, concretando la definición de víctima e identificando las personas beneficiarias.

      El capítulo II regula los principios de actuación para con las víctimas en aras de su reconocimiento y reparación según máximas de solidaridad, celeridad, evitación de nuevos procesos de victimización, colaboración interinstitucional y garantía de derechos.

      El capítulo III, relativo al reconocimiento y reparación, recoge los derechos al reconocimiento público, a la justicia y a la verdad, en la medida en que resultan compatibles con el suelo competencial de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La constatación y acreditación de un maltrato grave o de lesiones de carácter no permanente darán lugar al derecho a la declaración y reconocimiento como víctima, pero no a la compensación económica. Para los supuestos que conllevan compensación económica se establece un sistema baremado que viene determinado por la naturaleza de los daños causados. Este capítulo contempla, también como medida de reparación, el derecho a la asistencia sanitaria integral.

      El capítulo IV regula el procedimiento, el órgano competente para la tramitación y resolución del procedimiento, los modos de iniciación, la instrucción y la resolución. Atribuye la tramitación al órgano competente en materia de derechos humanos del Gobierno Vasco, la instrucción a la Comisión de Valoración y la resolución del procedimiento a la persona titular de la secretaría general o viceconsejería del Gobierno Vasco competente en materia de derechos humanos.

      Este procedimiento contempla un plazo de 2 años para la presentación de solicitudes y un plazo de 2 años para la resolución del expediente, dejando abierta la posibilidad a una ampliación de este plazo si concurrieran circunstancias excepcionales que lo justificaran. Todo ello con el ánimo de facilitar la presentación de solicitudes y de evitar, en la medida de lo posible, una presentación masiva de solicitudes, por un lado, y de hacer posible una evaluación rigurosa y ordenada, por otro, ya que, en algunos casos, será preciso realizar un análisis de situaciones complejas y ocurridas hace muchos años.

      El capítulo V crea y regula la composición y funcionamiento de la Comisión de Valoración, que estará integrada por la persona que ostente la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, dos peritos forenses y un psicólogo designados por el Instituto Vasco de Medicina Legal, y seis personas expertas en el objeto de regulación de la ley, designadas tres de ellas por el Gobierno Vasco y otras tres por el Parlamento Vasco. La función principal de esta comisión se centrará, a partir de la acreditación de los hechos, en la valoración de daños, lesiones o secuelas de los casos de vulneración de derechos humanos que se le presenten, sin entrar en la consideración penal de los mismos.

      El capítulo VI contiene las obligaciones de la víctima y las consecuencias de su incumplimiento.

      El capítulo VII regula la provisión, mediante ley de presupuestos, de los créditos a consignar para esta finalidad y la necesaria publicidad de las dotaciones económicas que al efecto se aprueben.

      La ley incorpora siete disposiciones adicionales. Las tres primeras permiten habilitar la aplicación retroactiva de la norma, en primer lugar, a quienes ya obtuvieron, en su momento, un reconocimiento al amparo del Decreto 107/2012, de 12 de junio, para que puedan asimismo beneficiarse de las nuevas prestaciones sanitarias que la ley contempla. En segundo lugar, para reconocer a aquellas víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de represión ilícita entre 1960 y 1978, en supuestos en los que, cumpliendo todos los requisitos establecidos en esta ley, no estaban amparados por el Decreto 107/2012, de 12 de junio. Y en tercer lugar para aquellas personas que cumpliendo todos los requisitos establecidos en el Decreto 107/2012, de 12 de junio no hubieran solicitado su reconocimiento o lo hubieran hecho fuera de plazo. La cuarta determina la normativa vigente aplicable a las indemnizaciones por lesiones permanentes de carácter no invalidante. La quinta establece un plazo para la constitución de la Comisión de Valoración. La sexta establece la excepción relativa a la relación concreta de culpabilidad. La séptima establece la necesidad de elaboración de un reglamento sobre los procedimientos de la Comisión de Valoración.

      Por último, la disposición final primera autoriza a la persona titular de la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la ley; y la disposición final segunda se refiere a la entrada en vigor de la misma.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES


Artículo 1. Objeto

      Es objeto de la presente ley la configuración de los derechos al reconocimiento y, en su caso, a la reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco, desde el 29 de diciembre de 1978 al 31 de diciembre de 1999, con los efectos y el alcance previstos en esta ley.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

      1.    Constituye supuesto de hecho para la aplicación de la presente ley que se haya producido una vulneración de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política entre el 29 de diciembre de 1978 y el 31 de diciembre de 1999, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

      2.    A los efectos de esta ley, se considerará vulneración de derechos humanos producida en un contexto de violencia de motivación política aquella que se haya producido con la concurrencia de las siguientes condiciones:

a)  Que se haya producido en un contexto de violencia de motivación política.
b)  Que haya sido llevada a cabo en un contexto de actuación o actuaciones con fines de motivación política, y en el que hubiera podido participar o bien personal funcionario público en el ejercicio de sus funciones o fuera del ejercicio de sus funciones; o bien particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual e incontrolada.
c)  Que, como consecuencia de la vulneración de derechos humanos, se haya causado una afección a la vida o a la integridad física, psíquica, moral o sexual de las personas.

      3.    Se considerarán, también, vulneración de derechos humanos producida dentro del ámbito de aplicación de esta ley, los casos de aquellas personas que puedan justificar indefensión, debido a que no se hayan investigado las denuncias presentadas por las violaciones de derechos humanos a las que se refiere la ley, a través de cualquier medio de prueba admitido en derecho que acredite la indefensión.

      4.    La vulneración de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política se podrá acreditar mediante la aportación de resolución judicial o administrativa que reconozca la realidad de unos hechos ilícitos, que se relacionen causalmente con los daños o la afección a los derechos alegados o, subsidiariamente, en su defecto, por cualquier medio de prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo.

      5.    Se entenderá que la vulneración de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política prevista en esta ley se ha producido en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi en los siguientes casos:

a)  Cuando los hechos se hubieran cometido en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
b)  Cuando los hechos se hubieran cometido fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, pero la persona afectada estuviera domiciliada, en aquel momento, en un municipio de dicha Comunidad Autónoma.
c)  Cuando los hechos se hubieran cometido fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la víctima hubiera residido 10 años en la misma.

      6.    Los derechos y prestaciones reconocidos en esta ley alcanzan a las víctimas directas de las vulneraciones de derechos humanos previstas en esta ley, en los términos que se expresan en cada caso.

      7.    Quedan expresamente excluidas de la aplicación de esta ley las personas que resultaran fallecidas o heridas durante la manipulación de armas o explosivos con el fin de desarrollar alguna actividad violenta, incluso cuando con dichas actuaciones lo que se pretendía fuera repeler o evitar actuaciones legítimas de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Artículo 3. Personas beneficiarias

      1.    Serán personas beneficiarias directas de todos los derechos reconocidos en la presente ley las personas que acrediten que padecieron las vulneraciones de los derechos humanos previstas en esta ley.

