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[XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

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[XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Jaume Espadà i Guillem el Mar 23 Oct 2018 - 22:28



MESA
del Congreso de los Diputados

XIII Legislatura

Presidencia de la Mesa: D. Patxi López Álvarez. (GPS)

Vicepresidencia 1a: D. Micaela Navarro Garzón. (GPS)

Vicepresidencia 2a: D. Nagua Goveli Alba. (GPUP)
Vicepresidencia 3a: D. Celia Villalobos Talero. (GPP)
Vicepresidencia 4a: D. Joan Margall Sastre. (GPC)

Secretaría 1a: D. Juan Luis Gordo Pérez. (GPS)
Secretaría 2a: D. Mikel Legarda Uriarte. (GPV)
Secretaría 3a: D. Alicia Sánchez-Camacho Pérez. (GPP)
Secretaría 4a: D. Josep Vendrell Gardeñes. (GPUP)


Última edición por Jaume Espadà i Guillem el Dom 25 Nov 2018 - 21:40, editado 4 veces

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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Iñigo Azcuénaga el Mar 30 Oct 2018 - 22:12

Proposición No de Ley por la que se insta al Consejo General del Poder Judicial a reprobar y destituir de sus funciones al Juez de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Segunda de Lo Penal


Exposición de motivos
Hace ya algunas semanas, España, Euskadi y Cataluña se llenaron de conmoción al conocer la noticia de "La Segunda Manada". Seis hombres redujeron y violaron a una mujer, que no iba ni bajo los efectos del alcohol, ni con ropa provocativa, que son las principales causas por las que se acusan a las mujeres de ser violadas. El Juez de la citada sección, además de valorar subjetivamente la sentencia, negó que fuera delito, y, por tanto, cerró el caso. Es por ello, que citamos al Consejo General del Poder Judicial, o, en su defecto, al Ministerio de Justicia a:

Artículo 1. Reprobar al citado juez de la sección y no permitirle volver a ocupar un cargo público durante el resto de su vida.

Artículo 2. Repetir el juicio del caso, con otros magistrados y juez/a diferente.

Artículo 3. Indemnizar debidamente a la víctima del abuso sexual.

Artículo 4. Condenar las acciones y palabras del juez reprobado.


Aitor Esteban, Portavoz del Grupo Parlamentario
Nacionalista Vasco

Miriam Nogueras Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Crida per la República

Se solicita su tramitación por vía de urgencia
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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Felipe VI el Miér 31 Oct 2018 - 19:27


CASA DE S.M. EL REY
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 99.1 de la Constitución, tras celebrar las consultas con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, vengo en proponer a la Excma. Señora Doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón como candidata a la Presidencia del Gobierno.

Lo que comunico a V.E. para que se formule al Congreso de los Diputados la propuesta.


Palacio de La Zarzuela, 31 de enerode 2019



FDP: Doy 24h para que la presidencia de la mesa inicie la sesión de investidura cuánto antes
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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Jaume Espadà i Guillem el Jue 1 Nov 2018 - 0:20



De acuerdo con lo establecido en el Artículo 56.3 y 64.1 y 2 de la Constitución, tras celebrar las consultas con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria de su majestad en base al artículo 99.1 de la constitución la Presidencia de la Mesa acepta a Doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón como candidata a la Presidencia del Gobierno del Reino de España.


Última edición por Jaume Espadà i Guillem el Jue 1 Nov 2018 - 1:35, editado 1 vez

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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Adriá Belloch el Lun 5 Nov 2018 - 11:45





Propuesta de Ley de dignificación del trabajo del sector primario


PREÁMBULO
El sector primario integrado por la agricultura, ganadería, silvicultura y psifactorías suponen una parte importante de nuestra economía diversificada. Pero no solo eso, sino porque supone una de las fuentes de trabajo en el medio rural que se está despoblando, por lo tanto es uno de los fijadores de población. Sin embargo vemos cómo este trabajo no es remunerado dignamente por las empresas.

También vemos casos de propietarios de terrenos no explotan sus tierras y por lo tanto no generan empleo para la población local, evitando el progreso socio-económico de todo un municipio o toda una comarca

Título Único

Articulo 1 Las empresas que tengan contratos con diferentes explotaciones del sector primario deberán de comprar su producto por un valor del 110% del coste de producción del proveedor, que deberá acreditar dichos costes ante un responsable del Ministerio de Agricultura y Ganadería
Articulo 2 Aquellas empresas que no paguen a los proveedores un valor el 110% del coste de producción serán sancionado con una multa valorada entre 300.000 y 500.000 euros
Artículo 3 Las empresas cuya diferencia entre la venta  ( bien directamente o a una tercera empresa) y entre la compra del producto sea superior a un 250% no podrán subir el precio del producto final durante un espacio de 2 años.
Artículo 4 El Ministerio de Agricultura y Ganadería multará con 100 euros por Hectárea cada mes a todos aquellos propietario de un terreno que no lo explote o lo arriende a un tercero.
Artículo 5 El Ministerio de Agricultura y Ganadería dotará de ayudas a aquellos productores del sector primario que quieran reformar sus herramientas de trabajo, pero en ningún caso se tratarán de productos qímicos.





Pablo Iglesias Turrión
Presidente del GPC UP-CeCPodem-En Marea-Compromís


Última edición por Lorién Mur el Lun 5 Nov 2018 - 11:53, editado 2 veces
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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Adriá Belloch el Lun 5 Nov 2018 - 11:47



Propuesta No de Ley a la que se insta a la realización de estudios sobre el Estado de los principales ríos españoles



PREÁMBULO
A lo largo de nuestra geografía podemos encontrar numerosos ríos, afluentes y barrancos, algunos con un gran caudal y otros más humildes, sin embargo hay numeroso ríos que tienen lamentablemente una enorme contaminación y polución, no solo de desechos orgánicos y aguas fetales, sino de sustancias químicas, restos industriales e incluso materiales cancerígenos como el Lindano. Por estos motivos creemos desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea un estudio y análisis de los ríos para evaluar la actual gravedad de nuestros ríos.

Título Único

Articulo 1 Que el Ministerio de Transición Ecológica realice un estudio sobre la calidad y contaminación de las aguas de los ríos, especialmente en su curso alto
Articulo 2 En caso de un informe que se muestre su contaminación que el Ministerio de Transición Ecológica ponga en marcha depuradoras para garantizar su limpieza y calidad
Artículo 3 Qué el Ministerio de Transición Ecológica multe a las empresas o particulares que han provocado esa contaminación fluvial (en caso de haberla) y que tome las medidas oportunas para evitar una repetición de esos vertidos contaminantes





Pablo Iglesias Turrión
Presidente del GPC UP-CeCPodem-En Marea-Compromís

Juan López Uralde
Responsable del área de Medio Ambiente y Ecología de GPC UP-CeCPodem-En Marea-Compromís


Última edición por Lorién Mur el Lun 5 Nov 2018 - 11:53, editado 1 vez
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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Adriá Belloch el Lun 5 Nov 2018 - 11:50



Proposición de Ley orgánica sobre la despenalización de la venta ambulante.



Preámbulo

El Derecho Penal solo puede utilizarse para proteger los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves, y solo en la medida que no existan instrumentos menos lesivos. No se cuestiona que la propiedad intelectual e industrial deba ser objeto de protección. Lo que sí es denunciable y rechazable es que esa pretendida protección se lleve a cabo a través de la criminalización de quienes, a cambio de una insignificante cantidad de dinero, venden copias no autorizadas sobre sus mantas; conductas que, por otra parte, no son ni mucho menos la causa de las pérdidas que pudieran sufrir las industrias afectadas.

Con la presente reforma se modula el régimen aplicable a la venta ambulante u ocasional de productos que infrinjan derechos de propiedad intelectual o industrial, reduciendo la misma, estableciendo una pena alternativa de trabajos en beneficio de la comunidad y excluyendo la responsabilidad penal en supuestos de escasa importancia atendiendo a las circunstancias del caso. Lo anterior, persigue que el Juez pueda adecuar la respuesta penal a la valoración de la gravedad de la infracción cometida. Esto contribuye a dejar un margen discrecional al Juzgador para adaptar la pena de venta ambulante al caso concreto del que se trate, y dejan de ser punibles aquellas conductas que, por su escasa entidad y atendiendo las circunstancias del autor, no representan un ataque a los bienes jurídicos protegidos por los delitos contra la propiedad intelectual e industrial.

Artículo único.

Se procede a la modificación del artículo 270.4 y del artículo 274.3 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, con el siguiente tenor:

Uno.  El apartado 4 del artículo 270 queda redactado de la siguiente manera:

"4. En los supuestos a que se refiere el apartado 1, la distribución o comercialización ambulante o meramente ocasional se castigará con una pena de prisión de tres a doce meses, o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días en atención a la escasa entidad del hecho.

Los anteriores hechos no serán punibles en los casos de distribución al por menor, atendidas las circunstancias del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido. En ningún caso los hechos resultaran punibles cuando el beneficio obtenido sea inferior a 400 euros".

Dos. El apartado 3 del artículo 274 queda redactado de la siguiente manera:

"3. La venta ambulante u ocasional de los productos a los que se refieren los apartados anteriores se castigará con una pena de prisión de tres a doce meses, o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días en atención a la escasa entidad del hecho.

Los anteriores hechos no serán punibles en los casos de distribución al por menor atendidas, las circunstancias del culpable, y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido. En ningún caso los hechos resultaran punibles cuando el beneficio obtenido sea inferior a 400 euros".


Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición transitoria.

1. Los delitos cometidos hasta el día de la entrada en vigor de esta Ley se juzgarán conforme a la legislación penal vigente en el momento de su comisión. No obstante lo anterior, se aplicará esta Ley, una vez que entre en vigor, si las disposiciones de la misma son más favorables para el reo, aunque los hechos hubieran sido cometidos con anterioridad a su entrada en vigor.

2. Para la determinación de la Ley más favorable, se tendrá en cuenta la pena que correspondería al hecho enjuiciado con la aplicación de las normas completas del Código en su redacción anterior, y con las del Código resultante de la reforma operada por la presente Ley.

3. En todo caso, será escuchado el testimonio del reo.

Disposición final.

La presente disposición entrará en vigor al día siguiente a su publicación oficial en el "Boletín Oficial del Estado".

Pablo Iglesias Turrión
Presidente del GPC UP-CeCPodem-En Marea-Compromís

Rita Bosaho
Diputada de #ALaValenciana por Alacant


Última edición por Lorién Mur el Lun 5 Nov 2018 - 11:53, editado 1 vez
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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Adriá Belloch el Lun 5 Nov 2018 - 11:51



Proposición de Ley de medidas para el fomento del autoconsumo eléctrico.




