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Registro General del Tribunal Constitucional

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Registro General del Tribunal Constitucional

Mensaje por Antonio Padilla el Jue 5 Jul 2018 - 19:23

Registro General del Tribunal Constitucional


MATERIAS DEL TRIBUNAL:
De acuerdo al artículo 2.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el tribunal es competente para los siguientes previstos:

1. Del recurso de inconstitucionalidad y de la cuestión de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley (ej. Decretos-leyes y decretos legislativos). El recurso de inconstitucionalidad lo pueden interponer el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados del Congreso, 50 Senadores, los Gobiernos autonómicos y los Parlamentos autonómicos;

2. Del recurso de amparo por violación de los derechos fundamentales y de las libertades públicas relacionados en el art. 53.2 de la Constitución, es decir, por violación de las libertades y derechos reconocidos en los arts. 14 a 29 de la Constitución, ambos inclusive, y la objeción de conciencia al servicio militar, prevista en el art. 30. Lo puede interponer cualquier persona física o jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

3. De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí;

4. De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado;

5. De la declaración previa sobre la constitucionalidad de los Tratados internacionales;

6. De las impugnaciones previstas en el artículo 161.2 de la Constitución. Según este artículo, el Gobierno puede impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal Constitucional, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses;

7. De los conflictos en defensa de la autonomía local;

8. De la verificación de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional, para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos
por la Constitución y la presente Ley;

9. De las demás materias que le atribuyen la Constitución y las Leyes Orgánicas.
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Antonio Padilla
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Re: Registro General del Tribunal Constitucional

Mensaje por Zeo Borras el Vie 10 Ago 2018 - 18:37

El gobierno retira los vetos a las leyes catalanas realizadas por el anterior ejecutivo.
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Re: Registro General del Tribunal Constitucional

Mensaje por Antonio Padilla el Vie 10 Ago 2018 - 21:21

Se solicita que se adjunte la lista de las mencionadas leyes, ya que algunas ya han visto sentencia por parte de este Tribunal y están anuladas, recordando que el Gobierno únicamente puede retirar los recursos de inconstitucionalidad contra las normas que no hayan visto sentencia de acuerdo a lo estipulado por la ley.

La Secretaría del Tribunal Constitucional

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Re: Registro General del Tribunal Constitucional

Mensaje por Zeo Borras el Mar 28 Ago 2018 - 12:03

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Yo, Consuelo Castro Castro , EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO Y DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN, INTERPONGO RECURSO DE IMPUGNACIÓN DE LA DISPOSICIÓN AUTONÓMICA CONTRA LA MOCIÓN DE DEFENSA DE LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT Y DEL POBLE DE CATALUNYA, APROBADA POR EL PARLAMENT DE CATALUNYA EN SESIÓN DE 1D E SEPTIEMBRE 2019, Y EXPONGO:
ANTECEDENTES DE HECHO: El día 1 de Septiembre se debate y pone a votación la LA MOCIÓN DE DEFENSA DE LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT Y DEL POBLE DE CATALUNYA, siendo aprobada y puesta en el DOGC. La fiscalía ha visto serios problemas de constitucionalidad, siendo así, desde el Gobierno de España se instó dos veces a la retirada del DOGC de la propia moción, siendo la única respuesta sendas negativas.


FUNDAMENTOS DE DERECHO EN LOS QUE SE BASA LA QUEJA: Violación de la jurisprudencia STC 259/2015, Vulneración del Estatut de Catalunya, Vulneración de los artículos 2, 118, 139.2 de la Constitución Española.


DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑADA (votación y contenido de la moción).

Por todo lo expuesto al Tribunal Constitucional;

SUPLICO

Que, teniendo por presentado el presente escrito, con sus respectivas copias, se sirva admitido y tenga por interpuesto la IMPUGNACIÓN DE LA DISPOSICIÓN AUTONÓMICA conforme el artículo 161.2 de la Constitución contra la totalidad de la MOCIÓN DE DEFENSA DE LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT Y DEL POBLE DE CATALUNYA, y de conformidad con los razonamientos expuestos y los que en derecho resulten de aplicación, lo admita a trámite y, previos los trámites procesales a que hubiere lugar en Derecho, dicte Sentencia declarando la inconstitucionalidad de la moción, declarando la nulidad de la misma, así como del desarrollo reglamentario consecuencia de la misma.
Asimismo, suplico dicte la suspensión de la vigencia de la MOCIÓN DE DEFENSA DE LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT Y DEL POBLE DE CATALUNYA.