      2.    En el supuesto de que la vulneración de los derechos humanos de una persona haya tenido como consecuencia directa su fallecimiento, podrán solicitar la declaración de víctima, y beneficiarse de la compensación económica correspondiente, en orden excluyente:

a)  La o el cónyuge de la persona fallecida, si no estuvieren legalmente separadas, o la persona que hubiere venido conviviendo con ella de forma permanente con análoga relación de afectividad al menos los dos años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieren tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia; y los hijos e hijas de la persona fallecida.
b)  En caso de inexistencia de las anteriores, serán destinatarias, por orden sucesivo y excluyente, el padre y la madre, las nietas y nietos, los hermanos y hermanas y las abuelas y abuelos de la persona fallecida.
c)  En defecto de las anteriores, las y los hijos de la persona conviviente y menores en acogimiento familiar permanente de la persona fallecida, cuando dependieren económicamente de ella.

      3.    En el caso de la concurrencia prevista en el apartado a), la ayuda se repartirá por mitades, correspondiendo una a la o el cónyuge o conviviente y la otra a los hijos e hijas, distribuyéndose esta última por partes iguales.

      4.    En los supuestos de concurrencia de personas con el mismo parentesco, la cuantía total se repartirá entre ellas por partes iguales.

      5.    En caso de fallecimiento de la persona que padeció las vulneraciones de los derechos humanos previstas en esta ley con posterioridad a la producción del hecho y por causas ajenas al mismo, podrán solicitar la declaración de víctima las personas indicadas en el apartado 2 de este artículo. En este supuesto, cuando como consecuencia de las vulneraciones de derechos humanos se hubieran producido lesiones de carácter permanente, se abonará el 65 % de la cuantía prevista para la correspondiente lesión, con el límite máximo de la indemnización prevista para el caso de fallecimiento en la letra a) del artículo 9.2 de esta ley.

      6.    Respecto de la asistencia psicológica prevista en el artículo 11.4 podrán ser beneficiarias de la misma las personas mencionadas en el apartado 2 de este artículo, siempre que con carácter previo se haya emitido la correspondiente resolución de declaración de víctima al amparo de lo establecido en la presente ley.

CAPÍTULO II
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN


Artículo 4. Principios de actuación

      1.    Los poderes públicos vascos, con base en el principio de solidaridad con las víctimas, adoptarán las medidas oportunas para:

a)  Documentar con el máximo rigor, veracidad y coherencia, y dentro del marco definitorio de esta ley, la existencia de vulneraciones de derechos humanos en los casos presentados, atendiendo a la diversidad y a las diferencias existentes.
b)  Promover un reconocimiento institucional y social de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos previstas en esta ley, favoreciendo su visibilización, la rehabilitación de su honor y su satisfacción moral.
c)  Garantizar una reparación efectiva adoptando las medidas oportunas que permitan paliar, en la medida de lo posible, los daños físicos, psíquicos, morales y sexuales padecidos, a través de las prestaciones sanitarias y compensaciones económicas previstas en esta ley.

      2.    La instrucción y resolución de los procedimientos estará presidida por los principios siguientes:

a)  Principio de trato favorable a las víctimas, teniendo en cuenta la especial situación de vulnerabilidad y desigualdad en que puedan encontrarse, procurando que el procedimiento no dé lugar a nuevos procesos traumáticos.
b)  Principio de celeridad, evitando trámites formales que alarguen o dificulten innecesariamente el reconocimiento de los derechos y su reparación. En este sentido, no se requerirá aportación documental a la persona interesada para probar hechos notorios o circunstancias cuya acreditación conste en los archivos o antecedentes de la administración actuante.
c)  Principio de colaboración interinstitucional, de manera que las instituciones públicas suministrarán, en tiempo y forma, todos los datos que les sean solicitados y facilitarán la colaboración, tanto de autoridades como del personal técnico a su servicio, que sea precisa para el esclarecimiento de los hechos y la resolución de los expedientes.
d)  Principio de garantía de los derechos de terceras personas, que conlleva que, la concurrencia de estas en los expedientes administrativos tramitados al amparo de esta ley no podrá suponer, en ningún caso, vulneración ni afección alguna a sus garantías jurídicas y constitucionales, sin perjuicio, en su caso, de aplicar lo previsto en el artículo 7.2.b de esta ley.

CAPÍTULO III
RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN


Artículo 5. La declaración de víctima

      A los efectos de esta ley, la declaración de víctima de vulneraciones de derechos humanos producidas en un contexto de violencia de motivación política implicará, en todo caso, el derecho al reconocimiento público de la condición de víctima. Este reconocimiento público deberá compaginarse con el derecho de la víctima, cuando lo solicite expresamente, a preservar su intimidad, y a que, por tanto, tal reconocimiento no se publicite ni notifique a terceros, salvo que dichos terceros acrediten interés legítimo o exista otra finalidad lícita que justifique esa comunicación. En la medida en que lo permita el ámbito competencial de los poderes públicos, se procurará la promoción, por parte de los mismos, de aquellas actuaciones que posibiliten el derecho a la verdad.

Artículo 6. Derecho al reconocimiento público

      Los poderes públicos vascos impulsarán medidas activas para asegurar, dentro del máximo respeto y dignificación de las víctimas y mediante actos, símbolos o elementos análogos, el recuerdo y el reconocimiento de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos previstas en esta ley.

Artículo 7. Derecho a la verdad

      1.    Los poderes públicos vascos colaborarán con los órganos y organismos del Gobierno Vasco que ejerzan funciones en materia de derechos humanos, promoción de la memoria o convivencia democrática para, en el marco de sus respectivas competencias, contribuir al conocimiento de la verdad sobre las vulneraciones de derechos humanos a las que se refiere esta ley, a través de las siguientes acciones:

a)  Promoverán el derecho de todas las víctimas a que se conozcan los hechos contrastados de lo sucedido, facilitando el acceso a todo tipo de archivos oficiales y a cualesquiera otros lugares donde se pueda conseguir información.
b)  Difundirán, con el necesario respeto a la identidad de las víctimas, y atendiendo a la diversidad y a las diferencias existentes, las relaciones de hechos que la Comisión de Valoración haya considerado vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de violencia de motivación política a las que se refiere esta ley.

      2.    Los poderes públicos vascos colaborarán, en la medida de sus posibilidades y competencias, para garantizar el acceso de todas las víctimas a las siguientes acciones:

a)  Facilitarán a las personas beneficiarias previstas en el artículo 3 de esta ley información sobre los recursos disponibles y, en su caso, aquella que permita incoar los oportunos procedimientos judiciales que, en cada caso, puedan proceder.
b)  Cuando la Comisión de Valoración considere que del contenido del expediente pudiera desprenderse alguna actuación ilegal no prescrita, lo comunicará a los tribunales competentes y, en su caso, a la administración competente.
c)  Asimismo, los expedientes de las víctimas reconocidas por esta ley serán, en todo caso, remitidos al Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos para que este pueda, siempre dentro del necesario respeto a la legislación sobre protección de datos de carácter personal, desarrollar las políticas que son de su competencia.

Artículo 8. Derecho a la reparación

      La declaración de víctima de vulneraciones de derechos humanos conllevará, en aquellos casos previstos en esta ley, el derecho a la reparación, que comprenderá una compensación económica y, en su caso, una asistencia sanitaria para superar los daños sufridos como consecuencia de las vulneraciones de derechos humanos acaecidas, de acuerdo con las reglas que se establecen en los dos artículos siguientes.