Preámbulo

Esta Ley establece cuatro cambios principales en la normativa del autoconsumo.

En primer lugar, se reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo, por considerar que la energía autoconsumida instantáneamente o almacenada en baterías y autoconsumida con posterioridad no debe contribuir adicionalmente a sufragar los costes del sistema eléctrico, ya que en ningún momento se hace uso de la red eléctrica. Se trata, pues, de equiparar el tratamiento del autoconsumo al de cualquier otra medida de ahorro o eficiencia energética. Este tratamiento simplifica de forma muy notable las modalidades de autoconsumo existentes hasta la fecha, pues solo pasa a ser relevante la existencia o no de excedentes, que en todo caso son tratados como cualquier otra modalidad de producción de energía eléctrica del mismo modo que energía consumida por los autoconsumidores que proviene de la red eléctrica es tratada en las mismas condiciones que cualquier otro consumidor. Queda igualmente suprimido el Registro Administrativo de autoconsumo, cuya razón de ser era la necesidad de control de la energía autoconsumida y que supondría ahora una carga administrativa injustificable.

Segundo, la presente Ley habilita la posibilidad de que varios consumidores compartan instalación de autoconsumo, lo que se considera imprescindible para que el autoconsumo pueda desarrollarse en el ámbito urbano doméstico. Para ello, se procede a derogar el artículo 4.3 del Real Decreto 900/2015.

Tercero, la presente Ley establece que las instalaciones de autoconsumo que no inyecten energía a la red eléctrica serán legalizadas según los reglamentos técnicos correspondientes, siguiendo un procedimiento de notificación sin requerir la obtención de un punto de conexión ni ningún otro trámite administrativo, debido a que no harán uso de la red eléctrica.

Por último, la presente Ley adapta el régimen sancionador en lo referente al autoconsumo al verdadero impacto del mismo en el sector eléctrico.

Artículo único. Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

La Ley 24/2013, de 16 de diciembre, del Sector Eléctrico, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 9, que queda redactado como sigue:

"Artículo 9. Autoconsumo de energía eléctrica.

1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por autoconsumo el consumo por parte de uno o varios consumidores de energía eléctrica proveniente de instalaciones de producción próximas a las de consumo y asociadas a los mismos.

Se distinguen las siguientes modalidades de autoconsumo:

a) Modalidades de suministro con autoconsumo sin excedentes. Cuando los dispositivos físicos instalados impidan la inyección alguna de energía excedentaria a la red de transporte o distribución. En este caso existirá un único tipo de sujeto de los previstos en el artículo 6, que será el sujeto consumidor.

b) Modalidades de suministro con autoconsumo con excedentes. Cuando las instalaciones de generación puedan, además de suministrar energía para autoconsumo, inyectar energía excedentaria en las redes de transporte y distribución. En estos casos existirán dos tipos de sujetos de los previstos en el artículo 6, el sujeto consumidor y el productor.

2. Reglamentariamente se desarrollará el concepto de instalaciones próximas a efectos de autoconsumo. En todo caso se entenderán como tales las que estén conectadas en la red interior de los consumidores asociados, estén unidas a estos a través de líneas directas o estén conectadas a la red de baja tensión derivada del mismo transformador.

3. Las instalaciones de producción no superiores a 100 kW de potencia asociadas a modalidades de suministro con autoconsumo con excedentes estarán exentas de la obligación de inscripción en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica.

4. La energía autoconsumida estará exenta de todo tipo de cargos y peajes. Los excedentes de las instalaciones de generación asociadas al autoconsumo estarán sometidos al mismo tratamiento que la energía producida por el resto de las instalaciones de producción, al igual que los déficits de energía que los autoconsumidores adquieran a través de la red de transporte o distribución estarán sometidos al mismo tratamiento que los del resto de consumidores. Sin perjuicio de lo anterior, reglamentariamente podrán desarrollarse mecanismos de compensación simplificada entre déficits de los autoconsumidores y excedentes de sus instalaciones de producción asociadas, que en todo caso estarán limitados a potencias de estas no superiores a 100 kW.

5. Reglamentariamente se establecerán las condiciones administrativas y técnicas para la conexión a la red de las instalaciones de producción asociadas al autoconsumo Las instalaciones en modalidad de suministro con autoconsumo sin excedentes se someterán exclusivamente a los reglamentos técnicos correspondientes, a los que se añadirá una mera notificación al órgano administrativo competente, sin necesidad de obtener previamente permisos o autorizaciones distintos a los establecidos en los citados reglamentos. En particular, las instalaciones de suministro con autoconsumo conectadas en baja tensión se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión."

Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 29, que queda redactado como sigue:

"3. A estos efectos, el operador del mercado tendrá acceso directo al Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica a que se refiere el artículo 21.3, al Registro Administrativo de Distribuidores al que se refiere el artículo 39.4, así como a los Registros que para esos mismos fines puedan crearse en las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, y coordinará sus actuaciones con el operador del sistema."

Tres. Se modifica el apartado 43 del artículo 64, que queda redactado como sigue:

"43. El incumplimiento de alguno de los requisitos técnicos de aplicación a las distintas modalidades de autoconsumo cuando se produjeran perturbaciones que afecten a la calidad de suministro en el ámbito de la red a la que están conectados."

Cuatro. Se añade un apartado 8 al artículo 66, que queda redactado como sigue:

"8. En relación con el autoconsumo, el incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos, cuando no estuviera tipificado como muy grave; así como la aplicación incorrecta de las modalidades y de sus regímenes económicos asociados contemplados en esta Ley y su normativa de desarrollo."

Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 67, al cual se le añade el párrafo siguiente:

"En los casos en los cuales la infracción esté relacionada con el autoconsumo, la sanción máxima será el 10 % de la facturación anual por consumo de energía eléctrica."

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

2. Quedan derogados expresamente:

a) Los artículos 3.1.m, 4.3, 5.1, 5.2.a, 5.2.b, 7.1, 7.2, 8.1, 12.2, 13.2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 25, las disposiciones adicionales cuarta y séptima, las disposiciones transitorias primera, cuarta, sexta y novena, el apartado 9 del anexo I y los anexos II, III y IV del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.

b) El apartado 35 del artículo 65 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

El Gobierno dictará, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones reglamentarias sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Ley en un plazo máximo de tres meses desde su entrada en vigor.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", excepto las medidas que impliquen un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos en relación con el presupuesto vigente, que no entrarán en vigor, en la parte que comporte afectación presupuestaria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente al de la entrada en vigor.

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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Jaume Espadà i Guillem el Mar 6 Nov 2018 - 17:01

Proposición de Ley de Derogación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía se aprobó con el fin de poner paz en momentos de tensión, de liberar presos políticos por el franquismo y absolver a estos de todo delito cometido previamente. No obstante, en lo que se ha acabado convirtiendo es en un escudo para evitar que se juzguen y sentencien todos los crímenes en forma de genocidios y asesinatos cometidos por el régimen franquista. Esta es una situación totalmente inaceptable en una sociedad que se dice democrática, y más si cabe, si se ha mantenido durante más de 40 años. Sobra recodar la recomendación realizada por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2017 al Gobierno de España, por la que se aconsejaba derogar la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía. Es por ello por lo que desde el Grupo Parlamentario Socialista se hace caso del consejo, y por lo que se propone la presente Ley.



TÍTULO ÚNICO.



DISPOSICIONES GENERALES


Artículo único.

Por la presente Ley queda derogada la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.



DISPOSICIONES DEROGATORIAS.


Única.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en la presente Ley.



DISPOSICIONES FINALES.


Única.

La presente Ley entrará en vigor en el momento de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".




Pedro Sánchez Pérez-Castejón,
Presidente del Grupo Parlamentario Socialista.


Última edición por Jaume Espadà i Guillem el Mar 6 Nov 2018 - 17:12, editado 1 vez

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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Jaume Espadà i Guillem el Mar 6 Nov 2018 - 17:12

Proposición de Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Los compromisos adquiridos por España en el seno de la Unión Europea requieren que nuestro país cuente con un procedimiento de aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública que sea ágil y adecuado a la importancia de cada órgano constitucional en el sistema institucional creado por nuestra Constitución. La redacción actual del artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no cumple con esos requisitos, al imponer un proceso que no respeta la posición atribuida por nuestra Constitución al Congreso de los Diputados y al Senado y abre la puerta a un bloqueo político que puede poner en peligro el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias contraídas por España.
Con la nueva redacción del apartado 6 del artículo 15 se trata de volver a la redacción que tenía el artículo en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria de 2007, dotándolo de una mayor coherencia, sin merma de las exigencias constitucionales que se imponen en este ámbito.
La redacción actual resulta distorsionadora en tanto responde a un modelo de bicameralismo perfecto que no se corresponde con el que establece nuestra Constitución y que no encuentra cumplida explicación (o justificación) en el preámbulo de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria, que introdujo este especial mecanismo de aprobación ajeno al funcionamiento ordinario de nuestro sistema parlamentario.
Es más, la redacción de este apartado ya fue criticada en su momento por el Consejo de Estado en su Dictamen al Anteproyecto de la Ley Orgánica que ahora se reforma. El Consejo de Estado propuso ya entonces la recuperación de un inciso que constaba en el apartado 6 del artículo 15 en las versiones anteriores del anteproyecto de la Ley Orgánica 2/2012 que, en términos similares al antiguo artículo 8.3 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, preveía que "si aprobado el objetivo de estabilidad por el Congreso de los Diputados el mismo fuese rechazado por el Senado, el objetivo se someterá a nueva votación del Congreso, aprobándose si este lo ratifica por mayoría simple". El problema que plantea la supresión de esta regla advertía entonces el Consejo de Estado, no ha sido debidamente resuelto en el anteproyecto y debería por ello ponderarse la inclusión de aquélla o la previsión de un tratamiento específico alternativo que permita superar una eventual situación de bloqueo parlamentario a la aprobación del objetivo.
A esta situación de anormalidad normativa, debe añadirse que esta intervención del Senado con capacidad de bloqueo no viene impuesta por ningún precepto constitucional, con lo que nada impide que el legislador orgánico altere el procedimiento actual y recupere el procedimiento parlamentario ordinario. Por el contrario, resulta ciertamente anómalo que se hubiera introducido en la ley orgánica un procedimiento para la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública distinto al que la propia Constitución establece para la aprobación de los Presupuestos.
En este sentido, esta reforma busca la coherencia entre la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado. Así, si en la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley como es el caso de los Presupuestos Generales del Estado, la situación entre las Cámaras no es de equilibrio, no se explica por qué debe darse este equilibrio en la aprobación de unos objetivos íntimamente ligados con dichos Presupuestos. Podemos recordar que el Tribunal Constitucional ha sido muy claro al destacar la diferente posición que ocupan el Congreso de los Diputados y el Senado en el procedimiento legislativo. Así, la STC 97/2002 destacó "la diferente posición que ocupan el Congreso de los Diputados y el Senado en el procedimiento legislativo ordinario, así como de las relaciones entre una y otra Cámara en el ejercicio de la potestad legislativa que el artículo 66.2 CE residencia en las Cortes Generales, todo lo cual responde, en definitiva, a la característica configuración del modelo bicameral adoptado por nuestra Constitución".
Como ha tenido oportunidad de señalar el Tribunal Constitucional en su Sentencia 215/2014, de 18 de diciembre, el Estado es el competente para regular la materia relativa a la estabilidad presupuestaria ex artículo 149.1 CE, apartados 11, 13, 14 y 18 (SSTC 134/2011, de 20 de junio, FJ 11; 157/2011, de 18 de octubre, FJ 3; y 203/2011, de 14 de diciembre), salvo en aquellos aspectos cuyo conocimiento le ha sido atribuido a las instituciones de la Unión Europa con fundamento en el artículo 93 CE (STC 61/2013, de 14 marzo).
El hecho de que ésta sea una materia de competencia estatal no implica, sin embargo, que las Comunidades Autónomas no intervengan en la fijación de estos objetivos. No obstante, y como también ha sostenido el Tribunal Constitucional en la citada STC 215/2014, de 18 diciembre, esta participación no se consigue a través de la intervención del Senado en el proceso de aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, en cuanto en el Senado no están representados los territorios, sino que la intervención autonómica se garantiza con la participación de las Comunidades Autónomas, a través de sus órganos de dirección política, en los procedimientos respectivos de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones públicas en materia de política fiscal y financiera.
Esta participación autonómica se respeta enteramente en la nueva redacción del artículo 6, pues no altera el redactado del apartado 1 del propio artículo 15 que dispone el carácter preceptivo del informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local.