OTROSÍ DIGO

Que se solicita que el Tribunal Constitucional recabe del Parlamento de Cataluña y de la Generalitat de Cataluña el expediente y cuantos informes y documentos se hayan elaborado por los órganos constitucionales o de relevancia constitucional en relación con la moción recurrida.

Es justicia que pido en Madrid a 25 de septiembre de 2018.

Se adjunta firma del Presidente del Gobierno y de la abogada
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Re: Registro General del Tribunal Constitucional

Mensaje por Antonio Padilla el Mar 28 Ago 2018 - 17:20

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


Impugnación de disposiciones autonómicas (Título V LOTC) n.º 1-2018, contra la totalidad de la MOCIÓN DE DEFENSA DE LA SOBERANÍA DEL PARLAMENT Y DEL PUEBLO DE CATALUÑA, aprobada en sesión de 1 de septiembre de 2018.


El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 27 de septiembre actual, ha admitido a trámite la impugnación de disposiciones autonómicas (Título V LOTC) núm. 1-2018, promovida por el Gobierno de la Nación contra la totalidad de la MOCIÓN DE DEFENSA DE LA SOBERANÍA DEL PARLAMENT Y DEL PUEBLO DE CATALUÑA, aprobada en sesión de 1 de septiembre de 2018. Y se hace constar que por el Gobierno se ha invocado el art. 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la totalidad de la moción, desde la fecha de interposición de la impugnación el 25 de septiembre de 2018.

Madrid, 27 de septiembre de 2018.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

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Re: Registro General del Tribunal Constitucional

Mensaje por Raul Clemente el Dom 9 Sep 2018 - 23:49

Raul Clemente escribió:
AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

Yo, RAUL CLEMENTE BILBAO, como mejor proceda en Derecho, DIGO, con el apoyo del GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA-COMPROMÍS,

1. Que el Decreto Ley 1/2018, de 11 de agosto, por el cual se reorganizan los cuerpos de seguridad de Cataluña, es manifiestamente contrario al artículo 51 de la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado: 

Artículo cincuenta y uno.

1. Los municipios podrán crear cuerpos de policía propios, de acuerdo con lo previsto en la presente ley, en la Ley de Bases de Régimen Local y en la legislación autonómica.

2. En los municipios donde no exista policía municipal, los cometidos de ésta serán ejercidos por el personal que desempeñe funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, con la denominación de guardas, vigilantes, agentes, alguaciles o análogos.

3. Dichos cuerpos sólo podrán actuar en el ámbito territorial del municipio respectivo, salvo en situaciones de emergencia y previo requerimiento de las autoridades competentes. No obstante, cuando ejerzan funciones de protección de autoridades de las corporaciones locales, podrán actuar fuera del término municipal respectivo, con autorización del Ministerio del Interior o de la correspondiente autoridad de la comunidad autónoma que cuente con cuerpo de policía autonómica, cuando desarrollen íntegramente esas actuaciones en el ámbito territorial de dicha comunidad autónom

2. El decreto ley pretende interceder en materias relativas a la autonomía local, pero el Estatut prohibe que estos asuntos puedan ser tratados mediante Decreto-Ley.

Así, el Estatuto de Autonomía establece, en cuanto a los Decretos-Leyes, que: 

Artículo 64. Decretos-leyes.

1. En caso de una necesidad extraordinaria y urgente, el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-ley. No pueden ser objeto de Decreto-ley la reforma del Estatuto, las materias objeto de leyes de desarrollo básico, la regulación esencial y el desarrollo directo de los derechos reconocidos por el Estatuto y por la Carta de los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña y el presupuesto de la Generalitat.

El Estatut prohibe expresamente el uso de esta técnica por parte del Govern, en el caso de materias objeto de leyes de desarrollo básico, que sobre el respecto dice: 

Artículo 62. Iniciativa legislativa y ejercicio de la función legislativa.