Artículo 9. Indemnización

      1.    Las víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de violencia de motivación política reconocidas conforme a las previsiones de esta ley, tendrán derecho a recibir una indemnización por los daños sufridos, de acuerdo con las reglas que se establecen en el presente artículo.

      2.    El importe queda determinado por los daños causados por la vulneración de derechos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a)  Por fallecimiento: 135.000 euros.
b)  Por gran invalidez: 390.000 euros.
c)  Por incapacidad permanente absoluta: 95.000 euros.
d)  Por incapacidad permanente total: 45.000 euros.
e)  Por incapacidad permanente parcial: 35.000 euros.
f)   Por lesiones permanentes de carácter no invalidante, el importe se calculará de acuerdo con las cuantías, multiplicadas por tres, establecidas en la normativa general aplicable a las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes. El importe total de la cuantía por este concepto no podrá alcanzar ni exceder, en ningún caso, el señalado en la letra anterior para la incapacidad permanente parcial.

      3.    El maltrato grave y las lesiones de carácter no permanente no darán lugar a una compensación económica, sin perjuicio del derecho a la declaración de víctima a los demás efectos que se prevén en esta ley.

      4.    El pago de las compensaciones económicas se realizará mediante un único libramiento, que se efectuará tras el reconocimiento del derecho de reparación.

      5.    En las concedidas por fallecimiento, el pago a cualquiera de las personas beneficiarias liberará a la Administración de cualquier obligación frente a terceros con derecho a las mismas, sin perjuicio de las acciones que puedan ejercer entre sí.

Artículo 10. Compatibilidades de las compensaciones económicas

      Estas compensaciones económicas son compatibles con las cantidades que se hubieran percibido o se tuviera derecho a percibir por los mismos hechos en el marco de expedientes de responsabilidad patrimonial por el normal o anormal funcionamiento de la Administración, y con aquellas indemnizaciones que las víctimas hubieran percibido o tuvieran derecho a percibir en el marco de la legislación en materia de memoria histórica o de víctimas del terrorismo, siempre que sean inferiores a las compensaciones económicas reconocidas al amparo de esta ley. En este caso procederá la percepción por la diferencia entre las cantidades percibidas o reconocidas en base a la correspondiente normativa y el importe previsto en esta ley.

Artículo 11. Asistencia sanitaria

      1.    Quienes hayan sufrido daños personales físicos o psicofísicos derivados de las vulneraciones de derechos humanos previstas en esta ley, tendrán acceso a cuantas prestaciones sanitarias, incluidas en la cartera de prestaciones del sistema vasco de salud, sean necesarias para recuperar, en la medida de lo posible, las condiciones físicas anteriores al hecho causante.

      2.    Dicha atención sanitaria se prestará con los recursos adscritos del sistema sanitario de Euskadi. No obstante, si las necesidades del o la paciente así lo aconsejaran y la idoneidad del tratamiento estuviera objetivamente justificada, pero no tuviera cabida dentro de la red sanitaria pública, podrán autorizarse tratamientos médicos facilitados fuera de ese ámbito, siendo por cuenta del departamento competente en materia de derechos humanos del Gobierno Vasco el coste de dichos tratamientos y los gastos generados por el acompañamiento de la persona atendida.

      3.    La Administración cubrirá la totalidad de los gastos generados por el implante de prótesis o mejoras periódicas de las mismas, así como los gastos derivados de la necesidad de rehabilitación, diagnosticados por el servicio público de salud de Euskadi. Todo aquello diagnosticado y no cubierto por el sistema de protección sanitaria ordinaria será asumido por el departamento competente en materia de derechos humanos del Gobierno Vasco.

      4.    La asistencia psicológica, incluida la psicosocial y la psicopedagógica, dirigida a superar los efectos de tal naturaleza derivados de la vulneración de derechos humanos, producida en un contexto de violencia de motivación política, será dispensada a cualquiera de las personas mencionadas en el artículo 3 siempre que se acredite su necesidad mediante certificación en tal sentido expedida por facultativo público. La asistencia psicológica a que se refiere este párrafo se prestará a través de los medios públicos adscritos al sistema sanitario de Euskadi, y excepcionalmente, cuando esté objetivamente justificado, se admitirá la asistencia psicológica impartida por profesional privado, asumiendo su coste el departamento competente en materia de derechos humanos del Gobierno Vasco.

      La compensación económica, en estos casos, se abonará por trimestres vencidos, previa presentación de las facturas de los gastos y honorarios correspondientes, hasta un límite total, por persona, de 3.500 euros. En caso de que el diagnóstico médico lo prescriba, podrá ampliarse la ayuda concedida por igual cuantía.

      5.    Estas ayudas serán incompatibles con las de la misma naturaleza que pudieran prestar, por las mismas causas, otras administraciones públicas.

CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO


Artículo 12. Órgano competente

      El procedimiento para la declaración de los derechos reconocidos en esta ley será tramitado por el órgano competente en materia de derechos humanos del Gobierno Vasco y resuelto por la persona titular de la secretaría general o viceconsejería del Gobierno Vasco competente en dicha materia. Dicha tramitación se ajustará a las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos que resulten de aplicación.

Artículo 13. Iniciación

      1.    Las personas interesadas podrán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios presenciales o electrónicos.

      2.    El procedimiento se iniciará por solicitud de las personas indicadas en el artículo 3 de esta ley. A los efectos de facilitar su presentación, la resolución de la persona titular de la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos, por la que se abrirá el plazo para la presentación de solicitudes, contendrá un modelo normalizado de solicitud.

      3.    En caso de que la persona afectada haya fallecido, junto con la solicitud, deberá aportarse certificado de defunción de la víctima, así como la siguiente documentación en función de la relación de parentesco entre la persona fallecida y la solicitante:

a)  Si se tratara de la persona cónyuge no separada legalmente, ni en proceso de separación o nulidad matrimonial, copia del libro de familia o certificación literal de la inscripción del matrimonio, expedida por el Registro Civil con posterioridad a la fecha de defunción de la víctima, así como declaración responsable de la persona interesada en la que manifieste no haberse iniciado un proceso de separación o nulidad matrimonial.
b)  Cuando la persona solicitante fuera la que hubiera convivido con análoga relación de afectividad, esta habrá de justificarse mediante la presentación de alguno de los siguientes documentos:
- Documento público en el que conste la existencia de la pareja de hecho.
- En caso de existencia de hijos o hijas comunes, copia del libro de familia o las certificaciones literales de nacimiento expedidas por el Registro Civil, así como la declaración responsable de la persona interesada en la que acredite la convivencia con la persona fallecida.
- Certificado de convivencia del ayuntamiento o acta notarial de notoriedad que acredite la convivencia en los dos años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, acompañado de cualquier documento que sirva para acreditar la análoga relación de afectividad a la conyugal, cuya valoración se realizará por la Comisión de Valoración.
c)  Cuando se trate de los hijos e hijas de la persona fallecida, se acompañará copia del libro de familia o las certificaciones literales de nacimiento expedidas por el Registro Civil.
d)  Si las personas solicitantes fuesen los padres y madres, nietos y nietas o hermanos y hermanas de la persona fallecida, deberán acreditar su relación de parentesco con el o la causante de la indemnización mediante copia del libro de familia o las correspondientes certificaciones literales de nacimiento o matrimonio, expedidas por el Registro Civil.
e)  A efectos de determinar tanto la eventual prelación como la concurrencia de personas beneficiarias con el mismo derecho, las personas incluidas en la letra d) anterior deberán declarar en la solicitud que no tienen constancia de la existencia de personas beneficiarias con mejor derecho a la compensación económica o, en su caso, los nombres y apellidos de otras posibles perceptoras con igual derecho.

