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[XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Alejandro Verdejo el Miér 28 Nov 2018 - 22:49

Proposición de Ley de modificación de la ley 5/1985 respecto al sistema electoral español.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde que se instauró la democracia en España,la ley electoral por la cual se designan los escaños,ha sido no igualitaria respecto al valor de un voto,creando que los votos en algunas provincias o Comunidades Autónomas sean más importantes que en otras provincias o CC.AA.La cual cosa presentamos esta proposición de ley,para que la ley electoral sea más justa y todos los votos tengan el mismo valor.


ARTÍCULO ÚNICO

Se modifica la ley 5/1985 en el siguiente artículo.
Artículo 161/1:Para la elección de Diputados y Senadores, cada provincia constituirá una circunscripción electoral. Asimismo, las ciudades de Ceuta y Melilla serán consideradas, cada una de ellas, como circunscripciones electorales.
En el cambio la redacción sería la siguiente:Para la eleccion de diputados y senadores habrá una única circunscripción a nivel nacional.


DISPOSICIONES FINALES

Única.

La presente ley entrará en vigor tras su publicación en el BOE.

Juan Carlos Girauta Vidal.
Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadano.



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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Iñigo Azcuénaga el Miér 28 Nov 2018 - 23:05

El miembro de la Mesa del Grupo Parlamentario Vasco, Mikel Legarda, vota EN CONTRA de la tramitación de la iniciativa propuesta por el Grupo Parlamentario Ciudadanos
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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Iñigo Azcuénaga el Jue 29 Nov 2018 - 21:33

Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género.



Exposición de Motivos:

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco en el Congreso presenta la siguiente Proposición de Ley:

Proposición de Ley:
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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Iñigo Azcuénaga el Jue 29 Nov 2018 - 22:49

Notificación enviada a la Mesa del Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Vasco



Spoiler:
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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Jaume Espadà i Guillem el Vie 30 Nov 2018 - 15:57

Iñigo Azcuénaga escribió:
Notificación enviada a la Mesa del Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Vasco



Spoiler:

Se notifica al Grupo Parlamentario Vasco que las propuestas realizadas por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea-Compromís fueron las primeras en ser debatidas por ser las primeras en ser propuestas, así como que al no haber intervenido la portavoza parlamentaria de dicho grupo en la exposición de las mismas en 3 de las 4, se entendieron como retiradas, mientras que la que sí se debatió, resultó rechazada.

También se notifica que el único criterio que sigue el Presidente de la Mesa para tramitar las proposiciones, es el orden en el que fueron presentadas ante la Mesa, y nunca por motivos de filiación política alguna. Es más, cuando el Grupo Parlamentario Vasco solicitó que la Proposición de Ley del Partido Popular fuera tramitada con urgencia, el Presidente accedió a ello, dándole prioridad sobre otras proposiciones incluso del propio Grupo Parlamentario Socialista.

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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Zeo Borras el Lun 3 Dic 2018 - 16:13



Proposición No de Ley de Defensa de los Intereses de España en Catalunya.


Preámbulo.

En Febrero el Gobierno independentista de Torra eludió su responsabilidad cara a la ciudadanía y provocó una crisis de credibilidad en la comunidad autónoma de Cataluña.

Los partidos independentistas están dispuestos a todo para seguir confrontando a una sociedad abierta y cosmopolita. Han llegado a un punto donde sus acciones afectan a los empresarios y a los trabajadores en Catalunya.

Vemos con estupor cómo ante estas acciones deplorables de un Gobierno Irresponsable, tenemos a un Gobierno en funciones que acepta el racismo, el odio y aúpa a los independentistas catalanes.

Por eso, el Congreso de los Diputados Insta:

Artículo 1. Condena del Gobierno de España a los hechos sucedidos en Catalunya respecto al cambio del consumo eléctrico de la Generalitat.

Artículo 2. El Gobierno de España deberá hablar con la Generalitat para su marcha atrás ante el golpe energético. En caso de que haya reticencias, el Gobierno Obligará a la Generalitat

Artículo 3. El Gobierno de España atenderá a los trabajadores que se han visto afectados por las acciones de la Generalitat.

Albert Rivera Díaz, Presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Adriá Belloch el Lun 3 Dic 2018 - 16:30

Proposición No de Ley en la que insta al Gobierno de España ceder la gestión del Aeropuertos de Girona, Reus, Sabadell y el Prat a Aeroports de Catalunya




Preámbulo.