1. La iniciativa legislativa corresponde a los Diputados, a los grupos parlamentarios y al Gobierno. También corresponde, en los términos establecidos por las leyes de Cataluña, a los ciudadanos, mediante la iniciativa legislativa popular, y a los órganos representativos de los entes supramunicipales de carácter territorial que establece el presente Estatuto.


2. Son leyes de desarrollo básico del Estatuto las que regulan directamente las materias mencionadas por los artículos 2.3, 6, 37.2, 56.2, 67.5, 68.3, 77.3, 79.3, 81.2 y 94.1. La aprobación, la modificación y la derogación de dichas leyes requieren el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno del Parlamento en una votación final sobre el conjunto del texto, salvo que el Estatuto establezca otra.


3. El Pleno del Parlamento puede delegar la tramitación y la aprobación de iniciativas legislativas a las Comisiones legislativas permanentes. En cualquier momento puede revocar esta delegación. No pueden ser objeto de delegación a las Comisiones la reforma del Estatuto, las leyes de desarrollo básico, el presupuesto de la Generalitat y las leyes de delegación legislativa al Gobierno.

El desarrollo del artículo 2.3 del Estatut se debe establecer por leyes de desarrollo básico, por lo cual excluye el uso del Decreto Ley. 

Por su parte, el mismo artículo señala que:

Artículo 2. La Generalitat.

1. La Generalitat es el sistema institucional en que se organiza políticamente el autogobierno de Cataluña.


2. La Generalitat está integrada por el Parlamento, la Presidencia de la Generalitat, el Gobierno y las demás instituciones que establece el Capítulo V, del Título II.


3. Los municipios, las veguerías, las comarcas y los demás entes locales que las leyes determinen, también integran el sistema institucional de la Generalitat, como entes en los que ésta se organiza territorialmente, sin perjuicio de su autonomía.


4. Los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña y se ejercen de acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto y la Constitución.

Así, el Govern de la Generalitat no tiene competencias para poder dictar Decretos Leyes en materias de desarrollo local, como ya hemos determinado, dado que su desarrollo viene plasmado por leyes que requieren la aprobación del Parlament por mayoría absoluta. 

Por tanto, la legalidad catalana debe expulsar de su ordenamiento jurídico dicho Decreto-Ley.

3. Igualmente, afecta a la autonomía local consagrada en la Constitución y en la Ley de Bases de Régimen Local, y en particular, en la Ley de Coordinación de Policías Locales de Catalunya, que señala en su artículo 4: 

Artículo 4.

1. La Policía local de cada Municipio se integrará en un Cuerpo único, sin perjuicio de la organización interna que se adopte por Reglamento.


2. El mando de la Policía local es ejercido por el Alcalde, que puede delegar las correspondientes atribuciones, de acuerdo con la normativa vigente.


3. El mando inmediato de la Policía local corresponde al Jefe del Cuerpo.

Los cuerpos de policía local son cuerpos únicos, dependientes del Alcalde del municipio, que no se pueden integrar en otras administraciones como lo son la Generaltitat o la Administración General del Estado. Son garantía de la autonomía local de cada uno de los municipios, que además aplican las correspondientes ordenanzas fiscales de cada uno de los ayuntamientos. 

Como ya hemos señalado, la modificación de esta ley no puede producirse por Decreto-Ley, por tener el carácter de desarrollo de la legislación municipal, que debe ser desarrollada por Ley del Parlament aprobada por mayoría absoluta. 

4. En último lugar, no concurre el presupuesto habilitante de necesidad extraordinaria y urgente que habilita al Govern para aprobar estas normas. 

Por todo cuanto antecede, solicito al Tribunal Constitucional la declaración de inconstitucionalidad de los Decretos Leyes 1/2018 y 2/2018. 

Es justicia lo que pido en Bilbao a 9 de septiembre de 2018. 
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Re: Registro General del Tribunal Constitucional

Mensaje por Antonio Padilla el Lun 10 Sep 2018 - 19:55

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


Recurso de Inconstitucionalidad n.º 1-2018, contra la totalidad de los Decretos Ley 1/2018 y 2/2018 del Govern de la Generalitat de Cataluña.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de octubre actual, ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 1-2018, promovida por más de 50 diputados del GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA-COMPROMÍS contra la totalidad de los Decretos Ley 1/2018 y 2/2018 del Govern de la Generalitat de Cataluña.