      4.    La solicitud contendrá una descripción de las circunstancias, previstas en esta ley, en que se hubiere producido la vulneración del derecho humano. Dicha descripción deberá presentar las características del suceso comprendido en el ámbito de aplicación de la presente ley, que podrá acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho y, en particular, mediante los informes y documentos que se consideren relevantes a efectos de demostrar la condición de víctima regulada en esta ley.

      5.    Las solicitudes para la declaración de la condición de víctima de vulneraciones de derechos humanos previstas en esta ley, se dirigirán al órgano competente del Gobierno Vasco en materia de derechos humanos, en el plazo de dos años desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la correspondiente resolución de la persona titular de la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos, por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes.

      6.    Las solicitudes irán acompañadas de aquellos informes y certificados médicos que permitan la adecuada valoración de la vulneración de derechos humanos y del resultado causado.

Artículo 14. Instrucción

      1.    Recibida la solicitud, junto con la documentación requerida, el órgano competente en materia de derechos humanos, al que corresponde la tramitación del expediente, dará traslado del mismo a la Comisión de Valoración regulada en el capítulo V de esta ley, quien realizará de oficio las actuaciones que estime pertinentes para la comprobación de los hechos o datos alegados.

      2.    En todo caso, si lo considera necesario, la Comisión de Valoración podrá:

a)  Escuchar a la persona solicitante, al objeto de completar la información sobre los documentos y pruebas presentados por su parte. A estos efectos, citará a la persona solicitante a una entrevista a realizar en la sede del Gobierno Vasco, o en la de sus delegaciones territoriales o dependencias, o en su defecto en el lugar que se acuerde con la víctima, siguiendo los principios de cercanía geográfica a su domicilio. De esta entrevista se levantará acta por la secretaría técnica de la Comisión de Valoración pudiéndose, con la conformidad de la persona solicitante, grabar por medios audiovisuales su declaración.
b)  Recabar los antecedentes, datos o informes que pudieran constar en los departamentos y organismos dependientes del Gobierno Vasco, así como en otros registros públicos de la misma Administración, donde pudiera haber quedado constancia de los mismos.
c)  Solicitar información a otras administraciones públicas, entidades u órganos privados o públicos de los antecedentes, datos o informes que puedan resultar necesarios para la tramitación de los expedientes, siempre dentro de los límites fijados por la legislación vigente en materia de transparencia y protección de datos.
d)  Solicitar informe o testimonio de personas que, bien por su conocimiento di¬recto o indirecto de los hechos o bien por su experiencia o pericia técnica, pudieran aportar información relevante sobre la solicitud presentada, cuya declaración podrá, igualmente, ser objeto de grabación.
e)  Llevar a cabo cuantas actuaciones estime precisas en orden al mayor esclarecimiento de los hechos en cuestión y a una mejor resolución de la solicitud presentada.

      3.    En el caso de que la solicitud sea presentada por una o varias de las personas indicadas en el artículo 3 de la presente ley, y la Comisión de Valoración tuviera conocimiento, en el ejercicio de sus funciones, de que pudiera haber otras personas que se encuentren en igual o mejor derecho, habrá de dar traslado de la solicitud a las mismas a los efectos de que puedan personarse en el procedimiento como parte interesada.

      4.    Las entidades públicas y personas privadas, relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de la Comisión de Valoración, habrán de prestarle la colaboración que les sea requerida al objeto de esclarecer los hechos y en el marco de los expedientes tramitados al amparo de la presente ley. A este respecto suministrarán, en tiempo y forma, todos los datos y la colaboración del personal técnico que les sea requerida y, en caso de que sean citadas, comparecerán, personalmente o mediante representante autorizado, ante la Comisión de Valoración para responder directamente a los requerimientos de información. La Comisión de Valoración podrá, en el ámbito de sus competencias, mantener las relaciones que estime necesarias con cualquier autoridad o sus agentes, así como intercambiar informaciones y recibir las colaboraciones de organismos y entidades públicas y privadas.

      5.    En aquellos casos en los que la Comisión de Valoración tenga conocimiento de la existencia de causas judiciales abiertas, el órgano encargado de resolver el expediente suspenderá la tramitación del procedimiento, hasta que la vía judicial se haya agotado. Igual suspensión se producirá cuando se tenga conocimiento de la existencia de procedimientos administrativos sancionadores abiertos, hasta que los mismos sean firmes en la vía administrativa.

      6.    En cada expediente habrá de constar un informe técnico emitido por, al menos, dos peritos forenses pertenecientes al Instituto Vasco de Medicina legal, que formen parte de la Comisión de Valoración, en el que, en el ámbito de las funciones que tienen atribuidas en la Comisión de Valoración, se pronuncien sobre la compatibilidad del maltrato o lesiones alegadas, con los hechos causantes. En los casos de gran invalidez, incapacidad permanente parcial, total o absoluta, acreditada mediante certificado expedido por la autoridad competente, los respectivos informes técnicos habrán de pronunciarse sobre el grado de vinculación de las lesiones acreditadas con los hechos alegados en el marco de cada expediente. En aquellos casos en los que el informe concluya que existe un determinado grado de invalidez o incapacidad permanente, que no se encuentra acreditado por certificado emitido por la autoridad competente, desde la Comisión de Valoración se indicará el procedimiento para facilitar su obtención.

      7.    Corresponde a la Comisión de Valoración, con carácter exclusivo e independiente, proponer, de forma motivada, la inadmisión a trámite de las solicitudes, así como analizar las solicitudes admitidas y acordar, motivadamente, la propuesta de declaración de la condición de víctima o de denegación de la solicitud presentada.

      8.    Para ello, la Comisión de Valoración examinará la documentación y los elementos de prueba que consten en el expediente y los valorará en su conjunto. La Comisión de Valoración emitirá un informe motivado de cada solicitud presentada, en el que analizará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2.2 de esta ley, realizará un resumen de los hechos que ocasionaron la vulneración de los derechos humanos de la víctima que considera probados, incluirá una valoración sobre la relación de causalidad entre dichos hechos y las lesiones acreditadas, detallando los medios de prueba en los que se fundamenta, y propondrá, en su caso, la declaración de víctima, a los efectos de esta ley, así como las medidas reparadoras que considere oportunas.