El Aeropuerto de Sabadell es el único de los aeropuertos de Catalunya que no tiene vuelos a ningún destino, siendo su uso meramente para aviones privados y una escuela de pilotos, en el último año ha descendido un 1,6 % sus ya escasos pasajeros por lo que entendemos que AENA no está haciendo nada para poder levantar y mejorar los servicios y ofertas de este aeropuerto, así también vemos la falta de ofertas comerciales en los otros aeropuertos de Reus y Girona-Costa Brava, además de la reciente competencia en materia logística de otros aeropuertos al Prat. Por eso, el Congreso de los Diputados Insta:

Artículo 1. La cesión por el Gobierno español y a AENA a la cesión de la gestión del Aeroport de Sabadell a Aeroports de Catalunya, organismo dependiente de la Generalitat.
Artículo 1. La cesión por el Gobierno español y a AENA a la cesión de la gestión del Aeroport de Reus a Aeroports de Catalunya, organismo dependiente de la Generalitat.
Artículo 1. La cesión por el Gobierno español y a AENA a la cesión de la gestión del Aeroport de Girona a Aeroports de Catalunya, organismo dependiente de la Generalitat.
Artículo 1. La cesión por el Gobierno español y a AENA a la cesión de la gestión del Aeroport del Prat a Aeroports de Catalunya, organismo dependiente de la Generalitat.




Mírim Nogueras, Portavoz del GP Crida Nacional

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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Iñigo Azcuénaga el Lun 3 Dic 2018 - 21:49

Adriá Belloch escribió:
Proposición No de Ley en la que insta al Gobierno de España ceder la gestión del Aeropuertos de Girona, Reus, Sabadell y el Prat a Aeroports de Catalunya




Preámbulo.


El Aeropuerto de Sabadell es el único de los aeropuertos de Catalunya que no tiene vuelos a ningún destino, siendo su uso meramente para aviones privados y una escuela de pilotos, en el último año ha descendido un 1,6 % sus ya escasos pasajeros por lo que entendemos que AENA no está haciendo nada para poder levantar y mejorar los servicios y ofertas de este aeropuerto, así también vemos la falta de ofertas comerciales en los otros aeropuertos de Reus y Girona-Costa Brava, además de la reciente competencia en materia logística de otros aeropuertos al Prat. Por eso, el Congreso de los Diputados Insta:

Artículo 1. La cesión por el Gobierno español y a AENA a la cesión de la gestión del Aeroport de Sabadell a Aeroports de Catalunya, organismo dependiente de la Generalitat.
Artículo 1. La cesión por el Gobierno español y a AENA a la cesión de la gestión del Aeroport de Reus a Aeroports de Catalunya, organismo dependiente de la Generalitat.
Artículo 1. La cesión por el Gobierno español y a AENA a la cesión de la gestión del Aeroport de Girona a Aeroports de Catalunya, organismo dependiente de la Generalitat.
Artículo 1. La cesión por el Gobierno español y a AENA a la cesión de la gestión del Aeroport del Prat a Aeroports de Catalunya, organismo dependiente de la Generalitat.




Mírim Nogueras, Portavoz del GP Crida Nacional


NOTIFICACIÓN ENVIADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA VASCO a la Mesa del Congreso de los Diputados


Spoiler:

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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Antoni Sànchez el Miér 5 Dic 2018 - 19:38


PROPOSICIÓN NO DE LEY POR LA CUAL SE INSTA AL GOBIERNO DE ESPAÑA A AMNISTIAR A LOS PRESOS POLÍTICOS Y EXILIADOS

PREÁMBULO
El pasado 7 de enero, tras un juicio sin las mínimas garantías y con unas injustas acusaciones, 9 personas fueron encarceladas y condenadas por rebelión, sedición y malversación por haber permitido que tuviera lugar una votación democrática y pacífica el 1 de octubre de 2017.

Estas personas, entre ellas líderes de la sociedad civil, han sido condenados por rebelión por una supuesta violencia que jamás existió y que la justicía de diferentes países europeas como Alemania, Bélgica y Reino Unido también niega que existiera en cualquier solo momento. Entre los presos políticos también se encuentra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, condenada por haber permitido el debate parlamentario en la sede de la libre expresión del pueblo catalán. 

El Congreso de los Diputados, delante de la situación excepcional y anómala que se vive en Catalunya y debido a las injustas sentencias y el mantenimiento de una intolerable causa generalizada contra el movimiento independentista que sigue manteniendo miles de perseguidos y decenas de exiliados y presos políticos, insta al Gobierno a: 


1. Promover de manera inmediata una amnistía para liberar a los presos políticos condenados por rebelión y sedición, y garantizar el libre retorno de todos los exiliados políticos que en todo momento han buscado un juicio justo que no se les garantiza en España. 

2. A instar a Fiscalía General del Estado que retire todas las acusaciones aun mantenidas contra miles de ciudadanos que siguen siendo ajusticiados y criminalizados por defender la libre autodeterminación e independencia de Catalunya, de manera pacífica y democrática.

Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2019


Gabriel Rufián
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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Iñigo Azcuénaga el Miér 5 Dic 2018 - 20:02

De acuerdo con lo pactado, el Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco solicita la tramitación de la iniciativa propuesta por el Grupo Parlamentario Crida Nacional por VÍA DE URGENCIA.