TÍTULO ÚNICO.



DISPOSICIONES GENERALES.


Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El apartado 6 del artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera queda redactado de la siguiente manera:

"6. El acuerdo del Consejo de Ministros en el que se contengan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública se remitirá a las Cortes Generales acompañado de las recomendaciones y del informe a los que se refieren los apartados 4 y 5 de este artículo.
En forma sucesiva y tras el correspondiente debate en Pleno, el Congreso de los Diputados y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno.
Si aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por el Congreso, los mismos fuesen rechazados por el Senado, dichos objetivos se someterán a nueva votación en el Pleno del Congreso, aprobándose si este los ratifica por mayoría simple.
Si es rechazado, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento."



DISPOSICIONES FINALES.


Única.

La presente Ley entrará en vigor en el momento de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.




Pedro Sánchez Pérez-Castejón,
Presidente del Grupo Parlamentario Socialista.

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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Jaume Espadà i Guillem el Mar 6 Nov 2018 - 17:36

Proposición No de Ley de Explicación de Rusia ante posibles injerencias en Occidente.



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Después de la última comparecencia del Embajador de Rusia en España, se pudo observar una clara dosis de victimismo, prepotencia y falta de respeto hacia los representantes del Pueblo Español en las Cortes Generales. Se le citó para aclarar las posibles injerencias de Rusia en asuntos políticos de España, y lejos de aclarar las dudas, con sus actitudes, las acrecentó. Debido al no convencimiento por parte del Grupo Parlamentario Socialista y de muchos más diputados y diputadas de otros grupos, según nos consta, con la intervención del Embajador ruso, el Congreso de los Diputados insta:



Artículo único.

Se insta al embajador de Rusia a comparecer en sesión plenaria al congreso de los Diputados.




Pedro Sánchez Pérez-Castejón,
Presidente del Grupo Parlamentario Socialista.

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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Jaume Espadà i Guillem el Mar 6 Nov 2018 - 18:19

Proposición de Ley de Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.


TÍTULO ÚNICO.


DISPOSICIONES GENERALES.


Artículo único.

Por la presente Ley se modifica el artículo 29 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, quedando establecido de la siguiente forma:


1. El tipo general de gravamen para los contribuyentes de este Impuesto será el 35 por ciento. No obstante, las entidades de nueva creación que realicen actividades económicas tributarán, en el primer período impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el siguiente, al tipo del 15 por ciento, excepto si, de acuerdo con lo previsto en este artículo, deban tributar a un tipo inferior. A estos efectos, no se entenderá iniciada una actividad económica:
a) Cuando la actividad económica hubiera sido realizada con carácter previo por otras personas o entidades vinculadas en el sentido del artículo 18 de esta Ley y transmitida, por cualquier título jurídico, a la entidad de nueva creación.
b) Cuando la actividad económica hubiera sido ejercida, durante el año anterior a la constitución de la entidad, por una persona física que ostente una participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad de nueva creación superior al 50 por ciento.
No tendrán la consideración de entidades de nueva creación aquellas que formen parte de un grupo en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. El tipo de gravamen del 15 por ciento previsto en este apartado no resultará de aplicación a aquellas entidades que tengan la consideración de entidad patrimonial, en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 de esta Ley.
2. Tributarán al 25 por ciento las sociedades cooperativas fiscalmente protegidas, excepto por lo que se refiere a los resultados extracooperativos, que tributarán al tipo general. Las cooperativas de crédito y cajas rurales tributarán al tipo general, excepto por lo que se refiere a los resultados extracooperativos, que tributarán al tipo del 30 por ciento.
3. Tributarán al 10 por ciento las entidades a las que sea de aplicación el régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
4. Tributarán al tipo del 1 por ciento:
a) Las sociedades de inversión de capital variable reguladas por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, siempre que el número de accionistas requerido sea, como mínimo, el previsto en su artículo 9.4.
b) Los fondos de inversión de carácter financiero previstos en la citada Ley, siempre que el número de partícipes requerido sea, como mínimo, el previsto en su artículo 5.4.
c) Las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de inversión inmobiliaria regulados en la citada Ley, distintos de los previstos en la letra d) siguiente, siempre que el número de accionistas o partícipes requerido sea, como mínimo, el previsto en los artículos 5.4 y 9.4 de dicha Ley y que, con el carácter de instituciones de inversión colectiva no financieras, tengan por objeto exclusivo la inversión en cualquier tipo de inmueble de naturaleza urbana para su arrendamiento. La aplicación de los tipos de gravamen previstos en este apartado requerirá que los bienes inmuebles que integren el activo de las Instituciones de Inversión Colectiva a que se refiere el párrafo anterior no se enajenen hasta que no hayan transcurrido al menos 3 años desde su adquisición, salvo que, con carácter excepcional, medie la autorización expresa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La transmisión de dichos inmuebles antes del transcurso del período mínimo a que se refiere esta letra c) determinará que la renta derivada de dicha transmisión tributará al tipo general de gravamen del Impuesto. Además, la entidad estará obligada a ingresar, junto con la cuota del período impositivo correspondiente al período en el que se transmitió el bien, los importes resultantes de aplicar a las rentas correspondientes al inmueble en cada uno de los períodos impositivos anteriores en los que hubiera resultado de aplicación el régimen previsto en esta letra c), la diferencia entre el tipo general de gravamen vigente en cada período y el tipo del 1 por ciento, sin perjuicio de los intereses de demora, recargos y sanciones que, en su caso, resulten procedentes.
d) Las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de inversión inmobiliaria regulados en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva que, además de reunir los requisitos previstos en la letra c), desarrollen la actividad de promoción exclusivamente de viviendas para destinarlas a su arrendamiento y cumplan las siguientes condiciones:
1.ª Las inversiones en bienes inmuebles afectas a la actividad de promoción inmobiliaria no podrán superar el 20 por ciento del total del activo de la sociedad o fondo de inversión inmobiliaria.
2.ª La actividad de promoción inmobiliaria y la de arrendamiento deberán ser objeto de contabilización separada para cada inmueble adquirido o promovido, con el desglose que resulte necesario para conocer la renta correspondiente a cada vivienda, local o finca registral independiente en que éstos se dividan, sin perjuicio del cómputo de las inversiones en el total del activo a efectos del porcentaje previsto en la letra c).
3.ª Los inmuebles derivados de la actividad de promoción deberán permanecer arrendados u ofrecidos en arrendamiento por la sociedad o fondo de inversión inmobiliaria durante un período mínimo de 7 años. Este plazo se computará desde la fecha de terminación de la construcción. A estos efectos, la terminación de la construcción del inmueble se acreditará mediante el certificado final de obra a que se refiere el artículo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. La transmisión de dichos inmuebles antes del transcurso del período mínimo a que se refiere esta letra d) o la letra c) anterior, según proceda, determinará que la renta derivada de dicha transmisión tributará al tipo general de gravamen del impuesto. Además, la entidad estará obligada a ingresar, junto con la cuota del período impositivo correspondiente al período en el que se transmitió el bien, los importes resultantes de aplicar a las rentas correspondientes al inmueble en cada uno de los períodos impositivos anteriores en los que hubiera resultado de aplicación el régimen previsto en esta letra d) la diferencia entre el tipo general de gravamen vigente en cada período y el tipo del 1 por ciento, sin perjuicio de los intereses de demora, recargos y sanciones que, en su caso, resulten procedentes. Las sociedades de inversión inmobiliaria o los fondos de inversión inmobiliaria que desarrollen la actividad de promoción de viviendas para su arrendamiento estarán obligadas a comunicar dicha circunstancia a la Administración tributaria en el período impositivo en que se inicie la citada actividad.
e) El fondo de regulación del mercado hipotecario, establecido en el artículo veinticinco de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario.
5. Tributarán al tipo del cero por ciento los fondos de pensiones regulados en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
6. Tributarán al tipo del 30 por ciento las entidades de crédito, así como las entidades que se dediquen a la exploración, investigación y explotación de yacimientos y almacenamientos subterráneos de hidrocarburos en los términos establecidos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. Las actividades relativas al refino y cualesquiera otras distintas de las de exploración, investigación, explotación, transporte, almacenamiento, depuración y venta de hidrocarburos extraídos, o de la actividad de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos propiedad de terceros, quedarán sometidas al tipo general de gravamen. A las entidades que desarrollen exclusivamente la actividad de almacenamiento de hidrocarburos propiedad de terceros no les resultará aplicable el régimen especial establecido en el Capítulo IX del Título VII de esta Ley y tributarán al tipo del 25 por ciento.
7. Tributarán al tipo de gravamen especial que resulte de lo establecido en el artículo 43 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, las entidades de la Zona Especial Canaria, por la parte de base imponible correspondiente a las operaciones realizadas efectiva y materialmente en el ámbito geográfico de la Zona Especial Canaria.