      9.    La comisión, al efecto de proceder a la determinación del importe correspondiente a la compensación económica a abonar en función de la naturaleza de las lesiones en los casos de gran invalidez, incapacidad permanente parcial, total o absoluta, o lesiones permanentes de carácter no invalidante, deberá aplicar, como criterio determinante, el certificado emitido por la autoridad competente, cuando lo hubiera, modulado en función de la vinculación existente entre las lesiones acreditadas con los hechos alegados, según se recoja en los informes técnicos preceptivos de las y los peritos forenses.

Artículo 15. Resolución

      1.    La propuesta de la Comisión de Valoración se comunicará a la persona titular de la secretaría general o viceconsejería del Gobierno Vasco competente en materia de derechos humanos, quien dictará la correspondiente resolución sobre la solicitud presentada, reconociendo, cuando proceda, la condición de víctima de la persona que haya padecido las vulneraciones de derechos previstas en esta ley y determinando, en su caso, los derechos derivados de dicho reconocimiento, o inadmitiendo o denegando la solicitud.

      2.    El órgano competente deberá resolver la solicitud planteada y notificar la resolución a las personas interesadas en el plazo máximo de veinticuatro meses, salvo que concurrieran circunstancias excepcionales que justifiquen la ampliación motivada de dicho plazo. La ampliación se ajustará, en todo caso, a los límites que establezca la normativa vigente.

      3.    Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución, la persona o personas interesadas podrán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

CAPÍTULO V
COMISIÓN DE VALORACIÓN

Artículo 16. Creación

      1.    Se crea una comisión que se encargará de valorar las solicitudes presentadas y proponer, al amparo de esta ley, la inadmisión de solicitudes o, cuando proceda, la declaración de la condición de víctima y, en su caso, las medidas de reparación o la denegación de la solicitud presentada.

      2.    La secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos deberá facilitar los medios materiales y humanos necesarios para el desarrollo de sus tareas.

      3.    Sus miembros actuarán bajo los principios de legalidad, independencia, confidencialidad, colaboración y eficacia.

Artículo 17. Composición y constitución

      1.    La Comisión de Valoración estará compuesta por:

a)  La persona que ostente la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco.
b)  Tres personas designadas por la persona titular de la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos, donde una de ellas será jurista especializada en Derecho penal, otra tendrá experiencia en materia de víctimas, y una tercera historiadora especialista en el contexto temporal al que se refiere la ley.
c)  Tres personas expertas en la materia objeto de regulación de esta ley, designadas por la Comisión del Parlamento Vasco encargada del seguimiento de los derechos humanos, entre las que incluirá a un representante de la sociedad civil.
d)  Dos peritos forenses y un psicólogo o psicóloga designados por el Instituto Vasco de Medicina Legal, todos ellos con experiencia en materia de víctimas.
e)  Ostentará la Secretaría Técnica de la Comisión, con voz y sin voto, una persona al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco de nivel técnico, licenciada en Derecho, designada por la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos.

      2.    La presidencia de la Comisión de Valoración será elegida de entre sus miembros por mayoría.

      3.    A efectos de garantizar el derecho a recusación de las personas interesadas, la identidad de las y los miembros titulares y suplentes que integran la Comisión de Valoración se hará pública mediante resolución de la persona titular de la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos, que será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

      4.    En los supuestos en los que así lo decida, la Comisión de Valoración podrá contar además con la presencia de otras y otros peritos expertos cuya aportación se considere necesaria para la acreditación de las vulneraciones del derecho a la vida, integridad física, psíquica, moral o sexual objeto de la ley. El trabajo de valoración, análisis y estudio llevado a cabo por estas y estos peritos se ejercerá bajo la dirección de la secretaría técnica de la comisión.

Artículo 18. Funcionamiento

      1.    La Comisión de Valoración se reunirá con carácter ordinario al menos una vez al mes, debiendo establecer en su primera reunión su calendario anual de sesiones. Excepcionalmente podrá reunirse a iniciativa propia de su presidencia, o a petición de al menos cinco de las diez personas que la componen, previa convocatoria realizada al efecto con, al menos, cinco días de antelación. En todo caso, para su válida constitución se requerirá la presencia de, al menos, la mitad de sus miembros, incluidas las personas que ocupen su presidencia y la Secretaría Técnica.

      2.    Los acuerdos de la comisión serán adoptados por mayoría de votos de los y las miembros presentes disponiendo, en caso de empate, de voto de calidad su Presidencia. Los y las miembros de la comisión podrán solicitar que conste en acta su voto contra el acuerdo adoptado o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cuando algún miembro discrepe del acuerdo mayoritario podrá formular voto particular por escrito, en el plazo de dos días desde la adopción del acuerdo, que se incorporará al texto aprobado.

      3.    Los y las miembros de la Comisión de Valoración podrán utilizar en las reuniones cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Así mismo, en las convocatorias de las reuniones, en el orden del día, en las actas y en los diferentes escritos que elabore esta Comisión de Valoración se garantizará el uso de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

      4.    La Comisión de Valoración podrá completar sus propias normas de funcionamiento, conforme a lo que la legislación de régimen jurídico aplicable establezca respecto de los órganos colegiados.

      5.    La Comisión de Valoración elaborará un informe anual, en el que dará cuenta de los resultados de su trabajo, de las investigaciones, las características de los datos recabados, las solicitudes presentadas y cualquier otro dato que ayude a tener un conocimiento exhaustivo y real de lo sucedido. Todo ello desagregado por sexo y analizando las distintas situaciones de mujeres y hombres. En cualquier caso, al finalizar su labor la Comisión de Valoración elaborará un informe final que dé cuenta de los resultados obtenidos de una manera global.

      6.    Las personas que integran la Comisión de Valoración, que no sean miembros de la Administración pública, tendrán derecho a percibir dietas por los trabajos realizados.

CAPÍTULO VI
OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS


Artículo 19. Obligaciones de las personas víctimas de vulneración de derechos humanos

      Las personas víctimas de vulneración de derechos humanos están obligadas a:

a)  Admitir, en todo momento, la verificación, por la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos, de los datos y documentos aportados, así como facilitar cuanta información le fuese requerida, a los efectos de controlar y completar el expediente.
b)  Cumplir con los requisitos establecidos en la normativa general para obtener la condición de persona beneficiaria y con las obligaciones que para las mismas establece la citada normativa, en aquellos casos en los que la declaración de víctima lleve aparejado el reconocimiento a una compensación económica de las incluidas en la presente ley.
c)  Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la entidad concedente y a las de control que corresponden a la Oficina de Control Económico en relación con las ayudas percibidas con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, además de las previstas por la normativa específica del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

Artículo 20. Incumplimiento de las condiciones y requisitos

      El incumplimiento por parte de la persona víctima de vulneración de derechos humanos de los términos establecidos en la presente ley, o la falsedad de los datos presentados, determinará la pérdida del reconocimiento de víctima y, en su caso, la pérdida de la compensación económica o prestaciones reconocidas, previa tramitación del oportuno expediente incoado al efecto con audiencia de las personas interesadas. Ello conllevará la obligación de reintegrar, cuando proceda, a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas, más los correspondientes intereses legales que correspondan, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. Todo ello de acuerdo con lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre y en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

CAPÍTULO VII
RECURSOS ECONÓMICOS


Artículo 21. Recursos económicos

      1.    Para la financiación de las compensaciones económicas contempladas en la presente ley se destinarán los correspondientes créditos de pago consignados en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para cada ejercicio, a cuyos efectos se dará la oportuna publicidad en el Boletín Oficial del País Vasco, mediante publicación, en el mismo, de la correspondiente resolución de la persona titular de la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos.