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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Iñigo Azcuénaga el Jue 6 Dic 2018 - 15:12

El Grupo Parlamentario Vasco (5) solicita una Sesión de Control al Gobierno en funciones.
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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Jaume Espadà i Guillem el Jue 6 Dic 2018 - 15:26

Iñigo Azcuénaga escribió:
El Grupo Parlamentario Vasco (5) solicita una Sesión de Control al Gobierno en funciones.

FDP: WTF?

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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Jesús Aguilar el Jue 6 Dic 2018 - 16:52


PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

PREÁMBULO

La Mesa del Congreso de los Diputados lleva realizando su trabajo de manera negativa y perjudicial para la democracia de la cámara desde el comienzo de la legislatura. Para evitar que estos hechos se continúen realizando, y para evitar que vuelvan a suceder en el futuro, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente reforma del reglamento del Congreso:

ARTÍCULO ÚNICO

Se añade la siguiente sección al Título III, capítulo primero del reglamento del Congreso de los Diputados.


Sección 3ª
De la restitución de los miembros de la Mesa




Artículo 37

1. Se podrá presentar una proposición de ley sobre la Restitución de la Mesa del Congreso de los Diputados si se considera que esta no está cumpliendo efectivamente con sus funciones.

2. En caso de aprobarse, la mesa quedará vacante y se realizará una sesión constitutiva de la misma.


DISPOSICIÓN ÚNICA

Queda aprobada tras su publicación en el BOE.


Soraya Sáenz de Santamaría

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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Iñigo Azcuénaga el Vie 7 Dic 2018 - 13:26

Proposición No de Ley de llamada a la calma a los CDRs


Exposición de motivos

Tras los últimos acontecimientos que siguen sucediendo en las calles de Cataluña, debido a la crisis que pasa la comunidad autónoma, hemos visto como ciudadanos de a pie queman barricadas, se enfrentan a los Mossos d´Esquadra y ponen en riesgo sus vidas y las de los demás ciudadanos, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España y a la Generalitat de Catalunya a:

Artículo 1. Llamar a la calma a los CDRs y a los demás entes independentistas.

Artículo 2. Mediar con los militantes de asociaciones como los CDRs, Ómniun o ANC para llegar a un acuerdo por el cual las infraestructuras catalanas vuelvan a seguir funcionando normalmente.

Artículo 3. Condenar todos los actos de violencia perpetrados ya sea por los ciudadanos de a pie o los Mossos d´Esquadra.



Aitor Esteban Bravo
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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Zeo Borras el Vie 7 Dic 2018 - 21:15




Proposición de Ley que establece el día de la Segunda Fiesta Nacional de España en el 19 de Marzo.

Preámbulo

El 19 de Marzo de 1812 los liberales españoles proclamaron la primera constitución española. Una constitución que hizo frente a la invasión francesa por parte de Napoleón y que aseguró las bases de la democracia actual.

Este hecho fue el primero democrático en nuestro país, fue la primera vez en las que el pueblo español se unió y aceptó unas normas para vivir en paz y armonía.

Consideramos así que este día célebre para los demócratas, debe ser un día de recuerdo y de reivindicación de la democracia en nuestro país. En ese día vencimos a la dictadura francesa y ganamos la libertad del pueblo español.

Los españoles merecemos tener una segunda fiesta nacional que reivindique los valores de Democracia, europeístas que tiene la sociedad española en el Siglo XXI.

Por todo ello disponemos:

Artículo único. Se declara Segunda Fiesta Nacional de España, a todos los efectos, el día 19 de Marzo.


Disposición derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente ley

Disposición Final

Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Iñigo Azcuénaga el Sáb 8 Dic 2018 - 14:15

PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS DESIGUALDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LOS PREMIOS DE LAS COMPETICIONES DEPORTIVAS


Preámbulo

El deporte es una actividad de enorme trascendencia en lo personal, pero también tiene una importancia social fundamental, ya que constituye una forma de integración y de transmisión de valores. Por eso, como transmisor de valores, no puede contribuir a perpetuar ningún tipo de desigualdad, entre ellas, la discriminación de la mujer.

La desigualdad en los premios deportivos ha estado generalizada, perjudica a las mujeres deportistas, y dificulta y desincentiva en muchos casos su participación en las competiciones, tanto a nivel profesional como a nivel «amateur».

Los poderes públicos tienen la obligación de velar por que no se produzcan discriminaciones por cuestión de género en ningún ámbito de la sociedad, tal y como establece el artículo 9.2 de la Constitución Española, y de garantizar el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 14 de la Norma Fundamental.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, «tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural».

Por todo ello, es necesario reconocer que la desigualdad en los premios económicos deportivos sigue siendo un problema de discriminación hacia las mujeres y tomar medidas encaminadas a conseguir una igualdad efectiva en este tipo de campeonatos y eventos. Desde las administraciones públicas no se puede apoyar, fomentar o amparar de ninguna forma aquellas competiciones en las que impere la desigualdad en cualquiera de sus manifestaciones.

Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres. Se modifica la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, añadiendo un nuevo apartado 3 en el artículo 29 con la siguiente redacción:
«Los premios de las competiciones deportivas profesionales y no profesionales organizadas, financiadas, subvencionadas o patrocinadas, ya sea parcial o totalmente, por las Administraciones públicas o por entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las mismas deberán ser
iguales para las mujeres y hombres que participen en aquellas, cuando se trate de la misma disciplina, modalidad y categoría deportiva.»

Disposición transitoria única.
Las competiciones deportivas a las que se refiere el apartado 3 del artículo 29 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, cuyo proceso de organización hubiera sido iniciado antes de la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica, se regirán por la legislación vigente que les resulte de aplicación en el momento del inicio del proceso de organización.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan o contradigan lo dispuesto en la presente Ley.
Disposición final primera. Fundamento constitucional.
La presente Ley se dicta en ejercicio de la competencia exclusiva del Estado para la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales establecida en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Iñigo Azcuénaga el Lun 10 Dic 2018 - 17:00

Proposición No de Ley de Defensa de la Educación Concertada


Preámbulo

Tras el ascenso de los sectores de centro-izquierda e izquierda al poder ejecutivo, diversos centros educativos concertados y/o privados se han visto amenazados por ello. El nuevo gobierno prefiere acabar con la educación concertada e imponer a la fuerza la educación pública. Es por eso, que el Senado, en defensa de aquellos centros concertados insta al Gobierno a:

Artículo 1. Fomentar la libre elección de centro. Respetando la decisión de los progenitores de los jóvenes españoles.

Artículo 2. Proteger a los centros educativos concertados y mantener las ayudas a estos.

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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Jaume Espadà i Guillem el Miér 12 Dic 2018 - 15:59

El Grupo Parlamentario Socialista (137) anuncia el siguiente cambio:

- Causa baja el diputado por Madrid, D. Antonio Hernando Vera, en su lugar Juan Ignacio Díaz Bidart, diputado por Madrid.

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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Zeo Borras el Jue 13 Dic 2018 - 16:34



Proposición de Ley relativa a la defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional y los símbolos nacionales.

Exposición de motivos

En el Preámbulo de la Constitución de 1978 se declara la voluntad de la Nación española de "garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes"; por tal razón, el artículo 1.1 CE considera como valores superiores del ordenamiento jurídico "la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político", de modo que en nuestro país se ha de asegurar que puedan convivir en libertad e igualdad personas que tengan opiniones políticas y convicciones ideológicas muy diferentes, siempre que respeten los derechos y libertades de los demás y se muevan dentro del marco constitucional y legalmente establecido.

Por medio de la presente ley se pretende dar una respuesta jurídica a determinadas situaciones que se están produciendo en la actualidad, con mayor incidencia en algunos lugares del territorio español y que, consistentes en la ofensa a los símbolos nacionales, en la actuación en el desempeño del cargo público haciendo ostentación de la propia ideología política o en el abuso de los espacios públicos, están provocando un enfrentamiento social y una quiebra de la convivencia pacífica que pueden terminar poniendo en riesgo los principios y valores comunes trabados en la transición política y consagrados en nuestro texto constitucional.


Al margen de las lógicas diferencias de todo orden que puedan existir entre los miembros de nuestra sociedad, la Nación española se fundamenta en una "indisoluble unidad" (artículo 2.1 CE), que se manifiesta en una serie de símbolos nacionales. El primero y principal de todos ellos es el Rey, como Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia (artículo 56.1 CE), pero también se regulan otros en el texto constitucional, como son la lengua común (artículo 3.1 CE) y lenguas cooficiales en las respectivas Comunidades Autónomas (artículo 3.2 CE) y con relevancia a los efectos de la presente ley, la bandera nacional y las banderas de las distintas Comunidades Autónomas (artículo 4 CE), a los que se unen algunos otros vinculados como el himno o el escudo.

Los símbolos nacionales reflejan quiénes somos, son expresión de la convivencia común de todos los ciudadanos a lo largo de la historia de España y los que nos identifican ante el resto del mundo. Representan la nación, como patria común e indivisible de todos los españoles, fomentan la adhesión emocional hacia nuestra patria, el arraigo a nuestra tierra, y, al tiempo, muestran la diversidad y riqueza cultural de las nacionalidades y regiones que la integran.

La Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas, la que desarrolla el mandato constitucional, plasmando la importancia de nuestro distintivo más conocido. Conforme a la misma, la bandera de España simboliza la nación, es signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores superiores expresados en la Constitución.