Madrid, 18 de octubre de 2018.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

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Re: Registro General del Tribunal Constitucional

Mensaje por Jaume Espadà i Guillem el Sáb 27 Oct 2018 - 1:07

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Yo, Consuelo Castro Castro , EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO Y DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN, INTERPONGO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL DECRETO LEY 3/2018 DE 27 DE DICIEMBRE, POR EL CUAL SE RECUPERAN LAS LEYES ANULADAS Y DESVIRTUADAS POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, APROBADO POR EL GOBIERNO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, Y EXPONGO:

ANTECEDENTES DE HECHO:
-El Presidente del Gobierno impugnó mediante recurso de inconstitucionalidad una serie de leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña o por su ejecutivo en forma de decreto-ley.
-El Tribunal Constitucional estimó los recursos, declaró la suspensión y posteriormente emitió sentencia dictando la inconstitucionalidad de las normas con rango de ley autonómicas.
-El ejecutivo catalán haciendo caso omiso de las sentencias del Tribunal Constitucional, decidió presentar un decreto para aplicar el contenido anulado por el alto tribunal, violando la jurisprudencia y la carta magna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO EN LOS QUE SE BASA LA QUEJA: Violación de la jurisprudencia STC 1/2018, STC 2/2018, STC 3/2018  Vulneración del artículo 9 CE, 118 CE, 164 CE

DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑADA (aprobación del decreto ley y publicación en el DOGC).

Por todo lo expuesto al Tribunal Constitucional;

SUPLICO

Que, teniendo por presentado el presente escrito, con sus respectivas copias, se sirva admitido y tenga por interpuesto el RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD conforme el artículo 162 de la Constitución contra la totalidad de la DECRETO LEY 3/2018 DE 27 DE DICIEMBRE, POR EL CUAL SE RECUPERAN LAS LEYES ANULADAS Y DESVIRTUADAS POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, y de conformidad con los razonamientos expuestos y los que en derecho resulten de aplicación, lo admita a trámite y, previos los trámites procesales a que hubiere lugar en Derecho, dicte Sentencia declarando la inconstitucionalidad de la moción, declarando la nulidad de la misma, así como del desarrollo reglamentario consecuencia de la misma.

Asimismo, suplico dicte la suspensión de la vigencia del DECRETO LEY 3/2018 DE 27 DE DICIEMBRE, POR EL CUAL SE RECUPERAN LAS LEYES ANULADAS Y DESVIRTUADAS POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

OTROSÍ DIGO

Que se solicita que el Tribunal Constitucional recabe del Parlamento de Cataluña y de la Generalidad de Cataluña el expediente y cuantos informes y documentos se hayan elaborado por los órganos constitucionales o de relevancia constitucional en relación con la moción recurrida.

Es justicia que pido en Madrid a 10 de enero de 2019.

Se adjunta firma del Presidente del Gobierno y de la abogada

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Re: Registro General del Tribunal Constitucional

Mensaje por Antonio Padilla el Sáb 27 Oct 2018 - 1:49

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


Recurso de Inconstitucionalidad n.º 1-2019, contra la totalidad del DECRETO LEY 3/2018 DE 27 DE DICIEMBRE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, POR EL CUAL SE RECUPERAN LAS LEYES ANULADAS Y DESVIRTUADAS POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 14 de enero actual, ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 1-2019, promovido por el Presidente del Gobierno de España contra la totalidad del DECRETO LEY 3/2018 DE 27 DE DICIEMBRE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, POR EL CUAL SE RECUPERAN LAS LEYES ANULADAS Y DESVIRTUADAS POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

Madrid, 14 de enero de 2019.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

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Re: Registro General del Tribunal Constitucional

Mensaje por Antoni Sànchez el Jue 6 Dic 2018 - 20:13

SENTENCIA 11/2018
SALA SEGUNDA DE LO PENAL
TRIBUNAL SUPREMO

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

​D. ALBERTO RIUS-JURADO I MALVÀ, procurador de los tribunales y de D. ORIOL JUNQUERAS I VIES, Dª. CARME FORCADELL I LLUIS, Dª. DOLORS BASSA I COLL, D. CARLES MUNDÓ I BLANCH, D. RAÜL ROMEVA I RUEDA, D. JOSEP RULL I ANDREU, JORDI TURULL I NEGRE, D. JOAQUIM FORN I CHIARIELLO, D. JORDI SANCHEZ PICANYOL, Dª. MERITXELL BORRAS I SOLÉ I D. JORDI CUIXART I NAVARRO, todos ellos bajo la representación letrada de D. JAUME ALONSO-CUEVILLAS I SAYROL, letrado nº 13.234 del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, ante este tribunal comparezco, y como mejor porceda en derecho