      2.    Esta cantidad podrá verse actualizada en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas en otros programas de la sección en que se encuentran, consignadas a través del régimen de modificaciones presupuestarias que se puedan aprobar o de las vinculaciones crediticias que resulten de aplicación.

      3.    Las solicitudes que no pudieran ser atendidas por agotamiento de la dotación presupuestaria asignada anualmente, serán diferidas al ejercicio siguiente mediante resolución administrativa del órgano competente.

      4.    Tanto del posible aumento como del agotamiento, en su caso, de los recursos económicos asignados, se dará la oportuna publicidad en el Boletín Oficial del País Vasco, mediante resolución de la persona titular de la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos.

Disposiciones Adicionales

Disposición adicional primera. Aplicación re¬troactiva a víctimas reconocidas al amparo del Decreto 107/2012, de 12 de junio

      Quienes en base a lo establecido en el Decreto 107/2012, de 12 de junio, de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 1978, en el contexto de la violencia de motivación política vivida en la Comunidad Autónoma del País Vasco, hubieran obtenido el reconocimiento y, en su caso, la compensación económica correspondiente, podrán solicitar, si procediera, la asistencia sanitaria regulada en el artículo 11 de la presente ley.

Disposición adicional segunda. Aplicación retroactiva a víctimas no amparadas por el Decreto 107/2012, de 12 de junio

      La presente ley se aplicará con carácter retroactivo y excepcional hasta 1960, para reconocer a aquellas víctimas de vulneraciones de derechos humanos en supuestos en los que, cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 2.2 de esta ley, no estaban amparados por el Decreto 107/2012, de 12 de junio.

Disposición adicional tercera. Plazo extraordinario para la aplicación del Decreto 107/2012, de 12 de junio

      Se abre un plazo extraordinario de doce meses, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, para que se acojan a ella todas aquellas personas que, aun cumpliendo todos los requisitos establecidos en el Decreto 107/2012, de 12 de junio, no hubieran solicitado su reconocimiento y reparación o lo hubieran hecho fuera de plazo

Disposición adicional cuarta. Normativa vigente aplicable a las indemnizaciones por lesiones permanentes de carácter no invalidante

      A los efectos de determinar las indemnizaciones por lesiones permanentes de carácter no invalidante, recogidas en el artículo 9.2.f de la presente ley, será de aplicación, en tanto en cuanto esté vigente, la Orden ESS/66/2013, de 28 de enero, por la que se actualizan las cantidades a tanto alzado de normativa vigente aplicable a las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes.

Disposición adicional quinta. Constitución de la Comisión de Valoración

      La Comisión de Valoración se constituirá en el plazo máximo de un mes a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la resolución por la que se hace pública la identidad de las personas que la integran.

Disposición adicional sexta. Aplicación de la ley a las vulneraciones de derechos humanos donde no pueda establecerse una relación concreta de culpabilidad sobre los hechos constitutivos de tales vulneraciones de derechos humanos

      También se considera, a los efectos de aplicación de esta ley, como vulneración de derechos humanos la causada por abusos de poder o uso ilegítimo de la violencia policial que se haya producido en un contexto de violencia de motivación política, donde hubiera podido participar o bien personal funcionario público en el ejercicio de sus funciones o fuera del ejercicio de sus funciones; o bien particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual e incontrolada, sin que sea preciso establecer una relación concreta de culpabilidad sobre los hechos constitutivos de tales vulneraciones siempre que como consecuencia de la vulneración se haya causado una afección a la vida o a la integridad física, psíquica, moral o sexual de las personas.

Disposición adicional séptima. Desarrollo reglamentario

      El Gobierno Vasco desarrollará mediante un reglamento los procedimientos que se establecerán para abordar los distintos supuestos que se le presenten en las solicitudes de reconocimiento de la condición de víctima, a fin de que las propuestas de resolución administrativas que adopte la Comisión de Valoración tengan plena seguridad jurídica.

Disposiciones Finales

Disposición final primera. Ejecución de la ley

      Se autoriza a la persona titular de la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la ejecución de la presente ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor

      La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

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Número XX • XXXX 9 de Marzo de 2019• Sec. I

Ley 3/2019 Contra la Corrupción Pública y Política

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La corrupción por tanto las Instituciones públicas y los representantes políticos de País Vasco es un tema que preocupa a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi. Tras la creación de la Oficina Vasca contra el Fraude y la Corrupción, se debe proseguir en el camino de la lucha contra el fraude.

ARTÍCULO 1.

Todas las instituciones del País Vasco deberán hacer públicos en una declaración y de manera muy detallada todos los gastos e ingresos de cualquier administración pública. En el caso de que no se cumpliese dicha obligación, los cargos responsables serían obligados a dimitir.

ARTÍCULO 2.

Todas las formaciones políticas con representación parlamentaria deberán presentar anualmente sus cuentas donde se muestren sus entradas y salidas exactas de dinero ante el órgano correspondiente.

ARTÍCULO 3.

Si un cargo electo es relacionado con casos de corrupción, este deberá abandonar su puesto mientras se encuentre imputado.

ARTÍCULO 4.

Todos los representantes, sean concejales o diputados, deberán presentar y hacer pública su Declaración de Bienes y Renta anualmente ante el órgano para al que han sido electos. En caso de una desobediencia injustificada, serán obligados a renunciar a su puesto.

ARTÍCULO 5.

La Oficina Vasca contra el Fraude y la Corrupción será la encargada de investigar todas las actividades económicas presentadas por los diputados, formaciones políticas e instituciones del País Vasco.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Quedan derogadas las leyes y decretos de igual o inferior rango a la presente ley.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

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Número XX • XXXX 18 de Abril de 2019• Sec. I

Ley 4/2019 Presupuestos Generales de Euskadi

Título I. Ingresos de la Administración General de Euskadi
Artículo 1. Transferencias Corrientes
1. Total Transferencias Corrientes es de 9.215.654.000€.
Artículo 2. Impuestos Indirectos
1. La estimación de ingresos correspondientes a impuestos indirectos es de 9.654.000 €.
Artículo 3. Tasas, Venta de Bienes, Servicios y Otros Ingresos
1. Total Tasas, Venta de Bienes, Servicios y Otros Ingresos: 89.987.000€
Artículo 4. Ingresos Patrimoniales
1. Total Ingresos Patrimoniales: 71.021.000€
Artículo 5. Enajenaciones de Inversiones Reales
1. Total Enajenaciones de Inversiones Reales: 820.000€.
Artículo 6. Transferencias de Capital
1. Total Transferencias de Capital: 375.654.000€.
Artículo 7. Activos Financieros
1. Total Activos Financieros: 46.463.000€.
Artículo 8. Pasivos Financieros
1. La estimación de ingresos correspondiente a pasivos financieros es de 1.232.654.000€ .
Artículo 9. Total ingresos
1. La estimación del resultado del total de ingresos es de 11.042.907.000€

Título II. Gastos de la Administración General de Euskadi
Artículo 10. Gastos de la Administración General de Euskadi

1. La estimación de gasto correspondiente a las partidas del Departamento de Presidencia es de 10.764.000€

2. La estimación de gasto correspondiente a las partidas del Departamento de Políticas Sociales, Igualdad y Juventud 106.000.000€.