Por su parte, la Ley 33/1981, de 5 de octubre, del escudo de España, contiene la regulación de este otro símbolo fundamental representativo. Y como desarrollo a esa ley, a través del Real Decreto 2964/1981, de 18 de diciembre, se regula el modelo oficial, su uso y tamaño, y mediante el Real Decreto 2267/1982, de 3 de septiembre, se especifican técnicamente los colores del escudo de España.

Tras la aprobación de la Constitución, al igual que la bandera y el escudo nacionales, el himno tiene regulado su uso mediante el Real Decreto 1560/1997, de 10 de octubre.

La representación simbólica de los valores constitucionales y democráticos a través de los símbolos oficiales mencionados, tanto estatales como de nuestras Comunidades Autónomas, supone una clara manifestación del orgullo de pertenencia a la nación española, dentro de su diversidad. Constituye, en sus distintas vertientes, una clara demostración de un sentimiento común de unión entre todos los españoles, independientemente de dónde vivan, y respeto a sus instituciones, que no sólo se expresa en los actos y espacios públicos oficiales, sino que se manifiesta espontáneamente en toda clase de eventos donde la sociedad proyecta su sentir colectivo.
Precisamente por la trascendencia que los símbolos nacionales y oficiales tienen en la sociedad, es necesario garantizar que las administraciones públicas mantengan la neutralidad institucional en su uso, puesto que están obligadas a ser objetivas y vincularse necesariamente a los principios de legalidad e interdicción de la arbitrariedad, tanto por mandato de la Constitución (artículos 9.3 CE y 103.1 CE), como en el caso de las entidades locales, por lo expresamente dispuesto en el artículo 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Tal exigencia de neutralidad es incompatible con actuaciones institucionales "partidistas", alineadas con las pretensiones de un grupo de ciudadanos con inevitable exclusión del resto, especialmente cuando se trata de reivindicaciones que no se cohonestan con la legalidad.

Es más, tal y como establece el Tribunal Supremo en Sentencia n.º 933/2016 de 28 de abril, a propósito de la colocación de símbolos independentistas, "el adjetivo partidista no puede interpretarse dentro de ese contexto constitucional y legal como perteneciente a un partido político, sino simplemente como incompatible con el deber de objetividad y neutralidad de los poderes públicos y las administraciones, en la medida en que estos toman partido por una posición parcial, es decir, no ajustada a ese deber de neutralidad o equidistancia, sino alineada con las pretensiones de un grupo de ciudadanos con inevitable exclusión del resto" y añade que lo relevante no es que la bandera cuestionada pertenezca a un partido, o se identifique con una concreta formación política, sino que no pertenece a -es decir, no se identifica con- la comunidad de ciudadanos que, en su conjunto, y con independencia de mayorías o minorías, constituye jurídicamente el referente territorial de cualquiera de las administraciones o poderes públicos constituidos en el Estado español, en la Comunidad Autónoma concreta o en la provincia en cuestión, y por tanto su uso por cualquiera de esas administraciones o poderes quiebra el referido principio de neutralidad, siendo notorio que el símbolo cuestionado constituye solo un símbolo de la reivindicación específica de una parte de los ciudadanos de esa Comunidad Autónoma, representados por una parte de los partidos políticos, y sistemáticamente empleado por aquellas fuerzas políticas que defienden esa opción concreta, pero carece de reconocimiento legal válido como símbolo oficial de ninguna administración territorial; y se insiste que resulta obvio que su uso y exhibición por un poder público solo puede ser calificado de partidista en cuanto asociado a una parte -por importante o relevante que sea- de la ciudadanía identificada con una determinada opción ideológica (aunque ésta sea compartida por varios partidos), pero no representativa del resto de los ciudadanos que no se alinean con esa opción, ni por consiguiente, con sus símbolos.

En este sentido, continúa la Sentencia 933/2016, dictando que "el argumento no tiene carácter reversible, esto es, no es aplicable a la posibilidad de que parte de los ciudadanos no se sientan políticamente identificados con los símbolos oficiales cuyo uso y carácter público -en el sentido de común- regula la ley, puesto que la neutralidad de dicho uso no depende de la voluntad o de las decisiones particulares de las administraciones o poderes públicos, sino, precisamente, de su deber genérico de sujeción a la legalidad vigente configurada por los cauces democráticos que específicamente habilitan la Constitución y las leyes que la desarrollan".

Como afirma el Tribunal Supremo, la vinculación entre democracia y Estado de Derecho no es accesoria, sino sustancial, de manera que solo es posible calificar de actos o decisiones democráticos los que se ajustan, en su procedimiento de adopción y en su contenido, a la ley.

En consecuencia, la presente ley, después de recoger los símbolos nacionales y conferir protección a aquellos que sean oficiales -respetando las competencias de las Comunidades Autónomas en su definición-, señala qué autoridades públicas deben quedar obligadas, por lo que en ella se dispone y establece el deber que tienen dichas autoridades públicas de velar por el cumplimiento de la ley en relación con los símbolos nacionales.