DISPOSICIONES FINALES.


Única.

La presente Ley entrará en vigor en el momento de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.




Pedro Sánchez Pérez-Castejón,
Presidente del Grupo Parlamentario Socialista.


Última edición por Jaume Espadà i Guillem el Miér 28 Nov 2018 - 18:01, editado 2 veces

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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Jaume Espadà i Guillem el Miér 7 Nov 2018 - 17:05

Proposición  de Ley de Derogación del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.



TÍTULO ÚNICO.



DISPOSICIONES GENERALES.


Artículo único.

Por la presente Ley queda derogado el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.



DISPOSICIONES DEROGATORIAS.


Única.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en la presente Ley.



DISPOSICIONES FINALES.


Única.

La presente Ley entrará en vigor en el momento de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.




Pedro Sánchez Pérez-Castejón,
Presidente del Grupo Parlamentario Socialista.

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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Jaume Espadà i Guillem el Vie 9 Nov 2018 - 23:25

Proposición de Ley de Modificación del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.


TÍTULO ÚNICO.


DISPOSICIONES GENERALES.


Artículo único.

Por la presente Ley se modifica el artículo 34.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, quedando establecido de la siguiente forma:


1. La duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o
contratos de trabajo.
La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de treinta y cinco horas semanales
de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.


DISPOSICIONES FINALES.


Única.

La presente Ley entrará en vigor en el momento de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.




Pedro Sánchez Pérez-Castejón,
Presidente del Grupo Parlamentario Socialista.


Última edición por Jaume Espadà i Guillem el Dom 25 Nov 2018 - 18:44, editado 1 vez

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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Jesús Aguilar el Sáb 10 Nov 2018 - 8:21



Proposición De Ley De Limitación De Los Precios De Los Peajes



Preámbulo

Muchos españoles no pueden permitirse un viaje tranquilo y seguro por nuestras carreteras por el alto precio de los peajes españoles privados, y ponen en riesgo su vida y la de los demás para poder llegar a su destino sanos y salvos. Es por eso, que se deben impulsar medidas para poder ayudar a los españoles a aumentar su seguridad en carretera.

Artículo 1: Sobre Los Precios De Los Peajes

1. El precio de los peajes variará según la longitud de las autopistas de peaje.

2. El precio de las autopistas de 0 a 50 kilómetros de longitud variará de 1,50€ a 3,50€, a decisión de la concesionaria

3. El precio de las autopistas de 51 a 100 kilómetros de longitud variará de 3,50€ a 5,50€, a decisión de la concesionaria.

4. El precio de las autopistas desde 101 kilómetros de longitud variará de 6,50 a 7,50€, a decisión de la concesionaria.

5. El precio será el mismo para todo tipo de transporte.

Artículo 2: Sobre Las Temporadas Altas Y Bajas

1. Las temporadas altas y bajas seguirán existiendo.

2. El precio puede variar siempre que el precio final se mantenga dentro de los límites establecidos por la longitud de la autopista.

Artículo 3: Sobre La Toma De Longitudes

1. La longitud de una autopista estará considerada por su inicio y su final y no por su mezcla con autovías.

Disposición Derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a esta Proposición De Ley.

Disposición Final

La siguiente ley entrará en vigor el día después de su publicación en el BOE.


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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Jaume Espadà i Guillem el Vie 16 Nov 2018 - 21:11

Proposición de Ley de Derogación del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.





TÍTULO ÚNICO.




DISPOSICIONES GENERALES.



Artículo único.

Por la presente Ley queda derogado el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.




DISPOSICIONES DEROGATORIAS.



Única.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en la presente Ley.




DISPOSICIONES FINALES.



Única.

La presente Ley entrará en vigor en el momento de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.





Pedro Sánchez Pérez-Castejón,
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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Iñigo Azcuénaga el Vie 16 Nov 2018 - 23:31

Jesús Aguilar escribió:


Proposición De Ley De Limitación De Los Precios De Los Peajes



Preámbulo

Muchos españoles no pueden permitirse un viaje tranquilo y seguro por nuestras carreteras por el alto precio de los peajes españoles privados, y ponen en riesgo su vida y la de los demás para poder llegar a su destino sanos y salvos. Es por eso, que se deben impulsar medidas para poder ayudar a los españoles a aumentar su seguridad en carretera.

Artículo 1: Sobre Los Precios De Los Peajes

1. El precio de los peajes variará según la longitud de las autopistas de peaje.

2. El precio de las autopistas de 0 a 50 kilómetros de longitud variará de 1,50€ a 3,50€, a decisión de la concesionaria

3. El precio de las autopistas de 51 a 100 kilómetros de longitud variará de 3,50€ a 5,50€, a decisión de la concesionaria.

4. El precio de las autopistas desde 101 kilómetros de longitud variará de 6,50 a 7,50€, a decisión de la concesionaria.

5. El precio será el mismo para todo tipo de transporte.

Artículo 2: Sobre Las Temporadas Altas Y Bajas

1. Las temporadas altas y bajas seguirán existiendo.

2. El precio puede variar siempre que el precio final se mantenga dentro de los límites establecidos por la longitud de la autopista.

Artículo 3: Sobre La Toma De Longitudes

1. La longitud de una autopista estará considerada por su inicio y su final y no por su mezcla con autovías.

Disposición Derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a esta Proposición De Ley.

Disposición Final

La siguiente ley entrará en vigor el día después de su publicación en el BOE.


El Grupo Parlamentario Vasco (5) solicita su tramitación por Vía de Urgencia, suponiendo que el Grupo Parlamentario Popular así lo desea.
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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Jaume Espadà i Guillem el Sáb 17 Nov 2018 - 15:30



La Mesa del Congreso acepta la solicitud del Partido Nacionalista Vasco y la Proposición De Ley De Limitación De Los Precios De Los Peajes será tramitada lo antes posible por la vía de urgencia.

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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Jaume Espadà i Guillem el Lun 19 Nov 2018 - 22:56

Proposición de Reforma de los artículos 122 y 159 de la Constitución Española.





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Durante los últimos 40 años de democracia, la Constitución Española establecía que el nombramiento de la cúpula del Poder Judicial, así como de los miembros del Tribunal Constitucional, emanaba del Poder Legislativo, es decir, de las Cortes Generales. Sin embargo, las altas cifras de consenso que esto requería solamente hacía posible un pacto entre las dos fuerzas más votadas, hasta ahora el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Esto, en muchas ocasiones, se ha convertido en una colocación a dedo de los miembros del más alto órgano de gobierno del Poder Judicial que ha desembocado en una politización de la Justicia. Esto ha provocado que sea puesta en duda por muchos y muchas la independencia del Poder Judicial respecto a los otros dos Poderes del Estado. Es el ánimo de salvaguardarla y asegurarla lo que nos motiva a presentar un modelo alternativo de nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y a proponer la presente reforma constitucional.



Artículo único.

1. El artículo 122 de la Constitución Española queda redactado como sigue:


1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.
2. El Consejo General del poder judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.
3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros entre Jueces y Juezas, y Magistrados y Magistradas de todas las categorías judiciales, nombrados por el Rey por un período de cinco años. Estos serán elegidos por sufragio de todos los jueces y todas las juezas formantes del Poder Judicial en Elecciones al Consejo General del Poder Judicial, en los términos que establezca una ley orgánica.


2. El artículo 159 de la Constitución Española queda redactado como sigue:


1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey, elegidos por sufragio de todos los jueces y todas las juezas formantes del Poder Judicial en Elecciones al Tribunal Constitucional, en los términos que establezca una ley orgánica.
2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.
3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.
4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil.
En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.
5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.




Pedro Sánchez Pérez-Castejón,
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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Jaume Espadà i Guillem el Miér 21 Nov 2018 - 16:22

Proposición de Ley sobre los Bebés Robados en el Estado español.








EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Durante décadas, y hasta etapas muy próximas, en España se ha producido, amparada en la impunidad, una de las mayores atrocidades que ha vivido nuestro país. Un número inmenso de niños fueron sustraídos en cárceles, clínicas y maternidades, y sus familias biológicas siguen sin saber su paradero a día de hoy. En su origen, la sustracción era abiertamente política, auspiciada por el régimen franquista y sus instituciones, siguiendo la ideología de pureza racial impuesta por el doctor Vallejo Nájera: los hijos de las presas políticas eran entregados a familias que cumplían los requisitos patrióticos indicados por las autoridades. Según el auto del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional de 18 de noviembre de 2008, fueron más de 30.000 niños los apartados de sus madres en esta etapa. En las décadas siguientes, la represión ideológica, moral, religiosa y de género se cebó con las mujeres pertenecientes a un sector vulnerable de la sociedad: madres de familia numerosa, pobres, solteras, la mayor parte de ellas con graves carencias económicas, culturales y educativas que las hacía ser un objetivo propicio. En todos estos años, la cantidad de bebés desaparecidos fue inmensa. Las diferentes etapas de este deleznable crimen se relacionan a lo largo de una misma línea temporal cuyo hilo conductor es la impunidad en determinadas pautas criminales que llegan hasta época muy próxima. En 2018, después de más de cuarenta años de democracia, la impunidad continúa porque estos niños y niñas que fueron robados en cárceles, hospitales, clínicas, en cualquier centro estatal o privado de cualquier naturaleza o índole, donde las mujeres dieran a luz, continúan hoy desaparecidos, siguen hoy despojados de su identidad y su estado civil, de su derecho a saber quiénes son. Recordándose que el artículo 10.1 de la Constitución Española proclama el derecho a la identidad personal y al libre desarrollo de la propia personalidad, la dignidad de la persona, y los derechos inviolables que le son inherentes y son fundamento del orden político democrático de nuestro país. Considerando que el artículo 8 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos reconoce el «derecho humano a la vida familiar», sin injerencias externas, de todas esas madres y padres, hermanos y otros familiares afectados. Considerando que la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada por España en diciembre de 1990 contempla el derecho a la identidad como el primer derecho humano que posibilita el correcto ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, tanto para el menor como para sus padres. Además, la expresión «toda persona» del artículo 8 del Convenio se aplica tanto al niño como a la madre. La violación de los derechos de la Convención de los Derechos del Niño conlleva inexorablemente la violación del derecho a conocer la propia filiación y el derecho a la exacta identidad como derecho fundamental (artículos 10 y 18 de la constitución española), ello por la vinculación con la dignidad personal y con el libre desarrollo de la personalidad. La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU del año 2006, y que España ratificó en febrero de 2011, establece en el artículo 25: «Los Estados Parte tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente: a) La apropiación de niños sometidos a desaparición forzada, o de niños cuyo padre, madre o representante legal son sometidos a una desaparición forzada, o de niños nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una desaparición forzada; b) la falsificación, el ocultamiento o la destrucción de documentos que prueben la verdadera identidad de los niños mencionados en el inciso a) supra». Recordando que España en enero de 2011 ha reconocido la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU «para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones por este Estado Parte de las disposiciones de la presente Convención» (artículo 31.1) que ha recordado al Estado español que es su deber buscar a las personas que desaparecieron durante la Guerra Civil y el franquismo y esclarecer su suerte, que la falta de castigo a quienes perpetraron estos crímenes ha estado amparado por una norma legal que puede ser asimilada a la ley de punto final argentina —derogada en 2006—, la Ley de Amnistía de 1977, una norma que para los expertos de la ONU no debe ni puede ser de aplicación a las desapariciones forzosas, puesto que esos delitos son «crímenes de lesa humanidad». Considerando el Protocolo de Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, hecho en Palermo el año 2000, igualmente ratificado por España desde diciembre de 2003, y habiendo sido reconocido tanto la desaparición forzada de personas como la compra-venta de seres humanos como eventuales formas de crímenes de lesa humanidad. En julio del año 2014, el relator de la ONU, Pablo de Greiff, volvió a decirle a España que está obligada por el derecho internacional y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que ratificó en el 2009 «fortalecer los esfuerzos con mira a buscar e identificar a los niños y niñas que podrían haber sido víctimas de la apropiación» y garantizar un Banco Nacional de ADN que integre «muestras genéticas de todos los casos denunciados». En el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o involuntarias, expuesto en septiembre de 2014 en el 272 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se destaca que en los «“robos” o “secuestros” de bebés, y niños y niñas que habrían ocurrido con posterioridad a la Guerra Civil hasta, incluso, después del retorno a la democracia, las denuncias indican que habrían existido cientos de robos de bebés de las salas de maternidad hospitalaria y que fueron entregados ilegalmente en adopción a cambio de dinero. De acuerdo a la información recibida, en algunos casos dichos robos o secuestros podrían haberse efectuado con conocimiento y/o participación de algunas autoridades o empleados públicos». En dicho Informe se expresa también que el Grupo de trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias «También recibió información sobre el difícil acceso a archivos pertenecientes a la Iglesia Católica. Dado que muchos cementerios están dentro de propiedades de la Iglesia Católica, y que datos de bautismo o de defunciones constan en archivos eclesiásticos, la apertura de estos y la facilitación de su acceso a quienes buscan a personas desaparecidas o niños alegadamente robados, resultaría esencial para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas». Y tal como se expone en el párrafo 29 del Informe: «Los obstáculos presentes en el acceso a la información y a los archivos constituyen un problema principal para las víctimas en el proceso de obtención de la verdad. En algunos casos ha habido una destrucción deliberada de documentos. Los archivos de seguridad todavía son de acceso difícil o casi imposible. En general hay resistencia a desclasificar o permitir el acceso a documentos. La falta de una ley integral que regule el acceso a la información y a los archivos implica que el acceso a los archivos públicos puede estar reglamentado u operar diferentemente en función de las distintas áreas geográficas o instituciones implicadas. Esto crea situaciones en donde es posible que el acceso a la información pueda depender de la buena voluntad y/o la interpretación normativa del funcionario que atienda la demanda». El Informe Anual del Defensor del Pueblo, del primer trimestre de 2017, expone que los «Poderes públicos están obligados a dar una respuesta legal a las víctimas y hacer un esfuerzo, en el marco de sus competencias, para esclarecer los hechos denunciados; así como darles todo el apoyo necesario para paliar la angustia que les produce el hecho de no poder conocer a su familia biológica». El Informe de la Misión y Recomendaciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, de noviembre de 2017, elaborado a raíz de la visita de inspección realizada en España del 22 al 23 de mayo de 2017, establece 31 recomendaciones al Estado español basadas en el derecho a la verdad, la justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas por el robo de bebés. Las actuaciones hasta ahora desarrolladas no han sido suficientes para abordar este problema desde una perspectiva integral y reparadora. La existencia de diversas iniciativas legislativas autonómicas, con protección sobre cada uno de los territorios respectivos, aconseja promulgar una norma con rango de ley, de carácter general que integre y ofrezca coherencia, desde el plano normativo, a la regulación e investigación de un asunto de tanta gravedad.







DISPOSICIONES GENERALES.






TÍTULO ÚNICO.





CAPÍTULO I.

Objeto y ámbito de aplicación de la ley.



Artículo 1. Objeto y finalidad.

1. La presente ley tiene por objeto proporcionar los instrumentos normativos y recursos necesarios para el reconocimiento y efectividad del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas del denominado robo de bebés en el Estado español desde el 17 de julio de 1936, que es constitutivo de un delito de lesa humanidad, y facilitar las labores de investigación necesarias, regulando los procedimientos administrativos precisos, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en los convenios y tratados internacionales ratificados por España, entre ellos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
2. La presente ley se fundamenta en el respeto a los derechos básicos de las personas y se inspira de forma expresa en los Tratados Internaciones ratificados por España en materia de derechos humanos, declarando como principios inspiradores de su interpretación y aplicación:
a) La búsqueda de la verdad sobre los hechos ocurridos.
b) La aplicación de la acción de la justicia sobre los hechos ocurridos.
c) La reparación integral de los daños y perjuicios ocasionados.
d) El establecimiento de garantías para la no repetición de los hechos ocurridos.


Artículo 2. Ámbito subjetivo.

1. A los efectos de esta ley, se consideran víctimas de estos delitos:
a) Las personas que fueron sustraídas. Este requisito podrá alegarse, sin necesidad de prueba, mediante declaración jurada que contenga un relato verosímil de los hechos que motivan la condición.
b) Las personas que ostenten cualquier tipo de vinculación familiar, hasta el cuarto grado, con las personas que fueron sustraídas. Dada la dificultad de acreditar fehacientemente el grado de parentesco, se entenderá cumplido este requisito con la aportación de elementos de verosimilitud suficientes, fundamentados en alguna prueba documental o testifical.
2. Tendrán la consideración de poderes públicos obligados por las disposiciones contenidas en la presente Ley:
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
b) Los organismos públicos, cualquiera que sea su denominación y personalidad jurídica, integrados en las Administraciones Públicas territoriales incluidas en el apartado anterior o dependientes de las mismas, incluidos cualquier tipo de Registro.
c) Las Embajadas y oficinas consulares del Reino de España en el exterior.
d) Los centros hospitalarios y de salud, cualquiera que sea su denominación y personalidad jurídica, integrados en las Administraciones Públicas territoriales incluidas en el apartado a) o dependientes de las mismas.
e) Los Encargados del Registro Civil y sus Delegados.
f) Los archivos militares e históricos y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
3. Quedarán asimismo obligados por las disposiciones contenidas en la presente Ley los siguientes sujetos privados:
a) Los establecimientos hospitalarios o de salud, las residencias, asilos, congregaciones, confesiones religiosas reconocidas por el Estado, fundaciones, asociaciones y similares que existiesen en el momento en que se cometieron los hechos objeto de la presente ley o hayan sucedido jurídicamente a los entonces existentes, o custodien archivos, legajos o cualquier material informativo relativo a los mismos hechos.
b) La Iglesia católica.




CAPÍTULO II.

Obligaciones.



Artículo 3. Obligaciones de los poderes públicos.

Los poderes públicos están obligados a realizar cuantas actuaciones sean precisas para la búsqueda de los niños y niñas que pudieran haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de identidad, bien de oficio o a instancia de las víctimas.
Así mismo habrán de tramitar y resolver las peticiones formuladas por las víctimas en el ejercicio de los derechos contenidos en la presente ley, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento administrativo común.


Artículo 4. Obligaciones de los sujetos privados.

Los sujetos privados que resulten obligados por las disposiciones contenidas en la presente ley habrán de tramitar y resolver las peticiones formuladas por las víctimas en el plazo máximo de tres meses desde su presentación. Transcurrido este plazo sin resolución expresa, la victima podrá formular demanda para el ejercicio de su derecho ante los órganos competentes de la jurisdicción civil.




CAPÍTULO III.

Derechos de las víctimas.



Artículo 5. Derecho a la verdad.

1. Las víctimas tendrán derecho al acceso a la documentación que les pueda ser de interés y que obre en los archivos y registros integrados en las Administraciones Públicas o en los organismos dependientes de las mismas.
2. Las víctimas tendrán derecho al acceso a la documentación que les pueda ser de interés y que obre en los archivos y registros pertenecientes a los sujetos privados que ostenten la condición de obligados por la presente Ley.
3. El derecho de acceso comprenderá, en todo caso, la consulta y la obtención de copia, que será gratuita en los archivos públicos. En los archivos privados la consulta será gratuita, pudiendo sujetarse la obtención de documentación al previo abono del importe de su realización por parte del solicitante.
4. En el caso del acceso a los libros de los cementerios, el derecho de acceso comprenderá, con carácter no exclusivo, la información sobre las siguientes cuestiones, en relación con sus familiares fallecidos:
a) Persona que solicitó el entierro de la persona fallecida.
b) Causas declaradas del fallecimiento.
c) Médico que certificó la defunción.
d) Entidad que se hizo cargo del sepelio.
e) Ubicación de las cenizas si las hubiera.
f) Hoja del libro de registro del entierro.
La información será extensiva a todos los datos disponibles relativos a la inhumación de fetos y de criaturas nacidas y supuestamente fallecidas dentro de las siguientes veinticuatro horas al alumbramiento.
5. Las víctimas tendrán acceso a los boletines estadísticos municipales con los que se conformaba el Padrón Municipal, en donde se encuentren consignados los nacimientos comunicados por los hospitales de las diferentes ciudades y localidades, con identificación de los nacidos, por distrito o por hospital.
6. Las víctimas que hayan sido adoptadas y los familiares de los nacidos supuestamente sustraídos tendrán derecho al acceso a los libros de adopciones y expedientes relativos a la protección de menores. Para el ejercicio de este derecho se exigirá prueba documental que acredite el interés legítimo de la víctima.
7. Las víctimas tendrán derecho de acceso a todos los libros de registros de ingresos, partos, prohijamientos y adopciones de residencias públicas e internados de madres solteras dependientes del desaparecido «Patronato de Protección a la Mujer», institución vigente desde 1904, reformada en 1952 y extinguida en 1984, y en la institución de la «obra de protección de menores» creada en el año 1948.
8. Todos los establecimientos y organizaciones referenciados en el artículo 2.2 y 3 tendrán la obligación de conservar la integridad de los archivos donde consten nacimientos, bautizos, defunciones, abortos, inhumaciones, exhumaciones y reducciones de restos, cremaciones, adopciones, tutelas y demás hechos que afecten al nacimiento y extinción de la personalidad y a la determinación y modificación de las relaciones paternofiliales.
9. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el apartado anterior será sancionado administrativamente, sin perjuicio de la posible responsabilidad penal. Un reglamento determinará las infracciones y sanciones aplicables.