3. La estimación de gasto correspondiente a las partidas del Departamento de Derecho Foral, Autogobierno, Administración Pública y Entidades Locales es de 50.000.000 €.

4. La estimación de gasto correspondiente a las partidas del Departamento de Economía y Hacienda es de 15.000.000€.

4. La estimación de gasto correspondiente a las partidas del Departamento de Turismo, Acción Exterior y Transparencia es de 15.000.000€.

5. La estimación de gasto correspondiente a las partidas del Departamento de Salud Pública es de 585.000.000€.

7. La estimación de gasto correspondiente a las partidas del Departamento de Educación y Política Lingüística es de 400.950.000€.

7. La estimación de gasto correspondiente a las partidas del Departamento de Seguridad y Justicia es de 70.000.000€.

8. La estimación de gasto correspondientes a las partidas del Departamento de Cultura y Deportes es de 16.000.000€.

9. La estimación de gasto correspondiente a las partidas del Departamento de Medio Ambiente, Rural y Marino es de 53.057.000€.

10. La estimación de gasto correspondiente a las partidas del Departamento de Empleo, Industria, Comercio e Innovación es de 198.763.000€

11. La estimación de gasto correspondiente a las partidas del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Vivienda es de 75.000.000€

12. Otros Gastos:
-Rescate a las Autovías y Autopistas con Peaje: 79.000.000€
-Ampliación Metro de Bilbao hasta el Aeropuerto de Loiu: 2.000.000€
Artículo 11. Gastos institucionales
1. La estimación de gasto correspondiente al Parlamento Vasco es de 2.771.000€.
2. La estimación de gasto correspondiente a Gastos Institucionales diversos es de 8.313.000€.

Artículo 12. Gasto en el pago de los intereses de la deuda
1. La estimación de gasto correspondiente al pago de los intereses y amortizaciones de la deuda pública es de 230.037.000€

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Número XX • XXXX 3 de Mayo de 2019• Sec. I

Ley 5/2019 para la Soberanía Energética


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El conjunto de la sociedad vasca ha perdido soberanía en múltiples aspectos. Uno de los más importantes ha sido en el ámbito de la energía y los recursos naturales. Además de estar pérdida, las grandes empresas energéticas que operan en Euskadi no han tenido ningún problema es subir las facturas de electricidad y gas de manera considerable en la última década. Sin olvidar que en multitud de ocasiones, han procedido a cortes en el suministro, en épocas de invierno, a hogares con ingresos insuficientes. Es por esto por lo que el Parlamento Vasco está obligado a reacción y a asegurar una soberanía energética en Euskadi.

ARTÍCULO 1.

La energía es un bien público de interés general y de primera necesidad. Las Administraciones Públicas vascas deberán garantizar que la energía sea de acceso común para la población residente en Euskadi.

ARTÍCULO 2.

Las Administraciones Públicas de vascas promoverán y facilitarán el uso de energías renovables y no contaminantes, tanto en el ámbito de la industria y comercios como en el ámbito de los hogares.

ARTÍCULO 3.

El Gobierno Vasco instará a los Ayuntamientos de Euskadi, y promoverá entre los mismos, la adopción de modelos energéticos más eficientes en alumbrados públicos y otros servicios prestados por parte de los Ayuntamientos.

ARTÍCULO 4.

El Gobierno Vasco prohibirá a las empresas suministradoras, mediante ley o decreto, los cortes de suministro de gas y de electricidad, en los meses de invierno, en los hogares de Euskadi. En ningún caso, dichos cortes de suministros pueden estar motivados por impagos económicos, siempre y cuando estos estén justificados por rentas bajas.

ARTÍCULO 5.

El Organismo Público de Gestión y Ordenación de la Energía (OPGOE) se ocupará de controlar, gestionar y ordenar el mercado energético en Euskadi. Un proyecto de ley desarrollará la naturaleza, composición, funciones, financiación y características de este ente público.

DISPOSCIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Crease un Bono Social, con cargo a las utilidades de las compañias electricas de Euskadi, que sera entregado a las familias en condicion de Vulnerables, previa verificación con el registro social.

DISPOSCIÓN TRANSITORIA SEGUNDA
Llevese un registro de "Hogares vulnerables", quienes seran los primeros en recibir los beneficios de la presente ley.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Quedan derogadas las leyes y decretos de igual o inferior rango a la presente ley.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Euskadi.

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Número XX • XXXX 24 de Julio de 2019• Sec. I

Ley 6/2019 para la Política Lingüística Vasca

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La lengua es uno de los ejes que sirven de unión de cualquier sociedad. Una lengua como el euskera, con tanta tradición, historia y riqueza es un motivo de orgullo para toda la socioedad vasca. La promoción, difusión y protección del euskera debe ser garantizada por todas las Administraciones de Euskal Herria sin excepción.

ARTÍCULO 1.
El conocimiento y aprendizaje gratuito del euskera es un derecho de las ciudadanas y los ciudadanos.

ARTÍCULO 2.
Los Presupuestos Generales de Euskadi destinarán un 5% de su presupuesto total a la Política Lingüística, con el objeto de garantizar el anterior artículo 1.

ARTÍCULO 3.
El Plan Estratégico de Normalización del Euskera será creado y coordinado por el Gobierno vasco y deberá contar con la colaboración del Parlamento vasco y los demás agentes políticos y sociales.

ARTÍCULO 4.
El Plan Estratégico de Normalización del Euskera se encargará de la estrategia en materia de política lingüística para el periodo de 2020-2030.

ARTÍCULO 5.
Impulsar la colaboración con los responsables políticos y agentes sociales da Navarra y del País Vasco francés.

ARTÍCULO 6.
Será exigible, a los trabajadores de la administración pública la capacitación para habla, leer y entender el euskera, con el objeto de garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos.

ARTÍCULO 7.
En materia educativa se garantizará:
a) Como mínimo el 70%, de la oferta en ESO, Bachillerato y Grados universitarios.
b) Creación de un modelo eficaz y eficiente de inmersión en educación primaria en todos los centros educativos
c) Fomentar la investigación sobre el euskera y la cultura vasca, especialmente en la universidad y en los ciclos formativos.

ARTÍCULO 8.
EITB es una herramienta fundamental e imprescindible para la normalización lingüística. Su fomento, difusión y protección será garantizada, en todo caso, por el Gobierno Vasco.

ARTÍCULO 9.
En materia cultural, corresponderá al Gobierno vasco:
a) Fomentar la creación de medios multimedia de comunicación en vasco.
b) Se fomentará el doblaje de la producción multimedia en euskera. Para ello se creará Agencia de Doblaje en Euskera.
c) Establecer una cuota para la proyección de películas en vasco.