DIGO
​Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por medio del presente escrito procedo a interponer RECURSO DE AMPARO por vulneración de los derechos fundamentales de mis mandantes a la libertad (art. 17 CE), a la participación en asuntos públicos y al acceso a cargos públicos (art. 23 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24 CE) contra la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo nº 11/2018, por el que pena a cada uno de nos anteriormente mencionados a diferentes penas.

​La presente demanda de amparo se fundamenta en los presupuestos procesales, motivos de trascendencia constitucional, hechos y fundamentos que se expondrán a continuación

- I | PRESUPUESTOS PROCESALES -
1.- VULNERACIÓN DEL DERECHO DE A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD (ART. 17 DE LA CONSTITUCIÓN - ART. 44.1 LOTC)

Desde que se detuvo a mis patrocinados, hasta el dia de tener sentencia (9 de enero de 2019) ha pasado más de un año y medio. Más del que por ley debería de ser. Han sido tratados como terroristas, pero lo más fuerte de todos los preceptos descritos, es que se han vulnerado los derechos descritos en el Art. 17 de la CE.

“1.- Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos por la Ley.

2.- La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y en todo caso, en el plazo máximo de SETENTA Y DOS HORAS, el detenido DEBERÁ SER PUESTO EN LIBERTAD o a disposición de la Autoridad Judicial”

Dicho esto, se sobreentiende la solicitud presentada por esta parte dado que el mismo tribunal impulsor, fue el que recibió el caso de la Audiencia Nacional, que tampoco cumplió con la misma normativa.


​2.-  VULNERACIÓN DEL DERECHO DE A LA IGUALDAD (ART. 14 DE LA CONSTITUCIÓN - ART. 44.1 LOTC)

​Si bien, el objeto del presente litigio es sobre unos delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Pero el fondo del asunto trata sobre la celebración de un Referéndum.

​Ahora yendo al kit de la cuestión es que han utilizado el precepto de rebelión cuando no hubo violencia, y que encima se desconvocó la declaración de independencia para posibilitar un pacto POLITICO, como todo de lo que se trata. Pero han tratado unicamente así a los miembros de los partidos politicos independentistas, dejando en libertad a JOAN JOSEP NUET I PUJADES ex-miembro de la mesa del parlament.

​Si bien quiero recordar a este tribunal lo que dicta el Art. 14 CE
​“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, OPINIÓN O CUALQUIER OTRA CONDICIÓN O CIRCUNSTANCIA PERSONAL O SOCIAL...”


​En los preceptos descritos anteriormente, podemos resaltar que opinión y otras condiciones podrían ser la libertad ideológica (Art. 16 CE). Pero si bien se han vulnerado.

- 2 | HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA PETICIÓN DE AMPARO -

UNICA.- Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: vulneración del derecho a la imparcialidad judicial por haberse instado de oficio la celebración de la vista de prisión por el órgano judicial sugiriendo en la convocatoria qué procesados eran candidatos a prisión (art. 24 CE).
​Si bien la garantía de imparcialidad judicial se presenta algo matizada en el caso del Juez Instructor, para evitar graves abusos de dicha condición simultánea de juez y de investigador, el legislador español quiso en su momento, en una clara concreción legislativa de las garantías procesales que dispone el art. 24 CE, reforzar la exigencia de tal imparcialidad respecto de determinadas decisiones especialmente trascendentes que pueden tomarse a lo largo de la tramitación del procedimiento penal y, en especial, respecto de la eventual adopción de una medida tan gravosa como es la prisión provisional.
En este último sentido, desde la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal efectuada por la Ley 5/1995 se impide que tan grave decisión se tome de oficio por el Instructor, justificándose tal reforma en la exposición de motivos de la citada ley con el argumento de que “la introducción de un nuevo artículo 504 bis 2 en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respecto a la adopción de medidas cautelares de privación o restricción de la libertad, incorpora una necesaria audiencia del Ministerio Fiscal, las partes y el imputado asistido de letrado, inspirada en el principio acusatorio, y suprime la exigencia de ratificación del auto de prisión. De esta forma, la limitación de la iniciativa judicial se equilibra con la instauración de los beneficios del contradictorio, sin perjuicio del carácter reformable de las medidas adoptadas durante todo el curso de la causa”.