Artículo 6. Derecho a la tutela judicial.

1. El Ministerio Fiscal ejercerá de oficio o a instancia de las víctimas cuantas acciones judiciales procedan, en cualquier orden jurisdiccional, para la exigencia de las responsabilidades que correspondan a los responsables de los hechos objeto de la presente Ley y para la reparación integral de las víctimas; todo ello de conformidad con la legislación procesal que resulte de aplicación.
2. Las exhumaciones que sean precisas para la efectividad de los derechos de las víctimas, tanto en terrenos de titularidad pública como privada, serán sufragadas por el Ministerio de Justicia.
3. Las pruebas de determinación del ADN u otras procedentes que sean precisas para la efectividad del derecho de las víctimas se realizarán, a instancia de parte legítima o de oficio, y siempre de forma gratuita por los órganos especializados del Ministerio de Justicia, en concreto por el Instituto Nacional de Toxicología u órgano análogo que pudiere sustituirle en el futuro. Los restos exhumados que no sean reclamados por quienes tengan la consideración de interesados, serán nuevamente sepultados, en las condiciones de dignidad suficientes, por parte de los Ayuntamiento en cuyo término municipal hayan sido hallados.
4. En todo caso, las autoridades fiscales y judiciales asegurarán la cadena de custodia de los restos exhumados y trasladados para su análisis pericial e identificación, para que pueda servir de prueba material y pericial.
5. Cada administración censal pondrá a disposición de la autoridad policial y judicial, a requerimiento de esta, los datos informatizados sobre aquellos nacimientos y defunciones ocurridos en cada una de las provincias o distritos de los niños comprendidos entre cero y cinco años en los casos de censos quinquenales y entre cero y un año, en los casos de censos anuales. Se iniciará con el censo de 1936.
6. Asimismo, la oficina del Registro Civil o, en su caso el Instituto Nacional de Estadística, proporcionará, también de manera informatizada, los datos sobre los nacimientos, abortos y defunciones, así como las modificaciones de filiación por nacimiento durante esos mismos períodos citados para una efectiva investigación.


Artículo 7. Derecho a la reparación.

1. El reconocimiento de la condición de víctimas para los afectados por la sustracción de bebés y adopciones ilegales en España generará el derecho a la obtención de asistencia médica, jurídica y psicológica gratuita en los términos que se precisen reglamentariamente.
2. Las víctimas tendrán derecho al conocimiento de su verdadera identidad y al reconocimiento de esta a todos los efectos, pudiendo en consecuencia ejercitar las acciones de rectificación en cuantos registros, documentos y organismos públicos o privados sea preciso.
3. Las víctimas tendrán derecho a ejercer acciones de reparación de daños y perjuicios contra las personas e instituciones responsables de la privación de sus derechos.
4. Las víctimas serán beneficiarias, de forma gratuita, de los servicios de mediación profesional para facilitar los posibles reencuentros que puedan producirse.


Artículo 8. Derecho a las garantías de no repetición.

Los poderes públicos promoverán las siguientes medidas, en su respectivo orden competencial, para evitar la repetición de fenómenos similares a los hechos que son objeto de la presente Ley:
a) Campañas de información y sensibilización.
b) Campañas de información sobre lo ocurrido a través de los medios de comunicación públicos.
c) Exposición de los hechos objeto de la presente ley en los programas educativos de la enseñanza reglada.
d) Formación de los profesores y profesionales de la información sobre estos hechos.
e) Actos de homenaje y reconocimiento a las víctimas de estos delitos.
f) La institución de un Día en memoria de los bebes robados y sus familias.
g) La adopción de las propuestas de reforma legal y administrativa en materia de transparencia y acceso a la información en los procesos de acogimiento, adopción y tutela, jurisdicción de menores, así como en la inspección de los establecimientos sanitarios públicos y privados y en los Registros Civiles para introducir las garantías y procedimientos de gestión y verificación tendentes a la erradicación de las conductas constitutivas de sustracción de menores, alteración ilícita del estado civil, y tráfico de seres humanos.




CAPÍTULO IV.

Actuaciones nuevas.



Artículo 9. Base de datos.

1. Bajo la dirección orgánica y funcional de la Fiscalía Especial se confeccionará una «Base de Datos Estatal de Afectados». En su elaboración y funcionamiento participarán los representantes de las asociaciones de víctimas legalmente constituidas.
2. El censo que genere esta base de datos no será público, a fin de salvaguardar la protección de los datos personales que contenga, pero proporcionará a las personas interesadas copia de la documentación que les afecte, pudiendo facilitarse a los investigadores acreditados que lo demanden todas las informaciones relevantes, bajo condición de estricta confidencialidad. Tan solo se hará públicos los datos estadísticos que deriven del censo.


Artículo 10. Base de ADN.

1. Bajo la dirección orgánica y funcional del Instituto Nacional de Toxicología y organismo que pudiere sustituirle en el futuro se creará un «Banco único de ADN» de carácter estatal y gratuito que contenga toda la información relevante en relación con los hechos objeto de esta ley; su actividad contará con las suficientes garantías de privacidad. En su funcionamiento participarán los representantes de las asociaciones de víctimas legalmente constituidas, que además facilitarán la obtención de muestras dentro de su ámbito de actuación.
2. En el Banco único de ADN se conservarán las muestras de restos óseos de las distintas exhumaciones llevadas a cabo, con su secuencia de ADN.
3. Las víctimas que hayan formalizado denuncia por los hechos objeto de esta ley, podrá solicitar que le sean tomadas muestras para secuenciar su ADN y compararlas con los datos que se almacenen en este organismo sin necesidad de requerimiento judicial o fiscal. Dichas pruebas deberán ser analizadas en un plazo de tres meses tras su solicitud, evitando el deterioro de las muestras y agilizando de este modo todo el proceso, y especialmente en el caso de personas de edad avanzada.




CAPÍTULO V.

Creación de órganos.



Artículo 11. Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad.

1. Se crea la Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad, como ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. Esta Comisión contará con el personal técnico interdisciplinar adecuado para cumplir con sus fines. Su composición y régimen de funcionamiento se determinarán reglamentariamente, garantizando la integración en la misma de representantes de las asociaciones de víctimas.
2. La Comisión aprobará y ejecutará un plan integral nacional de búsqueda de personas desaparecidas y de asistencia integral a las víctimas.
3. Corresponderá a la Comisión Estatal por el Derecho a la identidad el reconocimiento de la condición de víctima a los efectos de esta ley.
4. Corresponderá a la Comisión Estatal por el Derecho a la identidad el impulso de las actuaciones oportunas, el asesoramiento integral activo a las víctimas y el seguimiento de la correcta aplicación de la presente ley, sin perjuicio de los controles parlamentarios y jurisdiccionales y del Defensor del Pueblo procedentes.
5. Corresponderá a la Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad la elaboración de un Informe anual para evaluar los resultados obtenidos e incorporar las mejoras oportunas.







DISPOSICIONES ADICIONALES.



Primera.

Las previsiones contenidas en la presente Ley son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España.


Segunda. Habilitación al Gobierno para el reconocimiento de indemnizaciones extraordinarias.

1. Se autoriza al Gobierno a que, en el plazo de seis meses, mediante Real Decreto, determine el alcance, condiciones y procedimiento para la concesión de indemnizaciones extraordinarias en favor de quienes se les reconozca la condición de víctima según las determinaciones de esta ley.
2. Procederá el reconocimiento de las indemnizaciones previstas en esta disposición siempre que por los mismos hechos no se haya recibido indemnización o compensación económica con cargo a alguno de los sistemas públicos de protección social.
3. Las indemnizaciones establecidas en esta disposición se abonarán directamente a los propios interesados y serán intransferibles.


Tercera. Fiscalía especial y unidad policial específicas.

1. Se crea la Fiscalía Especial sobre Bebés Robados, directamente dependiente del Fiscal General del Estado. Su implantación, organización y funcionamiento se ajustará a las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para las fiscalías especiales.
2. Se crea una unidad de policía judicial especializada en la búsqueda de bebés robados, cuya composición y organización se regulará reglamentariamente.


Cuarta. Asistencia jurídica gratuita.

Se introduce un apartado a) bis en el artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, con el siguiente tenor:
«a bis) Los ciudadanos españoles incluidos en el ámbito subjetivo del artículo de la Ley sobre Bebés Robados en el Estado Español.»







DISPOSICIONES FINALES.



Primera. Título competencial.

Esta ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y en el artículo 140.1. 6.ª sobre legislación procesal y artículo 149.1. 8.ª sobre ordenación de los registros e instrumentos públicos.


Segunda. Habilitación para el desarrollo.

Se habilita al Gobierno y a sus miembros, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en esta ley. En el proceso de elaboración de estas disposiciones, incluidas las reglamentarias, se garantizará el trámite de audiencia a las asociaciones representantes de las víctimas.


Tercera. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, las obligaciones de contenido económico derivadas de las disposiciones de esta ley no serán exigibles hasta que entre en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio presupuestario.








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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Jaume Espadà i Guillem el Miér 21 Nov 2018 - 16:46

Proposición de Ley de Modificación del Artículo 37 del Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores, para crear
un nuevo permiso retribuido que permita asistir a consultas y
pruebas médicas a las trabajadoras y trabajadores, así como
acompañar a consultas y pruebas médicas a parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad o a personas sujetas a
su guarda o tutela.






EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El artículo 39 de la CE establece que los poderes públicos deben asegurar la protección integral de los hijos, por ello existe el deber legal de velar y cuidar a los hijos, entre cuyo contenido está proporcionar los cuidados necesarios para atender a su salud. En el mismo artículo se reconoce la obligación de los padres de «prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda». También el Código Civil reconoce en el artículo 110 que «el padre y la madre, aunque no ostenten la patria potestad están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles alimentos», entendiendo por alimentos, como establece el artículo 142, «todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica». Igualmente los hijos están obligados a prestar esa asistencia a sus padres cuando ellos mismos no se la pueden procurar. De esta forma, la obligación de prestar alimentos prevista en el artículo 143 del Código Civil se extiende también a los ascendientes. En esta línea el actual Estatuto de los Trabajadores regula en su artículo 37.3 los permisos retribuidos a los que los trabajadores y trabajadoras tienen derecho, y que establece que el trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: «b) Dos días por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días. d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que esta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica. f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto y, en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo.» Estos permisos tienen un alcance limitado para garantizar el cuidado de ascendientes y descendientes, ya que no se reconoce que los trabajadores y trabajadoras tengan derecho a un permiso retribuido que les permita la asistencia a consulta y pruebas médicas y que tampoco lo puedan hacer cuando sus hijos menores de edad lo requieran. El no reconocimiento legal de una situación tan básica, que es llevar a los padres ancianos o a los hijos menores de edad al médico, coloca a las personas trabajadoras en una situación de vulnerabilidad ya que, por un lado, supone una pérdida de recursos económicos para las familias, teniendo en cuenta que en aquellos casos en los que se conceda el permiso por la empresa, se concederá como permiso no retribuido y el trabajador tendrá que recuperar las horas o bien se le descontarán de su nómina, y por otro su concesión, salvo que esté previsto en el convenio colectivo aplicable, es discrecional para la empresa, lo que coloca a la trabajadora o al trabajador en una situación delicada cuando tiene que solicitar permiso en esta situación, aun siendo no retribuido, pues si no se concede por la empresa, la ausencia por esta causa puede conllevar una falta de asistencia al trabajo sancionable por la empresa. Si bien es cierto que el supuesto de hecho afecta tanto a trabajadores como a trabajadoras, resulta indiscutible el hecho de que son las mujeres las que todavía siguen acometiendo de forma mayoritaria el cuidado de la familia y por lo tanto, el tiempo dedicado a acompañar a sus descendientes y ascendientes a las consultas médicas. Por ello es evidente que, al margen de que el no reconocimiento de este permiso supone una quiebra de sus derechos laborales, al mismo tiempo se produce una evidente vulneración de la conciliación de la vida familiar y laboral y de forma indirecta de la igualdad salarial y laboral. La negociación colectiva ha hecho que este permiso sea recogido en la mayoría de convenios sectoriales y de empresa, sin embargo, resulta injustificable que las trabajadoras y los trabajadores no tengan reconocido un permiso en la ley que facilitaría la conciliación y por tanto garantizará un elemento de igualdad, reconocimiento legal totalmente necesario en momentos de deterioro de la negociación colectiva y precariedad del mercado de trabajo, como los que se han sufrido tras las reformas laborales del PP. Tampoco puede trasladarse al marco de los planes de igualdad el establecimiento de un régimen de permisos no retribuidos para que la trabajadora o el trabajador pueda llevar al médico a sus parientes más cercanos, ya que solo aquellas empresas obligadas a elaborar planes de igualdad según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, darían solución a esta cuestión. En el caso de los hijos, hasta el año 2017 los Tribunales Superiores de Justicia venían reconociendo que a las trabajadoras y trabajadores les corresponde el permiso para acompañar a las hijas e hijos al médico, ya que «la asistencia médica es un derecho de los menores protegido por la Constitución Española y a la vez es una obligación de los padres contemplada en el Código Civil, y en base al artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, le debería quedar claro a las empresas que acompañar a hijas e hijos al médico da lugar a un permiso retribuido y se debe retribuir por el tiempo indispensable para el cumplimiento de tal deber» y este deber constituye el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, poniéndose en relación con el artículo 110 del Código Civil, justificándose la ausencia por la obligación de los padres de velar por los hijos menores. Sin embargo durante el año 2017, se modificó esta orientación judicial, en el sentido de que el artículo 37.3 no da cobertura legal para esas faltas al trabajo, porque no constituye legalmente un deber público este supuesto de atención a los hijos, por lo que no puede pedirse una licencia para el cumplimiento de un deber público inexcusable, para acompañar a un hijo a consulta médica, ya que la obligación de velar por los hijos y el cumplimiento de los deberes de la patria potestad recogido en el artículo 110 del Código Civil constituyen una obligación de naturaleza privada y no pública y no se trata de un deber personal, al ser sustituible por delegación. Tampoco está reconocido el permiso para que el propio trabajador pueda asistir a consulta médica ni para acompañar a sus ascendientes, dependiendo de la tolerancia de la empresa al controlar estrictamente las ausencias de los trabajadores, la concesión o no del permiso por esta circunstancia. Esta proposición trata de revertir el vacío legal sobre el reconocimiento de un derecho al permiso retribuido para llevar a ascendientes y descendientes a consulta médica, y siempre que dicha consulta no se enmarque en los supuestos de accidente, enfermedad grave o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, comprendidos en el artículo 37.3 b) del Estatuto de los Trabajadores. Con el fin de mantener la coherencia con lo dispuesto en el propio artículo 37.3 para el supuesto de accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica que precise reposo domiciliario, se ha optado por trasladar aquí el mismo concepto, que alcanzaría a los parientes del trabajador o trabajadora hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Por último, con el fin de no dejar ningún supuesto desatendido, se ha añadido también a las personas que se encuentren bajo la guarda o tutela del trabajador o trabajadora. Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente Proposición de Ley.





DISPOSICIONES GENERALES.




TÍTULO ÚNICO.



Artículo único.

Se añade una nueva letra g) al apartado 3 del artículo 37 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en materia de creación de un nuevo permiso retribuido para asistir a consultas y pruebas médicas.
«g) Por el tiempo indispensable para que puedan asistir personalmente o bien acompañar a consultas y pruebas médicas a sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o a las personas sujetas a su guarda o tutela.»





DISPOSICIONES FINALES.



Única. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».






Pedro Sánchez Pérez-Castejón,
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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Jaume Espadà i Guillem el Sáb 24 Nov 2018 - 21:44

Proposición de Ley de Suministros Básicos del Hogar.




EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La pobreza energética es una realidad que afecta a una de cada seis familias en nuestro país, que no pueden acceder a los suministros básicos por su coste. El agua, la electricidad o el gas son suministros básicos para la vida y, en los términos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, los poderes públicos deben garantizar que no se vea vulnerado este derecho. A tal efecto nace la presente Ley, que persigue facilitar el consumo de los suministros básicos, especialmente a las familias con mayores dificultades económicas, por medio de la iniciativa administrativa y la colaboración con las compañías suministradoras.


Artículo 1.

El Gobierno garantizará el derecho al acceso a los suministros básicos del hogar. Esto es el suministro de agua potable, de electricidad y de gas a todas las personas y unidades domésticas que se encuentren en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social.

Artículo 2.

Todos los ciudadanos tienen derecho a los siguientes consumos mínimos:
a) En el caso del agua potable, 100 litros diarios por persona.
b) En el caso de la electricidad, 3000 kWh anuales por unidad doméstica, que podrán verse aumentados en caso de necesidad justificada de un mayor consumo.
c) En el caso del gas, 3000 kWh anuales por unidad doméstica en zonas cálidas y 9000 kWh anuales por unidad doméstica en zonas frías.

Artículo 3.

El Gobierno fijará precios sociales para los suministros básicos del hogar a los que podrán acogerse todos los hogares con rentas bajas, especialmente aquellos con miembros en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social.

Artículo 4.

Los precios sociales y los consumos mínimos para los suministros básicos del hogar no repercutirán sobre las tarifas de los consumidores ni supondrán un aumento extraordinario del presupuesto del Estado. Con este objetivo, el Gobierno establecerá acuerdos con las compañías suministradoras.

Artículo 5.

En caso de impago del suministro de electricidad, de gas o de agua potable, la compañía suministradora comunicará la situación a la Administración antes de que se produzca corte alguno. Si el impago responde a una situación de insolvencia, no se permitirá el corte del suministro y la Administración asumirá los recibos impagados.

Artículo 6.

Los poderes públicos deben promover acciones que garanticen el acceso a los suministros básicos del hogar, que permitan identificar y solventar las situaciones pobreza energética y que faciliten la rehabilitación de los edificios para la eficiencia, la diversificación y el ahorro de la energía y el agua.


Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.


Disposición final única.

La presente ley entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».






Pedro Sánchez Pérez-Castejón,
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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Jaume Espadà i Guillem el Sáb 24 Nov 2018 - 21:50

Proposición de Ley Orgánica para la Ilegalización de Entidades Fascistas.




EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

En el siglo XX, el fascismo hizo uso del terror como método para acceder y perpetuarse en el poder. Un poder basado en acciones totalitarias, reaccioniarias, belicistas y violentas, contrarias a los derechos humanos y al respeto por los derechos y las libertades fundamentales. Desgraciadamente, de un tiempo a esta parte han aparecido personas y grupos que defienden abiertamente la doctrina fascista y/o su manifestación española, la dictadura franquista, y que han llegado a cometer atentados y actos violentos. Así, en línea con lo acontecido en otros estados que también sufrieron regímenes totalitarios, se propone la penalización de su apología y la ilegalización de las entidades que los defienden.


Artículo 1.

Se añade un apartado d) al punto 1 del artículo 510 del Código Penal:


d) Quienes enaltezcan o justifiquen de manera pública los regímenes fascistas, incluido el régimen franquista, o realicen actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de estos regímenes o de sus familiares. Las penas previstas se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, internet, o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información.


Artículo 2.

Se da la siguiente redacción al artículo 515 del Código Penal:


Artículo 515. Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración:
1. Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión.
2. Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución.
3. Las organizaciones de carácter paramilitar.
4. Las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o discapacidad.
5. Las que adopten, defiendan o difundan la doctrina fascista o hagan apología de los símbolos, lemas y rasgos de los regímenes fascistas, incluido el régimen franquista.
6. Las organizaciones y asociaciones que propugnen o inciten la toma del poder político por parte del Ejército mediante un golpe de Estado.


Artículo 3.

A iniciativa de la Fiscalía, las organizaciones y asociaciones políticas a las que se refiere el artículo 2, serán declaradas ilícitas y disueltas por la autoridad judicial competente.

Artículo 4.

Los bienes de las organizaciones y asociaciones políticas que sean declaradas ilícitas y disueltas serán incautados por el Estado.


Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.


Disposición final única.

La presente ley entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».