ARTÍCULO 10.
El cumplimiento de los criterios lingüísticos se garantizará con obligatoriedad en los siguientes casos:
a) En contratos de las administraciones públicas con terceros.
b) En las convocatorias de las subvenciones públicas


ARTICULO 11.
Para el ingreso y ocupación de plazas en los diferentes grupos de clasificación profesional correspondientes a categorías profesionales y especialidades de personal de la Osakidetza es necesario acreditar los conocimientos de Euskera:

-Personal del Grupo A1 (Facultativos Médicos y Técnicos): B2
-Personal del Grupo A2 (Técnico Superiores): B2
-Personal del Grupo B1 (Diplomados Sanitarios): B2
-Personal del Grupo C1 (Técnicos Especialistas Sanitarios): B2
-Personal del Grupo C2 (Técnicos Especialistas de Administración): B1
-Personal del Grupo D1 (Técnicos Auxiliares Sanitarios): B1
-Personal del Grupo D2 (Técnicos Auxiliares de Administración): B1
-Personal del Grupo E1 (Subalternos y Operarios): A2

ARTICULO 12.
Los certificados serán los expedidos por la Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea (Instituto Vasco de la Administración Pública) o los reconocidos como equivalentes o homologados por la Viceconsejeria de Política Lingüística.

ARTICULO 13.
En las convocatorias de provisión que afecten determinadas categorías de personal sanitario y haya una insuficiencia de profesionales que pueda afectar a la prestación asistencial o cuando el desempeño de las funciones de la plaza requiera una calificación, unos conocimientos y unas habilidades directivas especiales, si el personal interesado no puede acreditar el nivel de conocimientos de Euskera correspondiente a la plaza a la que opta, excepcionalmente puede participar en la convocatoria, pero queda obligado a alcanzar el nivel ya acreditarlo en un plazo máximo de tres años contados a partir de la fecha de ocupación de la plaza.

ARTICULO 14.
Se establecerá una preferencia por el personal capacitado lingüísticamente para los casos de empate.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
la Eusko Jaularitza, a través de la Osakidetza, debe promover la realización de cursos que permitan a todo el personal a su servicio alcanzar todos los niveles de conocimientos de Euskera.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Quedan derogadas las leyes y decretos de igual o inferior rango a la presente ley.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Euskadi.

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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

Número XX • XXXX 24 de Julio de 2019• Sec. I

Ley 7/2019 para el Rescate de las Autopistas Vascas

PREAMBULO
Según el Estatuto de Autonomia del País Vasco la competencia en materia de carreteras en todo el territorio de Euskadi es compartida entre el Gobierno Vasco y el las Diputaciones Forales. A raíz de esto la Eusko Jaularitza en colaboración con la Bizkaiko Foru Aldundia, la Gipuzkoako Foru Aldundia y Arabako Foru Aldundia han de garantizar los mejores servicios públicos para la ciudadanía vasca, mediante la coordinación de todas ellas. La Eusko Jaularitza, a través de la Consejería de Transportes, insto a las Foru Aldunia a cooperar en el rescate de las autopistas vascas, eliminando un peaje inadmisible para gran parte de la sociedad vasca.

ARTÍCULO 1 A partir del día 1 de Octubre de 2019 las cabinas de peaje, en ambos sentidos, de las siguientes autopistas deberán quedar inutilizados:
·AP-8 entre Bilbao e Irún                                                                                                                                                                                                                      
·AP-8 / E-70 entre Bilbao y Santurce (Variante Sur Metropolitana de Bilbao)
·AP-1 entre Vitoria, Eibar e Irún

ARTÍCULO 2 La Bizkaiko Foru Aldundia deberá liquidar la Sociedad Publica Interbiak, concesionaria de la AP-8 en los tramos de dicha autopista en el Territorio Histórico de Bizkaia.  

ARTÍCULO 3 La Gipuzkoako Foru Aldundia deberá liquidar la Sociedad Publica Bidegi, concesionaria de la AP-8 y AP-1 en los tramos de dicha autopista en el Territorio Histórico de Guipuzkoa.  

ARTÍCULO 4 La Arabako Foru Aldundia deberá liquidar la Sociedad Publica Arabat, concesionaria de la AP-1 en los tramos de dicha autopista en el Territorio Histórico de Araba.

ARTÍCULO 5 La Eusko Jaularitza creará el Fondo de Compensación del Rescate de Autopistas de Euskadi.

ARTÍCULO 6 La Eusko Jaularitza transferirá 79.000.000€ al Fondo de Compensación del Rescate de Autopistas de Euskadi.

ARTÍCULO 7 La Arabako Foru Aldundia transferirá 5.500.000€ al Fondo de Compensación del Rescate de Autopistas de Euskadi.

ARTÍCULO 8 La Gipuzkoako Foru Aldundia transferirá 5.500.000€ al Fondo de Compensación del Rescate de Autopistas de Euskadi.

ARTÍCULO 8 La Bizkaiko Foru Aldundia transferirá 5.500.000€ al Fondo de Compensación del Rescate de Autopistas de Euskadi.

ARTÍCULO 9 El Fondo de Compensación del Rescate de Autopistas de Euskadi deberá abonar las rescisiones de contrato del personal de las Sociedades Publicas liquidadas.

ARTÍCULO 10 El Fondo de Compensación del Rescate de Autopistas de Euskadi compensará a la Sociedad Anónima Bidelan con 38.000.000€ en concepto de daños y perjuicios por el rescate de la AP-1 en el tramo correspondiente al Territorio Histórico de Araba.

ARTÍCULO 11 La parte restante del Fondo de Compensación del Rescate de Autopistas de Euskadi será administrado por la Dirección de Tráfico de Euskadi y se utilizado para el mantenimiento de las  Autopistas de Euskadi.

ARTICULO 12. La Dirección de Tráfico de Euskadi creará el Servicio Vasco de Mantenimiento de Autopistas y Carreteras.

ARTICULO 13. Los trabajadores de las empresas Interbiak, Bidegi y Arabat tendrán prioridad en el proceso de selección de personal del Servicio Vasco de Mantenimiento de Autopistas y Carreteras.

DISPOSICIÓ DEROGATORIA Se deroga todo lo que contravenga esta ley.

DISPOSICIÓN ADICIONAL Entra en vigor el día de su publicación.

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Vie 1 Jun 2018 - 19:24
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Número XX • XXXX 1 de Octubre de 2019• Sec. I

Ley 8/2019 de Responsabilidad Política
PREÁMBULO

Ante lo ocurrido en el Debate de Política General de Euskadi, el Parlamento Vasco debe trabajar para que todos los parlamentarios ejerzan sus funciones con lealtad al pueblo vasco y si no actúan de forma correcta y con el debido respeto a las instituciones vascas esas deben actuar contra aquellos que deciden aprovecharse de su condición de diputado.  

ARTICULO 1 La mesa del Parlamento Vasco es el órgano que deberá controlar el correcto comportamiento de los diputados.

ARTICULO 2 Los diputados que decidan ausentarse de las sesiones parlamentarias serán penalizadas con la reducción del 50% del sueldo durante un trimestre.

ARTICULO 3 Los diputados que sean reincidentes podrán ser suspendidos de sueldo durante el tiempo que la mesa crea oportuno.

ARTICULO 4 La decisión deberá ser tomada por mayoría absoluta de la mesa.

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