A ello se une la finalidad de impedir la exhibición o el uso indebido en espacios públicos de otros símbolos o elementos de contenido partidista que sean incompatibles con el deber de objetividad y de neutralidad de los poderes públicos y las administraciones, en la medida en la que suponga que estos toman partido por una posición parcial.

Estas previsiones entroncan directamente con el desarrollo del deber actuar con arreglo al principio de neutralidad impuesto a todos los empleados públicos por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en el artículo 52 y por ello, el artículo 8 refuerza la proyección de dicho principio al establecer el incumplimiento del mismo como infracción disciplinaria, mientras que la disposición adicional primera de la presente ley introduce un apartado nuevo en el artículo 53 del Estatuto Básico del Empleado Público, para recoger de manera concreta el principio de neutralidad en relación con los símbolos también respecto de los empleados públicos.

En cuanto a la posible colisión de lo regulado por esta ley con los derechos a la libertad ideológica y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución en sus artículos 16.1 y 20.1, respectivamente, ésta no se produce, puesto que como es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, "las instituciones públicas, a diferencia de los ciudadanos, no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión que proclama el artículo 20 CE", y, por ende, conforme a la doctrina constitucional expuesta, sólo los ciudadanos, y no las instituciones, son titulares de esos derechos fundamentales.

Pero tampoco quedan afectados los derechos fundamentales de los empleados públicos porque, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como nuestro Tribunal Constitucional han consagrado el principio de neutralidad política e ideológica de las instituciones del Estado, y han puesto dicho principio por encima incluso de los derechos individuales de los empleados públicos afectados.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha ratificado en su Sentencia n.º 24/2015, de 16 de febrero, la existencia de un principio "de neutralidad de los poderes públicos ante el ejercicio de los derechos fundamentales" (fundamento jurídico 4.º).

Por lo tanto, resulta perfectamente constitucional y conforme con los derechos fundamentales exigir a los altos cargos y empleados públicos que se comporten de forma neutral en el desempeño de sus funciones, y que se abstengan de realizar, impidan y corrijan cualquier ataque que se pueda producir a los símbolos nacionales o a los derechos y libertades, para preservar la neutralidad institucional.

En línea con la jurisprudencia aludida, procede introducir un sistema de infracciones y sanciones puesto que, de las tres normas mencionadas sobre las banderas, el escudo y el himno, solo la primera, referida a la bandera nacional, contiene reseñas al posible incumplimiento o infracciones, sin venir a determinar cuáles sean las mismas. En el ámbito administrativo establece el mandato a las autoridades para corregir en el acto las infracciones de esta ley restableciendo la legalidad que haya sido conculcada, pero no contiene ninguna máxima que sea corolario natural del incumplimiento de actuar para preservar la neutralidad y objetividad de lo público.

Esta nueva regulación convivirá con la ya existente en el Código Penal, en el Título XXI, Capítulo VI "De los ultrajes a España", que contiene la máxima reprobación de las conductas de ofensa o ultraje, de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad.

Por tanto, como se ha descrito, la presente ley, tiene por objeto reclamar el valor indudable de nuestros símbolos como máxima expresión de la convivencia plural en la unidad de España y revitalizar el orgullo que constituye su exhibición. Y a ello se suma la necesidad de suplir el vacío normativo existente entre el reproche penal de las conductas de ultraje y el mero mandato legal que insta a las autoridades públicas a corregir las infracciones contra los símbolos representativos nacionales, entendiendo por estos también aquellos autonómicos y forales, constitucionalmente recogidos, como elemento propio de la diversidad cultural española o los símbolos locales y europeos que constituyen también parte del acervo común de los españoles.

En definitiva, la presente ley contiene las correspondientes disposiciones en orden a evitar la colocación en espacios públicos de símbolos, gráficos o lemas partidistas, es decir, no neutrales, que rompen la convivencia social y suponen un uso sectario de tal espacio público de convivencia en detrimento de todas aquellas personas que, siendo minoritarias o no, sostienen posturas políticas diferentes.

La convivencia es un principio democrático que, recogido constitucionalmente, se plasma en la concordia y la unidad de la sociedad y se proyecta con más fuerza sobre los espacios públicos, puesto que son lugares de uso general y compartidos que constituyen un punto de encuentro de los ciudadanos. En cuanto que espacios adscritos al servicio público o en su caso, apropiados para el uso común que a todos corresponde, como las playas o las plazas públicas, deben estar libres de imposiciones partidistas y permitir la coexistencia, en el pleno respeto a la Constitución.