Pedro Sánchez Pérez-Castejón,
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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Jesús Aguilar el Dom 25 Nov 2018 - 12:54


PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE IMPRUDENCIA EN LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR O CICLOMOTOR Y SANCIÓN DEL ABANDONO DEL LUGAR DEL ACCIDENTE


Exposición de motivos 

La presente Ley Orgánica responde a una importante demanda social, ante el incremento de accidentes en los que resultan afectados peatones y ciclistas por imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor, y se asienta sobre tres ejes: 1.º La introducción de tres supuestos que se van a considerar imprudencia grave por disposición de la ley, así como una interpretación auténtica de la imprudencia menos grave. 2.º El aumento de la punición de este tipo de conductas. 3.º La introducción del delito de abandono del lugar del accidente. Por lo que se refiere al primero, cabe señalar que esta modificación supone darle carta legal a la actividad que ya desde el Ministerio Fiscal y por la jurisprudencia se venía acordando, como resulta patente en la Circular 10/2011 de la Fiscalía General del Estado sobre seguridad vial y la consideración de conducción temeraria cuando concurra un riesgo concreto para la integridad de las personas, si concurren los requisitos del artículo 379 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Con ello se garantiza la mayor sanción para determinadas conductas particularmente graves con resultado de muerte, en particular cuando el conductor del vehículo de motor o ciclomotor conduzca bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas o exceso de velocidad. Se reconoce de forma expresa que existen determinadas circunstancias indicativas de una especial negligencia por parte del conductor y han de tener consideración inequívoca en las consecuencias penales como imprudencia grave. El aumento de la punición de este tipo de conductas se propone a través de dos vías. Por un lado, la introducción de un nuevo artículo 142 bis. La redacción permitirá al Juez o Tribunal imponer la pena de hasta nueve años de prisión en caso de varios fallecidos, o fallecidos y heridos graves, causados por la imprudencia en la conducción de vehículos a motor. Lo mismo sucede con la introducción del artículo 152 bis, que permite incrementar en un grado la pena cuando hubiera una pluralidad de personas que sufrieran las lesiones del artículo 152.1.2.º o 3.º, o de dos cuando ese número de lesionados fuera muy elevado. Por otro lado, el aumento de la punición también se refleja en la introducción de la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores en un nuevo párrafo del artículo 382, complementaria de la ya prevista por la regla concursal que determina la aplicación de la pena del delito más grave en su mitad superior en los casos de producción de un resultado lesivo cuando concurra la conducción temeraria, prevista y penada en el artículo 381. En tercer lugar, se introduce el delito de abandono del lugar del accidente con una redacción autónoma, dentro del Capítulo IV del Código Penal, dedicado a los delitos contra la seguridad vial, por entender que se trata de una conducta diferente y, esta vez sí, dolosa e independiente de la conducta previa imprudente o fortuita. Lo que se quiere sancionar en este caso es la maldad intrínseca en el abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido, la falta de solidaridad con las víctimas, penalmente relevante por la implicación directa en el accidente previo al abandono, y las legítimas expectativas de los peatones, ciclistas o conductores de cualquier vehículo a motor o ciclomotor, de ser atendidos en caso de accidente de tráfico. Se busca evitar el concurso de normas entre este tipo penal y el delito de omisión del deber de socorro del artículo 195.3 del Código Penal para los casos de lesiones a través de la previsión contenida en el texto, de subsidiariedad de este delito respecto de aquél, refiriéndolo a los casos de personas que sufran lesiones graves pero en las que no concurran los requisitos del peligro manifiesto y grave que exige la omisión del deber de socorro. 

Artículo Único

Se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en los siguientes términos:

Uno. El artículo 142 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 142.

1. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años. Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años. A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 determinara la producción del hecho.
Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se impondrá también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a seis años.
Si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de tres a seis años.

2. El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado con la pena de multa de tres meses a dieciocho meses.
Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres a dieciocho meses. Se reputará imprudencia menos grave, cuando no sea calificada de grave, siempre que el hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la entidad de ésta por el Juez o el Tribunal.
Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres a dieciocho meses.
El delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.»

Dos (nuevo). Se introduce un nuevo artículo 142 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 142 bis.

En los casos previstos en el número 1 del artículo anterior, el Juez o Tribunal podrá imponer motivadamente la pena superior en un grado, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido, y hubiere provocado la muerte de dos o más personas o la muerte de una y lesiones constitutivas de delito del artículo 152. 1. 2.º o 3.º en las demás, y en dos grados si el número de fallecidos fuere muy elevado.»

Tres (antes Dos). El artículo 152 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 152.

1. El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el resultado producido:

1.º Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, si se tratare de las lesiones del apartado 1 del artículo 147.
2.º Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las lesiones del artículo 149.
3.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare de las lesiones del artículo 150. Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años. A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 determinara la producción del hecho.
Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se impondrá también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a cuatro años.
Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de seis meses a cuatro años.

2. El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se refieren los artículos 149 y 150, será castigado con una pena de multa de tres meses a doce meses.
Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año. Se reputará imprudencia menos grave, cuando no sea calificada de grave, siempre que el hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la entidad de ésta por el Juez o el Tribunal.
Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres meses a un año. El delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.»

Cuatro (nuevo). Se introduce un nuevo artículo 152 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 152 bis.

En los casos previstos en el número 1 del artículo anterior, el Juez o Tribunal podrá imponer motivadamente la pena superior en un grado, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido, y hubiere provocado lesiones constitutivas de delito del artículo 152. 1. 2.º o 3.º a una pluralidad de personas, y en dos grados si el número de lesionados fuere muy elevado.»

Cinco (antes Tres). El artículo 382 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 382.

Cuando con los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 se ocasionare, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los Jueces o Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado. Cuando el resultado lesivo concurra con un delito del artículo 381, se impondrá en todo caso la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores prevista en este precepto en su mitad superior.»

Seis (nuevo). Se introduce un nuevo artículo 382 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 382 bis.

1. El conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, fuera de los casos contemplados en el artículo 195, voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que fallecieran una o varias personas o en el que se le causare lesión constitutiva de un delito del artículo 152.2, será castigado como autor de un delito de abandono del lugar del accidente.

2. Los hechos contemplados en este artículo que tuvieran su origen en una acción imprudente del conductor, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.

3. Si el origen de los hechos que dan lugar al abandono fuera fortuito le corresponderá una pena de tres a seis meses de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de seis meses a dos años.»

Disposición Final Única

La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».


Soraya Sáenz De Santamaría,
Presidenta Del Grupo Parlamentario Popular



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Jesús Aguilar
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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

Mensaje por Jaume Espadà i Guillem el Miér 28 Nov 2018 - 19:33

Proposición de Ley de Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Tras la crisis financiera que se inició en el año 2008, muchas personas y familias no lograron recuperarse correctamente, quedando en una situación de poder adquisitivo muy empeorada respecto a la que tenían en los momentos previos a la crisis. Esto ha provocado un empobrecimiento de la clase media, y más si cabe de la clase trabajadora. Esto conlleva consigo una disminución en la demanda agregada y, por lo tanto, una disminución en la producción y los precios como consecuencia de las pocas expectativas de venta. Se trata de un círculo vicioso que hay que remediar, y no hay mejor manera que la de reequilibrar las cuentas y replantearnos las medidas de redistribución de la renta, planteando un modelo novedoso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el que haya 0 pérdidas de cara al Estado, e incluso expectativas de ganancias de un 0,01% más que con el modelo anterior, y que a su vez suponga un gran alivio para gran parte de la clase media y toda la clase trabajadora y dejen de estar ahogados con tributos a los que no pueden hacer frente, reequilibrándolo de tal manera que el Estado pueda mantener sus ingresos y acometer sus gastos. Es una medida con gran patriotismo y tremendamente necesaria para poder superar la crisis financiera de una vez por todas y mejorar la capacidad de compra de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Es por ello que desde el Grupo Parlamentario Socialista nos vemos motivados a proponer la presente Ley.



TÍTULO ÚNICO.


DISPOSICIONES GENERALES.


Artículo único.

Por la presente Ley se modifica:

1. El artículo 63 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, quedando establecido de la siguiente forma:


1. La parte de la base liquidable general que exceda del importe del mínimo personal y familiar a que se refiere el artículo 56 de esta Ley será gravada de la siguiente forma:

1.º A la base liquidable general se le aplicarán los tipos que se indican en la siguiente escala:




2.º La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la parte de la base liquidable general correspondiente al mínimo personal y familiar, la escala prevista en el número 1.º anterior.

2. Se entenderá por tipo medio de gravamen general estatal el derivado de multiplicar por 100 el cociente resultante de dividir la cuota obtenida por la aplicación de lo previsto en el apartado anterior por la base liquidable general. El tipo medio de gravamen general estatal se expresará con dos decimales.

2. El artículo 65 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, quedando establecido de la siguiente forma:


En el caso de los contribuyentes que tuviesen su residencia habitual en el extranjero por concurrir alguna de las circunstancias a las que se refieren el apartado 2 del artículo 8 y el apartado 1 del artículo 10 de esta Ley, las escalas aplicables serán la establecida en el apartado 1 del artículo 63 y la siguiente:



3. El artículo 66 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, quedando establecido de la siguiente forma:


1. La parte de base liquidable del ahorro que exceda, en su caso, del importe del mínimo personal y familiar a que se refiere el artículo 56 de esta Ley será gravada de la siguiente forma:

1.º A la base liquidable del ahorro se le aplicarán los tipos que se indican en la siguiente escala:




2.º La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la parte de la base liquidable del ahorro correspondiente al mínimo personal y familiar, la escala prevista en el número 1.º anterior.

2. En el caso de los contribuyentes que tuviesen su residencia habitual en el extranjero por concurrir alguna de las circunstancias a las que se refieren el apartado 2 del artículo 8 y el apartado 1 del artículo 10 de esta Ley, la parte de base liquidable del ahorro que exceda, en su caso, del importe del mínimo personal y familiar a que se refiere el artículo 56 de esta Ley será gravada de la siguiente forma:

1.º A la base liquidable del ahorro se le aplicarán los tipos que se indican en la siguiente escala:




2.º La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la parte de la base liquidable del ahorro correspondiente al mínimo personal y familiar, la escala prevista en el número 1.º anterior.

4. El artículo 76 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, quedando establecido de la siguiente forma:


La parte de base liquidable del ahorro que exceda, en su caso, del importe del mínimo personal y familiar que resulte de los incrementos o disminuciones a que se refiere el artículo 56.3 de esta Ley, será gravada de la siguiente forma:

1.º A la base liquidable del ahorro se le aplicarán los tipos que se indican en la siguiente escala:




2.º La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la parte de la base liquidable del ahorro correspondiente al mínimo personal y familiar que resulte de los incrementos o disminuciones a que se refiere el artículo 56.3 de esta Ley, la escala prevista en el número 1.º anterior.



DISPOSICIONES FINALES.



Única.

La presente Ley entrará en vigor en el momento de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.




Pedro Sánchez Pérez-Castejón,
Presidente del Grupo Parlamentario Socialista.


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Jaume Espadà i Guillem
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Re: [XIII Legislatura] Mesa del Congreso.

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