Nótese que en el anterior pasaje se habla de “principio acusatorio” y de “limitación de la iniciativa judicial” en la vista previa a la prisión, que desde aquella reforma queda sometida a garantías que son más bien propias de la fase de enjuiciamiento y que tienen una inequívoca dimensión constitucional derivada del art. 24 CE: es lógico que quien tiene que decidir sobre tan gravosa medida actúe sin contaminaciones previas acerca del sentido de su decisión y siempre a petición de las partes acusadoras.

​Pues bien, tales garantías se han visto vulneradas de modo craso en el presente supuesto, en el que, como ya se ha expuesto supra, fue el magistrado Instructor quien, motu proprio y sin que las anteriores medidas cautelares se hubieran revelado insuficientes, ni su reforma hubiera sido solicitada por las acusaciones, no sólo decidió convocar a las partes acusadoras a la vista de prisión del art. 505 LECrim, sin darse estrictamente el supuesto que prevé este precepto (el caso del detenido que es puesto a disposición judicial), sino que, además, en la misma convocatoria ya “sugirió” respecto de qué concretos procesados podría solicitarse la prisión, al sólo citar a algunos investigados.

​Dicha “sugerencia”, por cierto, se centró de modo llamativo en los investigados que era entonces diputados en pleno ejercicio de sus derechos políticos, pues aquellos investigados no diputados fueron convocados días más tarde y sin vista de prisión para la notificación del procesamiento. En otras palabras, el Sr. Instructor con su convocatoria de la vista oral “orientó” claramente a las acusaciones acerca de qué procesados podían ser considerados candidatos a la prisión, abandonando así de modo evidente la necesaria imparcialidad que debía presidir su actuación en este ámbito en garantía de los derechos de los investigados.

​Para justificar el anterior juicio cabe aludir a datos adicionales ya mencionados en la primera alegación de este apartado, como la sorprendente precipitación de los acontecimientos procesales tan pronto como se supo que Jordi Turull sería candidato a la presidencia. Ello invita a pensar que, antes de celebrarse la vista en cuestión, la decisión de acordar la prisión preventiva ya estaba tomada por parte del Sr. Instructor, lo que no se compadece, precisamente, con la voluntad legislativa de garantizar la imparcialidad judicial que inspiró su día el tenor del art. 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y su adecuación al art. 24 CE, que ha sido claramente vulnerado en el presente caso.

​En su virtud.
​SOLICITO A LA SALA que teniendo por presentado este escrito, junto con las copias y documentos que le acompañan, tenga por formulada la presente demanda de amparo de todos mis patrocinados, se sirva admitirla, y previos los tramites que resultaren pertinentes, dicte sentencia por la que se otorgue a mis principales el amparo solicitado, acordando:

1) Reconocer a los demandantes en sus derechos a la libertad (Art. 17 CE), a la participación directa en asuntos publicos y al acceso a cargos públicos (Art. 23 CE) y a un proceso con todas las garantias (Art. 24 CE).
2) Reparar dicha vulneración anulando la sentencia 11/2018 de la Sala segunda de lo penal del Tribunal Supremo, y desestimar el auto de prisión de 23/03/2018 dictado por el Magistrado Instructor del propio Tribunal Supremo en la causa especial 20907/2017.
3) Restablecer a los recurrentes en la integridad de los derechos lesionados ordenando al Sr. Instructor de la citada causa que dicte un nuevo Auto concediendo la libertad a todos mis patrocinados.

PRIMER OTROSI DIGO que al amparo de lo que dicta el Art. 56.6 de la LOTC, solicitamos que este tribunal le de la mayor celeridad procesal posible, evitando que los derechos políticos de mis patrocinados se echen a perder de modo irreversible.

SUPLICO A LA SALA que tenga por hechas las anteriores manifestaciones y acuerde según lo expuesto.

Es Justicia que pido en la Villa de Madríd, a xx de xxxx de 2019

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Antoni Sànchez
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