En tal sentido, cabe recordar que el dominio público regulado por el artículo 132 de la CE y desarrollado por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y las normas de derecho administrativo especial, tiene que tener una aplicación efectiva al uso general o al servicio público (artículo 6 de la Ley 33/2003, de 3 noviembre, que tiene carácter de básico según su disposición final segunda). Siendo corolario de lo anterior que nadie puede, sin título que lo autorice otorgado por la autoridad competente, ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en forma que exceda el derecho de uso que, en su caso, corresponde a todos (de acuerdo con el artículo 84.1 de la misma ley, que también goza de su carácter de básico). El segundo apartado del artículo 84 ya prevé con carácter general que las autoridades responsables de la tutela y defensa del dominio público vigilarán el cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior y, en su caso, actuarán contra quienes, careciendo de título, ocupen bienes de dominio público o se beneficien de un aprovechamiento especial sobre ellos.

En cuanto a las competencias del Estado legislador, la presente ley en su artículo 1 tiene vocación de pleno respeto de las competencias autonómicas que se ejercen en los respectivos Estatutos de Autonomía para la determinación de los símbolos oficiales de las mismas y se ampara, para la demás regulación que establece, en los artículos 4.1 y 2 CE; el artículo 149.1.1 CE en cuanto a la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; y el artículo 149.1.18 en cuanto a las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas.

En definitiva, la presente ley se erige en una garantía de protección de los símbolos nacionales y de la necesaria neutralidad institucional que debe inspirar a los poderes públicos, como consecuencia del principio de objetividad que la Constitución predica de las administraciones públicas y de la persecución de los intereses generales que a estas impone, con la finalidad de que el uso del espacio público sea respetuoso de los valores y principios constitucionales y constituya un espacio de convivencia de los ciudadanos para la concordia y no de desunión de los mismos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente Proposición de Ley.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales. Ámbito y finalidad

Artículo 1. Ámbito objetivo. Símbolos.

1. Los símbolos nacionales, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y las demás leyes que los regulan, son:

a) el Rey como Jefe del Estado en virtud del artículo 56.1 de la Constitución Española;

b) la bandera de España y las banderas de las Comunidades Autónomas;

c) el escudo constitucional; y

d) el himno nacional.

2. Los símbolos nacionales son expresión de la soberanía nacional; de la nación como patria común e indivisible de todos los españoles; de la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran; y representan los valores superiores del ordenamiento jurídico, recogidos en la Constitución.

3. Las banderas, escudos e himnos autonómicos y locales de carácter oficial, que resulten conformes con la Constitución y los Estatutos de Autonomía, se entenderán igualmente regulados y protegidos por la presente ley.

4. La bandera, himno y otros símbolos representativos oficiales de la Unión Europea gozarán igualmente de la protección de la presente ley, sin perjuicio de la legislación que les resulte de aplicación.

5. La existencia de símbolos distintivos de los derechos forales o tradiciones forales, siempre que resulten expresamente amparados por la Constitución y los Estatutos de Autonomía, será igualmente protegida por lo dispuesto en la presente ley, sin perjuicio de la legislación autonómica que corresponda.

6. Los símbolos oficiales en todo caso deberán respetar y garantizar el principio de neutralidad institucional y no ser partidistas.

Se considerarán nulos aquellos símbolos que sean contrarios a lo dispuesto en la presente ley.

7. Quedan excluidos de la presente ley los símbolos de carácter religioso amparados en el artículo 16 de la Constitución Española.

Artículo 2. Ámbito subjetivo. Autoridades públicas.

1. En el ámbito de la Administración General del Estado las disposiciones de esta ley se aplicarán a los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella.

A estos efectos, se considerarán altos cargos los que tengan tal consideración en aplicación de la normativa en materia de altos cargos.

2. Esta ley será de aplicación a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales.

3. La aplicación a los sujetos mencionados en los apartados anteriores de las disposiciones contenidas en esta ley no afectará, en ningún caso, a la condición de cargo electo que pudieran ostentar.

4. A los efectos de esta ley se entenderá por autoridades públicas, los enumerados en el presente artículo y los funcionarios, de acuerdo con la legislación aplicable.

Artículo 3. Principios.

1. Las autoridades públicas se inspirarán en su actuación relativa a la materia objeto de esta ley en los principios de objetividad y neutralidad institucional y actuarán con la debida imparcialidad y con sometimiento pleno a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

2. Las autoridades públicas promoverán que en los espacios públicos que dependan de las mismas se respeten los símbolos oficiales conforme a lo dispuesto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico.

3. Las autoridades públicas fomentarán las actitudes de respeto a la unidad de España y a la diversidad de las nacionalidades y regiones que la integran en el uso de los símbolos en los espacios públicos.

4. Las autoridades públicas promoverán las condiciones para que el principio de convivencia democrática sea real y efectivo y removerán los obstáculos que dificulten su plenitud, fomentando la concordia de los ciudadanos.

CAPÍTULO II

Del respeto a los símbolos nacionales, de la neutralidad institucional y de las medidas para su protección

Artículo 4. Protección de los símbolos y evitación del uso de otros símbolos, lemas o emblemas de carácter partidista.


1. Las autoridades públicas se abstendrán de realizar y corregirán en el acto, cualquier tratamiento ilegal o que suponga un demérito, ofensa, injuria, vilipendio o desprestigio a los símbolos nacionales y oficiales, restableciendo la legalidad que haya sido conculcada.

Se entenderá por tratamiento ilegal la colocación o la reproducción gráfica o audiovisual de símbolos, lemas o enseñas de naturaleza partidista y que vulneren la neutralidad institucional, en los espacios públicos.

2. Las autoridades públicas no exhibirán e impedirán que se exhiban en los espacios públicos los símbolos prohibidos con arreglo al apartado anterior.

3. Las autoridades públicas corregirán de inmediato el uso que los particulares hagan de símbolos que no respeten el principio de neutralidad institucional en los espacios públicos.

En todo caso, se considerará espacio público el dominio público de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y las leyes administrativas especiales.

4. Las autoridades públicas pondrán inmediatamente en conocimiento de las autoridades judiciales competentes o del Ministerio Fiscal cualquier conducta que pudiera ser constitutiva de ilícito penal de ultraje a España.

Artículo 5. Infracciones de los altos cargos.

1. El incumplimiento doloso o culposo de las obligaciones establecidas en el artículo anterior por parte de las autoridades públicas que tengan la condición de alto cargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 2, se considerará infracción disciplinaria muy grave a los efectos de lo dispuesto en el artículo 29.1 a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

2. Se considerará infracción grave la comisión de una infracción leve cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones leves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

3. La mera negligencia o descuido en el ejercicio de las obligaciones se considerará infracción leve a los efectos de lo dispuesto en el artículo 29.3 b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Artículo 6. Sanciones a los altos cargos.


1. Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación.

2. Por la comisión de una infracción grave se impondrán al infractor algunas de las siguientes sanciones:

a) La declaración del incumplimiento y su publicación en el "Boletín Oficial del Estado" o diario oficial que corresponda.

b) La no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de la correspondiente indemnización para el caso de cese en el cargo.

3. En el caso de las infracciones muy graves, se impondrán en todo caso las sanciones previstas en el apartado anterior.

4. La sanción por la comisión de una infracción muy grave de las contempladas en la presente ley llevará aparejado el cese del cargo que ocupe su autor, salvo que ya hubiese cesado, y no podrá ser propuesto, ni nombrado para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo comprendido entre cinco y diez años, con arreglo a los criterios previstos en los apartados siguientes.

5. Serán de aplicación en todo caso los principios del Capítulo III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

6. La comisión de infracciones muy graves, graves o leves se sancionará de acuerdo con los criterios recogidos en el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y los siguientes:

a) La naturaleza y entidad de la infracción.

b) La gravedad del perjuicio causado.

c) La publicidad que se haya dado a los hechos y la repercusión de la conducta en los ciudadanos.

d) La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por propia iniciativa.

7. Cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la administración pondrá los hechos inmediatamente en conocimiento del Fiscal General del Estado y se abstendrá de seguir el procedimiento hasta que la autoridad judicial competente no dicte una resolución que ponga fin al procedimiento penal.

Artículo 7. Órgano competente y procedimiento.

Para determinar el órgano y procedimiento competente, se estará a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Artículo 8. Deber de neutralidad institucional de los empleados públicos en el desempeño de sus funciones.

1. Los empleados públicos deberán actuar con arreglo al principio de neutralidad en el ejercicio de las funciones que les son propias, debiendo tratar de igual forma a todos los ciudadanos y respetar su libertad ideológica, política y de creencias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

2. Los empleados públicos en cumplimiento del principio de neutralidad institucional con respecto al uso de símbolos en los espacios públicos, deberán actuar con arreglo a los principios enumerados en el artículo 3 de la presente ley.

3. Los empleados públicos estarán obligados a poner en conocimiento inmediato de las autoridades públicas competentes la comisión de cualquiera de las conductas prohibidas por la presente ley.

Los funcionarios tendrán, además, el resto de las obligaciones establecidas en la presente ley en su condición de autoridades públicas a los efectos de la misma.

Artículo 9. Régimen disciplinario de los empleados públicos.

1. El incumplimiento del deber de actuar con arreglo al principio de neutralidad institucional se considerará una falta disciplinaria muy grave de las establecidas en el artículo 95.2 a) del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública.

2. Para la determinación de la sanción, órgano competente y procedimiento, se estará a lo dispuesto en el TVII del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Disposición adicional única. Modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Se modifica el apartado 2 del artículo 53, que queda redactado de la siguiente forma:

"2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio. En particular, se respetará el principio de neutralidad institucional en los espacios públicos."

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se faculta al Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias que requiera el cumplimiento de la presente ley.

Disposición final segunda. Títulos competenciales.

La presente ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.º de la Constitución y el artículo 149.1.18.º de la Constitución.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
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